por Ibán de Rementería //
La riqueza es la diferencia entre el valor todos los bienes y servicios producidos por una sociedad en un determinado período –en un país en un año- y los consumidos en su producción incluido allí los recursos naturales. La riqueza de Valparaíso proviene principalmente de la producción de servicios de transporte marítimo portuario, transporte terrestre y otros servicios asociados, todo lo cual solo es posible por la localización geoestratégica de la ciudad puerto en el sistema de transporte de carga nacional e internacional. Valparaíso es un don de su localización. Si bien la retribución a la producción de los servicios de transporte se hace mediante las utilidades, la localización geoestratégica le agrega a esas utilidades la renta geoestratégica. De la misma manera que la agricultura solo es posible si se cuenta con la tierra, el agua y el clima que la hacen posible, la actividad marítimo portuaria solo es posible si se cuenta con una localización geoestratégica, la primera se retribuye con la renta de la tierra y la segunda con la renta portuaria o geoestratégica, de la igual manera que un metro cuadrado comercial en la Plaza Aníbal Pinto renta mucho más que otro en la Avenida Alemania, o que en Puertas Negras.
Una localización geoestratégica no tan solo puede generar rentas por su uso en el transporte marítimo o el comercio minorista, también puede generar renta inmobiliaria, además de las utilidades asociadas a la industria de la construcción. En Valparaíso la renta inmobiliaria tiene expectativas extraordinarias, ya que su localización es colindante con Viña del Mar que tiene la más alta demanda por segunda vivienda del país y sus suelos urbanos son más baratos que en la ciudad jardín. También, hay una renta turístico patrimonial en la ciudad puerto gracias la conservación de la ciudad que ha hecho sus vecinos y vecinas, reconocida con su designación como sitio patrimonial de la humanidad por la UNESCO, rentas y utilidades que no son percibidas por la población local, sino por quienes han invertido es los servicios turísticos asociados a esos usos culturales del patrimonio artístico, arquitectónico y urbano local.
En términos económicos la lucha de clases se expresa como la confrontación por la apropiación del excedente económico, la riqueza, que la sociedad en su conjunto produce, allí las clases sociales que se disputan esa riqueza se sitúan en esa confrontación de acuerdo al poder político y jurídico – el estado y la propiedad- que tienen sobre los medios para producir esos bienes y servicios; por eso los trabajadores marítimo portuarios luchan por mejores salarios, estabilidad y mejor condiciones laborales, por eso los vecinos luchan porque su derecho de vista no le sean expropiados por proyectos inmobiliarios que venden “100% de vista sobre la bahía”, también luchan por evitar la gentrificación –“apitucamiento”- de sus barrios asociada a esos proyectos inmobiliarios, que elevan los alquileres y los precios de los servicios hasta hacerlos inalcanzables para los vecinos históricos, obligándolos a emigrar y ocupar zonas de alto riesgo, como bien lo han mostrado los recientes incendios en la zonas de interfaz entre los cultivos forestales y las periferias altas de la ciudad puerto.
La nueva administración municipal de Valparaíso encabezada por el Alcalde Jorge Sharp ha tomado partido en esta expresión local específica de la lucha de clases, objetando el actual modelo de explotación marítimo portuario del borde costero de la ciudad tanto por la Empresa Portuaria de Valparaíso como por sus concesionarios que nadan le transfieren ni de las utilidades ni de las rentas portuarias a la ciudad que cobija y hace posible sus actividades económicas, oponiéndose el Municipio tanto a la ampliación del terminal dos, como a la construcción del Mall Barón que entrega a la empresa Fallabela para el uso inmobiliario y comercial casi gratuito las 12 hectáreas que deberían de servir de zona de respaldo al desarrollo portuario de la ciudad.
Pero donde esta expresión porteña de la lucha de clases ha devenido en guerra abierta de la industria inmobiliaria contra la actual administración municipal, con sorprendentes alineamientos en la confrontación, ha sido la respuesta de esta industria a la determinación del Alcalde Sharp, el pasado 8 de febrero, de ordenar abrir procesos que invaliden los permisos construcción por haber detectado anomalías «insubsanables” a 24 edificios en dos de los cerros de Valparaíso. La medida afecta al proyecto Parque Pumpin, que pretende levantar 23 edificios (2 de 14 pisos y el resto de 4 a 7 pisos) en terrenos del Jardín Suizo y del ex estadio de Chile Tabacos en el cerro O´Higgins, así como al proyecto «Los Olivos», una torre de 11 pisos en el cerro Florida, ambos de alto impacto urbanístico, social, económico y cultural para sus barrios.
