por Alejandro Valenzuela Torres
Se cumple un nuevo aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, aquel 16 de octubre de 1998 en que el dictador chileno fue arrestado en virtud de una orden del juez español Baltasar Garzón. Fue una fiesta popular en Chile y en todo el mundo. El hecho —expresivo de la lucha internacional contra la dictadura— no solo significó una grieta inédita en el principio de impunidad de los crímenes de Estado, sino también el punto de inflexión que clausuró la primera fase de la llamada “transición democrática” chilena, consolidando a la vez el régimen político y social que dominaría los siguientes treinta años. La detención de Pinochet, su arresto domiciliario en The Clinic y su posterior liberación por razones de “salud” no pueden comprenderse sin atender al carácter de clase del poder que lo protegió, tanto en Chile como en Europa.
El rgobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, al que los grandes medios y la academia liberal califican como “heredero de la democracia recuperada”, actuó como defensor activo de Pinochet. En nombre de la soberanía nacional y la jurisdicción interna, Frei ordenó una ofensiva diplomática que buscó impedir la extradición y lograr la liberación del ex dictador. Esa política no fue improvisada ni excepcional: reveló el compromiso profundo del bloque en el poder —desde la derecha militar hasta la Concertación— con la preservación de los pilares de la dictadura. La impunidad, en este sentido, tuvo y sigue teniendo marca de clase. La defensa de Pinochet no fue un gesto humanitario ni patriótico: fue la defensa del orden social que él encarnaba, del derecho de la burguesía chilena a ejercer el poder sin responder ante los crímenes que ese dominio implicó.
Un ejemplo particularmente ilustrador de esa responsabilidad personal y de clase es que el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno “progresista” de Gabriel Boric, el sionista confeso Alberto van Klaveren, desempeñara en aquel momento el rol de negociador entre el gobierno de Frei, el británico y la Cámara de los Lores, para salvar a Pinochet de ser juzgado en España. No fue un burócrata cualquiera: fue el operador que articuló la vía política que frustró la acción judicial de Garzón. Años después, ese mismo hombre ocupa un cargo de canciller en un gobierno que se presenta como de izquierda, mientras mantiene su lealtad a la política exterior heredada del pinochetismo y de la Concertación. En él se condensa, de manera casi alegórica, la continuidad del régimen, su hilo de hierro invisible que une al pinochetismo con la socialdemocracia local y el progresismo actual.
Pinochet fue liberado tanto por Inglaterra como por la justicia chilena, y esa doble absolución —jurídica y simbólica— reveló la verdadera naturaleza de la justicia bajo el capitalismo. El Estado británico, a través del ministro del Interior Jack Straw, declaró que el general no estaba en condiciones de enfrentar un juicio y ordenó su repatriación. A su llegada a Chile, Pinochet descendió de su silla de ruedas con el paso firme de quien sabe que la justicia es un terreno que solo pisa el vencido. Las querellas posteriores y el desfile de sumarios inconclusos fueron apenas gestos para cubrir con un manto de decencia la derrota moral de un país que no pudo ni quiso juzgar a su verdugo. La impunidad fue el precio del consenso político, y el consenso el precio de la dominación de clase.
Por eso resulta necesario confrontar la lectura liberal y humanitaria que organismos como Amnistía Internacional hacen de aquel episodio. En su nota titulada “Cómo la detención del general Pinochet cambió el significado de la justicia”, se presenta la historia como un avance del derecho internacional y una victoria moral de la conciencia global. Se rescata la figura de Joan Garcés, ex asesor de Allende, y la de Virginia Shoppeé, de Amnistía, quienes protagonizaron la ofensiva judicial. Pero ese relato, por más loable que sea su intención, delimita el fenómeno desde una perspectiva idealista: la detención se convierte en un hito jurídico abstracto, desligado de las condiciones materiales que determinaron su fracaso político. No hay en esa narrativa una comprensión de que la justicia internacional, aun cuando enuncia principios universales, está subordinada al poder político y económico que decide cuándo y sobre quién aplicarse. El caso Pinochet mostró que el derecho internacional puede estremecer la superficie del orden, pero no alterar sus cimientos.
El texto de Amnistía omite que la liberación de Pinochet fue un acto político deliberado, producto de presiones diplomáticas ejercidas tanto por el gobierno chileno como por el español y por intereses británicos vinculados a la City y a la industria militar. La justicia universal se detuvo exactamente donde comenzaron los intereses del capital. El elogio a los jueces británicos “que se tomaron el proceso en serio” o a “la valentía de las víctimas” es un recurso de consuelo moral que encubre la realidad de la derrota: Pinochet murió libre, sin haber pasado un solo día en prisión, protegido por el mismo entramado de poder que asesinó y torturó a miles. No fue un fallo médico lo que lo salvó, sino una decisión de clase.
El aniversario de su detención no puede entonces celebrarse como una fecha luminosa, sino recordarse como una advertencia. El intento de justicia fue real, pero también lo fue la maquinaria que lo neutralizó. La detención en Londres abrió un horizonte de esperanza para los pueblos, pero su desenlace reafirmó que bajo este orden mundial el crimen de Estado sigue siendo parte del contrato social burgués. Cada aniversario de aquel hecho nos enfrenta al mismo dilema: si queremos una justicia verdadera, no bastan las leyes ni los tribunales; hace falta quebrar el poder que protege a los asesinos. Mientras eso no ocurra, la figura de Pinochet seguirá habitando la política chilena, no como espectro del pasado, sino como fundamento presente de un régimen que nació de su impunidad y que en cada gobierno, de derecha o de izquierda, sigue rindiéndole homenaje con su continuidad.