por Gustavo Burgos
La incorporación del régimen chavista a la órbita política del imperialismo norteamericano —gratificado con la amistosa reunión de la Presidente Encargada Delcy Rodríguez y el Director de la CIA John Ratcliffe en Venezuela— no constituye un giro táctico coyuntural ni una maniobra defensiva transitoria bajo condiciones excepcionales, sino una capitulación objetiva que expresa con nitidez los límites históricos del nacionalismo de contenido burgués en la época del imperialismo. Los hechos recientes —la cesión del control efectivo de la renta petrolera venezolana a los Estados Unidos, la administración externa de los ingresos derivados de la venta de crudo, la subordinación explícita de la política económica y presupuestaria a los dictados de Washington, y la normalización política con los principales operadores de la agresión imperialista— no admiten interpretaciones indulgentes ni relatos épicos compensatorios. Estamos ante una integración semicolonial abierta, ejecutada no por una fuerza contrarrevolucionaria externa sino por un aparato estatal que se reclama heredero del bolivarianismo y del socialismo del siglo XXI.
El acuerdo mediante el cual Estados Unidos procede a la venta directa del petróleo venezolano, controla los fondos obtenidos y decide su asignación, representa un despojo material de la soberanía nacional que ningún ropaje retórico puede disimular. Que este mecanismo opere bajo la supervisión de la administración de Donald Trump, con la anuencia explícita del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, no hace sino confirmar que el imperialismo ha optado por gobernar Venezuela a través de su propio Estado, utilizándolo como intermediario disciplinado para garantizar estabilidad, control social y reapertura de negocios estratégicos. El hecho de que empresas como Chevron operen bajo licencias especiales, vendiendo crudo venezolano sin que el Estado perciba ingresos líquidos y utilizando la renta para cobrar deudas previas, anticipa el modelo general que hoy se pretende extender al conjunto de la industria petrolera, liquidando de hecho el legado jurídico de la soberanía energética.
Esta evolución no debería sorprender a nadie que observe el proceso venezolano con categorías marxistas y no con devoción política. El chavismo no ha hecho sino recorrer, bajo condiciones propias, un itinerario histórico ya transitado por otras experiencias de nacionalismo burgués periférico que en su momento se presentaron como alternativas al imperialismo y al orden oligárquico. El peronismo argentino, el MNR boliviano, el APRA peruano, el nasserismo egipcio o el régimen de Muammar Gaddafi en Libia, compartieron una matriz común: apoyados en una movilización popular inicial, ensayaron políticas de redistribución limitada, ampliación del rol estatal y confrontación controlada con el capital extranjero, pero sin romper jamás con la propiedad burguesa ni con el Estado capitalista. Cuando las condiciones internacionales se volvieron adversas o cuando el desarrollo interno de esas formaciones agotó su impulso, todas ellas terminaron actuando como correas de transmisión de la metrópoli imperialista, gestionando la subordinación en nombre del realismo, la gobernabilidad o el interés nacional.
El chavismo no escapa a esta lógica histórica. Su apelación constante al antiimperialismo, incluso en el momento mismo en que entrega el control de los recursos estratégicos del país, recuerda los discursos finales de esas experiencias cuando ya habían cruzado el umbral de la integración dependiente. La diferencia es que, en el caso venezolano, esta capitulación se produce tras años de invocar una revolución inexistente, utilizando el prestigio simbólico de Hugo Chávez como cobertura ideológica para un proceso de recomposición capitalista y de disciplinamiento social de la clase trabajadora. No hay aquí ninguna astucia leninista ni ninguna retirada estratégica orientada a preservar fuerzas revolucionarias para un nuevo ascenso.
Por ello resulta falaz y profundamente desorientador equiparar esta situación con el tratado de Brest-Litovsk firmado por los bolcheviques en 1918. Aquel armisticio fue asumido por Lenin y Trotsky como una derrota brutal, impuesta por la correlación de fuerzas militares, denunciada públicamente ante las masas y concebida como una pausa necesaria para preservar el poder soviético y apostar al desarrollo de la revolución internacional. En la Rusia soviética existían soviets vivos, órganos de poder obrero y campesino que discutieron abiertamente la decisión, votaron distintas posiciones y mantuvieron intacta la perspectiva de la revolución mundial. En Venezuela, en cambio, no existe ningún órgano de poder obrero independiente del Estado burgués que pueda sostener una estrategia semejante. No hay soviets, ni consejos obreros con poder real, ni control obrero de la producción, ni democracia de clase alguna que permita hablar seriamente de un Estado en transición.
