Preparar la caída del régimen: Por un gobierno obrero y popular

de Partido de la Causa Obrera

El estallido social del 18 de octubre tiene raíces estructurales. Como se gritaba en las manifestaciones: “no son 30 pesos, son 30 años”; y algunos años más diríamos nosotros. Desde la instalación de la sangrienta dictadura militar de Pinochet, la explotación, la miseria fueron creciendo, impuestos por la fuerza de la represión, que se continuó durante el advenimiento de la democracia blindada. Los derechos sociales, como salud, educación, previsión social, aspiraciones elementales para sobrellevar una vida de trabajador asalariado, se fueron perdiendo, acrecentando lo que ya era una escandalosa desigualdad social. 

A partir de la crisis económica internacional del 2008 se terminó el período de crecimiento obtenido por los altos precios de las materias primas, y se creó un nuevo contexto económico recesivo. Este nuevo escenario indujo tanto al gobierno de Bachelet, como al de Piñera, a impulsar planes de ajuste para paliar los efectos de la crisis económica internacional en las ganancias de la burguesía, y a la espera de una anunciada nueva crisis económica de mayor envergadura. Estos ajustes se fueron implementando de a poco, con intermitentes alzas de precios como en el agua, la luz, el transporte público, por un lado, y por la quiebra de empresas e industrias menos competitivas y con ello el incremento de la cesantía. Y los ajustes –como no puede ser de otra forma bajo un régimen capitalista- recayeron sobre las espaldas de la clase trabajadora, con la consecuencia del sostenido deterioro de nuestro nivel de vida. 

Esta situación de crisis económica, que se ha agravado por la disputa económica y geopolítica entre China y EEUU, y también por la inestabilidad política, económica y militar, de vastas regiones del planeta, dio un salto al vacío con las consecuencias de la pandemia, configurando una crisis económica mundial de gravedad y profundidad similar a la de los años 30 del siglo pasado.

El estallido social es consecuencia de esto y mucho más, como el descrédito de la totalidad de las instituciones del régimen burgués, por casos de cohecho, nepotismo, corrupción, pedofilia, etc. Fue una movilización social transversal, desde los estratos más humildes de la clase obrera hasta trabajadores de estratos medios altos, espontánea, sin dirección, a la cual se fueron sumando agrupaciones y colectivos y nuevos sectores sociales autoorganizados y con ellos nuevas demandas, que tuvo antecedentes en las movilizaciones contra el deterioro del medio ambiente de Quintero y Freirina y en los levantamientos territoriales de Punta Arenas, Puerto Aisén, Chiloé. 

Millones de personas de distintos sectores del pueblo se movilizaron contra el gobierno de Piñera, contra las privaciones económicas y sociales. Contra el lucro educativo que endeuda a las familias El endeudamiento comercial y con la banca, de los jóvenes que pueden acceder a la educación superior, contra las miserables sumas de las pensiones que un trabajador recibe luego de toda una vida sometido a la explotación patronal, contra la precariedad de los contratos laborales, los bajos salarios, los costos del transporte y las demás tarifas de los servicios la falta de vivienda propia. Es decir, contra las consecuencias de un sistema de explotación y opresión capitalista.

El gobierno intentó sofocar el levantamiento popular espontáneo, con una terrible y brutal represión militar y policial que causo 34 muertos, gran cantidad de mutilados oculares, violaciones, torturas y golpes, etc. Pero no sólo no pudo lograr ese objetivo, sino que, al contrario, la violenta represión motivó el vuelco de los estratos medios a la protesta, inundando de multitudes las calles y las plazas. 

Cuando ya las movilizaciones habían alcanzado una notable amplitud se produce la irrupción en escena de la Mesa de Unidad Social conformada por la Coordinadora No más AFP, la CONFECH, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores, y más de 120 organizaciones menores. Con el oportunismo de siempre pretendieron colocarse a la cabeza del estallido social, recogiendo las demandas más sentidas por las masas con el claro objetivo de legitimarse ante ellas y presentarse ante el gobierno como un interlocutor válido para negociar. Sin embargo, el desprestigio de estas agrupaciones peso más; escasamente lograron movilizar a su propia gente en sucesivos llamados a paro nacional. 

Quemado este primer fusible surge otra institución, la Asociación Chilena de Municipalidades, que plantea a contrapelo del gobierno, que convocara una consulta ciudadana que canalice las demandas más sentidas y al mismo tiempo preguntar si o no a una nueva constitución instruyendo a las 330 comunas a organizar Cabildos ciudadanos. Se suman así, como otra de las herramientas políticas del régimen, cumpliendo con la función de contención y dispersión de los sectores movilizados.

Esta situación presiona al gobierno de Piñera, acorralado por las movilizaciones. Se le presenta la disyuntiva: o más represión decretando un nuevo Estado de Emergencia y sacando al Ejército nuevamente o ceder parcialmente a través de concesiones políticas y sociales. 

Como resultado de la enorme presión popular de las incansables y casi cotidianas manifestaciones, que una y otra vez colmaban las plazas, el gobierno tuvo que ceder. Pero, sin embargo, esta concesión es una trampa.

