por Gustavo Burgos
Como en los últimos 30 años, el Presidente ha rendido su cuenta pública al Congreso protegido por un cerco policial, rodeado de miles de militares y dirigiéndose a un público formado por la vieja élite institucional del régimen. Al igual que para la Parada Militar, los comentarios genéricos y aleatorios de los dirigentes de gobierno, oposición y de la propia prensa, abundan en adjetivos circundando un discurso cuyo contenido los ejes son siempre los mismos: el crecimiento, las reformas, la seguridad, los DDHH y los temas nuevos (tecnologías, minorías, derechos sexuales, etc:). Ni los más fanáticos gobiernistas pueden desmentir que esta cuenta al Congreso reproduce palmo palmo, los discursos institucionales de régimen de los últimos treinta años. Si en los tres meses en curso, Boric ha revelado que gobierna con la misma mano de su antecesor, en este discurso soporífero y banal, se ha vuelto igualmente sobre lo mismo: nada nuevo bajo el sol.
En lo formal el discurso terminó de institucionalizar la retórica posmoderna de minorías —esa especial forma de liberalismo infantilizado— con el que se pretende significar los conflictos sociales no como el resultado de antagonismos de clase, sino que como meras disfunciones cognitivas. En la jerga sociológica se atribuyen significados trascendentes a la observación del árbol por sobre la del bosque, de ahí que se hable de territorios y no de clases sociales, de ciudadanos y no de trabajadores, y se martille toda narración en base a banales distinciones de género, todo esto a cuenta de la «visibilización» de los problemas, jamás de su resolución. El caminar pausado de santo, los modales artificiosamente espontáneos y la voz meliflua, terminan por definir un discurso en que Boric se presenta como un niño bueno que nos viene a invitar a tomarnos de las manos, en una versión erosionada de unidad nacional, en la que se permitió saludar la políticas criminales de ajuste fiscal de los treinta años y la política sanitaria de Piñera frente a la pandemia del COVID.
Quizá lo más significativo fueron sus silencios. Ninguna referencia a los presos políticos, tema que en las comunicaciones del oficialismo aparece como superado. Ninguna referencia a las masivas violaciones a los DDHH por parte de Piñera. Nada sobre el fin de las AFP. Nada —y esto es aún más sintomático— sobre sus coaliciones de apoyo. Estos silencios son mayúsculos porque señalan la orientación general del Gobierno. Uno que hace explícito abandono de cualquier ruptura con el régimen y se dirige a «mejorar» el modelo.
En la cuenta pública, en resumen hay dos anuncios concretos: la jornada de 40 horas y la pensión garantizada de $250.000.- para los mayores de 65 años. Lo restante se reduce a difusos anuncios de procesos: el fin del SENAME, la reforma pro Carabineros, la reforma de pensiones y salud, ninguna de las cuales señaló explícitamente la forma que adoptarán, de lo que se sigue que habrá más AFP y más seguros en materia de Salud. En educación se anunció el clásico «que nadie se endeude por estudiar». Con este panorama el Gobierno de Boric, en su mejor momento, no puede ser calificado de reformista, sino que como la de un Gobierno cuyo objetivo central es volver a echar andar la institucionalidad y garantizar la estabilidad social. Orden y «progreso», nada más.
En este escenario la izquierda oficialista, PC y satélites —lo que queda de ella en el Gobierno y aún fuera de él— ha quedado reducida al papel de miserable comparsa del proceso electoral constituyente. Carente de objetivos generales, de tareas políticas revolucionarias, la izquierda hoy se nos presenta en una de sus más abyectas formas de cretinismo legal parlamentario. Siendo evidente que éste es un Gobierno patronal y que defiende los intereses del gran capital —como no pueden proclamar la defensa de un Gobierno esperpéntico que recién instalado ya cojea de la misma forma que Piñera— la izquierda oficialista solo puede proponer la vacía respuesta de la participación y el diálogo. Como si fuesen estos medios de resolución de conflictos, la resolución de los mismos.
En efecto, la campaña del Apruebo, la última tabla de salvación de esta izquierda institucional, no presenta más alternativa que la de «impedir que siga la Constitución de Pinochet». La idea de que un texto legal, aún uno programático como una Constitución, pueda resolver los conflictos sociales es tan antigua como absurda. Pretender que un proceso institucional creado por un acuerdo contrarrevolucionario como el Acuerdo por la Paz, financiado por la burguesía y en cuyo centro se ha sacado de debate los aspectos cruciales de la dominación del gran capital, pueda contribuir a la transformación social no solo es una estupidez completa, sino que hace responsables a sus sostenedores de una capitulación en toda la línea frente a la clase dominante.
La ausencia de una oposición de clase a Boric y la mentada cuenta de alguna forma deformada lo expresa, termina siendo lo determinantes la situación. En efecto, la burguesía en su conjunto ha aprovechado el desconcierto ocasionado por el abrupto retroceso de las movilizaciones de masas y ha avanzado sobre ellas. Ese aprovechamiento lo han pagado los explotados con muertes, con militarización, con represión y con la desarticulación de las formas organizativas que se generaron en el levantamiento popular de Octubre del 19. La quiebra de militantes, la escisión de organizaciones, la incapacidad para reagruparse y pasar a la ofensiva, son los rasgos inconfundibles de que atravesamos por un pronunciado reflujo político. En buena medida si los novembristas hoy están en el Gobierno, se debe a que los octubristas fuimos incapaces de dar continuidad al proceso revolucionario.
Con todas sus limitaciones la CAM, es el único referente que claridad se ha alzado en contra del Gobierno. No hay más organizaciones o aún corrientes políticas relevantes para la vanguardia y las masas, que estén señalando un camino de movilización y enfrentamiento al régimen. La construcción de una nueva dirección política, es una tarea urgente que ha pasado a un nivel trágico e impostergable. La cuenta de Boric es un llamado a la unidad en torno a las instituciones e intereses del régimen capitalista. Es necesario un llamado en la vereda opuesta, un llamado al alzamiento generalizado en contra del orden capitalista y su institucionalidad. Un llamado que se haga desde las calles y desde las organizaciones de base, uno capaz de dar voz política al hambre y a la miseria a la que se somete a la mayoría explotada. Un llamado por la libertad de los presos políticos, por el juicio y castigo a Piñera y a todos los violadores de los DDHH; por la desaparición de las AFP; por el desmantelamiento del aparato represivo del régimen (FFAA y tribunales) y, por el conjunto de los reclamos que día a día se levantan a lo largo y ancho del país. Hablamos de un llamado a la lucha y a la movilización, por un Gobierno de los Trabajadores y el Socialismo.