por Ibán de Rementería
El hecho cierto y constatable es que el pueblo de Chile ha devenido en una nación insurrecta[1]. ¿Cómo es que ha acontecido esto? Desde que hace veinte días unos estudiantes, del Instituto Nacional se dice, decidieron evadir el pago del Metro, esto fue reprimido por los guardias privados lo que motivó la generalización de esa conducta entre las y los estudiantes[2], todo mostrado y denunciado en horario prime de la TV, con lo que se incitó a las y los pasajeros adultos a repetir esa conducta, que ya un 26% de los usuarios practica en el Transantiago[3], entonces el descontrol en las estaciones del Metro trató de ser reprimida por la policía de Carabineros, en vivo y en directo una vez más, quien al verse sobrepasada utilizó gases lacrimógenos en estaciones y vagones, siempre en vivo y en directo, el público reaccionó destruyendo los controles de pasaje y el equipamiento de las estaciones, se respondió deteniendo a los evasores y vándalos indistintamente, cerrando estaciones en situaciones conflictivas.
A partir de ese momento comienzan las protestas con barricadas, el vandalismo y el saqueo en las calles adyacentes, entonces las movilizaciones se inician en otras ciudades del país y las reclamaciones se extienden a otras demandas sociales y económicas, más allá de la poco significativa alza de 800 a 830 pesos, se protesta ahora: por la mala calidad de la salud pública y los altos costos de la salud privada, las ISAPRES, por los medicamentos varias veces más caros que en el mercado internacional; por una previsión social con pensiones miserables de 244.000 pesos para quienes cotizaron más de 30 años, por debajo del salario mínimo que es de 300.000 pesos, la pensión promedio de todos los tramos incluidos aquellos que cotizaron menos de 20 años es de 53.000 pesos, pese que las AFP han acumulado recursos por el 70% del PIB; por la educación pública de mala calidad para los pobres y otra excelente para los que la pueden pagar; también por los bajos salarios, la mitad de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos; por los altos precios de los servicios públicos; por la carencia de vivienda; finalmente, por deudas, deudas y deudas para sobrevivir mes a mes, el 26% de los chilenos son morosos y el 73% del ingresos de los hogares es para pagar deudas; etc., etc., etc. Como dice la principal consigna de los movilizados día a día, que de cientos de miles de hombres mujeres, jóvenes y niños con que arrancan el 18 de octubre y el 25 llegan a más de dos millones de personas en Santiago y dos y medio en todo el país: “no es por los 30 pesos sino que por los 30 años de desigualdades y abusos”.
En estos días de cabreo, bronca o choreamiento generalizado expresada en marchas de protestas y concentraciones auto convocadas y organizadas, predominantemente alegres y festivas, bailadas, cantadas y con cacerolazos, no obstante, esas manifestaciones pacíficas se han visto acompañadas de actos vandálicos contra la propiedad pública y privada, que en ningún caso los organizadores han promovido o cohonestado, además, se han producido actos de sabotaje contra los servicios de transporte, con destrucción de equipos e infraestructura como ha sucedido con el Metro de Santiago, de las 136 estaciones que tiene la red 79 presentan daños, 10 completamente destruidas por incendios y otros actos vandálicos, 11 parcialmente dañadas, 41 con daños múltiples y 17 que requieren reparaciones menores, además, seis trenes dañados y el servicio suspendido por un par de días. Asimismo, otras de las manifestaciones más controversiales del movimiento social ha sido el pillaje, saqueo y robo en contra de grandes tiendas, supermercados y tiendas de equipos electrónicos, farmacias, tiendas de vestuario de marca, joyerías, etc., también, bancos y corporaciones financieras, etc. Hay testimonios y registro que señalan cómo las fuerzas del orden se abstuvieron de intervenir o cohonestaron esos saqueos. Sin embargo, esta es la expresión más clara de la revancha y castigo al neo liberalismo, ante lo cual el Rector Carlos Peña, confundido, establece la tesis de una sociedad de jóvenes, satisfecha y frustrada a la vez, que así muestra su anomia; por su parte, más cercano a lo popular, lúcido e implacable, el padre Mariano Puga explica esto así: “Ese pueblo tiene el derecho a destruirlo todo porque todo le han destruido”. Finalmente, sobre la violencia y destrucción de la propiedad pública y privada hay serias sospechas, testimonios y registros visuales elocuentes que si bien indicaría que fueron organizadas, estas bien pueden haber sido realizadas por los servicios de inteligencia.