El poder ejecutivo y los partidos políticos de oposición y de gobierno firmaron un acuerdo para convocar un plebiscito donde la ciudadanía decida si quiere o no una nueva constitución. Este escenario es inédito en Chile. Por primera vez una movilización social pone en jaque al gobierno. Un amplio sector del pueblo cree que el gobierno se vió obligado a jugar una pieza importante del régimen: la Constitución de Pinochet-Lagos. Pero es obvio que Piñera no sólo ha tratado de ganar tiempo apostando al desgaste natural del estallido social, sino que ha preparado una trampa: cambiar algo para que nada cambie. 

Y el desgaste de las movilizaciones se produjo, por el contenido espontáneo y heterogéneo de los sectores en lucha, la estrechez de las reivindicaciones económicas y políticas que no sobrepasan las fronteras de la legalidad burguesa. En marzo, la llegada de la pandemia terminó por frenar el proceso de movilizaciones que ya se había debilitado tras la concesión que hizo el gobierno de habilitar elecciones a Constituyente. Claro que las limitaciones impuestas no conformaron a un sector importante de la juventud que se siguió movilizando, pero estas protestas ya se circunscribían a una vanguardia. 

En este nuevo escenario el gobierno queda con la iniciativa política por administrar los recursos económicos del Estado para enfrentar el COVID 19, recurriendo al 2% constitucional destinado a catástrofes naturales o emergencia nacional. Las primeras medidas económica fueron: refortalecimiento del presupuesto de salud, US$ 2000 destinado al fondo de cesantía solidario, el bono COVID 19 para 2 millones de personas, además de una inyección de recursos fiscales por US$ 11.750 millones (equivalente al 4,7%) del PIB. Monto que será financiado con el 2 % constitucional, el aumento de la deuda pública, el uso de fondos soberanos y con la reasignación de partidas presupuestarias.

A pesar de tener el control sobre los recursos económicos y sobre las medidas sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud, surgieron discusiones entre el gobierno y las municipalidades que cuestionaban la burocracia al tramitar los subsidios y bonos, o como la distribución de cajas con alimentos que demoró más de un mes. También con las restricciones y cuarentenas que chocan con la racionalidad, al decretar cuarentena en comunas obreras y populares, donde en el hacinamiento por la estrechez de sus viviendas no hay como mantenerse a resguardo, o cómo los trabajadores que ocupan el transporte público y el metro puedan mantener un “distanciamiento social” para dirigirse a sus lugares de trabajo y viceversa. 

El gobierno empieza a administrar los tiempos al postergar la fecha del plebiscito, la continuidad o no del año escolar, el pago de bonos y beneficios, abrir o cerrar comunas y regiones a voluntad, entre otros, es decir, entramos a un período de incertidumbre planificada y donde la iniciativa la tiene el ejecutivo sin contrapeso.  Cuenta además con un fortalecimiento del aparato represivo, a través de la facultad de decretar toque de queda sin estar en estado de emergencia, con militares custodiando unidades estratégicas o con la vigencia de leyes anti barricadas, encapuchados, saqueos, etc., aprobadas en el Parlamento con votos de la oposición. Esta situación reviste un gran peligro para la continuidad de la lucha social. 

Piñera, presionado por el empresariado, clama por “una apertura gradual” con el objetivo de reactivar la economía, presumiendo contar con una espalda económica y financiera suficiente como para abordar una segunda o tercera oleada del COVID 19. En este contexto hay que entender la concesión del retiro del 10% de los fondos de las AFP.  Cabe destacar que las AFP administran fondos que suman al 28 de febrero de 2020, el monto de US$195.130 millones, lo que equivale a 80,7% del PIB de Chile. Los grupos económicos Luksic, Said, Saieh, Yarur, Matte y Solari reciben el 75% de estos fondos. 

La tozudez en un principio del gobierno de negarse a esta posibilidad enfrentó a moros y cristianos, pero la necesidad, como dice el refrán, tiene cara de hereje. Esta medida generará un impacto presente y futuro en la economía, más de 7 millones de personas obtuvieron entre 1 a 3 millones cada uno. Esta medida en definitiva procura financiar las necesidades más urgentes de los estratos medios que no califican para recibir ayuda del Estado. Al mismo tiempo reactiva el consumo de bienes suntuarios y de primera necesidad. Además de que, por vía recaudación de impuestos, como el IVA (19%), capturará una suma considerable de dinero para las arcas fiscales.

Mientras tanto, con ese 10% se paliaron las necesidades populares por unos días, pero luego todo volverá a la miseria habitual, sin ninguna expectativa de mejora, sino todo lo contrario, ya que la crisis económica y social que se viene profundizando a nivel mundial golpeará fuerte en Chile.

