por Alejandro Valenzuela Torres
El llamado caso Muñeca Bielorrusa, que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, es un hito más en la larga cadena de episodios que revelan la profunda podredumbre moral y política de las instituciones del Estado chileno. Este nuevo escándalo no representa una anomalía dentro del orden democrático, sino más bien una de sus expresiones más genuinas: la corrupción como forma estructural de funcionamiento del poder burgués. Lo que en apariencia se presenta como un hecho aislado —una magistrada recibiendo sobornos por favorecer a una empresa privada en un litigio contra una empresa estatal— se revela, bajo la luz de una crítica materialista, como una escena cotidiana del banquete del poder, donde los jueces, abogados, empresarios y altos funcionarios se reparten las rentas del Estado como si de un botín se tratara.
La historia es ya conocida. La Fiscalía Regional de Los Lagos ha acreditado que Vivanco, junto a su pareja, Gonzalo Migueles, recibió al menos $57 millones en coimas por favorecer a la empresa Belaz Movitec, un consorcio chileno-bielorruso que litigaba contra Codelco. Las investigaciones revelan un esquema minucioso de sobornos, lavado de activos y tráfico de influencias que incluye transferencias disfrazadas de asesorías ficticias, maniobras con conservadores de bienes raíces y el uso de casas de cambio para blanquear el dinero. Más aún, Carabineros logró establecer que uno de los recursos presentados por los abogados de Belaz Movitec fue ingresado desde la propia casa de la ministra Vivanco, lo que da cuenta de un nivel de promiscuidad entre los negocios privados y las decisiones judiciales que disuelve cualquier frontera entre lo público y lo privado.
Ángela Vivanco no es una figura menor en el aparato judicial chileno. Fue dirigente de Renovación Nacional, uno de los partidos históricos del pinochetismo civil, y profesora de la aristocrática Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, cantera ideológica de las élites conservadoras del país. Su ascenso a la Corte Suprema representó la consagración de una trayectoria profundamente vinculada a los valores del régimen postdictatorial: la defensa del orden, la propiedad y la autoridad. Bajo su toga no solo se escondía la doctrina, sino también la herencia política de una clase que ha hecho del Estado su patrimonio. Que una figura de este linaje sea hoy procesada por corrupción no constituye una ruptura, sino una confirmación: las instituciones del régimen son la forma jurídica de una dominación de clase que, lejos de basarse en la imparcialidad o la virtud, se sostiene en la complicidad entre el dinero y la ley.
La escena es grotesca, pero familiar. Una magistrada de la Suprema, su pareja y dos abogados tramando pagos millonarios; conservadores de bienes raíces actuando como lavadores de dinero; una casa de cambio usada para convertir pesos en dólares; viajes a Buenos Aires y Brasil financiados con las coimas; y un conjunto de conversaciones telefónicas donde los propios implicados se llaman “coimeros”. Todo esto ocurre en el mismo edificio donde se dictan las sentencias que pesan sobre los trabajadores y los pobres. Mientras se condena con severidad a quien roba por hambre, quienes saquean el erario público desde la cúspide del poder gozan de la impunidad estructural de su clase.
Lo que el caso Muñeca Bielorrusa pone en evidencia no es solo la corrupción individual, sino el carácter orgánico de la corrupción en el régimen burgués chileno. La Corte Suprema —esa institución que se presenta como el último garante de la justicia— aparece aquí como lo que en realidad es: un engranaje de la dictadura de la gran burguesía, un espacio donde se arbitran los conflictos entre fracciones del capital y donde la ley se revela como un instrumento material de transacción económica. Los jueces, investidos de la majestad del derecho, son mediadores del poder económico, funcionarios de la dominación capitalista. Su imparcialidad no es más que una farsa que oculta su función política: asegurar la reproducción de las relaciones de propiedad, contener las luchas sociales y sancionar a los que se rebelan contra el orden.
En este sentido, el caso Vivanco no debiera analizarse como una desviación de la normalidad institucional, sino como una fotografía transparente de su funcionamiento cotidiano. Desde los conservadores de bienes raíces, notarios hasta las cortes, las instituciones del Estado —pero especialmente las de la administración de la justicia— están estructuralmente orientadas a servir a los intereses de los propietarios. Lo que se llama corrupción es simplemente la expresión desnuda punible de esa función, despojada de su barniz legal. Allí donde el dinero manda, la moral se subordina y la justicia se convierte en mercancía.
Al final, la exministra que se indignaba ante las críticas a los tribunales por su sesgo político, la misma que defendía la probidad del Poder Judicial, aparece hoy como un personaje más del gran teatro oligárquico chileno. Su caída no significa el derrumbe del edificio, sino apenas el sacrificio de una pieza para mantener la ilusión de que el sistema se depura a sí mismo. La “democracia” chilena puede soportar estos escándalos precisamente porque su esencia no cambia: sigue siendo el gobierno de los ricos bajo formas constitucionales.
Así, el caso Muñeca Bielorrusa no es una anomalía moral, sino una ventana a la realidad del régimen. La corrupción no es un accidente, sino el lenguaje habitual del poder en una sociedad donde el Estado no pertenece al pueblo sino a sus explotadores. Cada coima, cada fallo comprado, cada contrato falso son recordatorios de que la institucionalidad democrática chilena no es más que la continuidad perfeccionada del orden pinochetista: una maquinaria que, bajo el manto de la ley, perpetúa la dictadura económica y política de la gran burguesía. Que en este caso la defraudación afecte directamente a una empresa estatal de primera magnitud como CODELCO, otrora sostenedora del «sueldo de Chile», no es más que un síntoma del saqueo permanente de la oligarquía a las riquezas nacionales.