por Alejandro Valenzuela Torres
Cada 19 de septiembre, la burguesía chilena celebra uno de sus rituales políticos más persistentes. Bajo el nombre de «Glorias del Ejército», miles de efectivos desfilan por el Parque O’Higgins mientras las autoridades civiles contemplan desde las tribunas el despliegue de tropas, armamentos, estandartes y bandas militares. La ceremonia pretende representar una institución situada por encima de los conflictos sociales, encarnación permanente de la patria y continuidad armada de la nación. Sin embargo, basta remover algunas capas de esta liturgia para que aparezca una historia bastante menos edificante: guerras civiles, sometimiento militar del pueblo mapuche, influencia castrense extranjera, represión del movimiento obrero, masacres de trabajadores, golpes de Estado y, finalmente, el genocidio político desencadenado a partir del 11 de septiembre de 1973. La pregunta relevante no es, entonces, qué tan marcialmente desfilan las tropas, sino qué historia social se oculta bajo el concepto abstracto de «glorias» y qué función ha desempeñado concretamente el aparato militar cuando los conflictos de clase han puesto en peligro el orden existente.
De Placilla a la prusianización: el Ejército que surgió de 1891
La historia de las revistas militares de septiembre es anterior a la Guerra Civil de 1891, sin embargo después de 1891 el Ejército chileno experimentó una profunda transformación según el modelo militar alemán y uno de los hombres fundamentales de ese proceso fue Emilio Körner, el oficial alemán contratado en 1885 para colaborar en la modernización castrense que, llegada la Guerra Civil, abandonó al Ejército gubernamental y tomó partido por la insurrección congresista. Körner se convirtió en jefe de Estado Mayor de las fuerzas que, después de establecer su base económica y militar en las provincias salitreras del norte, marcharon hacia la zona central y derrotaron al Ejército balmacedista en Concón y Placilla. El oficial extranjero que había contribuido a derrotar a las tropas que permanecieron leales al gobierno constituido se transformaría posteriormente en uno de los grandes arquitectos del Ejército chileno moderno.
Reducir aquella guerra a una controversia constitucional entre presidencialismo y parlamentarismo significa, además, dejar fuera las poderosas contradicciones económicas que atravesaban el conflicto. La incorporación de Tarapacá y Antofagasta después de la Guerra del Pacífico había proporcionado al Estado chileno enormes ingresos provenientes del salitre, utilizados durante el gobierno de Balmaceda para desarrollar ferrocarriles, caminos, establecimientos educacionales y grandes obras públicas. En su viaje al norte de 1889, Balmaceda planteó asimismo la necesidad de aumentar la participación del capital nacional en la industria salitrera y cuestionó el monopolio extranjero sobre sectores estratégicos de la economía regional. La historiografía marxista chilena, particularmente Hernán Ramírez Necochea, interpretó por ello 1891 como un enfrentamiento en el cual el proyecto estatal y nacional representado por Balmaceda chocó con la articulación entre la oligarquía chilena y los intereses del capital británico. Esa tesis ha sido discutida y relativizada posteriormente por otros historiadores y no debe confundirse con un consenso historiográfico, pero descansa sobre una estructura económica comprobable: la enorme penetración británica en la industria salitrera y la utilización por los congresistas de las provincias salitreras como base material para financiar la guerra contra Balmaceda. La victoria de 1891 no destruyó aquella penetración extranjera; consolidó un orden oligárquico dentro del cual siguió desarrollándose.
Es dentro de esa victoria social y política donde adquiere toda su significación la figura de Körner. Terminada la guerra, el oficial extranjero no fue tratado como quien había participado en una rebelión armada contra el gobierno chileno. Ocurrió exactamente lo contrario: su influencia aumentó y la prusianización se profundizó. No se trató solamente de adoptar uniformes vistosos o una determinada manera de marchar, sino de reorganizar la instrucción, la formación de oficiales, los reglamentos, la disciplina, las concepciones tácticas, la estructura de mando y las formas ceremoniales siguiendo el modelo alemán. Cuando en 1915, durante el gobierno de Ramón Barros Luco, la Ley 2.977 declaró oficialmente el 19 de septiembre feriado destinado a celebrar las «Glorias del Ejército», la institución homenajeada había sido ya profundamente transformada por aquella escuela militar. Existe una paradoja difícil de ocultar: el Estado incorporó a su ceremonial nacional las formas de un Ejército modernizado bajo la influencia decisiva de un oficial extranjero que había participado en la destrucción militar del Ejército balmacedista en 1891.
