por Gustavo Burgos
El proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública parte de una falsificación fundamental acerca de aquello que pretende combatir. Presenta al crimen organizado como una potencia exterior que invade desde fuera una sociedad esencialmente sana y amenaza a un Estado situado por encima de los conflictos sociales. Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero y organizaciones criminales aparecerían así como patologías que un Estado debilitado debe extirpar mediante la ampliación de sus poderes coercitivos. Desde una perspectiva marxista el problema debe formularse exactamente al revés: el crimen organizado contemporáneo no constituye la negación del capitalismo sino uno de sus productos más característicos en la época de la hiperconcentración del capital, de la financierización y de la concentración igualmente gigantesca del poder político.
La diferencia entre la gran corporación transnacional y la organización criminal no consiste en que una de ellas persiga beneficios y la otra no. Ambas organizan capital, trabajo, logística, transporte, financiamiento, tecnologías de comunicación, redes internacionales y mecanismos de protección institucional con la finalidad de apropiarse de ganancias. La diferencia decisiva reside en la relación jurídica que mantienen con la propiedad y el Estado. El mercado mundial de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, la explotación sexual, la falsificación y las diversas formas de contrabando no constituyen economías precapitalistas que sobrevivan en los márgenes del sistema: utilizan bancos, puertos, empresas de fachada, sociedades de inversión, inmobiliarias, criptomonedas, cadenas internacionales de transporte y circuitos legales de comercio. Su dinero necesita incorporarse al capital legal mediante operaciones financieras y patrimoniales. La economía criminal no vive fuera del capitalismo: circula a través de él.
El propio proyecto en su mensaje reconoce involuntariamente esta realidad cuando describe organizaciones capaces de acumular recursos económicos, controlar territorios, condicionar actividades económicas, corromper instituciones y operar transnacionalmente. Pero de esa constatación obtiene una conclusión enteramente invertida. En vez de examinar las relaciones económicas que permiten semejante acumulación, propone aumentar la autonomía y concentración del aparato estatal. La respuesta a la concentración privada del poder es una concentración todavía mayor del poder político.
Éste es precisamente el contenido bonapartista de la reforma. El bonapartismo no significa simplemente la existencia de un gobernante autoritario. En Marx designa una tendencia mediante la cual el Poder Ejecutivo adquiere una creciente autonomía aparente respecto de las clases y organizaciones políticas, presentándose como representante de la sociedad entera mientras garantiza las condiciones generales de reproducción del orden social existente. El Ejecutivo aparece entonces como árbitro colocado por encima de todos, mientras fortalece a la burocracia, a las policías, a las fuerzas armadas y al aparato represivo.
Eso es exactamente lo que comienza a dibujarse aquí. Bajo el nuevo estado de excepción, el Presidente podría declarar una zona afectada por una “amenaza grave e inminente” contra la seguridad pública, mantener inicialmente el régimen por 120 días y prorrogarlo por otros 120 antes de necesitar acuerdo parlamentario para posteriores extensiones. La zona quedaría bajo dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Ejecutivo. El Presidente podría suspender o restringir libertad personal, locomoción y reunión; restringir la asociación; interceptar comunicaciones y requisar bienes. Es decir, puede crear campos de concentración, encarcelar a quienes designa como enemigos del orden, clausurar medios de comunicación, intervenir comunicaciones y expropiar los bienes que desee sin control del Congreso ni sujeto a tutela jurisdiccional: es una dictadura.
Semejante concentración de poder no constituye necesariamente el contrario del crimen organizado. Constituye una de las condiciones políticas más favorables para su reproducción. Allí donde se debilitan los controles públicos, donde las decisiones se vuelven secretas, donde las policías y los servicios de inteligencia aumentan su autonomía, donde determinados territorios pasan a regímenes extraordinarios y donde el Ejecutivo dispone de poderes cada vez menos fiscalizados, aumentan también las posibilidades materiales de corrupción, protección política, negocios clandestinos y asociaciones entre sectores del Estado y capitales ilegales.
