por Gustavo Burgos
El proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública parte de una falsificación fundamental acerca de aquello que pretende combatir. Presenta al crimen organizado como una potencia exterior que invade desde fuera una sociedad esencialmente sana y amenaza a un Estado situado por encima de los conflictos sociales. Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, lavado de dinero y organizaciones criminales aparecerían así como patologías que un Estado debilitado debe extirpar mediante la ampliación de sus poderes coercitivos. Desde una perspectiva marxista el problema debe formularse exactamente al revés: el crimen organizado contemporáneo no constituye la negación del capitalismo sino uno de sus productos más característicos en la época de la hiperconcentración del capital, de la financierización y de la concentración igualmente gigantesca del poder político.