La utilización de la Marcha Radetzky agrega una ironía adicional a esta representación de pretendida chilenidad. La obra fue compuesta por Johann Strauss padre en 1848 en homenaje al mariscal austríaco Joseph Wenzel Radetzky —austríaco, no prusiano—, convertido en uno de los grandes símbolos militares de la reacción de los Habsburgo durante el ciclo revolucionario europeo de 1848. Naturalmente, no existe una línea política mecánica que permita unir a Radetzky con Körner y a ambos con las Fuerzas Armadas chilenas contemporáneas. Pero el origen de estas tradiciones permite desmontar una parte de la mitología nacionalista que envuelve a la Parada: buena parte de la estética militar que hoy se presenta como tradición chilena fue importada de Europa. Para el marxismo, sin embargo, éste es apenas el comienzo del problema. La cuestión fundamental no consiste en determinar de dónde proviene la manera en que marcha un Ejército, sino contra quién marcha cuando las contradicciones sociales dejan de poder resolverse mediante los mecanismos ordinarios del Estado.
Santa María, San Gregorio y La Coruña: las «glorias» escritas con sangre obrera
La historia social chilena entrega una respuesta brutal a esa pregunta. La construcción del Estado nacional estuvo acompañada primero por el sometimiento militar del pueblo mapuche durante la denominada «Pacificación de la Araucanía», expresión que convirtió lingüísticamente una campaña de ocupación territorial en una empresa civilizatoria y ocultó la destrucción de su autonomía política, la reducción de sus comunidades y las condiciones creadas para la posterior apropiación masiva de sus tierras. Con el desarrollo capitalista y el nacimiento del movimiento obrero moderno apareció posteriormente otro enemigo interior para las clases dominantes. Entre comienzos del siglo XX y la década de 1930 se desarrolló una secuencia impresionante de huelgas, movilizaciones y levantamientos populares que, cuando desbordaron los límites tolerados por el Estado, fueron enfrentados mediante fuerzas militares y policiales. La huelga portuaria de Valparaíso en 1903, la Huelga de la Carne de Santiago en 1905, la Escuela Santa María de Iquique en 1907, San Gregorio en 1921, Marusia y La Coruña en 1925 y Ránquil en 1934 forman parte de esta historia. Las circunstancias y los organismos represivos involucrados fueron distintos en cada caso y sería metodológicamente incorrecto atribuir mecánicamente todas las víctimas al Ejército; lo decisivo es que, contemplados en conjunto, estos episodios revelan la utilización recurrente del aparato coercitivo estatal frente a la organización de trabajadores, campesinos y sectores populares cuando sus luchas comenzaron a amenazar las relaciones de propiedad y autoridad existentes.
Santa María de Iquique constituye la imagen paradigmática de esta historia. Miles de trabajadores salitreros habían descendido desde las oficinas de la pampa acompañados por mujeres y niños para reclamar mejoras elementales en sus salarios y condiciones de trabajo. El movimiento mantuvo una disciplina extraordinaria y los trabajadores se concentraron en la Escuela Santa María esperando una solución a sus demandas. El 21 de diciembre de 1907 el general Roberto Silva Renard ordenó abrir fuego contra la multitud. Las cifras de muertos difieren enormemente entre las fuentes y no existe razón para convertir la discusión sobre una cifra exacta en sustituto del hecho histórico esencial: el Estado chileno utilizó sus armas contra trabajadores desarmados para terminar una huelga que había adquirido dimensiones regionales. Santa María demuestra así que la violencia estatal no aparece necesariamente cuando desaparece el Estado de derecho; puede aparecer precisamente a través de las instituciones del propio Estado cuando la defensa del orden social exige pasar de la negociación a la coerción. El historiador Sergio Grez ha trabajado este episodio desde la noción de «guerra preventiva», concepto particularmente sugerente porque permite comprender la matanza no solamente como respuesta inmediata a una huelga, sino como advertencia destinada a disciplinar al conjunto de una clase obrera que estaba descubriendo su capacidad colectiva de organización.