La reforma ofrece un ejemplo extraordinario. El Presidente podría declarar que determinada agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La resolución necesitaría dos tercios del Senado, pero sería discutida en sesión secreta, sobre antecedentes igualmente secretos. El Senado sólo podría aprobarla o rechazarla. El poder encargado de combatir la clandestinidad económica se dota así de mecanismos políticos crecientemente clandestinos. La contradicción es sólo aparente.
La historia contemporánea ofrece abrumadores ejemplos de la compatibilidad entre discursos extremadamente punitivos y relaciones profundamente opacas entre poder económico, poder político y ambientes criminales. El fenómeno Trump-Epstein resulta particularmente revelador precisamente porque obliga a abandonar la caricatura del delincuente situado en los bajos fondos. Jeffrey Epstein no construyó su red en los márgenes de la sociedad estadounidense. Se movió durante décadas entre multimillonarios, financieros, políticos, académicos y figuras de las altas esferas internacionales. La publicación de millones de documentos judiciales y policiales ha vuelto a mostrar durante 2026 la amplitud de esas relaciones. Reuters ha descrito precisamente la presencia en esos documentos de numerosas figuras pertenecientes a la política, las finanzas, la universidad y los negocios.
Donald Trump perteneció al entorno social de Epstein durante los años noventa y aparece repetidamente asociado a él en registros públicos. Reuters informó en marzo de 2026 de la publicación de entrevistas del FBI que contienen acusaciones —no probadas y rechazadas por Trump— formuladas por una mujer contra ambos; la misma información recuerda que Trump viajó varias veces en el avión de Epstein durante los años noventa y que el Presidente niega haber conocido sus delitos. La cuestión políticamente relevante no consiste, por tanto, en afirmar una responsabilidad penal que esas fuentes no permiten establecer. Consiste en algo diferente y mucho más estructural: una de las redes de explotación sexual más escandalosas de nuestro tiempo pudo desenvolverse durante años en contacto con sectores extraordinariamente ricos y poderosos de la sociedad estadounidense. El crimen organizado no se encontraba fuera de la elite: podía circular dentro de sus mismos ambientes.
La contradicción alcanza una dimensión grotesca cuando ese mismo universo político se presenta luego como encarnación de la “ley y el orden”. El problema Epstein ha continuado produciendo durante el propio gobierno de Trump un conflicto alrededor de la publicidad de los archivos y de la actuación del Departamento de Justicia. Incluso la administración debió reconocer errores en el manejo público del asunto, mientras continúan disputas políticas y judiciales sobre documentación todavía protegida o redactada. No estamos ante una demostración de culpabilidad colectiva de todos quienes trataron socialmente con Epstein. Estamos ante una ilustración de la porosidad extraordinaria existente entre riqueza extrema, poder político y una empresa criminal de explotación sexual.
Algo semejante, aunque bajo formas distintas, aparece en el fenómeno Milei. El Gobierno argentino hizo de la denuncia de la “casta” y de la superioridad moral del empresario privado una parte central de su legitimación. Sin embargo, la promoción presidencial de la criptomoneda $LIBRA terminó convertida en uno de los mayores escándalos de su administración después de que el activo se disparara y colapsara rápidamente, dejando pérdidas y denuncias por fraude. Ayer, en marzo de 2026 el episodio, junto con comunicaciones conocidas posteriormente entre Milei y personas relacionadas con el proyecto, continuaba alimentando acusaciones de corrupción y deteriorando políticamente al Gobierno. La cuestión, nuevamente, no consiste en adelantar una sentencia penal contra Milei, sino en observar cómo el discurso de desregulación radical, culto al empresario y desprecio de los controles públicos crea precisamente el terreno ideológico donde operaciones privadas extraordinariamente opacas pueden presentarse como expresión de libertad económica.
