Bolivia: golpista Jeanine Áñez es arrestada por «sedición, terrorismo y conspiración»

por Tomás Castanheira

A primeras horas del sábado pasado, la expresidenta del régimen golpista de Bolivia, Jeanine Áñez, fue arrestada. Se la acusa de «sedición, terrorismo y conspiración». A los ministros y comandantes militares de su gobierno, que desempeñaron papeles centrales en el golpe respaldado por EEUU que derrocó al presidente elegido Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, se les han hecho acusaciones semejantes.

Después de pasarse el fin de semana en una comisaría de policía, Áñez fue trasladada el lunes a una prisión de mujeres de La Paz donde esperará el juicio durante los próximos cuatro meses. Otros dos exministros, Álvaro Coimbra (ministro de justicia) y Rodrigo Guzmán (ministro de energía), ya han sido arrestados. Los exministros Arturo Murillo (ministro de gobierno), Yerko Núñez (ministro de la presidencia), y Luis Fernando López (ministro de defensa), cuyo arresto también fue ordenado por parte del ministerio público, siguen sueltos.

La misma orden de arresto tiene por objetivo al ex alto comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quien el 10 de noviembre de 2019 hiciera una declaración televisada en la que «sugería» que «el presidente renunciara a su mandato presidencial», consumando el golpe con ese acto. También acusados están los jefes militares que acompañaron a Kalimán en la transmisión: Palmiro Gonzalo Jarjury Rada (antiguo comandante de la armada), Jorge Gonzalo Terceros Lara (excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB), Jorge Mendieta Ferrufino (antiguo comandante del ejército), Elmer Fernández Toranzo (general de la FAB), y el antiguo comandante de policía Yuri Calderón.

El caso del «golpe de Estado», mediante el cual están teniendo lugar las investigaciones, emana de una querella criminal entablada ante el ministerio público de La Paz por parte de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, a finales de noviembre, después de la elección del actual presidente de Bolivia, Luis Arce del MAS.

En su pleito, Patty también acusó a dirigentes políticos como el ultraderechista Luis Fernando Camacho, recientemente elegido gobernador de Santa Cruz, quien dirigió los llamados «paros cívicos», para el derrocamiento de Morales. El ministro de justicia Iván Lima dijo, sin embargo, que habría que darle a Camacho un «trato diferenciado» y que el caso «no puede ser motivo de conflagración en el país».

Se está juzgando a otros individuos por las acciones violentas que cometieron durante y después del golpe. El dirigente del «grupo de choque» fascista Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, fue arrestado el fin de semana, pero un tribunal de Sucre lo soltó después. El gobierno dijo que acusaría al juez que lo liberó.

Además de los cargos bajo el caso «golpe de Estado», esta semana el gobierno les imputó a Áñez y sus ministros otros cinco cargos. El lunes se inició un pleito por el «préstamo irregular y oneroso» que contrajo el gobierno de Áñez del Fondo Monetario Internacional (FMI); la «extensión irregular de concesión a Fundempresa [un regulador de la actividad comercial]»; la «violación de los derechos humanos de los bolivianos que viven en Chile [a quienes se les prohibió durante semanas ingresar al país]»; y por un decreto de «restricciones durante la pandemia» que supuestamente socavaba la «libertad de expresión».

El martes, el gobierno publicó su quinta acusación de Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, en las que murieron 36 personas y más de 500 resultaron heridas a manos de fuerzas del régimen en protestas que se produjeron tras el golpe. El ministro Lima le dijo a La Razón que este último caso es «el más importante para nosotros» a causa de las demandas de justicia por parte de las víctimas y los sobrevivientes.

Allegados de las víctimas de la masacre de Senkata exigen justicia, el 14 de marzo. (Fuente: Ricardo Carvallo Terán – ABI)

Lima le dijo a la televisión estatal boliviana que «lo que estamos buscando no es un arresto de cuatro meses, sino una condena a 30 años», parafraseando la declaración de Arturo Murillo cuando el régimen golpista presentó sus cargos contra Evo Morales: «Esto es terrorismo y esto es sedición… Hemos pedido la pena máxima de 30 años de cárcel».

El arresto de Áñez y sus colaboradores fue repudiado por las fuerzas alineadas con los imperialistas que apoyaron el golpe de 2019. La Organización de Estados Americanos (OEA), responsable de inventarse hallazgos de un fraude electoral, el pretexto para el derrocamiento de Morales, ahora está atacando el derecho de Bolivia a enjuiciar a los conspiradores golpistas.

En una declaración publicada el lunes, la OEA expresó su «preocupación por el abuso de los mecanismos judiciales que una vez más se vuelven instrumentos de represión del partido de gobierno». ¡La organización imperialista pide que no se celebren juicios en tribunales bolivianos, que todos los acusados sean puestos inmediatamente en libertad, y que todo el sistema judicial sea «reformado» bajo supervisión internacional!

De manera comparable, el presidente brasileño Jair Bolsonaro —que representa al país más grande e influyente de la región, y que defiende abiertamente los intereses geopolíticos de Washington— también se ha pronunciado en defensa de su aliada fascista boliviana. En una reunión extraordinaria de PROSUL, una alianza de regímenes derechistas sudamericanos, Bolsonaro describió el arresto de Áñez por un «golpe de Estado» como «sin sentido» y pidió que se mantenga el «Estado de derecho» en Bolivia.

