por Valeria Menéndez
Lejos de constituir un dique frente a la ofensiva imperial, el progresismo latinoamericano se ha ido afirmando como gestor confiable del nuevo ciclo neocolonial impulsado por Washington bajo el segundo mandato de Donald Trump. La distancia entre discurso y práctica ya no admite coartadas: mientras se proclama una agenda de derechos, identidades y antirracismo liberal, se aceptan y ejecutan las prioridades estratégicas de Estados Unidos en seguridad, energía, control migratorio y disciplinamiento regional.
El caso colombiano es ilustrativo. El viraje de Gustavo Petro —tras meses de choques verbales— hacia una cooperación “pragmática” con la Casa Blanca culmina en un paquete clásico: refuerzo antidrogas, inteligencia y alineamiento en el frente venezolano, asumiendo costos políticos que Washington prefiere tercerizar. La escena es conocida: elogios mutuos, formato a puerta cerrada para evitar teatralizaciones, y una agenda que prioriza operaciones conjuntas y estabilización regional funcional a los negocios energéticos. La retórica soberanista cede ante la administración ordenada de la dependencia.
México confirma la misma lógica. Bajo presión arancelaria directa, el gobierno de Claudia Sheinbaum suspende el envío de petróleo a Cuba, sustituyéndolo por ayuda humanitaria. La maniobra no rompe el bloqueo: lo legitima. Se acepta el chantaje, se negocia con Washington y se presenta la obediencia como diplomacia responsable. El resultado es el debilitamiento material de la Revolución cubana en el momento exacto en que la agresión imperial se intensifica.
Brasil aporta otro eslabón. El relanzamiento de la relación bilateral con Estados Unidos —comercio, seguridad, cooperación policial e inteligencia— prepara la visita de Luiz Inácio Lula da Silva a la Casa Blanca, con señales explícitas de normalización estratégica. La coordinación con el Departamento de Estado y la CIA no es un accidente: es la integración subordinada de la principal economía sudamericana al esquema de contención y control regional, con Venezuela como telón de fondo.
Chile no es la excepción. El gobierno de Gabriel Boric, envuelto en una estética de derechos y gestualidades morales, acompaña el cerco político contra Caracas y La Habana, alineándose con la narrativa “democrática” que sirve de cobertura a sanciones, bloqueos y operaciones de presión. El progresismo chileno traduce la ideología identitaria en pasividad estratégica frente al imperialismo.
La bancarrota se completa en el Río de la Plata. El peronismo —que se presenta como oposición— colabora de facto con la agenda de Javier Milei, garantizando gobernabilidad, pagos, reformas y alineamientos externos. La polarización es performativa; el consenso estructural, real. La política “anti-derecha” termina siendo el lubricante del ajuste y la subordinación.
El hilo conductor es inequívoco: la política liberal de derechos funciona como coartada moral de la colaboración imperial. Donde hay que elegir entre soberanía y “responsabilidad”, el progresismo elige la segunda; donde hay que enfrentar el bloqueo, opta por humanizarlo; donde hay que romper con la injerencia, ofrece mediaciones útiles a Washington. La prueba decisiva está en su conducta frente a la Revolución cubana y la agresión contra Venezuela, hoy coronada por la captura de Nicolás Maduro y la ofensiva regional que la acompaña.
Este derrumbe no es episódico: expresa el agotamiento histórico del progresismo y del Foro de São Paulo como horizonte político. Su incapacidad para sostener una línea antiimperialista consecuente abre, por contraste, una tarea estratégica: construir una dirección política obrera, independiente del liberalismo, del nacionalismo burgués y de toda colaboración de clases. Solo desde ahí puede recomponerse una alternativa latinoamericana auténticamente antiimperialista, capaz de enfrentar el nuevo ciclo neocolonial sin disfraces retóricos.