Guillermo Lora: «La experiencia de la Asamblea Popular»

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LA ASAMBLEA POPULAR Y EL GOBIERNO DE TORRES

Las Bases de Constitución de la Asamblea Popular fueron presentadas al Comando Político, en forma de proyecto, por los delegados poristas y del PC-Moscú, aunque su redacción original corresponde al POR. Después de acalorados debates se aprobaron por unanimidad. Movimientistas y prinistas se limitaron a callar en la reunión pública, aunque en el seno de la comisión designada para estudiar el proyecto persistieron en su idea de transformar el Comando en Parlamento y en su tenaz oposición a que se declarase órgano de poder de la clase obrera y de las masas. La Asamblea nació en franca lucha contra el intento de estrangular el proceso revolucionario con ayuda del parlamentarismo burgués.

El documento comienza, precisamente pasando revista a la quiebra del parlamentarismo y a los esfuerzos hechos por los trabajadores para constituir sus propios órganos de poder: “Sin embargo, hay que recoger una experiencia que confirma a plenitud la teoría a seguir: el funcionamiento de la COB como asamblea popular después del 9 de abril. En los hechos se erigió en un poder real y no legal. Obligó al gobierno a dictar las medidas reclamadas por las masas populares. El poder de la clase obrera y de las organizaciones populares y políticas representó en ese breve período la fuerza concentrada del proletariado, cuya primacía sobre los demás sectores se manifestó en la acción ejecutiva propia, sin acondicionarse al gobierno de la Nación”.

Polemizando tanto con movimientistas y prinistas, por un lado, y con el gobierno Tórres, por otro, sostiene: “La Asamblea Popular no puede ser una variante del parlamento burgués, tanto por su contenido como por sus funciones. El error fundamental consistiría en confundir la Asamblea Popular… con una de la modalidades del Legislativo tradicional… Tal planteamiento puede despertar ilusiones en el seno de las masas, que no podrá menos que hacer consentir a éstas que ya se encuentran en el poder. Las limitaciones parlamentarias pueden conducirlas a la frustración y momentáneamente apartadas de los objetivos revolucionarios”. La Asamblea aparece como la pieza clave de la contradicción existente entre nacionalismo y revolución proletaria.

La Asamblea a tiempo de nacer y a lo largo de toda su existencia proclamó muy alto su independencia frente al gobierno nacionalista de Tórres y, al mismo tiempo, dejó claramente sentada su adhesión a la política revolucionaria desarrollada por la clase obrera. Esto no significaba que ignorase las enormes diferencias que habían entre el gorilismo fascista, en permanente conspiración, y el nacionalismo de izquierda y democratizante encarnado en Tórres en ese momento. Ante la agresión fascista e imperialista se decidió rechazarla sin temor a aparecer junto al gobierno y sin olvidar de combatirlo toda vez que adoptase medidas antinacionales y antipopulares: “la Asamblea Popular, al luchar por la liberación nacional, sostendrá las medidas revolucionarias, actuará conjuntamente con el poder Ejecutivo contra el fascismo y el imperialismo, o, alternativamente, se pondrá frente al gobierno cuando las medidas de éste atenten contra los intereses del pueblo y se aparten del proceso revolucionario”. Esta táctica, que a muchos se les antoja contradictoria, debe ser considerada dentro de la gran estrategia de la Asamblea: la conquista del poder por la clase obrera.

Desde las primeras líneas se opone el órgano de poder de la clase obrera y de las masas a las posibles variantes del parlamentarismo. “La Asamblea Popular (autoridad suprema para los trabajadores y sus dirigentes) y los cabildos populares, actuarán como la instancia unificadora del pueblo. Las organizaciones citadas se caracterizan porque toman decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida de las masas, ejecutando al mismo tiempo esas decisiones. En ese sentido se diferencian radicalmente del parlamento burgués y sus variantes posibles… La clase obrera no tiene posibilidades de transformar el parlamento tradicional en órgano de su propio poder. Lo más que puede hacer es asumir una actitud opositora y de denuncia de los excesos del gobierno central, actitud cuya eficacia es por demás discutible y que dependede condiciones favorables y concretas”.