Bukele proporciona quizá el ejemplo más importante para comprender la relación entre bonapartismo y crimen organizado. Su régimen se ha convertido internacionalmente en paradigma de la “mano dura”: régimen de excepción prolongado, encarcelamientos masivos, militarización de la seguridad y debilitamiento extraordinario de garantías judiciales. En abril de este año se ha informado de 91.500 personas detenidas desde el establecimiento del régimen de excepción iniciado en 2022 y de la realización de procesos colectivos contra centenares de presuntos integrantes de pandillas.
Sin embargo, la historia política de las pandillas salvadoreñas muestra precisamente la inutilidad de imaginar una frontera absoluta entre organización criminal y aparato estatal. Documentos judiciales del Departamento de Justicia estadounidense han sostenido, en procesos contra dirigentes de la MS-13, que desde aproximadamente 2012 miembros de su dirección negociaron con funcionarios gubernamentales salvadoreños para obtener beneficios y concesiones, mientras la organización utilizaba su capacidad para aumentar o reducir la violencia como instrumento de negociación política. Esas acusaciones abarcan diferentes períodos y gobiernos salvadoreños y no equivalen por sí mismas a una condena personal de Bukele. Pero demuestran algo fundamental: Estado y organización criminal pueden enfrentarse públicamente y negociar simultáneamente, porque ambos actúan sobre el mismo territorio, la misma población y las mismas relaciones de poder.
El bonapartismo no elimina esa posibilidad; puede multiplicarla. Cuando el Ejecutivo concentra información, coerción y decisiones, cuando la transparencia se reduce y las instituciones de control pierden capacidad, la relación entre gobierno y organizaciones criminales deja de necesitar complejas mediaciones institucionales. Puede pasar por funcionarios, servicios de inteligencia, policías, militares, empresarios o intermediarios privados. El mismo Estado que encarcela masivamente puede disponer también de instrumentos mucho más poderosos para negociar clandestinamente.
La Colombia de Abelardo de la Espriella ofrece una manifestación adicional de esta contradicción. El actual Presidente hizo campaña precisamente mediante una retórica de “mano dura”, militarización y guerra contra las organizaciones criminales, reivindicando modelos asociados a Trump y Bukele. Sin embargo, antes de ingresar a la política construyó su notoriedad como abogado penalista de algunos de los personajes más controvertidos del país. Perfiles periodísticos y biográficos documentan que representó o estuvo profesionalmente vinculado con personas asociadas al paramilitarismo y con Alex Saab; precisamente el tipo de ambientes empresariales y políticos que muestran hasta qué punto la economía legal, el poder estatal y las estructuras acusadas de criminalidad pueden compartir abogados, sociedades, relaciones personales y espacios de poder.
No se trata de sostener que todo empresario sea un criminal, que todo gobierno autoritario sea necesariamente una organización mafiosa o que toda relación profesional implique complicidad penal. Una crítica de clase seria necesita afirmar algo bastante más profundo: las condiciones estructurales que producen la concentración monopolista del capital son también las que producen las formas contemporáneas de acumulación criminal. Cuanto mayor es la masa de capital mundial, mayores son las oportunidades de inversión, transporte, lavado y circulación de las ganancias ilegales. Cuanto más internacionalizadas están las cadenas financieras y comerciales, más internacionalizado puede estar también el crimen.
El narcotráfico necesita bancos. El tráfico de armas necesita fabricantes, intermediarios, sistemas logísticos y mercados internacionales. La trata de personas necesita transporte, documentación, propiedades, hoteles y flujos financieros. El lavado necesita empresas, sociedades, inversiones y bienes raíces. Ninguna de estas actividades podría alcanzar su escala contemporánea mediante delincuentes aislados operando al margen de la economía mundial. El crimen organizado de gran escala presupone el capitalismo desarrollado.
