por Ibán de Rementería
La ofensiva ideológica y política del Partido Republicano ha tenido la virtud de instalar nuevos temas cruciales tanto en seguridad ciudadana, que tiene por tarea garantizar la seguridad de las personas, como en seguridad pública, que se ocupa de mantener el orden interno.
En el reservado debate constitucional que a muy pocos preocupa si se ha logrado que los temas de seguridad trasciendan a la opinión pública. Hasta ahora ni el Gobierno, ni los partidos que lo conforman, ni los centros de estudio que le son afines han avanzado una explicación plausible sobre este predominio temático político de la seguridad ciudadana y seguridad pública, aparte de constatar el hecho de que está prioritariamente instalado en la opinión, más aún, que esta manifiesta tener miedo. Pese a que es constatable que la victimización ha disminuido constantemente en los últimos años, aquí nos referimos a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). En fin, es de destacarse que la instalación predominante de dicho tema llevó a que los republicanos sean la primera mayoría del Consejo Constitucional y constituir con Chile Vamos la mayoría absoluta para elaborar la nueva constitución; luego, este asunto ha sido la temática central del debate político nacional, también de la gestión de Gobierno y del debate constitucional
La explicación más recurrida es que los partidos de derecha, así como las grandes empresas que estos representan tienen el control casi absoluto de conjunto de los medios de comunicación masivos, sean los periódicos de circulación nacional y locales, las radioemisoras y los canales de televisión, además, saben ejercer una notable influencia en las redes sociales de comunicación. Todo lo cual es cierto pero no explica como el miedo a la delincuencia se convierte en una votación mayoritaria por los partidos de derecha y extrema derecha, tanto más cuando los discursos “segurizantes” tanto de los partidos de izquierda y centro izquierda, así como, y sobre todo, los del Gobierno en poco y nada se diferencian de los discursos de los partidos de oposición, tanto más, cuando aquel busca expresamente no diferenciarse de esos discurso, pero esta indagación y explicación aún pendiente no es el tema de esta exposición.
Defensoría de las víctimas y reparación vicaria
En el tema de seguridad ciudadana y seguridad pública, en lo específico, bien han instalado los republicanos el tema de la instauración de una defensoría de las víctimas de la delincuencia que los represente ante el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, de la misma manera como la Defensoría Penal Pública representa a los imputados por esos delitos en esas instancias, se trata dicen de: emparejar la cancha. Esta propuesta alcanzará gran éxito entre la población que en un 90% padece como los delitos más frecuentes el robo con fuerza, el robo con violencia y el hurto, caso en los cuales el Ministerio Publico reconoce que el 90% no tiene imputado conocido, es decir, impera la impunidad, en las zonas con importantes casos de orden público que afectan gravemente la propiedad, como acontece en la Araucanía, esta propuesta es aún más exitosa. Pero, a decir verdad, cuando el 90% de los imputados de los delitos más frecuentes no son conocidos, poca es la acción de representación de los damnificados en persecución de sus victimarios pueda hacer esta institución de defensoría de las víctimas.
En cambio, de seguro lo que las victimas están esperando es ser reparadas en los bienes que han perdido por la acción de la delincuencia común, cuando han padecido hurtos, robos y asaltos, se trata de tener la posibilidad cierta de que estos bienes le sean restituidos en parte o su totalidad, a esta acción pública se le llama reparación vicaria, donde el estado actúa en representación de toda la sociedad en tanto garante de la seguridad de todos. Ciertamente, si a la población se le pone a escoger para mejorar su seguridad entre la defensoría de las víctimas y la reparación vicaria, mayoritariamente escogerá esta última como su preferencia.
Usurpaciones, autotutela y paramilitarismo.
El otro tema atinente a la seguridad pública y la seguridad ciudadana son las usurpaciones de bienes inmuebles y la autotutela permanente para protegerse de esas acciones.