Seguidamente se señalan las características de la Asamblea como órgano de poder. “En todas las revoluciones populares ha sido destruida la separación de los poderes del Estado y los organismos deliberantes, al mismo tiempo, han concluido convirtiéndose en organismos ejecutivos. Tales son las características de un verdadero órgano de poder revolucionario… La Asamblea Popular, concebida como órgano de poder popular debe cimentarse en los Comités Revolucionarios instaurados en los centros obreros y populares. No se trata de que los miembros de estos organismos se limiten ahora a discutir incansable y bizantinamente sobre los problemas nacionales, sino de que los resuelvan y utilicen su fuerza para ejecutar sus decisiones”.

La parte considerativa concluye justificando la preeminencia del proletariado dentro de la Asamblea Popular, que se tradujo en la proporcionalidad de las delegaciones: “Para evitar frustraciones, la Asamblea Popular debe estructurarse asignando a la clase obrera por lo menos el sesenta por ciento de delegados en su constitución, como garantía y seguridad de qué, el proceso revolucionario no se detendrá ni desviará. En esta forma se expresa su condición de clase dirigente”. La Asamblea remarcaba las características diferenciales del Estado-comuna.

La Asamblea tiene que considerarse como una organización en constante proceso de transformación, como un germen que, debido a su cortísima duración, no pudo dar todo lo que llevaba potencialmente en sus entrañas. Debe ser tomada como una tendencia cuyo desarrollo y realizaciones dependió del grado de movilización, radicalización y madurez de las masas.

Sus primeras declaraciones adolecen de falta de claridad y contradicciones en muchos lugares, que denuncian la existencia de tendencias contrapuestas en su seno. Sin embargo, esas deficiencias fueron siendo superadas, de una manera general, en beneficio de la afirmación de la línea proletaria, de la preeminencia de la estrategia de esta clase. La dualidad de poderes y su acentuación siguió este camino, que conducía a la conquista del poder.

Los que la critican tomando algunas frases aisladas de sus declaraciones, muchas de ellas no concordantes, olvidan que constituía un proceso en constante evolución y sustituyen el análisis de sus tendencias básicas por los datos anecdóticos y hasta ocasionales.

Los delegados debían ser portadores del mandato imperativo de sus organizaciones y eran responsables ante ellas, pudiendo ser relevados de sus funciones en cualquier momento. Se buscaba, por todos los medios, asegurar la vigilancia masiva sobre los delegados.

La fracción porista propuso reducir al mínimo el número de delegados de las seis organizaciones políticas que participaban en la Asamblea (dos para cada una de ellas). Se buscaba evitar que los partidos pequeño-burgueses inflasen artificialmente su influencia y se creía que los partidos populares ya estaban representados en el seno de la Asamblea a través de su militancia en los sindicatos y en las organizaciones de masas. De un total de 218 delegados, 132 correspondían a las organizaciones proletarias, 52 a las de clase media, 23 a las campesinas y 11 a los partidos políticos.

El artículo primero de los Estatutos de la Asamblea Popular la define como “frente revolucionario anti- imperialista dirigido por el proletariado” y añade que está “constituida por la Central Obrera Boliviana, las confederaciones y federaciones sindicales de carácter nacional, las organizaciones populares y por los partidos políticos de orientación revolucionaria” 1. Se trataba de un frente anti-imperialista constituido por las clases sociales que conforman la nación oprimida.

En el artículo segundo se lee. “Reconoce como a su dirección política al proletariado y declara que su programa es la Tesis Política aprobada por el cuarto congreso de la Central Obrera Boliviana… Toda actitud contraria a esa Tesis o a la Declaración que sirvió de base para la constitución de la Asamblea Popular (se refiere a las Bases Constitutivas, G.L.) … es incompatible con la participación en esta organización”.