Y Santa María no cerró esa historia. En San Gregorio, en 1921, los trabajadores salitreros volvieron a enfrentar la violencia armada del Estado en medio de la crisis de la industria y de los conflictos provocados por cierres, despidos y salarios. Cuatro años después, en La Coruña, en junio de 1925, el conflicto adquirió dimensiones todavía mayores: la movilización salitrera fue aplastada mediante una operación represiva de gran escala y la persecución se extendió posteriormente sobre dirigentes y trabajadores de distintas oficinas. Como ocurre con Santa María, las estimaciones acerca del número de muertos varían considerablemente, pero esa incertidumbre cuantitativa no altera la naturaleza del acontecimiento. Valparaíso, Santiago, Santa María, San Gregorio, La Coruña y Ránquil forman así una secuencia histórica imposible de reconciliar con la representación de un aparato coercitivo neutral situado por encima de las clases.
Desde una perspectiva marxista, éste es el punto decisivo. El carácter antipopular del aparato militar no significa que cada soldado, conscripto u oficial sea individualmente enemigo consciente de los trabajadores. Tal explicación sería idealista y políticamente estéril. Buena parte de la tropa procede precisamente de las clases trabajadoras. El problema reside en la estructura, la disciplina, la cadena de mando y la función social del Ejército permanente como componente del Estado, es decir, como aparato profesional separado de la población y capaz de concentrar y aplicar organizadamente la violencia. Cuando las relaciones contractuales entre patrones y trabajadores resultaron suficientes, el Ejército permaneció en los cuarteles; cuando dejaron de serlo y determinadas luchas adquirieron dimensiones capaces de alterar el orden social, apareció el aparato coercitivo. Los pampinos de Santa María no fueron masacrados porque Chile careciera de instituciones: fueron masacrados mediante las instituciones encargadas de garantizar coercitivamente el orden. Y si Santa María constituye una de las expresiones más brutales de esta función durante la formación del movimiento obrero chileno, el 11 de septiembre de 1973 representa un salto cualitativo de dimensiones incomparablemente mayores.
El genocidio político de 1973: destruir una fuerza social para reconstruir el capitalismo chileno
El golpe del 11 de septiembre de 1973 no significó simplemente otro episodio represivo dentro de esta trayectoria. Las Fuerzas Armadas ya no fueron movilizadas para terminar con una huelga determinada, recuperar una oficina salitrera o sofocar un levantamiento localizado: tomaron directamente el poder del Estado y emprendieron una operación nacional destinada a destruir las organizaciones políticas y sociales que habían protagonizado el proceso revolucionario chileno. Es en este sentido histórico y político que caracterizamos la represión desarrollada por la dictadura de Pinochet como un genocidio político. La utilización del concepto exige una precisión jurídica: la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 comprende los actos realizados con intención de destruir total o parcialmente determinados grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, pero dejó fuera de su enumeración a los grupos políticos. No sostenemos, por tanto, que exista una sentencia que haya declarado jurídicamente al conjunto de la dictadura chilena responsable del delito internacional de genocidio. La caracterización que aquí formulamos pertenece al terreno histórico y político y se relaciona con el debate latinoamericano sobre las denominadas prácticas sociales genocidas: procesos destinados no solamente a eliminar personas, sino a destruir determinadas relaciones sociales, organizaciones, identidades colectivas y formas de solidaridad mediante el terror y la reorganización violenta de la sociedad.
Observada desde esta perspectiva, la dictadura chilena adquiere un carácter genocida porque después del golpe no se persiguió simplemente a individuos aislados por conductas determinadas: se intentó destruir una fuerza social históricamente constituida. Partidos obreros, sindicatos, cordones industriales, comandos comunales, organizaciones campesinas, pobladores, estudiantes y organizaciones revolucionarias fueron intervenidos, ilegalizados o destruidos. Sus militantes y dirigentes fueron ejecutados, hechos desaparecer, detenidos, torturados, encarcelados o expulsados del país. Los estadios se transformaron en campos de prisioneros; regimientos, buques, comisarías e instalaciones militares funcionaron como centros de detención; posteriormente se desplegó una infraestructura clandestina especializada en secuestro, interrogatorio, tortura, asesinato y desaparición. La DINA primero y la CNI posteriormente institucionalizaron aparatos dedicados específicamente a perseguir organizaciones políticas. Los informes Rettig y Valech y décadas de investigaciones judiciales han documentado ampliamente ejecuciones, desapariciones forzadas, prisión política y tortura. La caracterización de genocidio político busca comprender el significado social de esa violencia: no solamente quiénes fueron destruidos físicamente, sino qué relaciones sociales se pretendió destruir mediante sus cuerpos.