En lo concreto, los bienes inmuebles susceptibles de ser usurpados son terrenos rurales y urbanos, así como construcciones urbanas o rurales, que tiene legítimos propietarios o al menos efectiva posesión de ellos; las usurpaciones están motivadas ya sea por recuperación de tierras agrícolas por los pueblos originarios, como acontece en la zona de Walmapu, por otras reclamaciones territoriales, o como forma de acceder a tierras urbanas para instalar viviendas precarias, lo que es característico de las grandes y las ciudades intermedias, donde nuevas familias buscan resolver sus problemas de vivienda y búsqueda de empleo en nuevos espacios urbanos.
Es por ello que la auto tutela se ejerce como un derecho de defensa ante la flagrancia de una agresión personal de terceros a su persona o la de sus dependientes y sus bienes, es legítima mientras dure esa flagrancia -unas 12 horas-, después de ese periodo la recuperación de un bien inmueble solo puede ser hecha por la fuerza pública, para cumplir una sentencia ejecutoriada de un tribunal competente.
Es de resaltar que el tema complejo y altamente conflictivo aquí es la pretensión de la auto tutela permanente, que le permitiría a la víctima recurrir en cualquier momento al empleo de la fuerza y la violencia organizada, incluso recurriendo a terceros, para recuperar el bien inmueble que considera le fue usurpado. Lo que bien sabemos es que la autotutela conduce a la “mercenarización” de la seguridad y a la instauración de paramilitarismo como forma privada de seguridad.
Si se observa lo que sucede en nuestra, región la paramilitarización de la lucha contra las guerrillas en Colombia es todo un modelo, allí los gobiernos han contando para eso con la colaboración tanto de las empresas privadas, tales como las petroleras, las agrícolas y ganaderas, de transporte, etc., como por las organizaciones del narcotráfico, que en su conjunto estaban gravemente afectadas por el cobro de chantajes extorsivos (“impuestos de guerra”, “colaboraciones”, “vacunas”, etc.) para evitar asaltos, destrucción de equipos e instalaciones y secuestros extorsivo. También con los apoyos “técnicos” de los servicios de inteligencia estadounidenses y de otros países (Israel, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etc.). Así fue como ex militares, ex policías, ex guerrilleros y ex narcotraficantes organizaron bandas armadas que vendían seguridad, pero también secuestraban sospechosos, los torturaban, mataban y los hacían desaparecer, como lo hacía la guerrilla y los narcotraficantes, cosas que las fuerzas del orden no pueden o al menos no deben hacer. Este modelo colombiano de privatización de la seguridad ha sido reproducido de alguna manera en otros países de la región, destacándose Brasil, Guatemala, México, Perú y en general Centroamérica. En México se estima que esta modalidad de lucha contra el crimen organizado, sea el narcotráfico o la guerrilla, ha costado en los últimos doce años unos 10.000 muertos y en América Latina un millón.
Asimismo, es conocido que las autoridades estadounidenses contrataron crecientemente empresas privadas de seguridad para dar apoyo a sus fuerzas regulares en Afganistán, pese a lo cual igualmente perdieron esa guerra. Recientemente ha sido muy comentado el rol de la empresa de seguridad privada Wagner en apoyo de las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania, a la cual el Presidente Putin reconocía pagar por sus servicios mil millones de dólares estadounidenses al año, su propietario y jefe Yevgueni Prigozhin, gran amigo de aquel hasta entrar recientemente ambos en graves conflictos, ha fallecido con todo su “estado mayor” en un accidente aéreo.
En conclusión, la auto tutela permanente para protegerse de las usurpaciones, también de las amenazas extorsivas, los robos de madera o cosechas agrícolas y ganado, etc., en el Walmapu, son una tentación para organizar formas locales de paramilitarismo, pero bien nos indica la experiencia conocida que no protegen ni la seguridad pública y ni la seguridad ciudadana.
Entonces: ¿Qué quieren decir los parlamentarios de derecha cuando, en referencia la situación de seguridad pública en el Walmapu, le demandan al Presidente de la República: “desátele las manos a los militares”? ¿Qué se instaure la figura del agente revelador, como inductor del delito de terrorismo?