A lo largo de la semana, bajo la consigna de «¡Fue un fraude, no un golpe!», las fuerzas derechistas bolivianas escenificaron manifestaciones contra los arrestos, defendiendo el golpe llevado a cabo contra Morales y renovando sus amenazas de derrocar al nuevo gobierno elegido del MAS. La más grande de estas protestas tuvo lugar el lunes por la noche en Santa Cruz, el centro de la oposición derechista del país.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, le dijo a la multitud reunida a los pies de la estatua del Cristo Redentor de la ciudad, «La próxima vez que vayamos a La Paz será para derrotar a un gobierno tirano». Rómulo Calvo, su sucesor en la conducción del reaccionario Comité Cívico de Santa Cruz, habló en el mismo evento y dijo que sus simpatizantes están dispuestos a volcarse a las calles como «hicimos en los 21 días» previos al golpe, y que ellos ya tienen la «receta para sacar del cargo a un cobarde y cazarlo».

Camacho anunció que Santa Cruz se convertiría en un «centro de acogida de perseguidos políticos». Según un representante, el Comité Cívico de Santa Cruz está albergando a cerca de 30 personas buscadas por la policía que están supuestamente «asustados… por lo que le pasó al [dirigente de] Resistencia Cochala», y el número llegará a los cientos.

El martes, la rama de Cochabamba de la Asociación Nacional de Oficiales, Sargentos, Caporales, Agentes de Policía y Personal Administrativo No Comisionado hizo una declaración pública a su dirección nacional declarándose en «estado de emergencia en apoyo de todos los camaradas que están siendo citados por las autoridades competentes».

Al día siguiente, representantes de los diferentes Comités Cívicos del país se reunieron en Santa Cruz para planificar sus acciones. Amenazaron con llevar a cabo una «huelga nacional» si los arrestos no paraban y no se liberaba a Áñez y sus ministros.

La decisión del poder judicial boliviano y el gobierno del MAS de seguir con el juicio a los perpetradores del golpe sin duda tuvo lugar bajo fuerte presión popular.

En el intervalo de un año entre el derrocamiento de Morales y la elección de Arce hubo una serie de protestas rebeldes por parte de la clase trabajadora y los campesinos bolivianos, que pedían la caída inmediata del régimen golpista, justicia por las masacres cometidas por el Estado, y por ingresos para la población. Este movimiento de oposición fue contenido —apenas— por el MAS, los sindicatos y los movimientos sociales, y canalizado hacia una salida electoral burguesa fracasada.

Manifestaciones de la Asociación de Heridos, Presos Políticos y Víctimas de Senkata, el 16 de marzo. (Fuente Ricardo Carvallo Terán – Agencia Boliviana de Información)

El programa de «unidad nacional» que defendió Arce una vez fue elegido no reflejaba las aspiraciones de las masas bolivianas. Esto fue expresado en la apatía registrada en las elecciones locales bolivianas en curso, cuya segunda vuelta será el 11 de abril. Al MAS le fue de manera significativa peor que en las elecciones de noviembre, y fue derrotado en ocho de las diez ciudades principales bolivianas, incluso en bastiones electorales tradicionales del partido como El Alto. El partido fue elegido para encabezar tres de los nueve gobiernos estatales y está en la segunda vuelta en cuatro de ellos.

Desde los arrestos en el caso «golpe de Estado», el nombre de Arce solo ha aparecido en la prensa boliviana en la forma de denuncias a su silencio mortal acerca de los recientes acontecimientos. Figuras derechistas como Iván Arias, exministro con Áñez y actualmente alcalde de La Paz, buscó separar al presidente de un «ala radical» del MAS a la que acusó de causar «confrontación en el país, con el objetivo de adelantar las elecciones y dirigirse a una revocación». Cuando se le preguntó a qué fuerzas políticas del MAS se refería, señaló a Evo Morales.

A pesar de la patente contradicción política dentro del MAS, que hace como que oscila entre los intereses de las masas trabajadoras bolivianas y la élite gobernante, solo esta última se beneficia de su duplicidad. La principal preocupación del MAS es que el crecimiento imparable de la oposición social en Bolivia pueda derrocar el régimen burgués del país. Esto fue expresado abiertamente por parte del ministro de justicia Iván Lima, quien felicitó la «buena decisión» de Lidia Patty y el ministerio público de «bajar la intensidad de la persecución criminal» durante 2020, mientras la clase gobernante ideaba una solución electoral a la crisis política boliviana.

Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, a menudo presentado en comparación con Arce como una figura «radical», definió el miércoles las tareas políticas urgentes con que se confronta el país en estos términos: «En vez de confrontación política, la agenda postpandemia debería ser de carácter económico, mediante un acuerdo nacional entre el Estado, los movimientos sociales y los empresarios para dar prioridad a las inversiones y generar fuentes de trabajo».

Los trabajadores bolivianos están en un momento crítico. Las amenazas dictatoriales de la clase gobernante siguen ahí. Sin embargo, están siendo alimentadas por el terrible crecimiento de la desigualdad social, con por lo menos un millón de bolivianos arrojados hacia la pobreza a lo largo del último año, y la prolongada crisis del COVID-19, que ya ha dejado 12.000 muertos en el país y alcanzará cuotas catastróficas, siguiendo a su vecino, Brasil, si no se toman medidas ya mismo.

La condición para plantar cara a estos riesgos es el establecimiento de la independencia política de la clase trabajadora respecto al MAS, los sindicatos y todas las fuerzas políticas de la burguesía.

(Tomado de WSWS)

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