Reseña de la integración pacífica de los mapuches hasta la década de los 60 del siglo XIX

por Felipe Portales

Más que un documento específico, el lector podrá saber en seguida –a través de diversos textos de historiadores y de ilustres testigos de la época- algo que nunca se ha enseñado en el sistema escolar chileno: Cómo desde la Independencia hasta la década de los 60 del siglo XIX se desarrolló un notable proceso de integración pacífica de los mapuches a la sociedad nacional, en que junto con aceptar ellos la soberanía chilena del territorio, el Estado chileno les respetó plenamente su autonomía y la propiedad de sus tierras.

En este sentido, José Bengoa nos describe el sistema que funcionó sin problemas durante todo el período: “Una red muy compleja de funcionarios heredados de la Colonia se encargaba de mantener (la) tranquilidad. Había diversas categorías de funcionarios de fronteras: capitanes de amigos, comisarios de naciones, tenientes y capitanejos de reducciones. Eran personajes –mestizos por lo general- que hablaban castellano y mapudungu, y gozaban de inmunidad en el territorio mapuche. Los capitanes de amigos desempeñaban el papel de intérpretes y servían de parlamentarios del ejército, noticiadores y oidores de rumores. No tenían atribuciones de jueces, pero cuando se hallaban en las tribus del interior, dirimían los reclamos con los comerciantes (…) Los comisarios de naciones tenían una función más alta, representando a la autoridad civil. Actuaban como ministros de fe en los parlamentos, entregaban salvoconductos a los comerciantes y a los mapuches que salían del territorio, y servían de instancia de apelación a las decisiones de los capitanes de amigos (…) En este período, la administración fronteriza se apoya en los caciques principales para mantener la tranquilidad y el orden en la región. El 7 de septiembre de 1848 se dictó un decreto por medio del cual se ordenaba a la Tesorería de Concepción que entregara mil pesos para proporcionar buenas habitaciones a los caciques que se indicaban (…) Al cacique se le otorgaban ciertos poderes civiles y se le pagaba un sueldo, con lo cual se aseguraba su lealtad”. Y la subordinación de los mapuches tenía, además de la conservación de la tierra, dos piedras de tope: “Que no nos vengan a imponer vivir en pueblos, y que no nos obliguen a la monogamia” (Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX, Lom Ediciones, Santiago, 2000; pp. 154-6).

Los dos ejes de la política de integración pacífica los constituyeron los parlamentos y el fomento de misiones de sacerdotes católicos al interior de la Araucanía. Tan bien funcionaron que, a mediados del siglo XIX, varios ilustres personalidades de la época se referían en muy buenos términos a los mapuches que disfrutaban de su autonomía. Así, por ejemplo, José Victorino Lastarria señalaba en 1846 que el carácter del araucano era el carácter del pueblo chileno, moldeado también por la influencia española y que en la Araucanía había varias “reducciones de chilenos naturales, que sin mezclarse con la población española, mantenían como en depósito sagrado los recuerdos y parte de las costumbres de sus antecesores” (Jorge Pinto Rodríguez.- De la Inclusión a la Exclusión. La formación del estado, la nación y el pueblo mapuche; Univ. de Santiago, Santiago, 2000; pp. 64-5).

A su vez, Vicente Pérez Rosales, en la década del 50, escribía que los araucanos “no forman ya esa masa compacta y belicosa que era movida por el amor a la patria y el odio contra los españoles” y “en su lugar se puede apreciar un pueblo de agricultores que ha dejado atrás el pastoreo para vivir de modo estable en casas construidas de madera. Cultivan trigos, papas, maíz y algunas plantas útiles a la economía doméstica; trabajan con mucha destreza riendas y lazos, no rehúsan la instrucción, acogen con solicitud a los herreros y envían a sus hijos a las escuelas de los misioneros (…) En suma, son hombres laboriosos y tranquilos” (Ibid.; p. 64).

Y el testimonio más interesante e ilustrado lo tenemos del científico y segundo rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, quien luego de varias estadías en la Araucanía escribió en 1845 el libro Araucanía y sus Habitantes (Edit. Francisco de Aguirre, Santiago, 1977). Adquirió una visión muy positiva del carácter de los “indios”, el que definió como “afable, honrado, susceptible de las más nobles virtudes, hospitalario, amigo de la quietud y del orden, amante de su patria y por consiguiente de la independencia de sus hogares, circunspecto, serio, enérgico: parece nacido para ser buen ciudadano”. Y su conclusión, que desgraciadamente fue completamente desoída una generación más tarde, era que “los hombres de este temple no se convencen con las armas: con ellas sólo se exterminan o se envilecen. En ambos casos la reducción sería un crimen cometido a costa de la más preciosa sangre chilena (Ibid.; pp. 122-3).

Tan sólida fue la política de integración pacífica, que en 1849, Antonio Varas, enviado por el Gobierno a la región para evaluar y proponer políticas (“Visitador Judicial de la República”) en su Informe a la Cámara de Diputados de 1849 señalaba respecto de los mapuches que “someterlos a una autoridad que siempre han mirado como extraña era despojarlos de la independencia que tanto estiman y excitarlos a mirar como odioso el camino para atraerlos al bien” y “emplear la violencia sería proponer una verdadera conquista, que despertará la altivez guerrera del araucano, hará el triunfo difícil y provocará una situación alarmante para las provincias del sur, mucho más de lo que a primera vista podría imaginarse, sin considerar la carga de injusticia que encerraba una decisión de este tipo”, por lo que habría “que desarrollar un régimen basado en lo que ya existe” (Pinto; p. 62).

De este modo, “retomando algunas apreciaciones de Domeyko y de otros observadores que con antelación se habían referido al tema, Varas insistía en la importancia de las misiones, la escuela y, en general, los medios pacíficos para incorporar al indígena a la civilización. En suma, la Frontera debía seguir regulándose bajo los principios que habían imperado hasta entonces” (Ibid.). A tal punto se consideró concluyente el Informe de Varas, que en 1850 en su Mensaje anual al Congreso, el presidente Manuel Bulnes, concluyó “que los indios vivían ya bajo las leyes chilenas, atraídos por medios pacíficos” (Ibid.; p. 63).

Posteriormente, en la década de los 60, la política del Estado chileno varió en 180 grados, embarcándose como es sabido en la conquista violenta del territorio mapuche –aprovechando su absoluta superioridad militar- quitándole sus tierras y destruyendo su autonomía política y cultural; en lo que grotescamente se denominó “la pacificación de la Araucanía”.

El hecho de que toda la fase inicial y exitosa de búsqueda de integración pacífica de los mapuches al Estado y la sociedad chilena -conservando su autonomía- esté todavía en la penumbra para la generalidad de los historiadores y para nuestra educación escolar constituye un signo muy revelador de la mantención de la feroz discriminación que todavía sufre nuestro principal pueblo originario de parte del Estado y la sociedad chilena. Y lo mismo puede decirse del “negacionismo” que hasta hoy existe en la historiografía y en la educación respecto de la brutalidad genocida de la “pacificación” y de las persecuciones y discriminaciones posteriores que llegan hasta la actualidad.

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