La cacería de brujas internacional contra Julian Assange

por Eric London y Thomas Scripps

La persecución del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en el tribunal de magistrados de Westminster en Londres, es una burla de la justicia que por siempre manchará a los Gobiernos de EE. UU., Reino Unido, Australia, Suecia y Ecuador, así como a todos los individuos involucrados.

En la corte el lunes por la mañana, los abogados de Assange apareciendo junto a él y revelaron que solo les habían dado dos horas para reunirse con su cliente en la prisión Belmarsh para repasar lo que el abogado Gareth Peirce describió como “volúmenes” de evidencia.

En esta etapa de la cacería de brujas internacional contra Assange de casi una década, a nadie debería sorprenderle una ilegalidad tan descarada de parte de los Gobiernos más poderosos del mundo. Desde que los fiscales suecos, británicos y estadounidenses conspiraron en 2010 para emitir una orden de arresto contra Assange en conexión con una investigación sobre acusaciones fraudulentas de mala conducta sexual, estas “democracias avanzadas” han atropellado sus propias leyes y tradiciones, sometiendo al periodista a un proceso pseudolegal que se hubiera declarado injusto incluso según los estándares de la Edad Media.

La burla de la justicia del lunes constituye una escalada del ataque contra el derecho de Assange a la defensa. Se produce después de que el diario español El País publicara una nota detallada sobre cómo la firma de seguridad UC Global espió secretamente las discusiones privilegiadas de Assange con sus abogados y le entregó el material obtenido ilegalmente a la CIA. UC Global también compartió las grabaciones de las cámaras que instaló en toda la Embajada ecuatoriana en Londres, donde Assange se había visto obligado a buscar refugio entre 2012 y 2019 para evitar una extradición a EE. UU. El reporte de El País muestra que UC Global grabó cada palabra de Assange y compartió sus conversaciones en vivo con la CIA.

A pesar del apoyo de una prensa complacientemente criminal, se está convirtiendo cada vez más difícil para los Gobiernos de EE. UU. y Reino Unido encubrir los precedentes profundamente antidemocráticos que pretenden establecer por medio del enjuiciamiento de Assange.

En un artículo de opinión publicado el lunes en The Hill intitulado “¿Liberará a Julian Assange el presunto comportamiento indebido de la CIA?”, el abogado estadounidense James Goodale escribió un ataque mordaz contra el espionaje de las comunicaciones de Assange protegidas entre cliente y abogado por parte de la CIA.

Goodale es uno de los abogados más prominentes y respetados de EE. UU., más conocido por representar al New York Times cuando la Administración de Nixon demandó al diario por publicar los Documentos del Pentágono en 1971. Los Documentos del Pentágono fueron filtrados por el analista de la RAND Corporation, Daniel Ellsberg, quien también ha exigido la liberación de Assange y la denunciante Chelsea Manning.

Los Documentos del Pentágono revelaron cómo el Gobierno de EE. UU. les mintió por años al público sobre la expansión de la guerra de Vietnam, llevando a la muerte de 55.000 soldados estadounidenses y 4 millones vietnamitas. Su publicación desató un estallido de ira del público y alimentó las protestas contra la guerra.

Goodale escribió: “¿Puede haber algo más ofensivo para un ‘sentido de justicia’ que un espionaje ilimitado, particularmente que las conversaciones entre abogado y cliente sean transmitidas en vivo al bando opositor de un caso criminal? La presunta transmisión expuso la estrategia de los abogados de Assange, dándole al Gobierno una ventaja que es imposible de borrar. Tras casi desestimar la imputación de Assange con prejuicios, el Gobierno siempre tendrá una ventaja que nunca podrá ser igualada por la defensa”.

Goodale explicó que “el caso de Daniel Ellsberg puede ser instructivo”.

