Por estos días, cuando se habla del “éxito” exportador de Chile, se repite la letanía del cobre como columna vertebral de nuestra economía. Sin embargo, las cifras expuestas por Héctor Vega muestran una realidad que raya en el escándalo: Chile no controla el precio ni la riqueza real que produce su cobre, porque el 75% de las exportaciones se hacen en forma de concentrados.
Anterior a la segunda guerra mundial la producción y comercialización del cobre estaban en manos de las compañías mineras y el gobierno norteamericano. Su estatus jurídico era la de propiedad de las minas y la exportación del mineral era canalizado hacia EE.UU. Invocando circunstancias excepcionales, durante la segunda guerra mundial, el precio del mineral fue fijado unilateralmente por Washington en 11 ½ centavos la libra, situación que se mantuvo inamovible hasta 1946. Esto representaba un tercio de lo que ofrecían los beligerantes en el mercado mundial. Esta particular situación no dañaba a las empresas mineras pues el gobierno norteamericano las subvencionaba con 120 millones de dólares al año. La carga, así establecida por un gobierno extranjero debía ser soportada por el Estado de Chile.
Los recursos generados por el cobre constituyen un aporte fundamental en nuestro país para impulsar el desarrollo económico y el financiamiento de los Bienes Públicos. En 2021, los rendimientos productivos de Codelco permitieron generar excedentes importantes en el subsector y un Ebitda de US$ 7.394 millones equivalente a 2,34% del PIB y un aporte al Fisco de 5.572 millones, el mayor en una década, esto es, 1,7% del PIB. Estos resultados se debieron a una producción total de la estatal de 1,7 millones de toneladas de cobre fino. Ese año el promedio del precio del cobre fue de US$ 4,24 la libra.
Grandes casos llevados a la justicia, se invisibilizan en un país que vive de engaños e hipocresías. Es lo que sucede con Héctor Llaitul que defiende una causa que el Estado de Chile nunca ha reparado y que decidió terminar a sangre y fuego a fines del siglo XIX. Quienes despojaron de sus territorios al Pueblo Mapuche, tuvieron reconocimiento público por servicios prestados a un Estado que desconoció tratados, vulneró acuerdos y derechos y, cuyos capítulos vergonzosos de la historia de Chile quedaron registrados en crónicas, notarías y sentencias judiciales. Es más, hay calles de la capital que exhiben nombres de militares, en reconocimiento a sus crímenes cometidos en el Wallmapu y en complicidad con la institucionalidad civil de la República.
El manejo del presupuesto de la Nación y, en subsidio, el déficit fiscal fue el principal instrumento de financiamiento del gasto social e inversiones del área pública. El presupuesto se orientó fundamentalmente a la formación del Área de Propiedad Social (APS) y la Reforma Agraria. En el mediano y largo plazo los recursos provenientes de la nacionalización del cobre deberían financiar los planes de industrialización de la economía. Importantes reformas al sistema tributario contribuirían a financiar, desde el presupuesto nacional, el gasto en educación, salud y vivienda popular. Las carencias históricas en lo social apelaban al fortalecimiento y apoyo del sector privado en cada uno de los sectores mencionados.
En la elección presidencial de 1970, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta. De acuerdo con la Constitución Política, correspondía al Congreso Pleno elegir entre las dos más altas mayorías relativas, cincuenta días después de la votación. Esas mayorías relativas eran detentadas por Allende y Alessandri. Este último candidato de la Derecha y que ya había sido elegido presidente en el período 1958-1964. El candidato demócrata cristiano, Radomiro Tomic, había obtenido el tercer lugar en la elección.
La ley de Isapres y Superintendencia de Salud fue promulgada el 3 de noviembre de 2009. Han transcurrido más de 13 años en duros enfrentamientos entre asegurados y aseguradoras – en el período 2018-2022 se han presentado más de 195 mil reclamos – donde la incuria de los gobiernos, – más exactamente la clase política – ha llevado a la judicialización de los cobros excesivos de las Isapres.
De los 30 capítulos del Tratado 2 se refieren a la solución de controversias ante tribunales arbitrales ad hoc. El capítulo 28 se refiere a querellas entre estados y el capítulo 9 a eventuales controversias entre inversionistas y Estado. Los tribunales ad hoc no tienen relación alguna con la magistratura nacional. En la solución de diferendos el tribunal ad hoc conserva su competencia final respecto al laudo arbitral. Al restarse a la magistratura local los Estados locales pierden soberanía. Es más puede darse el caso de inversionistas nacionales de Estados que nunca han negociado un tratado de libre comercio con Chile pero que ligados en sus intereses corporativos con inversiones extranjeras en el país terminan por efectuar demandas derivadas en los tribunales arbitrales del Tratado.
Es un hecho que nunca estuvimos preparados para enfrentar la Pandemia. El modelo económico de mercado heredado de la dictadura cívico-militar, perfeccionado y administrado alegremente por la Concertación y la Alianza, nunca tuvo en sus prioridades buscar alternativas que hicieran posible un modelo compatible con las necesidades de la población, menos aún de sus aspiraciones. Durante esta Pandemia las medidas anunciadas fueron insuficientes, algunas de ellas financiadas con los mismos ahorros de los desempleados (Ley de Protección al Empleo), otras intentaron llevar liquidez a las empresas paralizadas mediante el crédito Fogape.
por Héctor Vega
UN NUEVO FRAUDE DE LA CLASE POLÍTICA. FRENTE A ESTE FRAUDE QUE LAS COMUNAS SE AUTO CONVOQUEN A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Muchas páginas se han escrito sobre el movimiento obrero en Chile, sin embargo la sublevación popular del 18 de octubre es inédita pues, no es un sindicato o movimiento de trabajadores que reivindica sus derechos sino que es la población desde los más diversos estratos sociales que protesta en las calles por el abuso a que ha sido sometida por la clase política en los últimos 47 años – 17 años de dictadura cívico-militar y 30 años de transición a la democracia traicionada.