Los Cordones Industriales permiten comprender la profundidad de aquella operación. En ellos sectores de la clase trabajadora habían comenzado a superar los límites de la organización sindical tradicional, coordinando territorialmente fábricas y planteando embrionariamente la cuestión del poder. Junto a ellos surgieron comandos comunales, organizaciones campesinas, poblacionales y distintas formas de autonomía de las masas. El golpe destruyó físicamente buena parte de esa experiencia y creó mediante el terror las condiciones para una reorganización radical de la sociedad. Por eso resulta imposible separar la violencia política de la transformación económica posterior. Sobre la derrota de las organizaciones obreras se levantaron las privatizaciones, el debilitamiento del sindicalismo, la transformación de las relaciones laborales, la mercantilización de la seguridad social, la salud y la educación, y una gigantesca redistribución del poder económico en favor del capital. El terror y la contrarrevolución económica no fueron dos historias paralelas: fueron dos dimensiones de un mismo proceso. En este sentido hablamos de genocidio político: asesinato, desaparición, tortura, encarcelamiento, exilio y terror empleados sistemáticamente para destruir una fuerza social organizada y modificar violentamente las relaciones entre las clases.
Existe, por ello, continuidad y ruptura entre Santa María y septiembre de 1973. Continuidad porque nuevamente las armas del Estado fueron descargadas sobre trabajadores y sectores populares; ruptura porque en 1973 ya no se trataba de aplastar una huelga, sino de destruir a escala nacional una fuerza social que había llegado a cuestionar prácticamente el poder de la burguesía. Es aquí donde la expresión «Glorias del Ejército» adquiere todo su contenido ideológico. La ceremonia separa cuidadosamente la tradición militar de la lucha de clases, transforma al Ejército en una abstracción llamada patria y presenta sus intervenciones represivas como episodios excepcionales desconectados entre sí. El marxismo procede exactamente al revés: sitúa al Ejército dentro del Estado y al Estado dentro de las relaciones de clase. Bajo esa perspectiva, la ocupación de la Araucanía, Santa María, San Gregorio, Marusia, La Coruña y el golpe de 1973 no son acontecimientos idénticos ni pueden ser confundidos históricamente, pero sí obligan a formular una misma pregunta: ¿qué función desempeña el aparato coercitivo cuando los antagonismos sociales dejan de poder ser contenidos por las instituciones ordinarias?
La tragedia chilena conduce además directamente al problema estratégico que una parte decisiva de la izquierda se negó a resolver antes del golpe. La política de la Unidad Popular descansó en medida importante sobre la expectativa de unas Fuerzas Armadas profesionales y constitucionalistas capaces de mantenerse institucionalmente al margen del enfrentamiento de clases. Se buscaron oficiales constitucionalistas, se incorporaron comandantes a gabinetes ministeriales y se confió en que el respeto abstracto a la legalidad contendría al aparato armado. El problema no consiste en afirmar retrospectivamente que cada militar estaba predestinado a convertirse en golpista, sino en advertir que una estrategia revolucionaria no podía depositar su supervivencia en la neutralidad de una institución cuyo mando, estructura y función pertenecían al Estado existente. El 11 de septiembre destruyó brutalmente aquella ilusión y convirtió la discusión sobre las Fuerzas Armadas en uno de los problemas centrales que toda reconstrucción de una política obrera revolucionaria en Chile debe abordar.
La respuesta bolchevique: ninguna confianza en el alto mando, política revolucionaria hacia los soldados
La experiencia bolchevique proporciona en este punto una referencia estratégica diametralmente opuesta al constitucionalismo militar. La política de Lenin frente a las Fuerzas Armadas no consistió en proclamar una hostilidad indiferenciada contra quienes vestían uniforme. Los bolcheviques distinguieron rigurosamente entre el aparato militar permanente y los soldados que lo integraban. El Ejército ruso estaba compuesto fundamentalmente por obreros y campesinos uniformados y, precisamente por ello, los revolucionarios desarrollaron una gigantesca actividad política dentro de los regimientos: periódicos, propaganda, reuniones, agitación, fraternización, organización y disputa política abierta por la conciencia de la tropa. De aquella política surgió una de las instituciones fundamentales de 1917: los soviets de diputados obreros y soldados, organismos que expresaban materialmente la posibilidad de romper la subordinación de los trabajadores uniformados respecto del viejo aparato de mando y unirlos políticamente con su propia clase.
