por Ibán de Rementería
Desde la dictadura militar el movimiento social siempre ha sido un actor político esencial de la realidad nacional, con movilizaciones en las calles y actos variados de resistencia civil, en particular con grandes movilizaciones a partir de los años 1982 y 1983 que mostró el estruendoso fracaso económico de la dictadura –nunca en la historia de Chile el PIB había caído en algo así como un 20% en ese bienio-, luego el movimiento social jugo un rol clave en la derrota del gobierno militar que culmina con el plebiscito de 1989.
Posteriormente, lo que caracteriza a los gobiernos de la Concertación que reemplaza a la dictadura militar es mantener y desarrollar las políticas económicas, sociales, culturales e institucionales del neoliberalismo consistente principalmente en: la desregulación de las relaciones laborales, para desarmar la capacidad negociadora de las y los trabajadores, la privatización de los recursos naturales, la privatización de las obras públicas y los servicios básicos así como la privatización de la prestación de las derechos sociales básicos en salud, educación y previsión social, todo esto con la finalidad de entregarle al capital nuevos sectores de la economía para así asegurarle su reproducción ampliada. La privatización de la previsión social consistente en el empréstito forzoso de los trabajadores al gran capital financiero nacional e internacional ha, por fin, estallado en estos días con el debate parlamentario y público sobre el derecho a reclamar por una vez la devolución a sus propietarios eminentes del 10% de los ahorros previsionales en la AFPs, para atender la actual crisis económica y social de las familias chilenas, debido al pésimos manejo de la pandemia del corona virus por el Gobierno (La Peste). Otro de los hechos más característico de esa transición es que los militares entregaron el 80% de la gran minería del cobre en propiedad de CODELCO, es decir del Estado, y que el Gobierno de la Concertación y la Nueva Mayoría solo retienen un 20% en CODELCO y el 80% lo entregan a empresas privadas.
En lo político lo característico de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría ha sido la clientelizacióncreciente del movimiento social por medio de sus partidos políticos, para así asegurarse su reproducción perpetua por la vía electoral, intercambiando la satisfacción de demandas sociales y económicas puntuales a nivel local, comunal y regional por votos. Los cual también aprende a hacer la derecha, particular la UDI.
Por su parte, las organizaciones sociales y sus liderazgos durante todos estos años de la transición se han visto obligadas a negociar tanto con los partidos de derecha, centro, centro izquierda o izquierda con la finalidad de resolver sus problemas locales o comunales puntuales y más urgentes cambio del compromiso de voto individual y grupal construyendo así las redes clientelares que ha dinamizado hasta ahora la política nacional. A su vez las redes de caciques de los partidos políticos construye a su interior grupos proveedores de recursos públicos y privados, de intercambios de favores y puestos que alimentan esas redes clientelares que transfieren votos a los representantes públicos – en el Parlamento, los Municipios y Asambleas Regionales- de los grupos de cacicazgos, caciquistas, – conocidos como tendencias, “lotes” o mafias- que gobiernan a los partidos políticos, ya que ellos son los procuradores de votos.
La actual implosión política – caída hacia adentro- se manifiesta gradualmente por un constante proceso de abstención electoral y política, de ausentismo a participar en los procesos electorales y en las organizaciones políticas, que paradojamente el sistema institucional trata de palear instaurando la inscripción electoral automática y el voto voluntario, es decir, eliminando la obligación de votar. Es más, la desmovilización política claramente orientada, valga la redundancia y rareza, por los intereses políticos diferenciados del movimiento social produce la paradoja electoral en las últimas elecciones generales, donde los partidos de derecha logran la Presidencia de la Republica mientras son derrotados en las elecciones parlamentarias de diputados y senadores, ya que el centro (DC, PRV y PR) centro izquierda (PPD y PS) y la izquierda (PC y FA) logra una mayoría consistente. Lo cual muestra que tanto para importantes sectores sociales leales –clientelizados- a la izquierda tradicional y la nueva izquierda no les mereció credibilidad la propuesta presidencial de la centro izquierda. Aquí la otra paradoja fue que el candidato de la centro izquierda – Alejandro Guillier- había sido la persona con mayor credibilidad en los medios de comunicación.
Recientemente, lo que se hace claro a partir del 18 de octubre del 2019 y se magnifica con la concentración en la Plaza de la Dignidad – ex Plaza Italia o Baquedano, lugar donde simbólicamente se encuentra el centro y el barrio alto de la ciudad, lugar en el cual vive la clase media alta y alta- el 25 de octubre recién pasado que ha sido la más grande de la historia de Chile con una participación 1.2 millones de personas solo en Santiago, donde no se hizo visible ninguna participación de partido político alguno, ya que estos quedaron inhibidos de hacerse presente, en cambio sus militantes sí estuvieron presentes como miembros activos del movimiento social, este es el testeo generalizado de la desclientelización del movimiento social y la política.
Ahora, las votaciones conseguidas en el Parlamento por el centro, la centro izquierda, la izquierda y algunos diputados y senadores de derecha díscolos para aprobar el retiro del 10% de los ahorros en al AFP, pese al cerrojos constitucional de la mayoría calificada de los 2/3 impuestos por Pinochet y Guzman, lo cual tiene un respaldo cercano al 90% entre la opinión pública según diversas encuestas, a su vez, aquello ha ilusionado vanamente entre los partidos de oposición y algunos sectores de los partidos de gobierno la posibilidad de un reencuentro con sus clientelas políticas en el movimiento social, lo cual es de difícil e ilusoria realización.
El uso de la violencia pública para controlar ahora al movimiento social no parece para nada oportuno en este momento de grave crisis de legitimidad de la institucionalidad política, bien ha dicho el Alcalde de La Florida Rodolfo Carter –independiente de derecha-: “‘¿Ustedes (a los políticos) creen que de verdad vamos a exponer a las Fuerzas Armadas a que enfrenten a cientos de miles de chilenos que van a salir a protestar a la calle con mucho más coraje y rabia en estas circunstancias?’, cuestionó”. (Radio ADN, 20 julio 2010, 8.02 Horas).
(El autor es militante del Núcleo Valparaíso Socailista del PS e integra el Equipo Editorial de El Porteño)