Se reconoció carácter el ejecutivo e imperativo a las resoluciones de la Asamblea, que debían cumplirse “a través de los métodos propios de la clase trabajadora” (artículo cuarto), lo que importaba relievar laacción directa. Las decisiones de las asambleas de base tenían también carácter de mandato imperativo para sus portavoces.

Sólo podían admitirse en el seno de la Asamblea Popular a las organizaciones que expresaban su “acuerdo con el programa de la Central Obrera Boliviana, que posean estructura nacional (artículo 28). En la práctica, para decretar las nuevas admisiones se consideró que no era suficiente la protesta de adhesión a los principios cobistas, sino que se investigaron los antecedentes y la conducta diaria para constatar si no se apartaban de la línea revolucionaria. Tratándose de los partidos políticos los requisitos a llenarse eran mucho más severos: “Si un partido político pide su admisión, presentará por escrito su solicitud, acompañando su programa puntualizando su completa conformidad con el programa de la Central Obrera Boliviana y los demás documentos de la Asamblea Popular, demostrando su estructura nacional. Esta solicitud será pública, a fin de que cualquier organización o ciudadano pueda impugnar lalínea política de la organización solicitante. Es causal de rechazo el que la conducta pasada y presente de dicho partido contraríe la línea revolucionaria y antiimperialista. La admisión de la solicitud precisa dos tercios de votos del pleno de la Asamblea Popular” (artículo 29). Estas draconianas condiciones fueron adoptadas deliberadamente a fin de evitar que la avalancha de organizaciones de dudoso origen y de más dudosa conducta concluyese desnaturalizando el carácter revolucionario de la organización que nacía. En alguna forma se procedió de la misma manera que la Internacional Comunista cuando adoptó sus famosas “Veintiún condiciones de admisión”: no se buscaba amontonar siglas o partidos, sino garantizar la hegemonía de la estrategia del proletariado, que no otra cosa significa su dirección política.

Muchos partidos y organizaciones sindicales y populares formaron cola pidiendo ser admitidos por la Asamblea (algunos de ellos, más tarde, notuvieron el menor reparo en combatirla sañuda y públicamente) y muy pocos pudieron satisfacer las severas exigencias que demandó aquella. Los acontecimientos posteriores demostraron que la conducta adoptada en ese entonces era acertada.

Algunos creyeron descubrir en los primeros documentos de la Asamblea una actitud marcadamente anti-partidista y favorable al sindicalismo de corte tradeunionista, al llamado revolucionario e inclusive al anarquismo. No debe olvidarse que sus Estatutos fueron proyectados y defendidos por la fracción porista, que representaba con nitidez y fidelidad la tendencia proletaria dentro de la nueva organización, y aprobados con pequeñísimas enmiendas. Los partidos y la política no deben considerarse de una manera abstracta, sino de un modo concreto, con relación a la política revolucionaria de la clase obrera, que busca la destrucción del régimen social pasado en la propiedad privada de los medios de producción. Durante la discusión de los documentos básicos de la Asamblea Popular y a lo largo de toda su existencia, ocupó un primer lugar la lucha ideológica y táctica de los partidos obreros contra los pequeño-burgueses, contra las expresiones políticas del socialismo universitario, así se exteriorizó en los hechos, el choque entre la estrategia de la clase obrera y la conducta aventurera de los grupúsculos pequeño-burgueses, ansiosos de convertir a las masas en el punto de apoyo de las maniobras inspiradas en el mesianismo de las capillas extrañas al desarrollo de la política boliviana. La decisión proletaria, puesta en evidencia de manera insistente, era la de poner freno y controlar a los movimientos de la clase media. La vanguardia política del proletariado actuaba a través de las organizaciones sindicales más poderosas y podía decir que los documentos básicos de la Asamblea Popular se ajustaban a su programa. Todos tenían plena conciencia de que los otros partidos se limitaban a bajar la cabeza ante la belicosa arremetida proletaria, en espera de una ocasión propicia para transformar desde la base a la Asamblea, para reducirla a la condición de instrumento del terrorismo y del golpismo aventureros.