Lo que se presenta hoy como “pasos tácticos” o “prudencia estratégica” no es más que la administración opaca de un sometimiento colonial, disfrazado de diálogo respetuoso y de cooperación bilateral. La negativa sistemática del gobierno a explicar los términos reales de los acuerdos con Estados Unidos, el silenciamiento de las concesiones efectuadas y la exigencia de obediencia acrítica en nombre de la lucha contra el imperialismo, constituyen rasgos típicos de un régimen que ha roto ya con cualquier pretensión revolucionaria. La consigna implícita de “dudar es traicionar” no fortalece la resistencia antiimperialista: la destruye desde dentro, sembrando confusión, desmoralización y pasividad.
Impugnar políticamente al chavismo desde una perspectiva marxista no significa hacerle el juego al imperialismo, sino exactamente lo contrario: rechazar que la clase obrera venezolana sea atada a un proyecto burgués fracasado que la conduce, una vez más, al callejón sin salida de la dependencia. La historia del siglo XX y XXI es suficientemente elocuente al respecto. Cada vez que el movimiento obrero subordinó su independencia política a frentes nacionalistas dirigidos por fracciones de la burguesía, el resultado fue la derrota, la cooptación o la represión. Venezuela no es una excepción a esta ley general.
La tarea de los revolucionarios no consiste en embellecer capitulaciones ni en justificar derrotas presentándolas como genialidades estratégicas, sino en decir la verdad a las masas, por dura que sea, y en luchar por la reconstrucción de una perspectiva de poder obrero independiente. Mientras el chavismo actúe como administrador local de los intereses del imperialismo norteamericano, ningún militante consecuente puede identificarlo con la revolución venezolana ni con los intereses históricos de su clase trabajadora. Persistir en esa identificación no solo es un error teórico: es una renuncia política que desarma a los explotados frente a un enemigo que, una vez más, gobierna a través de sus propios intermediarios nacionales.
Por lo indicado, la defensa incondicional de Venezuela frente a la agresión imperialista no es un gesto moral ni una adhesión sentimental a un gobierno, sino una delimitación de clase: se defiende a la nación oprimida contra la rapiña de la metrópoli precisamente para desenmascarar a quienes, desde el aparato estatal, administran esa rapiña y la convierten en “normalidad” diplomática. En ese terreno, la mentada visita del Director de la CIA, John Ratcliffe y el ciclo de liberación de presos presentado como “gesto” en el marco de las nuevas tratativas operan como signos políticos inequívocos de una reconfiguración: no se trata ya solo de presiones o contactos subterráneos, sino de un cambio cualitativo en la función del chavismo dentro del dispositivo regional de dominación, en el que Washington busca estabilidad y tutela por medio del propio Estado venezolano, al tiempo que controla los flujos decisivos de la renta petrolera.
Si hasta el 3 de enero de 2026 —luego de la grosera agresión que significa el secuestro del Presidente Nicolás Maduro— este problema podía presentarse como un debate dentro de las filas de la revolución latinoamericana —entre quienes insistían en ver en el chavismo el dique antiimperialista y quienes advertían su deriva burguesa—, esta cuestión hoy aparece despejada: la liberación nacional le ha quedado grande, inexorablemente, a toda burguesía criolla, y la tragedia venezolana no es excepción sino que una escandalosa confirmación. Tampoco el ascenso de China frente a la potencia norteamericana declinante, ni las promesas de los BRICS, ni una “multipolaridad” administrada por nuevas burguesías, ofrecen camino alguno de emancipación para los trabajadores de América Latina: solo sustituyen dependencias y reordenan subordinaciones. La única salida programática real —y, por tanto, el único terreno firme para una lucha antiimperialista consecuente— es la revolución obrera en Venezuela, asentada en órganos de poder de los explotados, sobre las cenizas del Estado burgués, orientada a la socialización de los grandes medios de producción y a la ruptura efectiva con toda tutela imperialista, sea vieja o “nueva”.