por Alejandro Valenzuela Torres
La prisión preventiva decretada en contra del ex fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, no constituye un hecho aislado ni un mero episodio de desviación individual dentro del aparato estatal, sino la expresión concentrada, material y brutal de un régimen político cuya descomposición interna ha dejado de ser una sospecha para convertirse en evidencia judicial. Que un juez de garantía, Guillermo Rodríguez, haya dado por acreditada la existencia de un “sistema delictivo” articulado sobre la base de “lealtades desviadas”, comunicaciones clandestinas y beneficios recíprocos, no solo compromete la responsabilidad penal de un individuo, sino que desnuda el funcionamiento real del Estado bajo los gobiernos de Sebastián Piñera: una maquinaria de poder al servicio de intereses privados, operada por cuadros cuya función esencial fue domesticar el aparato represivo y judicial para ponerlo al servicio de una minoría dominante.