Como se ha visto, la Asamblea Popular comenzó auto definiéndose como organización sovietista, es decir, como órgano de poder del proletariado y de las masas. Los críticos posteriormente desarrollaron la tesis de que eso de los rasgos sovietistas de dicha organización fue una invención a posteriori de los teóricos poristas. La discusión pone en tela de juicio la existencia misma de la Asamblea y no es casual que esta objeción se hubiese convertido en el centro de las impugnaciones lanzadas contra el Partido Obrero Revolucionario. Este partido aparece, tanto para el gorilismo, para la derecha, como para casi toda la izquierda, como el creador de la Asamblea Popular. El análisis del programa de la organización trotskysta, la línea política que viene defendiendo desde hace decenios en el seno del movimiento obrero, su decisiva participación en la elaboración de las bases ideológicas de la Asamblea Popular y en laactividad cotidiana de esta organización, confirman tal conclusión lanzada provocativamente. Ha sido el Partido Obrero Revolucionario el que, después de agosto de 1971, ha tomado en sus manos la dura tarea de explicar el verdadero contenido de la Asamblea y defenderla de los ataques venidos desde todos los lados, tanto de la derecha como de la misma izquierda. El Partido Comunista pro-Moscú, que ingresará a la historia como uno de los firmantes del proyecto de las Bases Constitutivas, ha dado las espaldas a la Asamblea, como consecuencia de sus posiciones políticas y actividad posteriores, de las presiones ejercitadas sobre él por el stalinismo internacional.

En 1971 apenas se pudo encubrir la evidencia de que la asamblea Popular era una criatura del trotskysmo, su obra más importante; pero como las masas pasaban por este canal en su radicalización, las tendencias políticas más diversas se sometieron o aparentaron someterse, a la política porista, a fin de no quedar aisladas del todo. Que el POR hubiese lanzado la idea de la Asamblea y que ésta hubiese cuajado de manera tan vigorosa se debieron a que dicho partido se limito a dar un alto contenido político a una tendencia que tenía vida y que se agitaba en el seno de los explotados. El hecho de haber descubierto y sacado a primer plano esta tendencia constituyen méritos invalorabies dentro del trabajo revolucionario y que a su modo confirman el programa trotskysta.

Los que se atreven a negar la existencia de la Asamblea Popular y dicen que no fue más que una ficción, un fantasma nacido de la descomunal propaganda trotskysta, lo hacen, en verdad, buscando negar la existencia de la organización sovietistas, pues ésta es la que ha invalidado en la práctica diaria a todas las teorías revisionistas y reformistas que pretenden pasar como marxismo. Los que tan abundantemente han escrito acerca de la inexistencia de la Asamblea pertenecen a la tendencia denominada de la “izquierda nacional”. La aparición de un soviet en cualquier punto de América Latina tiene la virtud de demostrar que el proletariado se encamina a dirigir el proceso revolucionario y a tomar el poder político en sus manos, echando así por tierra todas las especulaciones nacionalistas en sentido de que las condiciones objetivas y subjetivas han madurado únicamente para hacer viables las tesis fundamentales del nacionalismo revolucionario, llamado a concluir su obra gracias al apoyo que le preste la clase obrera. La existencia de un soviet importa, al mismo tiempo, el anacronismo de la izquierda nacional. Los ataques de ésta partieron de la Argentina e inmediatamente fueron retomados por el MNR, que, como todos saben cooperó con el gorilismo en el poder después de 1971.