Ellsberg, como Assange, fue procesado bajo la Ley de Espionaje por filtrar documentos al Times y el Washington Post. Durante el juicio, los “plomeros” de Nixon irrumpieron en la oficina del psiquiatra de Ellsberg y pusieron un micrófono en su teléfono. En el caso, el juez William Matthew Byrne falló que el monitoreo había “infectado incurablemente el proceso” y desestimó los cargos, dejando a Ellsberg libre.

Goodale escribió que “por razones similares, el caso contra Assange debería ser desestimado”.

Añadió: “El remedio usual para el espionaje sin órdenes judiciales es excluir cualquier información obtenida ilegalmente durante el juicio, pero ese remedio no se puede aplicar aquí. La ventaja del Gobierno al espiar a Assange no consiste en adquirir evidencia tangible, sino conocimiento intangible sobre la estrategia legal de Assange. Por ende, no hay forma de darle a Assange un juicio justo dado que sus oponentes ya sabrán todos sus movimientos futuros”.

Cincuenta años después del colapso del enjuiciamiento contra Ellsberg, ninguna facción de la clase gobernante estadounidense ni británica es capaz de defender los derechos democráticos básicos.

Tres décadas de guerras permanentes y especulación financiera han transformado al mundo capitalista en el dominio de la oligarquía global, protegida por Estados militarizados en que los imperativos del saqueo imperialista exigen más represión y censura por todo el mundo. Los casos de Assange y Manning, quienes expusieron los crímenes de guerra de EE.UU. y ayudaron a inspirar la oposición social internacionalmente, son precedentes de las formas dictatoriales de gobierno siendo impuestas a millones de personas.

Es un grave peligro para los derechos de todos que el sistema de “justicia” británico les esté entregando a Assange a los mismos oficiales que planearon el asesinato del general Qasem Soleimani de Irán por varios meses.

El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y la Ley de Extradiciones de Reino Unido de 2003 le prohíben al Gobierno británico extraditar a un individuo a un país donde el Gobierno asesina a sus oponentes y no sea capaz de garantizar que el individuo sea asesinado o torturado.

La muerte de Soleimani subraya que EE. UU. es ilegalmente incapaz de dar tales garantías.

El enjuiciamiento pseudolegal muestra que los Gobiernos de Reino Unido y EE. UU. no están intentando realizar una extradición, sino una entrega extraordinaria, definida por la Corte Europea sobre Derechos Humanos como una detención “fuera del sistema legal normal” que, “por su elusión del debido proceso, es anatema al Estado de derecho y los valores protegidos por la Convención [de Ginebra”.

Esta farsa judicial ha sido ignorada por todo el espectro de lo que se hace pasar como la “izquierda” de la élite política imperialista, incluyendo a Jeremy Corbyn, Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Ilhan Omar y todos aquellos vinculados al Partido Laborista de Reino Unido y la facción de los Socialistas Democráticos de EE. UU. (DSA, por sus siglas en inglés) del Partido Demócrata.

Su silencio no es un error, sino una postura de clase. Las capas enriquecidas de la clase media-alta que representan estos políticos han desechado sus pancartas de protesta contra la guerra de hace décadas y se han enfilado con los otros porristas del imperialismo estadounidense y británico. Detrás de sus sofisterías, alegando que las consideraciones “humanitarias” justifican las guerras estadounidenses en Libia y Siria, los motivos reales provienen del aumento de sus valores bursátiles impulsados por el saqueo imperialista.

Solo hay una fuerza social capaz de encabezar la lucha por liberar a Julian Assange y Chelsea Manning, defender los derechos democráticos y detener la marcha global hacia la dictadura y las guerras. El fin de 2019 vio a la clase obrera, con sus miles de millones y su interconexión internacional sin paragón, entrando en lucha a una escala no vista en décadas. Es la tarea urgente de los socialistas darle a este movimiento una perspectiva socialista revolucionaria para transformar al mundo sobre una base igualitaria, libre de guerras y de dictaduras.

(Tomado de WSWS)

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