por Gustavo Burgos
Hay demagogia en el discurso progresista de de la Presidente de México, Claudia Sheinbaum, en orden a «democratizar» al Poder Judicial. Cambiar la generación de un poder del Estado no cambia el carácter de clase de la institución, en tanto ésta seguirá cumpliendo la función de legitimar el orden social capitalista y de cautelar la propiedad privada de los grandes medios de produccion.
Sobre eso no creo que se pueda discutir mucho. No hay revoluciones que se materialicen persuadiendo a la minoría explotadora dueña del Estado. Sin embargo, creo que esta reforma tiene la virtud de plantear una discusión al hacer evidente que el llamado “Poder Judicial” no existe, en tanto el poder del Estado es uno solo y su titularidad corresponde a la burguesía.
La separación de poderes del cánon liberal burgués —como se nos enseñó en el Jardín Infantil— se formuló en el marco de un debate político en que la burguesía buscaba consolidar su poder sobre el conjunto de la sociedad como se materializó a guillotinazos en 1789. La separación de las funciones —no poderes— del Estado miraba no al poder mismo, sino que a la dinámica laica y republicana que se oponía al absolutismo monárquico.
Siendo por lo mismo un solo el poder del Estado , la supuesta «democratización» de los tribunales tiene un evidente carácter develador de este problema. La idea de que solo los abogados pueden administrar justicia es propia de una dictadura.
Todo fallo judicial es político y como tal corresponde que el mismo sea sometido al escrutinio del debate abierto de intereses. La concepción marxista de tribunales populares descansa sobre esa misma idea. Respecto de ellos —expresión de un gobierno obrero— a los abogados solo les corresponderá un papel meramente técnico.