¿Es posible formular con alguna seriedad la cuestión de saber si la Asamblea Popular fue o no una ficción? Se entretienen con este juego de palabras aquellos que se niegan a ver de frente a la realidad. La respuesta fue dada, con bastante anticipación, por los enemigos de clase. El golpe gorila del 21 de agosto de 1971 inscribió en su bandera la lucha a muerte contra la Asamblea y hasta nuestros días la reacción sigue combatiendo su simple recuerdo; a su vez, los obreros organizados o no, defendieron y defienden lo que consideran que es su propia creación. Como todo esto es demasiado evidente, los predicadores de capilla pretenden desvirtuar la realidad con el argumento de que la guarnición militar de La Paz tomaba “al pie de la letra las profecías acerca de la implantación de los ‘soviets’ en Bolivia”. La derecha castrense jugo su última carta (el golpe preventivo fascista) no en respuesta a profecías, sino después de palpar a una organización que abierta y efectivamente se dirigía a tomar el poder. Se puede lanzar muchas profecías, innumerables consignas tenebrosas, pero si las condiciones políticas no les permiten movilizar a las masas y motorizar su acción, desaparecerán como simples palabras, sin turbar para nada la tranquilidad de los dueños del poder. Los fantasmas, las profecías sin contenido no pueden modificar el curso de la historia. La Asamblea Popular constituye uno de los hitos fundamentales e inamovibles del desarrollo histórico boliviano. No hay que extrañarse que los enemigos de la Asamblea sustituyan el método marxista con especulaciones dignas de la mentalidad policial.

No carece de valor el testimonio de uno de los personajes del gobierno Tórres, el señor Jorge Gallardo. Para éste la Asamblea Popular fue una potente realidad que obligó al equipo ministerial a delinear una táctica que le permitiese ganar fuerza frente a la derecha militar y lograr en alguna forma dirigir o controlar a aquella. Como se ha visto, Tórres adoptó una línea zigzageante con referencia a la Asamblea. “A pesar de todo -dice Gallardo-, convinimos gustosos en cooperar con su instalación pensando en otra estrategia que posiblemente sin desencadenar los fenómenos políticos subyacentes, podría haber coadyuvado en forma efectiva para convertir a la Asamblea Popular en un instrumento sólido y responsable que, además, fuera la verdadera expresión de una fórmula democrático-popular jamás vista en Bolivia”, El Ejecutivo abrigaba la esperanza de que la Asamblea se convirtiese en su poderoso sostén y no pudo ocultar su sorpresa no bien la organización popular proclamó abiertamente sus verdaderas intenciones, llegando a espantar de esta manera a la derecha y al imperialismo, que ciertamente ya sabían a que atenerse en adelante.

Los más no niegan la realidad de la Asamblea Popular, pero se resisten a otorgarle características soviéticas. Los argumentos al respecto pueden reducirse a los siguientes: 1) los soviets sólo pueden aparecer en el momento mismo de la insurrección; 2) no puede haber organización soviética si no cuenta con un ejército revolucionario propio; 3) un órgano de poder es aquel que dicta leyes para toda la nación; 4) los soviets deben contar en su seno con la representación de los soldados (las exigencias de este tipo, que no son, por otra parte, más que la repetición de las modalidades que adquirieron los soviets en otras latitudes, llegan al infinito); 5) no puede existir un soviet si no decreta la insurrección o no resuelve el problema de las armas; 6) en los soviets no se discute, simplemente se actúa, etc.

Trotsky 2, al referirse a las experiencias de la revolución de 1905, dice que el soviet “era y continuaba siendo la expresión organizada de la voluntad de clase del proletariado… El secreto de su importancia (y la diferencia con otras organizaciones revolucionarias que también trabajan por organizar a los obreros y dirigir sus luchas, G. L.) radica en que esta asamblea (soviet) surgió orgánicamente del proletariado durante una lucha directa, determinada en cierto modo por los acontecimientos que libró el mundo obrero (por la conquista del poder). Si los proletarios, por su parte, y la prensa reaccionaria por la suya dieron al soviet el título de gobierno proletario fue porque, de hecho, esta organización no era otra cosa que el embrión de un gobierno revolucionario. El soviet detentaba el poder en la medida en que la potencia revolucionaria de los barrios obreros se lo garantizaba; luchaba directamente por la conquista del poder, en la medida en que éste permanecía aún en manos de una monarquía militar y policíaca… El soviet se transformó inmediatamente en la organización misma del proletariado; su fin era luchar por la conquista del poder revolucionario”.

