Denuncian al Estado chileno ante la ONU por atentar en contra del pueblo Mapuche

por El Porteño

Denunciamos ante el consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Estado Chileno por infringir de manera flagrante las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos con relación al Pueblos Originario y Ancestral Mapuche que habita el territorio denominado Walmapu.

El pueblo Mapuche desde la constitución del Estado de Chile, y desde antes, bajo la dominación española, ha estado sometido a una política sistemática y generalizada de persecución, discriminación, racismo y criminalización, por su resistencia a la dominación y por su lucha sostenida en el tiempo por su territorio , por la conservación de sus formas culturales , profundamente arraigadas a la tierra, por que para el pueblo Mapuche el territorio y la tierra tiene una trascendencia política, económica y cultural, que se vincula con la soberanía, autonomía, la vida, la integridad social y una cosmovisión propia de un pueblo ancestral.

Por la reivindicación de territorios usurpados por colonos auspiciados por el Estado de Chile , el pueblo Mapuche ha sido perseguido estableciendo una institucionalidad al servicio de la represión, militarizando el territorio ancestral Walmapu , declarando estado de emergencia constitucional, desconociendo el derecho a la libre determinación, sojuzgando y subordinando la cultura Mapuche a un modelo de sociedad económicamente capitalista, extractivista , afectando su forma de vida y su soberanía como pueblo Mapuche.
Tierras destinadas al cultivo e históricamente parte del Walmapu, hoy están en manos de empresas forestales, privando al pueblo Mapuche de su territorio, del derecho al agua y a los recursos naturales.

El Estado chileno ha desarrollado una legislación heredada de la dictadura militar para reprimir y criminalizar al pueblo Mapuche, la ley antiterrorista y la ley de seguridad del Estado han permitido articular institucionalmente al poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial con la misma finalidad represiva, desconociendo la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que se ha materializado en la persecución obstinada y personalizada en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Werken (vocero) y líder de la Coordinadora Arauco Malleco, actualmente condenado a 23 años de cárcel, 15 de los cuales corresponde a una condena por apología a la violencia, por sus opiniones y discursos reivindicativos del territorio mapuche y la autonomía cultural. Cumple esta injusta y arbitraria condena, bajo un régimen carcelario inhumano y degradante que afecta directamente su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica , esta persecución penal se ha desatado en contra de su hijo Pelentaro Llaitul, a quien el ministerio publico y el ministerio del interior del gobierno del presidente Boric pide 100 años de cárcel.

Exhortamos a este Consejo a adoptar medidas conducentes a garantizar y respetar los derechos del Pueblo Mapuche, el derecho de la autodeterminación, y que demande del Estado de Chile el cese de la militarización del Walmapu (territorio Mapuche) y la libertad de Héctor Llaitul y de los presos políticos Mapuche, el fin de los regímenes carcelarios inhumanos y degradantes, y la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con especial énfasis en el Convenio 169 de la OIT.

Las acciones desarrolladas durante la ocupación militar del Wallmapu, valiéndose de un Estado de Excepción Constitucional permanente durante los gobiernos de Piñera y Boric, resumen un accionar político de Estado que no puede sino calificarse de lesa humanidad. En efecto las condenas en contra de los presos políticos mapuche no obedecen a un criterio jurídico particular, que correspondan a la persecución de ilícitos bajo un debido proceso, sino que a orquestadas acciones de poder que buscan someter a las organizaciones de resistencia mapuche, en un accionar que no dudamos de calificar como genocida.

El Estado chileno, su Gobierno, sus instituciones, partidos políticos, tribunales y aparato represivo, han de responder ante la comunidad internacional por sus crímenes, por el despojo y su pol{tica de exterminio. Por lo mismo se hace necesaria la unidad de quienes nos reclamamos de la causa Mapuche, en orden a denunciar estos hechos y a profundizar la lucha por la libertad de los presos políticos Mapuche y la liberación de su pueblo-nación.

Abogado Alberto Espinoza integrante del equipo jurídico de Héctor Llaitul