Para el gobierno, el COVID 19 más que tragedia fue una “bendición” (en términos políticos), que acabó por desmovilizar al estallido social.  Sin embargo, al no satisfacer ninguna de las demandas que son la base del descontento social, estas movilizaciones masivas pueden volver en cualquier momento, incluso antes que se logre controlar la pandemia por una razón simple: las personas tienen que vivir, necesitan trabajar y un sueldo que garantice una vida sin sobresaltos, que le permita proyectarse como ser humano. Un gobierno ciego, y sordo, sin ninguna empatía ante el clamor popular, se limitó a sacar leyes para criminalizar la protesta, levantando una agenda de seguridad a través de leyes que establecen delitos y aumentan penas relacionadas con vandalismos, saqueos, encapuchados, fortaleciendo y ampliando la actual ley de seguridad interior del Estado.

Estamos en el período de calma que precede a la tormenta

La indignación popular contra el gobierno se hizo sentir nuevamente con motivo de la cuenta pública anual del estado de la nación y la proyección para los dos años que le quedan a Piñera para el término de su mandato. La indignación popular se produce al constatar que en su informe ignora y relativiza las demandas sociales. La reacción fue inmediata a través de caceroleos, corte de rutas. Reafirmando de esta manera los trabajadores y el pueblo que no han cambiado el eje de sus demandas. 

Transcurrido 5 meses de pandemia con las cuarentenas selectivas, y a medida que el hambre y la incertidumbre se fue apoderando de las poblaciones, comenzó nuevamente la agitación popular, primero con algunos saqueos a supermercados, y con cortes de calles.

En definitiva, el estallido social logró acorralar al gobierno y sus instituciones, resistir la represión ejercida por carabineros y FFAA, pero no alcanzó a derrotarlo ni satisfacer sus demandas. 

El gobierno apeló al engaño “democrático”, a un referéndum para preguntar si queremos una nueva constitución bajo la fórmula apruebo o rechazo. Si gana el apruebo, entraremos en definitiva en un proceso constituyente. 

El gobierno pretenderá coronar su trampa estableciendo una nueva constitución con reformas absolutamente controladas y aceptables para el régimen burgués, pero inevitablemente se abrirá un intenso período de deliberación política que debemos aprovechar para organizarnos y para preparar la lucha por una salida política de fondo. 

Acompañaremos la experiencia de los trabajadores con las ilusiones democráticas votando por el apruebo, pero explicando que las demandas obreras y populares, tan necesarias y urgentes no se podrán alcanzar agregando eslabones a la cadena “democrática”.  Ni siquiera “conquistando” varios metros más. Sólo una economía planificada, la expropiación de los medios de producción en manos de la burguesía, un gobierno obrero basado en la democracia obrera enarbolando la bandera socialista son la única solución permanente para el género humano.  No se trata de una utopía, es un problema de correlación de fuerzas y organización.

Organizarnos debe ser la consigna.  Así como el gobierno y los militares preparan sus mecanismos de represión, no para un tiempo lejano sino para uno bastante próximo los trabajadores debemos ir preparando nuestra liberación de las cadenas de la explotación capitalista. ¿Cómo prepararnos?, Construyendo un Partido.  No cualquier Partido.  Un Partido Obrero por su programa, que abrace en su seno a la vanguardia de la clase obrera, a la juventud trabajadora a los estudiantes y al pueblo pobre y oprimido.  ¿Para que un Partido?  Para que la lucha espontánea de las masas pase a ser una lucha consciente y organizada.  Es decir, una lucha de clase contra los que nos oprimen y explotan.

Porque las masas obreras y populares han dado muestra de extraordinaria capacidad de movilización y valor para enfrentar la represión gubernamental. Una hazaña llena de sacrificio y heroísmo del pueblo y su incipiente vanguardia.

Pero carecían de una dirección política que pudiera aportar el programa que responda a sus verdaderas necesidades e intereses, y los medios estratégicos para imponerlo. A falta de un partido obrero y que ganara al movimiento de masas para ir por la vía revolucionaria, los reformistas del Partido Socialista, Partido Comunista y el Frente Amplio, la Unidad Social, que se ubican en la izquierda del régimen como una de las cartas que este jugará para salvarse, impusieron el programa inocuo y la vía muerta de la Asamblea Constituyente. Mientras va aportando a la construcción de las organizaciones de lucha obreras y populares con una dirección clasista revolucionaria, la primera tarea de este partido mientras el pueblo hace su experiencia electoral será “explicar pacientemente” que:

Para que la Asamblea Constituyente -que ahora se ha constituido en una aspiración popular- sea “soberana”, es decir, que legisle a favor de los intereses de la clase trabajadora, tiene que tener plenos poderes. Mientras la burguesía tenga el poder del Estado, político y el militar, ninguna Asamblea Constituyente, por más adjetivos que le agreguemos a su nombre, podrá imponerle nada. A lo sumo será letra muerta en un papel. 

Por lo tanto, para conquistar una Asamblea Constituyente, democrática, libre y soberana, hay que conquistar el poder. 

¡Abajo Piñera y su régimen burgués!

¡Por un gobierno provisional obrero y popular, que convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana! 

Para imponer este programa hacen falta crear las organizaciones de lucha, cordones obreros y populares, retomar la experiencia de los cordones industriales. Y Organizar piquetes de autodefensa para enfrentar las fuerzas represivas del régimen.

Y sobre todo hace falta organizar un partido dispuesto a llevar adelante este programa. 

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