La experiencia histórica, la teoría y todo lo que se ha escrito sobre los soviets enseñan que su aparición, obra de la propia clase obrera, se produce en la etapa previa al estallido de la insurrección, cuando las masas se incorporan decididamente a la lucha y se encaminan a la conquista del poder. Une y organiza a las vastas masas que se incorporan a la lucha, lentamente, a través de las vicisitudes de su lucha diaria, se transforma en dirección indiscutida de las luchas de las masas, marco adecuado para que se exprese libremente la capacidad creadora de los explotados, de la orientación en los momentos más difíciles y así adquiere una autoridad indiscutida. Autoridad para los explotados, ciertamente, y no para los opresores o para los dueños del gobierno. A medida que se acentúa la movilización y radicalización de las masas, crece la fuerza y autoridad del soviet y en esta medida entra en fricción con el gobierno central (dualidad de poderes). Los explotados recurren a su organización en espera de solución de susproblemas cotidianos y en esta medida dan las espaldas al gobierno oficial. En los pasillos del local donde sesionaba la Asamblea Popular se podía ver gentes venidas de todos los rincones del país para plantear sus necesidades, quejarse por los excesos de las autoridades, solicitar la construcción de escuelas, etc. De una manera general, así paulatinamente, junto a las masas, el soviet llega al momento de la insurrección. Para que pueda actuar como dirección en este momento es preciso que ya exista y que haya probado su capacidad de dirección, que ya sea órgano de poder, si se quiere en germen pero ya autoridad indiscutida para los explotados.

En los cincuenta días de vida del soviet de San Petersburgo, en 1905, no se habló en momento alguno de la insurrección, estuvo preocupado en movilizar a las masas, en ponerlas en pie de combate y el proceso fue cortado por el apresamiento de su Comité Ejecutivo.

Es preciso no deificar a los soviets. Por sí solos no garantizan la conquista del poder, pueden agotarse como simples embriones de gobierno obrero. El que conduzcan o no a la victoria revolucionaria depende de qué partido político controle su dirección; es de vital importancia que imponga la estrategia proletaria. Esto explica por qué se aviva la lucha política por el control de la organización sovietista.

Ya hemos indicado que en el seno de la Asamblea Popular, la fracción proletaria libró singular batalla para doblegar a las tendencias pequeño-burguesas y someterlas a su dirección. El que ésto se hubiese logrado demuestra que las masas irrumpieron en el escenario político y no que estaban en retroceso o totalmente decepcionadas, como insinúan algunos. Fue la presencia física del proletariado la que obligó a los partidos “universitarios” a agachar la cabeza.

La violencia revolucionaria, que en verdad no es más que la expresión de la rebelión de las fuerzas productivas contra las relaciones de producción, se encarna en la acción directa de las masas y que no siempre supone que los obreros empuñen las armas o se haga correr sangre. El infantilismo ultrista llega a la conclusión de que cuanto mayor sea el número de muertos ocasionados por acciones militares, esquemáticamente preparadas, será mucho mejor, porque sostiene que solamente esto es la violencia revolucionaria.

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ASAMBLEA Y EJÉRCITO

No puede haber la menor duda de que es necesario el armamento de las masas, particularmente del proletariado, y la constitución de destacamentos de combate, esto porque en el momento insurreccional la política se manifestará a través de los métodos militares. Pero, sería un grueso error considerar este problema al margen de la evolución política del país, proceso del que la movilización de las masas constituye uno de sus elementos más importantes. Son los propios explotados los que, al radicalizarse, se ven enfrentados ante la necesidad de armarse y de poner en pie los destacamentos de combate nacidos de su misma entraña y controlados por sus organizaciones. La actividad militar debe estar subordinada a la estrategia política de la clase obrera. La ultraizquierda planteó el problema de una manera invertida. Para ella el armamento de pequeños grupos entrenados para consumar actos terroristas era igual que armar a la clase. La actividad de los foquistas (necesariamente extraños a las masas) fue confundida con los destacamentos de combate de la clase. Si todo se reduce a organizar pequeños grupos de elegidos para el martirologio, de entrenarlos y armarlos, es claro que no hay para qué tomar en cuenta la situación política que se vive y menos el estado de ánimo de las masas (todas estas consideraciones se les antoja a los ultristas como pura pérdida de tiempo, como pretextos distraccionistas utilizados para no actuar); una cuestión política, en su esencia, es convertida en algo puramente técnico y militar.