Anteriormente la sola llegada de Jorge Sharp a la Alcaldía de la ciudad puerto con su política de “alcaldía ciudadana” anunciando su oposición tanto a los proyectos del terminal dos y el Mall Barón, como al modelo inmobiliario implícito en el Plan Regulador en elaboración, desató la ira tanto del Intendente y del Presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso como del Presidente de la Cámara de Comercio y de la Cámara Chilena de la Construcción, haciendo ver la férrea oposición de lo público privado a cualquier intento de modificar los proyectos de desarrollo regional y local ya consensuados por los incumbentes políticos y económicos de la plaza y el Gobierno Nacional.
Ahora, la confrontación ha sido más sutil y más política en un rápido encadenamiento de acciones políticas, administrativas y judiciales. El miércoles 15 de febrero los presidentes comunales de los partidos de la Nueva Mayoría se dirigen al Alcalde Sharp para protestar por no haber sido recibidos para tratar el tema de los médicos extranjeros que no ha aprobado sus exámenes de habilitación, lo conminan a “preocuparse de los temas de Valparaíso y las necesidades efectivas de Valparaíso… por eso pedimos al Alcalde más humildad”, en los hechos el asunto estaba resuelto por una resolución del Ministerio de Salud que autoriza a los contratantes, los municipios, a mantener en sus funciones a esos facultativos.
El jueves 16 de febrero la Seremi de Salud de Valparaíso, María Graciela Astudillo (PC) abre un sumario sanitario por la “insostenible” administración de la basura y el aseo en el entorno del Mercado Cardonal y en la calle Bellavista. Estos son hechos ciertos de vieja data que recién ahora son considerados por la SEREMI. El Alcalde Sharp ha contestado a la apertura de ese sumario así: “Esta medida, si efectivamente quiere ser un real aporte en resolver la situación crítica ambiental de nuestra ciudad, debiese considerar el hecho que la Municipalidad de Valparaíso vive una crisis estructural derivada de décadas de una conducción negligente y despreocupada, la cual se expresa con toda claridad en el aseo” Agregando. “Si el gobierno regional quiere contribuir junto a la Alcaldía Ciudadana y no ser un obstáculo para resolver este problema, esperamos que su interés no se reduzca a un sumario cuya multa puede llegar a los 46 millones de pesos – lo cual sería un despropósito, por el estado de las arcas municipales y porque ese dinero es mejor gastarlo en el aseo -, ni tampoco a un «plan de contingencia», que tiene más cara de ser una intervención puntual y no permanente, que es lo que realmente se requiere. Demandamos, por tanto, un real compromiso en este tema”.
El viernes 17 se conoce que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad del permiso de obras para el Mall Barón que habían interpuestos vecinos y organizaciones sociales, esta determinación fue altamente valorada por el Intendente Aldoney. Esa resolución judicial no tan solo es grave para el desarrollo marítimo portuario de la ciudad, ya que así perdería 12 hectáreas de zona de respaldo, además sienta un precedente sobre los “intocables” derechos adquiridos por los beneficiarios de esos permisos de obras, extensivos claro está a los casos del barrio O’Higgins, Jardín Pumpin y Cerro Florida que la Alcaldía Sharp ha decidido invalidar por serias anomalías en su tramitación y en beneficio de los vecinos y la ciudad.
El compromiso público privado en Valparaíso es claro: beneficiar con la renta portuaria y la renta inmobiliaria al gran capital que se apropia de las localizaciones geoestratégicas y suelos urbanos baratos y promisorios en vistas, conectividad, patrimonio cultural, turismo, etc. Rentas que son escamoteadas al Municipio y al conjunto de las y los porteños, quienes son sus eminentes tenedores y legítimos beneficiarios. Este es uno de los aspectos importante de la lucha de clases en Valparaíso, por cierto no la única, pero en este momento la más destacada.
En lo político lo destacable es donde y cómo se alinean los partidos de la Nueva Mayoría, en particular el Partido Socialista y el Partido Comunista que en sus declaraciones ideológicas y estatutos organizativo dicen representar y defender los interés de las y los trabajadores de Chile y las grandes mayorías ciudadanas, no obstante aquí aparecen claramente alineados con el sector privado de la alianza público privada, es por eso que el Movimiento Valparaíso Ciudadano, encabezado por el Alcalde Sharp derrotó en las pasadas elecciones municipales con el 54% de los votos al duopolio de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.