por Fernando López MacKenzie
Por estos días, cuando se habla del “éxito” exportador de Chile, se repite la letanía del cobre como columna vertebral de nuestra economía. Sin embargo, las cifras expuestas por Héctor Vega muestran una realidad que raya en el escándalo: Chile no controla el precio ni la riqueza real que produce su cobre, porque el 75% de las exportaciones se hacen en forma de concentrados.
En simple: el país embarca piedra molida con cobre, oro, plata, molibdeno y un largo etcétera de metales estratégicos, pero sólo declara a Aduanas el valor del cobre contenido. Todo lo demás —rodio, platino, teluro, tierras raras— desaparece como si nunca hubiera existido. El truco es perfecto: la empresa minera embarca concentrados, el refinador extranjero hace el “trabajo sucio”, y el Estado chileno se queda con las migajas.
Subfacturación: la estafa legalizada
Los ejemplos son brutales. En 2023, BHP declaró 7 mil millones de dólares por concentrados exportados desde Antofagasta; el valor real en el London Metal Exchange, sumados los subproductos, fue de 9.100 millones. En Los Vilos, Los Pelambres declaró 2.400 millones, pero el valor real fue 3.200 millones. En total, ese año, las cuatro grandes mineras defraudaron al fisco chileno en 4.700 millones de dólares.
Un año después, en 2024, la estafa escaló: 6.400 millones de dólares en subfacturación. Y si retrocedemos más, el balance es devastador: en 27 años (1996-2023) la diferencia acumulada asciende a 975 mil millones de dólares. Una cifra que supera largamente cualquier reforma tributaria o pacto fiscal que se discuta en el Congreso.
Un país reducido a factoría
No se trata de errores contables ni de descuidos aduaneros: es la expresión más descarnada de un modelo colonial en pleno siglo XXI. Chile no refina, no controla, no decide. Entrega su principal riqueza en bruto y acepta como dogma lo que le reportan desde las fundiciones de Asia o Europa.
La metáfora que utiliza Vega es precisa: somos una factoría al servicio del capital transnacional. Una economía que no produce valor agregado y que renuncia a desarrollar una industria minera propia, a pesar de tener la experiencia, el conocimiento y hasta la tecnología disponible para fiscalizar. Un simple espectrómetro en los puertos permitiría identificar y cuantificar los metales contenidos en los concentrados. El costo total de instalar cinco de estos equipos no superaría los 300 mil dólares. Pero el problema no es técnico: es político.
El veto del Consejo Minero
El poder del Consejo Minero y de las grandes transnacionales ha impuesto la regla del saqueo legalizado. La subfacturación es tolerada por el Estado porque la política está capturada por los mismos intereses que se benefician de esta fuga de riqueza. Ningún gobierno —ni de derecha ni de centroizquierda, ni ahora el de Boric— ha tenido la voluntad de enfrentar este saqueo.
La cuestión, entonces, no es si Chile puede dejar de ser una factoría. La cuestión es qué fuerza política y social está dispuesta a enfrentar al capital minero. Porque mientras discutimos reformas menores, el país pierde miles de millones de dólares al año, hipotecando su posibilidad de industrializarse, de financiar salud, educación y vivienda.
Conclusión: el cobre y la soberanía
El balance es claro: Chile ha regalado en tres décadas casi un billón de dólares en riqueza minera. El problema no es técnico ni económico, es político: se trata de quién manda en Chile, si el Estado y su pueblo, o las grandes mineras extranjeras.
La conclusión que asoma de las cifras es brutal, pero ineludible: la soberanía nacional pasa hoy por recuperar el cobre, refinarlo en el país y romper con la dependencia colonial del capital transnacional. De lo contrario, seguiremos siendo lo que ya somos: una factoría, un enclave extractivista que exporta riqueza y reproduce pobreza.