por El Porteño
El viernes 6 pasado en el Sindicato de la Construcción se dieron cita activistas, militantes y referentes sociales en un acto político-cultural que tuvo como eje central debatir los principales problemas que hoy plantea el inminente gobierno de José Antonio Kast. Lejos de presentarse como un quiebre abrupto, su llegada al poder fue caracterizada como la culminación coherente de una política contrainsurgente y de criminalización de la protesta social que se instaló con la suscripción del Acuerdo por la Paz y que fue desarrollada, sin contradicciones de fondo, por el gobierno “progresista” de Gabriel Boric. El encuentro puso el acento en la continuidad del régimen político surgido tras la derrota parcial de Octubre de 2019 y en su deriva crecientemente autoritaria.
Intervino un compañero de la Toma del Cerro Centinela de San Antonio y describió la feroz represión y los problemas políticos que enfrentan los 20.000 pobladores cuyo desalojo se encuentra en curso. Destacó la represión como acciones abiertamente de guerra y de terrpr ante población civil desaramada. La resistencia y la organización fue planteada no como un “problema habitacional” aislado, sino como una expresión directa de la crisis social y del agotamiento del modelo de acceso a la vivienda mediado por el mercado y el endeudamiento. En el mismo sentido, se abordó la situación de los presos políticos, subrayando el carácter ejemplificador de la represión estatal. Se destacó particularmente el caso 6 de Julio de Villa Francia Santiago, de Mauricio Hernández Norambuena y del militante mapuche argentino Facundo Jones Huala, cuyo libro fue distribuido como gesto concreto de solidaridad y apoyo a su defensa legal ante los tribunales trasandinos.
En la oportunidad intervino nuestro Director, Gustavo Burgos quien realizó una intervención central en los siguientes términos:
Compañeras y compañeras, saludo a la concurrencia y a los compañeros de El Belloto que me han invitado a esta actividad de lucha. La coyuntura política actual se encuentra atravesada por dos problemas fundamentales que no solo definen el momento inmediato, sino que delimitan el campo estratégico de la lucha de clases en Chile y a escala regional. El primero de ellos es la ofensiva patronal desplegada de manera coordinada por el conjunto de las fuerzas del régimen con representación parlamentaria. Dicha ofensiva no es un fenómeno episódico ni una suma de iniciativas aisladas, sino el resultado directo y consciente del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019, cuyo contenido histórico fue inequívocamente contrainsurgente. Su objetivo central ha sido prevenir nuevos estallidos sociales mediante la estabilización coercitiva del orden capitalista, la criminalización sistemática de la protesta social y la consolidación de la impunidad para los aparatos represivos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el levantamiento popular.
Esta política trasciende con creces el ciclo de los llamados “30 años” y se expresa hoy en la abierta connivencia entre todas las fuerzas del régimen, desde la derecha tradicional hasta el progresismo institucional, bajo la noción mistificadora de “transversalidad”. Lo que se presenta como diálogo democrático o consenso republicano es, en términos materiales, un pacto de clase contra los trabajadores. Esta ofensiva nacional se apoya, a su vez, en una ofensiva internacional del gran capital que busca recomponer tasas de ganancia mediante el ajuste, la precarización extrema del trabajo y el desmantelamiento de las conquistas sociales acumuladas durante más de un siglo de lucha obrera. El resultado es una agudización inédita de los antagonismos de clase, un incremento obsceno de la desigualdad social y un ataque frontal a derechos que habían sido conquistados incluso bajo regímenes capitalistas adversos.
La experiencia de la clase trabajadora argentina —aunque se trata de un fenómeno mundial como puede observarse en lo que hoy viven los trabajadores norteamericanos— ilustra de manera descarnada este proceso. Allí, millones de trabajadores están siendo empujados hacia condiciones de explotación propias del siglo XIX: desahucio libre, inexistencia de protección social efectiva, debilitamiento o supresión del salario mínimo y una regresión general hacia formas de explotación formalmente libres pero materialmente brutales. En el plano del salario social, esta ofensiva se traduce en la privatización acelerada de la salud, la educación, la previsión y la vivienda, transformando derechos sociales en mercancías y reinstalando la lógica de la supervivencia individual como norma.
Pero esta situación descrita remite y se explica por una cuestión más profunda y decisiva: el carácter capitalista de nuestra sociedad, cimentado en la gran propiedad privada de los medios de producción. Esta base material no puede ser reformada ni humanizada; solo puede ser superada mediante la socialización de los grandes medios de producción, lo que supone necesariamente la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora. Tal tarea exige un gobierno obrero asentado en órganos asamblearios de poder de los trabajadores, y no en las instituciones del Estado burgués. Sin embargo, esta definición general y abstracta solo adquiere contenido real si se hace cargo de las derrotas históricas sufridas por el movimiento popular.
De dichas derrotas pueden extraerse al menos tres conclusiones fundamentales. La primera es la inviabilidad de la vía pacífica e institucional como camino para una transformación revolucionaria y socialista de la sociedad chilena. Esta conclusión no es teórica ni retrospectiva: fue escrita con la sangre de la clase obrera a partir del 11 de septiembre de 1973, con el fracaso histórico de la llamada Vía Chilena al Socialismo al día de hoy lo vivencial miles de pobladores desalojados de sus viviendas y arrojados a la miseria y el desamparo: ellos no tienen otro camino más que la organización, movilización y resistencia.
La segunda conclusión es que la contradicción dictadura-democracia, que organizó la lucha contra la dictadura y se prolongó durante el régimen de los 30 años, terminó subordinando a los trabajadores a la burguesía liberal bajo la política del “antipinochetismo”. Fórmulas como “correr el cerco”, “destrabar los enclaves autoritarios” o incluso “luchar contra el neoliberalismo” funcionaron como dispositivos patronales para desviar la lucha desde el conflicto central de clase hacia una contienda electoral estéril, una suerte de antifascismo liberal cuyos resultados concretos —precarización, represión y desmovilización— padecemos hasta hoy.
La tercera conclusión, y probablemente la más decisiva, es que la ausencia de una dirección revolucionaria de los trabajadores fue un factor determinante en la contención y posterior derrota del glorioso levantamiento popular de octubre de 2019. Esta experiencia demostró en la práctica el carácter reaccionario de la consigna “el pueblo unido avanza sin partido”, la cual, aunque se nutre del justo repudio popular a los partidos del régimen, termina por renunciar a la necesidad de que los explotados construyan su propia dirección política. Sin una organización revolucionaria capaz de unificar, orientar y llevar hasta el final la lucha de masas, la energía insurreccional del pueblo es sistemáticamente canalizada, desarticulada o derrotada. La tarea pendiente, por tanto, no es negar la política, sino arrancarla de manos de la burguesía y ponerla al servicio de la emancipación obrera.
Finalizó señalando que “La criminalización de la protesta y la existencia de presos políticos son la prueba de que el conflicto social sigue abierto —señaló—. Frente a un gobierno que se prepara para administrar la crisis con mayor mano dura, la tarea es organizar, unificar y dotar de perspectiva política a las luchas que ya están en curso, desde las tomas de terreno hasta la defensa irrestricta de quienes hoy pagan con cárcel su compromiso militante”.
La actividad, coherente con el sentido militante de la misma no fue ni grabada ni fotografiada.