La reacción del Gobierno fue la criminalización del movimiento social declarando el estado de emergencia para la Región Metropolitana, sucesivamente en Valparaíso, Concepción, la Serena y Coquimbo hasta completar quince zonas, que puso el mantenimiento del orden público en las fuerzas militares, quienes a su vez establecen el toque de queda, además el Presidente Piñera afirma que: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, lo que genera críticas en diversos sectores políticos, así como una sorprendente respuesta del general Javier Iturrieta, Jefe de Defensa Nacional para Santiago, quien afirma a la prensa: “Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad es que no estoy en guerra con nadie”, de allí en adelante el general no habló más. Con los toques de queda comenzó a suceder lo mismo que pasó con las prohibiciones a las evasiones en el Metro, poco caso se les hacía, a la semana –de 19 al 27 de octubre- los toques de queda y los estados de emergencias fueron levantados, pues no lograron controlar los desmanes y solo sirvieron para que su término se constituyese en otra demanda más del movimiento social, junto con las denuncias por abusos contra los derechos humanos, la destitución del Ministro del Interior e, incluso, del propio Presidente Piñera.[4] No obstante, esta doctrina militar puesta en práctica por el general Iturrieta, que de alguna manera sigue la doctrina militar del alto mando venezolano, la cual postula: “no dispararas contra tu pueblo”, no es un hecho político de menor importancia, pues como lo indica Gabriel Salazar esta es la primera insurrección civil en Chile que no termina en una matanza, él afirma que: «por primera vez no hay masacre», revisando que «en el pasado siempre se disolvió rápidamente el movimiento», y agregando que «en relación a la proporción del movimiento, tener 20 muertos o 100 violados es poco. La respuesta normal en movimientos pasados -como el de 1924 o 1957- fue ametrallamiento»[5]. Desde que criminalizó el movimiento social cuando el Presidente le declaró la guerra la “enemigo poderoso” se han producido 20 muertos, 5 atribuidos a las fuerzas del orden, más de 2.000 heridos, de ellos más de 100 con daños oculares severos por uso indiscriminado de balines antimotines, 5.000 detenciones con más de 1.000 casos severos de atentados contra los derechos humanos incluidas violaciones sexuales a ambos sexos. Luego de este fiasco político de gobierno el Presidente Piñera pide disculpas, propone algunas medidas económicas de dudoso impacto social y hace un poco significativo cambio de gabinete, mientras que el movimiento social en las calles sigue en creciente recurrencia hasta ser millones. Una medida que muestra el talante del Gobierno es el alza del salario mínimo de 300.000 pesos a 350.000, tanto para el sector público como privado, pero todo con cargo al presupuesto público, es decir, es decir un subsidio más para las empresas privadas.
Estas movilizaciones que han llegado a ser millonarias en sus convocatorias cotidianas manifiestan dos interesantes expresiones de innovaciones culturales: en cada movilización disminuye la bandera chilena y aumenta la presencia de la que expresa a todos los pueblos que conviven en el país, cuya “gente bien” hasta no hace mucho se sentía orgullosa de su uniformidad racial y cultural; además, el himno de todas las movilizaciones nacionales ha sido “El baile de los que sobran” del ochentero conjunto rock de origen popular “Los prisioneros”, asimismo, la respuesta musical del movimiento a la declaratoria de guerra del Presidente Piñera ha sido “El derecho a vivir en paz” de Victor Jara, que es un homenaje al pueblo vietnamita en su guerra contra los Estados Unidos de América en las décadas de los 60 y 70. No está demás destacar que no hay banderas, ni insignias, ni pancartas de los partidos políticos, lo cual remarca el carácter auto convocante de estas movilizaciones masivas.
