por Ibán de Rementería //
El neoliberalismo es una doctrina económica y política promovida por el capital financiero internacional, que surge y se hace relevante ante la crisis de reproducción ampliada del capital que se manifiesta a inicios de la década de los años setenta del siglo pasado, esta crisis fue atribuida al alza vertiginosa de los precios del petróleo y al fin del patrón dólar-oro dictaminada por el Presidente Nixon. No obstante, las recurrentes crisis del capitalismo se hacen manifiestas por la imposibilidad del capital de reinvertir en la misma actividad que le permitió obtener sus ganancias y utilidades, esto se conoce como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, por lo tanto el capital siempre deben de buscar nueva actividades económicas, sociales y culturales donde invertir para así asegurar su reproducción ampliada.
Los principios básicos del neoliberalismo son: en general, minimizar participación del Estado en la economía de un país, en lo concreto: reducir la intervención del Estado en el mercado laboral y privatización de empresas estatales; además, garantizar la libre circulación de los capitales internacionales y poner el énfasis en la globalización de los mercados de bienes y servicios, sin permitir la libre circulación de los trabajadores, establecer puertas abiertas a la inversión y comercio multinacional, poner fin al proteccionismo económico, minimización del control público a las actividades económicas, disminución de impuestos y gravámenes, fin al control de precios ya que solamente la ley de la oferta y la demanda es el regulador de los mismos y, el agente económico fundamental es la empresa privada no el Estado.
Por lo anterior, las dos medidas características de la instauración del neoliberalismo son la privatización de las empresas públicas y la desregulación del mercado de trabajo. La privatización de las empresas públicas incluye preferencialmente a los servicios públicos de educación, salud y seguridad social. Además, la salud y la seguridad social se constituyen en dos formas de empréstito forzoso de los usuarios de esos servicios al capital financiero nacional e internacional. Asimismo, son privatizadas las empresas públicas que se dedica a la explotación de los recursos naturales renovables o no renovables que por tradición y convención internacional pertenecen a las naciones, o esos recursos son entregados en “graciosas concesiones” para la explotación de la pesca, los bosques, los recursos de agua, los recursos energéticos, etc., así como la minería metálica y no metálica, etc. También son privatizadas las empresas públicas que proveen y explotan las obras públicas en carreteras, caminos y autopistas, puentes y túneles, puertos y aeropuertos, etc. De igual manera, son privatizadas las empresas del estado que prestan los servicios públicos, de agua potable y alcantarillado, de comunicaciones y transportes, etc., o se entregan en concesión esos monopolios naturales.
La desregulación del mercado de trabajo se hace mediante la supresión de la titularidad sindical – en breve, que los beneficios laborales solo cubren a los miembros de los sindicatos que los obtuvieron-, también con la eliminación de la negociación por rama industrial lo cual debilita la capacidad negociadora de salarios y condiciones laborales de los sindicatos por empresas, además, lo anterior se complementa con fuertes limitaciones al derecho de huelga que es la única arma de negociación con que cuentan los trabajadores. De esta manera la desigualdad política se convierte en inequidad económica y asegura la reproducción ampliada del capital.
En lo político el neoliberalismo es sumamente exigente en las “reglas del juego claras y la certeza jurídica” para la inversiones de capital, sobre todo mediante la “política de los acuerdos”, es decir, que la democracia perfecta es aquella donde los derechos de las minorías están tan bien salvaguardados como los de las mayorías. Los derechos de las minorías quedan garantizados en proporciones de dos tercios o cuatro séptimos para votaciones calificada de leyes o reformas constitucionales, no por mayoría absoluta de los intervinientes según el caso, o como lo fue el sistema electoral binominal que daba igual representación política a quien obtenía un tercio o dos tercios de la votación. Esta modalidad desigual de la gestión de la distribución poder político es la que regula la distribución inequitativa de la riqueza nacional. Para confrontar esta desigualdad política e inequidad económica es necesaria una Asamblea Constituyente, cuyos miembros escogidos de manera universal y proporcional, que no sean incumbentes ni del Parlamento ni del Gobierno Nacional, redacten una nueva constitución que garantice la igualdad de derechos de todos.
De todo lo anterior se deduce que las primeras medidas anti neoliberales son la oferta pública de educación, salud y seguridad social universal, gratuita y de calidad para todas y todos los chilenos y los que viven en el territorio nacional con cargo al presupuesto de la nación.
La segunda medida anti neoliberal, precisamente para poder financiar la satisfacción gratuita y de calidad de los derechos sociales fundamentales en educación, salud y seguridad social, es la recuperación para el Estado de las rentas y utilidades que produce la explotación de los recursos naturales y financien el presupuesto nacional, sin producir déficit, ni endeudamiento, ni colapso fiscal. Como complemento de lo anterior y para fortalecer el presupuesto nacional sin tener que elevar los impuestos ni aumentar la deuda pública, la tercera mediada es la recuperación para el Estado de las rentas y utilidades de las empresas de servicios públicos que constituyen monopolios naturales.
La tercera medida anti neoliberal es una legislación laboral que reconozca la titularidad sindical, la negociación colectiva por rama y el derecho de huelga sin más restricciones que la seguridad personal de terceros. Esta medida no tan solo tienen el objetivo mejorara los ingresos y condiciones laborales de las y los trabajadores en el país, además, de igualar la distribución del poder entre quienes viven de sus trabajos y quienes viven de sus ganancias o renta.
Otro de los problemas de distribución del poder y la riqueza nacional es el que afecta al junto de la regiones que constituye la nación, el problema de la regionalización, para esto se necesita además de las competencias políticas y administrativa oportunas para la gestión regional autónoma, es imprescindible que cuenten con la competencia fiscal que les asegure una participación suficiente a sus necesidades regionales y locales en las rentas y utilidades que producen la explotación y gestión los bienes y servicios públicos de la nación que en sus territorios están localizados.
(El autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista, IS del PS)