En La Tesis de Pulacayo se dice acertadamente que en materia de armamento lo fundamental radica en que la clase obrera sepa que debe armarse, que esté convencida de que se encamina a un enfrentamiento armado con los detentadores del poder político. En el momento oportuno los explotados sabrán encontrar los medios para materializar ese objetivo. En este terreno las masas han demostrado tener una capacidad creadora admirable y esto desde épocas lejanas 3. Para los ultristas la cuestión compleja y subordinada al desarrollo político de todo el país, se limita a encontrar un generoso proveedor de armas para los diminutos grupos foquistas. Si esta postura infantilista correspondiese a la realidad, todo estaría resuelto de antemano. El arsenal natural del pueblo boliviano se encuentra en los cuarteles, lo que supone que la avalancha revolucionaria repercute en el ejército (desintegración de la clase dominante y del aparato represivo del Estado). Ni en agosto de 1971 ni antes se dio esta situación en toda su plenitud, apenas si aparecieron las primeras y casi invisibles fisuras en el aparato militar (manifiesto de los clases y suboficiales de aviación, etc). No se puede deducir mecánicamente de este hecho la conclusión de que el ascenso de las masas era demasiado incipiente o que no habían posibilidades de victoria. En Bolivia se atravesaba y se atraviesa una situación especial al respecto y que es consecuencia de la experiencia de 1952. El tremendo sacudimiento social del 9 de abril importó la destrucción física del ejército por parte de las masas insurrectas; este recuerdo acentúa el espíritu de cuerpo de los militares, que están seguros que aún la victoria popular significará su pérdida total y que el hombre de la calle armado constituye uno de los mayores peligros para la estabilidad de la institución castrense y del mismo Estado. Así se ha creado un muro defensivo que obstaculiza que la presión y propaganda revolucionarias se filtren en las filasdel ejército. Sin embargo, los mismos acontecimientos de agosto de 1971 demuestran que el ascenso revolucionario tiene, tarde o temprano, que escindir a las fuerzas armadas y ganar a una parte de ellas para la revolución. En 1952 los obreros y las gentes de la clase media casi desarmados pudieron dar fin con el ejército regular, muy bien pertrechado y organizado, esto porque virtualmente se encontraba profundamente escindido y había perdido casi toda su capacidad de fuego. Los que indican que ya no es época de la lucha defensiva de los obreros contra las fuerzas armadas olvidan esta valiosa experiencia.

3.- G. Lora, “La lucha armada”, Santiago de Chile, 1973, cuya edición íntegra fue destruida a raíz del golpe de Pinochet. Con posterioridad muchos de los materiales que habían sido agrupados bajo ese titulo apareciere en Bolivia en “Revolución y foquismo”, La Paz, 1978.

Nos estamos refiriendo al aspecto crucial del problema del armamento de las masas y que sigue siendo una cuestión básicamente política. Al ejército (soldados, clases, suboficiales, jóvenes oficiales) sólo se lo puede ganar a través de las ideas políticas de la clase obrera y no de actos de terrorismo individual. El que controla políticamente a parte del ejército tiene también el control de las armas. Otra cosa es que los partidos se vean obligados a formar sus brazos armados como una actividad puramente partidista y permanente, esas organizaciones constituyen las células armadas iniciales de la clase.