Por eso resulta profundamente mistificadora la propuesta constitucional de Kast. El Estado declara la guerra contra una consecuencia secundaria de la concentración capitalista mientras fortalece precisamente las estructuras políticas de concentración que permiten que capital legal, capital ilegal y poder estatal encuentren zonas crecientes de interpenetración. El pequeño delincuente será perseguido, encarcelado y exhibido; mientras tanto, los mecanismos de acumulación, circulación financiera y concentración patrimonial que hacen posible negocios criminales de miles de millones permanecen esencialmente intactos.
El proyecto llega incluso a extender el castigo más allá de la cárcel, permitiendo restricciones de comunicaciones, visitas y beneficios penitenciarios y estableciendo para determinados condenados inhabilidades relativas a prestaciones financiadas con recursos públicos y cargos políticos. Es decir, frente a una criminalidad cuya dimensión económica es transnacional y altamente concentrada, la respuesta termina recayendo materialmente sobre individuos: más cárceles, más aislamiento, menos derechos, más policía y más militares.
La función ideológica de la operación aparece entonces con claridad. Se atribuye la inseguridad a un enemigo criminal determinado y se evita preguntar por la estructura social que reproduce permanentemente las condiciones del delito. Se transforma un problema de acumulación, desigualdad, mercados mundiales y poder de clase en un problema policial. Y una vez realizada esa transformación, cualquier fracaso represivo puede explicarse diciendo que todavía faltan policías, todavía faltan cárceles, todavía faltan atribuciones y todavía sobran garantías.
Ésa es precisamente la espiral bonapartista. El Estado produce autoritarismo alegando combatir el crimen, el autoritarismo produce opacidad e impunidad, y esa opacidad constituye un ambiente extraordinariamente favorable para las formas superiores del crimen organizado. Al final, el régimen puede ser brutal con el vendedor callejero y perfectamente compatible con los circuitos internacionales donde se lavan miles de millones de dólares.
La cuestión no puede resolverse mediante una policía mejor administrada dentro del mismo régimen social, como sostendrá más de algún progresista arguyendo que se trata de un «derecho fundamental habilitante». Es evidente que cualquier sociedad debe combatir asesinatos, explotación sexual, trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas. Pero eliminar las raíces materiales de esas actividades exige atacar la estructura que permite convertir cualquier necesidad humana —sexo, migración, armas, drogas, vivienda, salud o trabajo— en mercancía y cualquier mercancía en una oportunidad de acumulación.
El crimen organizado constituye, en última instancia, la imagen obscena del mercado capitalista despojado de sus solemnidades jurídicas. Compra fuerza de trabajo, controla territorios, organiza cadenas logísticas, elimina competidores, corrompe gobiernos, internacionaliza inversiones y maximiza beneficios. Hace ilegalmente y con violencia desnuda aquello que el capital legal realiza mediante contratos, propiedad y coerción institucional.
Por eso el dilema histórico no es “Estado fuerte o crimen organizado”. En las condiciones de concentración capitalista, ambos pueden crecer simultáneamente y hasta alimentarse mutuamente. La alternativa real es otra: o la sociedad continúa entregando la producción, las finanzas, el comercio internacional y el poder político a minorías privadas cada vez más concentradas, aceptando como consecuencia inevitable las economías criminales que florecen en sus intersticios, o los trabajadores expropian esas palancas económicas y las someten al control colectivo.
Acabar verdaderamente con el crimen organizado exige acabar con el orden social que lo produce, lo financia, lava sus ganancias y periódicamente se asocia con él. Exige acabar con el capitalismo. No mediante la creación de un Estado policial que concentre todavía más poder sobre los trabajadores, sino mediante la liquidación de la concentración privada del capital y la construcción de un poder político de los propios trabajadores. Sólo entonces el combate contra las mafias dejará de ser la guerra interminable de un aparato estatal contra uno de los monstruos engendrados por el mismo régimen que ese aparato está encargado de defender.