Segunda ola de COVID: cuando se prioriza el negocio frente a la salud

por Susana López

Los datos de contagio son más altos que en los primeros meses de la pandemia y la propagación del virus está más extendida geográficamente, algo que se constata en municipios donde el virus llegó muy levemente en primavera ahora las tasas de transmisión están siendo significativamente altas.

Falta de medios en la sanidad pública 

Todos los profesionales de la sanidad señalaban que la mejor manera de prepararnos ante una segunda ola era el refuerzo de la atención primaria. Durante años, los recortes en sanidad han perjudicado gravemente los recursos con los que contaban los centros de salud. Ahora prácticamente con el mismo personal deben atender los casos sospechosos de covid a la vez que deben seguir atendiendo a pacientes leves, crónicos y pluripatológicos.

La imagen de las colas en los centros de salud para coger cita se repite en cada municipio, en cada comunidad autónoma, debido a la falta de recursos materiales y de personal. Además, el hecho de que sea tan difícil obtener una cita con el médico de cabecera, añadido al número elevado de citas atendidas de manera telemática sin exploración física, está favoreciendo que cada vez llegan más pacientes a urgencias más graves, lo que incrementa el riesgo de hospitalización.

Pero no solo faltan más sanitarios en centros de salud, también es necesario ampliar las plantillas de hospitales, donde el 10% de las camas disponibles y el 20% de las UCIs están siendo utilizadas por pacientes Covid, aunque esta última cifra supera el 38% en la Comunidad de Madrid, La Rioja y Aragón.

Esta falta de previsión y ausencia de medios para poder hacer frente al Covid en condiciones óptimas sin perjuicio del resto de pacientes, ha provocado que desde la vuelta del verano no se hayan dejado de convocar movilizaciones y huelgas en el sector sanitario.

Falta de rastreadores

Al deterioro de la atención primaria y la falta de recursos en la sanidad se le suma la falta de suficientes rastreadores para poder llevar a cabo una detección precoz de todos los casos compatibles con Covid-19, algo clave para controlar la transmisión del virus.

Según el propio Ministerio de Sanidad, para frenar los contagios es imprescindible que las personas que tienen contacto estrecho con positivos, sean identificadas y cumplan rigurosamente con la cuarentena de 10 días (antes 14) marcada por el ministerio, aunque hubieran obtenido un resultado negativo en la prueba de PCR. Sin embargo, la falta de rastreadores hace que no siempre se contacte con todos los contactos estrechos de un positivo o que en muchos casos hasta que se contacta y realizan las pruebas a estos contactos estrechos han podido pasar varios días y en este tiempo han podido transmitir el virus a otras personas.

Además, las familias trabajadoras cuentan con grandes dificultades al cumplir con la cuarentena completa de 10 días. En la práctica, salvo convivientes de la persona contagiada, en cuanto un contacto estrecho obtiene resultados negativos vuelven al trabajo inmediatamente. De hecho, desde la patronal se pide que los diagnósticos se hagan en el menor tiempo posible para favorecer la vuelta rápida al trabajo y perjudicar lo menos posible la producción. Mientras los trabajadores y las trabajadoras no cuenten con la garantía de que no van a sufrir ningún perjuicio en su puesto de trabajo y con el 100% de su salario asegurado, la cuarentena completa de 10 días, independientemente del resultado de la PCR, es una recomendación cuyo cumplimiento no estará en manos de la clase trabajadora ni los pequeños autónomos.

Restricciones: una cuestión de clase

Con la saturación del servicio nacional de salud y la falta de rastreadores, a los diferentes gobiernos solo les queda ir aumentando las restricciones de movilidad cuando la situación se vuelve descontrolada. Sin embargo, estas restricciones son simplemente perimetrales, es decir, se impide la entrada y salida de un municipio, pero dentro no dentro del mismo, donde la actividad cotidiana mantiene su curso. Además, estas entradas y salidas solo están prohibidas “salvo motivo justificado” que incluye los desplazamientos por motivos laborales, que son la mayoría, por lo que en realidad dichas restricciones tienen muy poco efecto en evitar la propagación de la epidemia, con transportes abarrotados, decenas o cientos de personas compartiendo un espacio físico limitado, etc.

En este sentido, las medidas que más controversia han generado han sido las que a final del mes de septiembre aprobó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien impuso el confinamiento perimetral a los barrios obreros de Madrid. Una medida que provocó las protestas de los vecinos y las vecinas denunciando la discriminación entre barrios, exigiendo que dicho confinamiento se extendiera al conjunto de la ciudad, también a los barrios ricos y reivindicando una sanidad 100% pública, con más profesionales sanitarios y mayor contratación de rastreadores.

Finalmente, el gobierno central intervino decretando el Estado de Alarma en la ciudad de Madrid, para establecer un confinamiento perimetral a la ciudad de Madrid al completo, eliminando las diferencias entre barrios, pero que no ha conseguido acabar con las convocatorias en defensa de la sanidad pública.

También en otras ciudades como Sevilla, vecinos y vecinas de la plataforma “Barrios Hartos” han estado impulsando junto con Mera Verde y Marea Blanca, movilizaciones en defensa de los servicios públicos. Y en Granada la comunidad universitaria impulsó el pasado 16 de octubre una movilización con bastante participación contra la supresión de las clases presenciales mientras se mantiene fomentando la visita de turistas y se mantiene el comercio y el sector de la restauración sin cambio significativos, cuando es precisamente en este sector donde se han producido aglomeraciones de gente sin respetar las medidas de seguridad.

