por Alejandro Valenzuela Torres
La prisión preventiva decretada en contra del ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, no constituye un hecho aislado ni un mero episodio de desviación individual dentro del aparato estatal, sino la expresión concentrada, material y brutal de un régimen político cuya descomposición interna ha dejado de ser una sospecha para convertirse en evidencia judicial. Que un juez de garantía, Guillermo Rodríguez, haya dado por acreditada la existencia de un “sistema delictivo” articulado sobre la base de “lealtades desviadas”, comunicaciones clandestinas y beneficios recíprocos, no solo compromete la responsabilidad penal de un individuo, sino que desnuda el funcionamiento real del Estado bajo los gobiernos de Sebastián Piñera: una maquinaria de poder al servicio de intereses privados, operada por cuadros cuya función esencial fue domesticar el aparato represivo y judicial para ponerlo al servicio de una minoría dominante.
La formalización, extendida por ocho jornadas, culminó con una resolución que no deja espacio para ambigüedades: cohecho, prevaricación y violación de secreto, en el marco de una trama sostenida durante años con el abogado Luis Hermosilla y con conexiones directas con el ex ministro del Interior Andrés Chadwick. La imagen de Guerra siendo conducido esposado al anexo penitenciario Capitán Yáber —convirtiéndose en el primer ex fiscal regional en prisión preventiva— es el símbolo de una crisis institucional de proporciones históricas. Pero lo verdaderamente decisivo no es la espectacularidad del desenlace, sino la naturaleza de los hechos acreditados: la intervención deliberada en causas de alto impacto político y económico como Penta, Exalmar y Dominga, en beneficio de redes empresariales y políticas ligadas al piñerismo y a los partidos de la derecha tradicional.
El caso Penta, que marcó un antes y un después en la relación entre financiamiento ilegal de la política y grandes grupos económicos, aparece aquí no como un error judicial ni como una debilidad institucional, sino como el resultado de una intervención consciente orientada a evitar un juicio oral que pudiera exponer en toda su magnitud la podredumbre del sistema. Más grave aún resulta el caso Exalmar, en el cual se entrecruzan intereses económicos directos del entonces Presidente Piñera con un litigio internacional con Perú, comprometiendo no solo la probidad administrativa, sino los propios intereses estratégicos del Estado chileno. La actuación de Guerra en estas causas revela, por tanto, una subordinación del Ministerio Público a intereses privados que excede con creces la figura clásica de la corrupción, para instalarse en el terreno de la captura del Estado por fracciones del capital.
La resolución judicial es explícita al señalar que el imputado estableció un canal permanente de comunicación informal, en el cual cada acto delictivo se articulaba con el siguiente, configurando una estructura coherente orientada a la obtención de beneficios personales y políticos. La reunión privada con Piñera en enero de 2020 —gestionada a través de Hermosilla— para entregarle información reservada sobre el estallido social, constituye quizás uno de los episodios más elocuentes de esta dinámica: el fiscal regional, en vez de perseguir delitos, se transforma en un operador político del Ejecutivo, poniendo a disposición del gobierno antecedentes estratégicos en medio de una crisis de régimen. La posterior asesoría encubierta a Chadwick y las gestiones para asegurar cargos en el Consejo de Defensa del Estado, en estudios jurídicos y en la Universidad San Sebastián, terminan de cerrar el círculo de un intercambio corruptivo cuya lógica interna es reconocida por el propio tribunal.
Este cuadro no puede ser interpretado sino como la manifestación concreta del carácter de clase del Estado chileno. No se trata simplemente de que existan funcionarios corruptos, sino de que las instituciones están estructuralmente disponibles para ser utilizadas por quienes detentan el poder económico y político. La persecución penal deja de ser un instrumento de justicia para transformarse en un dispositivo selectivo, orientado a proteger a determinados grupos y a disciplinar al resto de la sociedad. Como lo señaló el propio juez, el mensaje que estas conductas envían a la ciudadanía es devastador: no todos son iguales ante la ley, y el acceso a las más altas autoridades permite incidir directamente en el resultado de las investigaciones.
Pero este fenómeno no se agota en la figura de Guerra ni en el ciclo político de Piñera. La trama que hoy se despliega encuentra paralelos inmediatos en otros casos que sacuden al Poder Judicial, como el de Ángela Vivanco en la Corte Suprema, así como en las investigaciones que alcanzan a ministros del máximo tribunal y de la Corte de Apelaciones de Santiago. Nos encontramos frente a una verdadera crisis orgánica del régimen, en la cual las distintas fracciones del poder se enfrentan en una suerte de “larga noche de los cuchillos largos”, donde las redes de influencia, favores y encubrimientos comienzan a fracturarse bajo el peso de sus propias contradicciones.
El silencio ensordecedor de los medios de comunicación y de la oposición progresista no es un dato secundario, sino parte constitutiva del problema. Que la caída de un operador directo del piñerismo —un verdadero “mocito” del poder político y empresarial— no sea presentada como un escándalo mayúsculo, mientras se continúa exaltando la figura de Piñera como un supuesto demócrata, revela el grado de compromiso de estas fuerzas con la preservación del orden existente. La estatua que se ha acordado se erigirá en su honor en la Plaza de la Constitución no es solo un gesto simbólico, sino la expresión de una voluntad de clausurar cualquier cuestionamiento estructural al régimen.
En este sentido, lo que hoy se observa no es excepcional, sino la consecuencia lógica de un orden social basado en la dominación de una minoría sobre la inmensa mayoría. La corrupción no es un accidente, sino una forma específica en que se expresa la apropiación privada de lo público en el capitalismo contemporáneo. Que estos mecanismos se hayan desarrollado con particular crudeza durante el gobierno de Piñera no significa que hayan desaparecido con su salida, ni que no se proyecten sobre las administraciones de Boric o la actual de Kast. Por el contrario, la persistencia de sus bases materiales asegura la reproducción de estas prácticas bajo nuevas formas y nuevos actores.
La prisión preventiva de Manuel Guerra, por tanto, lejos de cerrar un ciclo, abre una interrogante mayor sobre la viabilidad del orden institucional chileno. Lo que está en cuestión no es solo la conducta de un ex fiscal, sino la legitimidad de un sistema que permite —y en última instancia necesita— este tipo de operadores para garantizar su funcionamiento. En esa medida, el caso Guerra no es un episodio judicial más, sino una ventana hacia la estructura profunda de un régimen en descomposición, cuya crisis ya no puede ser contenida por los mecanismos tradicionales de alternancia y consenso. ¿Cuándo cae Chadwick y Ponce Lerou?, ¿Cuándo se develan los verdaderos mecanismos que sostienen el ejercicio del poder? Por supuesto, no serán los tribunales de la burguesía los que resuelvan estas cuestiones. Será tarea de la clase trabajadora arrasar con estas estructuras de dominación. Contra estas formas dictatoriales de poder se dirigirán los futuros levantamientos. En este proceso a Kast y su gente también le llegará su hora.