por El Porteño
El 21 de agosto, el histórico barrio de Playa Ancha fue escenario de un nuevo intento de desalojo contra el Espacio Cultural El Hormiguero, en el corazón de Valparaíso. Carabineros, acompañados de abogados de la multinacional Walmart, acudieron con un aparataje represivo y una resolución judicial que pretendían utilizar como llave para hacerse del inmueble. Sin embargo, lo que se proyectaba como un operativo de desalojo terminó en un fracaso jurídico y político, gracias a la resistencia organizada de vecinos, activistas y militantes de diversos espacios autogestionados.
El episodio revela con crudeza cómo operan, de manera sincronizada, los engranajes de la justicia, la policía y el gran capital cuando se trata de acallar expresiones de organización popular.
La maniobra judicial: legalidad torcida
La resolución exhibida por Carabineros y el abogado de la empresa no habilitaba el lanzamiento de los ocupantes. Sin embargo, en un acto de abierta arbitrariedad, la policía permitió que Walmart ingresara al recinto, instalara guardias privados y cambiara las chapas. En la práctica, una privatización policial de un conflicto civil.
El abogado de El Hormiguero, Gustavo Burgos, presentó un amparo de garantías ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, que ordenó a Carabineros suspender su accionar y ajustarse a la resolución original: desalojar únicamente a terceros ajenos a un litigio judicial aún pendiente.
Este hecho desnuda un patrón: cuando la justicia y la policía actúan en favor de los intereses de las corporaciones, la ley se convierte en un instrumento maleable al servicio del poder económico.
El trasfondo: Walmart y la ciudad neoliberal
El inmueble en disputa pertenece a Walmart, símbolo del capital transnacional que concentra riqueza a escala planetaria mientras precariza la vida en los barrios. Que la multinacional reclame para sí un espacio comunitario en Playa Ancha no es casualidad: forma parte de la lógica de una ciudad neoliberal donde los territorios se definen no por las necesidades de sus habitantes, sino por la rentabilidad del suelo y el mercado inmobiliario.
La ocupación del Hormiguero lleva casi una década funcionando como contramodelo: talleres gratuitos, salud comunitaria, comité de vivienda, articulación vecinal. Allí donde el capital busca erigir supermercados y estacionamientos, la comunidad erige tejido social y cultura popular.
Lo ocurrido el 21 de agosto no es, por tanto, un episodio aislado, sino la expresión local de un conflicto global: la contradicción entre el derecho del capital a la propiedad y el derecho de los pueblos a la vida digna y a la organización autónoma.
El Estado contra la autogestión
Más allá de Walmart, el rol de Carabineros fue decisivo. En lugar de garantizar derechos, la policía actuó como brazo armado de la transnacional, interpretando la resolución judicial a conveniencia de la empresa. No es la primera vez: la criminalización de las tomas de terreno, la represión a comunidades mapuche y el hostigamiento a centros culturales autogestionados confirman que el Estado chileno se alinea sistemáticamente con la defensa de la propiedad privada, incluso contra sus propias normas jurídicas.
El Hormiguero —al igual que otros espacios como Katarcis o las casas ocupadas en distintos cerros— encarna una apuesta que desborda el marco legal: la gestión comunitaria, la autonomía de clase y la creación de poder popular desde abajo. La represión policial busca sofocar precisamente esa alternativa.
El Espacio Cultural El Hormiguero es un referente barrial que desarrolla desde hace años múltiples actividades comunitarias:
- Talleres gratuitos o a bajo costo (capoeira, gimnasia para adultos, twerk, calistenia).
- La organización de salud mental comunitaria Casa Club.
- Un comité de vivienda que lucha por soluciones habitacionales.
- La participación activa de la agrupación territorial Salvemos La San Mateo y de la junta de vecinos.
Su labor ha consolidado un tejido social barrial reconocido y legítimo, que hoy enfrenta el intento de desalojo impulsado por una transnacional.
Movilización y legitimidad
La jornada del 21 de agosto demostró, sin embargo, que la movilización es la principal garantía frente al abuso estatal y empresarial. La presencia de vecinos, colectivos y militantes de otros espacios fue determinante para impedir que el desalojo se concretara.
El Hormiguero plantea un desafío central: la legitimidad popular frente a la legalidad burguesa. En sus propias palabras, se trata de afirmar que la gestión comunitaria y la autogestión barrial tienen un valor superior al reconocimiento o no de los tribunales.
Lo que está en juego
El conflicto de Playa Ancha no es solo por un inmueble. Es la disputa entre dos modelos de ciudad:
- La ciudad del capital transnacional, planificada en función del mercado.
- Y la ciudad popular, construida desde la autogestión, la solidaridad y la resistencia.
En tiempos de crisis política y avance de la derecha, la defensa de espacios como El Hormiguero trasciende lo local y se convierte en una batalla estratégica por la autonomía de los pueblos.
El 21 de agosto quedará inscrito como el día en que la represión fracasó en Playa Ancha, pero también como un recordatorio: solo la organización y la lucha sostienen los espacios de libertad frente al capital y su Estado.