Y es que esta es la tónica general. Aunque se implantan algunas restricciones menores en cuanto a los aforos y los horarios de bares y comercios, la realidad es que la actividad productiva continua, lo cual mantiene el grueso de los desplazamientos de los trabajadores y las trabajadoras, los autónomos y pequeños comerciantes. Por mucho que se afirme que la mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar, la realidad es que mantener la actividad en las empresas es lo que provoca que la gente salga de casa cada día, se exponga al virus y luego lo propague entre los miembros de la familia.

Tanto los gobiernos autonómicos como el Gobierno Central transmiten la idea tramposa para la clase trabajadora de que las ineficaces medidas tomadas para frenar la propagación del virus en los últimos meses transitan en un equilibrio entre salvar la economía y salvaguardar la salud.

Sin embargo, la realidad es que “convivir” con el virus para que la economía no colapse, condena a miles de personas cada día a contraer la enfermedad. En torno al 20% de las UCIs están de nuevo ocupadas por pacientes Covid y el personal sanitario denuncia a través de la movilización y huelgas la saturación y la sobrecarga del Sistema Nacional de Salud.

Por otro lado, la clase trabajadora está en vilo ante perspectivas económicas. Desde que comenzó la crisis sanitaria se han perdido más de 500.000 puestos de trabajos, aún hay 728.909 trabajadores afectados por ERTEs y otros miles viven bajo la amenaza del despido, lo cual nos muestra que el peso de la crisis económica ya está cayendo sobre los hombros de la clase trabajadora y que el sistema capitalista no puede ofrecer nada a nuestra clase.

Un programa socialista para salvar a la clase obrera

Esto choca frontalmente con la gestión del virus en China, país en el que se originó el virus y donde se ha vuelto a la normalidad tras superar la pandemia, erradicando en cuestión de días cualquier brote que pueda aparecer. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Qingdao se detectó la semana pasada un brote de 12 infectados y se confinó inmediatamente la ciudad y la actividad económica durante una semana. Además de ello, se realizaron pruebas ¡a los 9 millones de habitantes de la ciudad, en 5 días! con las que se encontró un solo caso más y se atajó el brote de raíz.

Esto sería perfectamente posible hacerlo con una economía nacionalizada y planificada, que elimine el lucro privado, donde la actividad económica esté al servicio del ser humano y no al contrario. China no es socialista, es capitalista, pero mantiene una gran parte de la economía en manos del Estado y quedan restos de la antigua planificación estatal, lo que facilita este tipo de actuaciones.

Ya defendíamos en marzo la necesidad de tomar medidas drásticas para hacer frente a la situación de emergencia en la que nos encontramos. Contra la trampa de la burguesía de tener que elegir entre economía y salud, solo hay una opción: poner todo el sistema económico y de salud al servicio de las familias trabajadoras, para lo cual es necesario tomar las siguientes medidas:

  1. Revertir todos los recortes en la sanidad practicados desde 2008 en adelante. Volver y superar los números históricos de trabajadores sanitarios, camas hospitalarias y gasto público destinado.
  2. Pruebas PCR masivas de al menos 2 miembros por unidad familiar, y mascarillas gratis para toda la población.
  3. Plan para la contratación inmediata del personal sanitario suficiente para hacer frente a la actual epidemia con contratos fijos permanentes en las mismas condiciones que los trabajadores fijos del sistema nacional de salud.
  4. Contratación de rastreadores necesarios para la detección precoz de positivos en Covid-19 sin recurrir a empresas privadas
  5. Nacionalización de privadas de la sanidad y de sus clínicas sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, e integración en el sistema público sanitario manteniendo el 100% del empleo existente.
  6. Nacionalización sin indemnización, salvo a pequeños accionistas, de las empresas clave de la salud (laboratorios, fabricantes de mascarillas, guantes y gel desinfectante; fábricas de equipos médicos y clínicos, etc.) para que la producción de material sanitario esté bajo el control del Estado, supervisado por los trabajadores de dichas empresas.
  7. Suspensión de toda actividad económica no esencial con el pago del 100% del salario a los trabajadores. No aceptamos que computen las jornadas no trabajadas por bajas por enfermedad ni por vacaciones.
  8. Control obrero en las empresas que mantengan su actividad para supervisar las condiciones higiénicas y de salud, a través de los comités de empresa y de los comités de seguridad e higiene.
  9. – Ni ERES ni ERTES. No al cobro del 70% del salario por los trabajadores afectados mientras dure la epidemia. No depositar sobre el Estado el pago del salario ni con el truco de computar la suspensión temporal del trabajo como bajas por enfermedad. 100% del salario pagado por los patrones.
  10. Prohibición de los despidos. Reparto del trabajo entre los brazos existentes. Si la empresa cierra argumentando quebranto financiero que sea nacionalizada sin indemnización bajo el control de sus trabajadores e integrada en un plan estatal de producción.
  11. Que las empresas paguen el 100% del salario a los trabajadores que necesiten cuidar a sus hijos, y carezcan de recursos, cuando éstos tengan que guardar cuarentena, independientemente del resultado de su prueba diagnóstica.
  12. Impuesto especial del 10% de sus ingresos a los grandes bancos y a las 100 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid para financiar las medidas extraordinarias para hacer frente a la actual epidemia. Control obrero en dichas empresas para evitar contabilidad falsa y evasión de capitales.
  13. Que se abran los libros de cuenta de las empresas para que los trabajadores puedan verificar la situación financiera de las empresas que argumenten problemas financieros para aplicar todas estas medidas.
  14. No al pago de la Deuda Pública.

(Tomado de Lucha de Clases)

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