por Alejandro Valenzuela Torres
La construcción de un programa político revolucionario para la clase trabajadora chilena exige una ruptura radical con la indigencia teórica de la izquierda nacional, una carencia que atraviesa la historia del siglo XX hasta el presente. Esta indigencia no es casual: es el reflejo de la posición de clase de las corrientes democratistas, reformistas y stalinistas que han predominado en la izquierda chilena. El programa —entendido como clase, como el conjunto de tareas históricas objetivas que se desprenden de la situación estructural del país en su lugar en la cadena imperialista— ha sido sustituido por una sucesión de consignas adaptadas a la institucionalidad democrática y su Constitución.
Esta descomposición es tan profunda que hoy la izquierda chilena carece de un horizonte revolucionario y de una estrategia de poder obrero. La descomposición es tal que el solo plantear estas cuestiones a muchos descompuestos este debate les parece demencial. Para ellos todo se reduce a la selección de candidatos y la estructuración de alianzas electorales.
No obstante, esta bancarrota no ha sido absoluta ni eterna. La historia política de Chile presenta momentos excepcionales de claridad revolucionaria. Dos referentes deben ser rescatados como trazos genuinos de una teoría de la revolución en el país: Luis Emilio Recabarren y la Izquierda Comunista.
Recabarren, a pesar de las limitaciones de su formación y de la época en que actuó, comprendió que la lucha sindical debía estar subordinada a la construcción de una dirección política de clase. Su insistencia en la organización socialista no como utopía moral sino como necesidad material histórica, lo ubica como pionero del marxismo revolucionario en Chile y América Latina. Pero fue la Izquierda Comunista —derivación crítica del Partido Comunista tras su estalinizacion— la que avanzó más decididamente hacia una teoría política proletaria. Al denunciar el curso frentepopulista, la subordinación a la pequeña burguesía y la negación de la dictadura del proletariado, anticiparon la tragedia de 1973: una clase obrera heroica, sin dirección revolucionaria, traicionada por sus «aliados» democráticos.
La crisis programática chilena no es exclusiva. Se repite en toda América Latina, donde los partidos llamados revolucionarios abandonaron la lucha por el poder obrero y socialista, reemplazándola por fórmulas nacional-populares o de conciliación de clases. Pero hubo una excepción radical y luminosa: Bolivia, con la Tesis de Pulacayo de 1946.
La Tesis de Pulacayo, redactada por Guillermo Lora e impulsada por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, no fue producto de un laboratorio académico sino de la lucha viva del proletariado altiplánico. Surgió en el cruce entre la necesidad de resistir a la explotación capitalista y la experiencia directa de la traición reformista. Asumió sin vacilaciones el carácter imperialista del capitalismo boliviano, la imposibilidad histórica de que la burguesía cumpliera tareas democráticas, y la necesidad de que el proletariado asumiera esa misión, ligándola inmediatamente con la revolución socialista. En este marco, la dictadura del proletariado no es una consigna lejana, sino el eje mismo de su programa: una alianza obrero-campesina dirigida por los trabajadores, con el objetivo explícito de destruir el poder burgués.
Este enfoque puede y debe proyectarse sobre la realidad chilena actual. Chile, como Bolivia en 1946, es un país capitalista atrasado donde la burguesía ha demostrado su completa subordinación al imperialismo. La «transición democrática» post-Pinochet no ha liquidado ni el atraso y la miseria ni la dominación extranjera: solo ha modernizado la subordinación. Los últimos ciclos de movilización popular —desde el 2006 hasta la rebelión de octubre de 2019— han demostrado la disposición a la lucha de las masas, pero también la completa bancarrota de las direcciones políticas, que han limitado su programa a reformas constitucionales dentro del orden burgués.
La Tesis de Pulacayo nos obliga a plantear un programa de reivindicaciones transitorias, no como un catálogo de reformas inmediatas, sino como escalones para destruir el Estado burgués. Entre estas, adaptadas al caso chileno, destacan: el Control obrero sobre los recursos naturales y servicios estratégicos (cobre, litio, puertos, electricidad); la Escala móvil de salarios y horas de trabajo, contra la inflación y el desempleo; la Formación de comités de base en los lugares de trabajo y estudio, embrión de organismos de poder proletario; la Organización de milicias obreras y populares frente a la represión estatal y parapolicial; y la Ruptura con la democracia burguesa y rechazo explícito a la ilusión electoralista.
Contra la consigna vacía de unidad nacional, es necesario oponer el frente único proletario: la alianza de todos los explotados en torno a un programa revolucionario bajo dirección obrera. La clase trabajadora chilena no necesita un nuevo ciclo de ilusión democratista: necesita una estrategia de poder, anclada en su lugar objetivo en la producción y en su historia de combate.
En síntesis, mientras no se reconstruya una dirección política revolucionaria del proletariado chileno, que reanude los hilos rotos de Recabarren y la Izquierda Comunista y reivindique las conquistas políticas de la clase en América Latina —como lo puso de relieve la Tesis de Pulacayo y luego la grandiosa Revolución Cubana— toda la energía popular será canalizada y destruida por el parlamentarismo, la colaboración de clases y la represión. Votar por Jara para impedir que gane Matthei, Kast o Kaiser no es una táctica: es una confesión de derrota. Es aceptar que nuestra clase no tiene política propia, que solo puede sobrevivir mendigando clemencia al “mal menor”.
Es necesario que la clase obrera chilena en su conjunto y en sus sectores estratégicos como el cobre, la salud, el transporte, asuma su papel dirigente y formule, desde sus propios organismos, el programa de su emancipación. Porque como enseñaron los mineros bolivianos en 1946, no habrá solución obrera sin poder obrero. El debate sobre estas cuestiones sustativas, no sobre lo meramente táctico de si se interviene o no en las elecciones, será una tarea central en las luchas que vienen.