por Fernando López Mackenzie
El llamado “error metodológico” en el cálculo de las tarifas eléctricas —que llevó a los consumidores a pagar $112 mil millones de pesos más de lo que correspondía y precipitó la renuncia del ministro de Energía Diego Pardow— no fue un accidente ni una equivocación técnica aislada. Según se reveló, la Comisión Nacional de Energía (CNE) aplicó erróneamente un doble reajuste en el mecanismo de reliquidación de precios, sumando al interés corriente un IPC adicional, lo que infló las cuentas de la luz durante más de un año. Este procedimiento se arrastraba desde 2017, pasando inadvertido bajo distintos gobiernos, hasta que funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) lo advirtieron por casualidad durante una reunión técnica. El hallazgo, ocurrido ocho años después, permitió establecer que millones de hogares habían financiado, sin saberlo, un sobrepago cercano a US$115 millones a favor de las empresas generadoras de energía.
El episodio terminó por costarle el cargo no solo a Pardow, sino también al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, quienes asumieron la responsabilidad política de un error que se había transformado en una bomba de tiempo. Pero lo verdaderamente significativo no es la caída de dos funcionarios, sino lo que el caso revela acerca del funcionamiento del régimen concesional chileno y de la estructura de poder que gobierna los servicios públicos. El error no fue técnico: fue político. Surgió dentro de un sistema en que los organismos reguladores no operan como fiscalizadores del capital, sino como intermediarios obedientes de los monopolios privados.
El sector eléctrico chileno es el ejemplo más elocuente de esta subordinación. Fue el Estado quien construyó toda la infraestructura energética nacional a lo largo del siglo XX, desde la creación de ENDESA en 1944 hasta la expansión de la red interconectada bajo la CORFO. La Dictadura desmanteló este sistema estatal en nombre de la “eficiencia” y la “modernización”, entregándolo en concesión a grupos económicos locales y extranjeros. Las administraciones de la Concertación no solo consolidaron aquella privatización, sino que la dotaron de una envoltura legal y técnica que garantizó a los nuevos dueños rentas aseguradas por ley. Desde entonces, el precio de la electricidad no responde a la competencia ni a la producción social, sino a un complejo entramado de decretos, fórmulas y simulaciones que reproducen la ganancia privada con la autoridad del cálculo científico.
En ese contexto, la CNE, la SEC y el Coordinador Eléctrico Nacional no son verdaderos entes fiscalizadores, sino una burocracia tecnocrática de servicio al capital concesionario. Las comisiones expertas que supuestamente velan por el interés público constituyen, en realidad, un círculo cerrado de consultores, exfuncionarios y representantes de la industria que se alternan entre el Estado y las empresas. De allí que un error de este tamaño haya pasado inadvertido durante tres gobiernos y que recién se haya detectado cuando el sobrepago se volvió demasiado grande para ocultarlo.
Lo ocurrido con las tarifas eléctricas es apenas un síntoma del mismo mal que afecta al conjunto de los servicios públicos chilenos. La electricidad, el agua potable, las autopistas, los puertos y el sistema financiero están organizados bajo el mismo modelo concesional que transfiere rentas públicas al capital privado, disfrazado de neutralidad técnica. Los mecanismos de fijación de precios —el precio nudo, el valor agregado de distribución, los peajes de transmisión— son cajas negras cuya complejidad matemática cumple una función política: impedir el control ciudadano y legitimar el saqueo.
Por eso, el caso Pardow no debe entenderse como un episodio menor de mala gestión, sino como una manifestación estructural de un régimen que no regula al capital, sino que lo administra. El Estado chileno actúa como garante de la rentabilidad empresarial y como contenedor de los escándalos que el propio modelo produce. La rebaja de un 2% anunciada para las cuentas de la luz no es una reparación, sino un espejismo contable: los usuarios recuperarán una fracción mínima de lo pagado mientras el sistema continúa intacto, con deudas acumuladas que seguirán siendo transferidas al pueblo trabajador.
El error que derribó a Pardow, más que una falla, es la expresión desnuda del orden económico heredado de la Dictadura y profundizado por la Concertación: un país donde el Estado construye, el privado cobra y el ciudadano paga; donde las comisiones expertas funcionan como guardianas del monopolio y donde cada “corrección técnica” termina reafirmando la subordinación del interés público a la lógica del lucro. En Chile, los errores no son excepciones: son la forma en que el sistema revela su verdad.