Pero esa política hacia los soldados iba acompañada por una absoluta intransigencia respecto del aparato estatal. En las Tesis de Abril, Lenin rechazó la idea de regresar desde los soviets hacia una república parlamentaria ordinaria y planteó una república de soviets organizada de abajo arriba. Su formulación respecto de los instrumentos coercitivos fue explícita: «supresión de la policía, del ejército y de la burocracia», entendiendo por ello la abolición del ejército permanente separado de la población y su sustitución por formas de organización armada vinculadas directamente a las masas. La revolución no debía confiar su supervivencia a un general progresista ni esperar que el alto mando permaneciera neutral por respeto a la Constitución. Debía ganar políticamente a los soldados, construir sus propios organismos de poder y quebrar la capacidad del viejo Estado para emplear contra los trabajadores a hombres provenientes de las propias clases explotadas. La experiencia sólidamente documentada y analizada por Jorge Magasich, sobre los marinos que denunciaron el Golpe en Viña del Mar y no solo fueron ignorados por la Unidad Popular sino que a su respecto se dirigieron acciones penales, son una muestra concreta de este problema.
La política bolchevique poseía, por tanto, dos movimientos inseparables: ninguna confianza política en el alto mando y máxima política revolucionaria hacia la tropa. Frente al mando, independencia absoluta; frente al soldado, fraternización. Frente al Ejército permanente como institución separada de la sociedad, organización independiente de trabajadores y soldados. Frente a la ficción de unas Fuerzas Armadas situadas por encima de las clases, construcción de organismos capaces de disputar efectivamente el poder. No se trataba de una política antimilitar en el sentido pacifista ni de enfrentar abstractamente a «civiles» contra «militares». Se trataba precisamente de separar políticamente al soldado trabajador del aparato que podía ordenarle disparar contra su propia clase. Esa distinción adquiere en Chile una resonancia dramática: desde los pampinos de Santa María hasta los trabajadores perseguidos después del 11 de septiembre, las armas del Estado fueron repetidamente dirigidas hacia abajo.
Eso es precisamente lo que desaparece bajo la expresión «Glorias del Ejército». La ceremonia del 19 de septiembre transforma una institución histórica y socialmente determinada en una abstracción llamada patria. Los uniformes borran las clases; los estandartes borran las masacres; la música militar borra los gritos de los fusilados; el paso regular convierte una historia profundamente conflictiva en espectáculo de unidad nacional. Pero detrás de esa escenografía permanece la pregunta decisiva: ¿quién posee las armas, quién controla el aparato que las administra, qué relaciones sociales protege y contra quién son utilizadas cuando la lucha de clases amenaza los fundamentos del orden existente? Santa María proporciona una respuesta. La Coruña proporciona otra. El genocidio político desencadenado después del 11 de septiembre de 1973 la escribió con una brutalidad incomparable.
Por eso, cuando cada 19 de septiembre los acordes marciales de Radetzki vuelven a escucharse en el Parque O’Higgins, bajo la solemnidad de las llamadas «Glorias del Ejército» resuena otra historia: Placilla, la ocupación de la Araucanía, Valparaíso, la Huelga de la Carne, Santa María de Iquique, San Gregorio, La Coruña, Ránquil y el genocidio político iniciado el 11 de septiembre de 1973. Es la historia de un aparato estatal que en momentos decisivos de la lucha social mostró su carácter de clase; pero es también la historia de quienes quedaron tendidos en la pampa, de los trabajadores perseguidos, de los campesinos masacrados, de los mapuche despojados, de los ejecutados, torturados y desaparecidos por la dictadura. Frente a esa historia, la conclusión bolchevique sigue planteando un problema estratégico fundamental: ninguna confianza política en el aparato armado de la burguesía; fraternización y organización política de los soldados provenientes del pueblo; independencia de clase de los trabajadores y construcción de sus propios organismos armados de poder, su propio Ejército popular.. Porque la emancipación de los trabajadores no puede quedar bajo la custodia de las mismas armas que tantas veces fueron utilizadas para aplastarlos. Y porque detrás del estrépito de los tambores permanece la cuestión que atravesó Santa María, La Coruña y septiembre de 1973: qué clase detenta el poder y quién controla las armas con que ese poder se defiende.