La situación política después de dos semanas de millonarias movilizaciones sociales en las calles de Santiago y las principales ciudades del país está en que el Gobierno, sus partidos y las organizaciones empresariales tratan de controlar la situación intentando negociar reformas que sustancialmente no comprometan el “crecimiento económico”, con los partidos de oposición que tienen la mayoría en el parlamento, pero ninguna de esas dos partes ni reconoce las demandas del movimiento social ni a las organizaciones sociales que si bien no conducen el movimiento son sus voceros circunstanciales, como lo es la Mesa de Unidad Social que está conformada por 70 organizaciones gremiales y ciudadanas, tales como la Coordinadora No más AFP, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), el Colegio de Profesores, así como otras organizaciones sociales de los trabajadores, del movimiento ambientalista, las mujeres y las minorías sexuales, los estudiantes, etc. Las reivindicaciones y demandas más importantes que se han recogido en los cabildos autoconvocados y abiertos son: asamblea constituyente y nueva constitución, nuevo sistema de pensiones de reparto y solidario, protección del medio ambiente, no más zonas de sacrificio, nacionalización de bienes públicos comunes como el agua, energía y recursos naturales, tanto el cobre y el litio, también los recursos marinos, aumento del salario mínimo y mejoras laborales, educación pública gratuita y de calidad, servicio de salud único y de calidad, reforma tributaria donde los ricos paguen más, etc., etc., etc. [6]
Entre estas demandas la inaceptable para el Gobierno los partidos de gobierno y las asociaciones empresariales es la convocatoria a la Asamblea Constituyente, eso que el líder socialista Camilo Escalona llamó “fumar opio” y que el Rector Carlos Peña considera “un grave error”. Ya que el modelo de crecimiento y desarrollo económico, el “modelo chileno”, solo es posible con el modelo de control político, social y cultural que asegura la constitución de 1980. Lo cierto es que si no se aprueba la convocatoria a la Asamblea Constituyente el movimiento social mantendrá al país semiparalizado, mientras que si se aprueba la posibilidad de terminar con la constitución de 1980, la inversión y el crecimiento económico se estancará y decrecerá, como ya se puede ver con el alza del precio del dólar y la caída de la bolsa. El Gobierno ha contrapuesto a los cabildos auto convocados por el movimiento social los diálogos ciudadanos a cargo del Ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, para replicar aquí la estrategia del Presidente Macron de Francia en contra del movimiento de los chalecos amarillos. Pero, resulta poco probable que en el desarrollo de esos diálogos ciudadanos no se imponga como primera opción la necesidad de la Asamblea Constituyente.
Este no es el fin de los tiempos del capitalismo, pero hasta ahora se muestra como el inicio del fin de los tiempos del neoliberalismo, firmemente asegurado en Chile por la Constitución del 1980, la constitución de Pinochet, Guzmán y Lagos (senior), es por eso que ahora todas las miradas intelectuales, pero sobre todo las miradas, preocupaciones y zozobras políticas y financieras del mundo están puestas en Chile.
( El autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista del PS e integra el equipo editorial de El Porteño)
[1] Según la Real Academia Española: “Levantado o sublevado contra la autoridad pública”.
[2] Que solo puede consistir en impedir el uso del servicio, ya que por el monto del pasaje no logra constituirse en un hurto falta a perseguir legalmente.
[3] Transporte público de superficie de gestión privada y subsidiado por el Estado.
[4] En las últimas tres semanas de octubre la desaprobación al Presidente Piñera ha sido: 58%, 78% y 79% y la aprobación 29%, 14% y 13%, según encuesta CADEM n°303.
[5] Ciudadano, Radio ADN, 30.10.2019
[6] Según CADEM n° 303, el 87% de los chilenos quieren una nueva constitución, redactada por una asamblea constituyente para el 46%, por el congreso para el 13% y ambos el 27%. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile 66% de los encuestados considera el cambio de constitución muy importante, el 14% importante y el 10% algo importante, el 76% que sea hecha por una asamblea constituyente, un 15% por expertos y el 3% por el Parlamento; las principales demandas son: nuevo sistema de pensiones 49%, sistema de salud 23%, de educación 9,6%…y delincuencia 1,6%.