Es tiempo de preguntarse si la Asamblea Popular tuvo o no poderosa influencia sobre el ejército. Hemos ya indicado que la derecha uniformada (el sector gorila), representando los amenazados intereses de la clase dominante, se movilizó de inmediato para destruirla. Al mismo tiempo, su existencia y la agitación que provocó a lo largo del país, alentaron a los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas (esos sectores constituyen su izquierda hasta el momento) a concentrarse y a bosquejar respuestas a la conspiración gorila. Solamente mucho después los protagonistas de la Asamblea Popular llegaron a percatarse que una parte de las fuerzas armadas pidió en Cochabamba su inclusión en la Asamblea regional. No puede haber la menor duda de que el desarrollo posterior del ascenso revolucionario y el consiguiente fortalecimiento de la Asamblea, hubiesen concluido arrastrando detrás de sí al ejército. Dadas las condiciones bolivianas de ese entonces, se explican y justifican todos los esfuerzos que hicieron los elementos de la dirección política de la Asamblea para acortar los plazos (en vista de la inminencia del golpe contrarrevolucionario) y efectivizar la profundización de la movilización de las masas.

El ejército es una criatura del nacionalismo pequeño-burgués convertido en dueño del poder, proyecta las características y las limitaciones de este sector social. No es simplemente la prolongación del ejército oligárquico, que fundamentalmente sirvió a la aristocracia terrateniente y en calidad de mercenario al imperialismo. Destruido físicamente el viejo ejército (1952); fue el imperialismo el que impuso su reorganización, utilizando para sus propósitos a la plana mayor movimientista y dentro de ella al dirigente sindical Lechín 4; que no sólo le proporcionó recursos materiales y económicos, sino que lo modeló para que le sirviese de dócil instrumento, para cuyo fin fue reducido a la condición de gendarme. La finalidad de la reorganización del ejército no fue otra que la de crear un poder neutralizador del pueblo en armas; las milicias obrero-campesinas eran, prácticamente, las dueñas de la calle y demostraron tener la suficiente capacidad para imponer sus decisiones al gobierno, encargado de garantizar la estabilidad política, social y jurídica. Alguien tenía que obligar a los obreros a trabajar disciplinadamente (el desarrollo de los acontecimientos demostró que la convicción política podía traducirse en los obreros en trabajo sacrificado y consciente), esa misión le fue señalada al nuevo ejército, que a los corifeos del oficialismo se les antojaba ser el “ejército del pueblo”.

Pese a lo dicho anteriormente, en el interior del ejército formado en las entrañas del nacionalismo pequeño- burgués surgió un ala izquierdista, que, sin romper el marco del nacionalismo burgués, pretendió realizar las tareas democráticas y sustituir políticamente a los partidos nacionalistas, que tan ruidosamente han fracasado en el poder y como caudillos de las masas, pues éstas tienden a sobrepasarlos. Los grupos y líderes castrenses chocan con el imperialismo dentro de los estrechos límites del régimen de la propiedad privada, y pueden hasta colocarse a la cabeza de las masas que se movilizan contra el opresor foráneo (en Bolivia tales posibilidades están agotadas). Los revolucionarios tienen que trabajar sobre este sector castrense, no con la ilusión de convertirlo en marxista, sino de arrastrarlo en la lucha diaria. Lo dicho no impide que el partido de la clase obrera se esfuerce por forjar militantes bolcheviques entre los elementos más avanzados del ejército. La ultraizquierda es incapaz de distinguir estos matices y se complace en catalogar a todos los uniformados como contrarrevolucionarios o fascistas. El “nacionalismo marxista”, contrariamente, ve en todo militar a un socialista natural.

La Asamblea Popular fijó el esquema de la organización de las milicias, pero no pudo, en el corto tiempo de su existencia, resolver prácticamente el problema del armamento de las masas y no lo pudo por las razones políticas señaladas más arriba. A partir de las jornadas de octubre de 1970 existía, en capas muy vastas de las masas, la creencia de que las propias dificultades políticas por las que atravesaban los sectores democratizantes del ejército en su lucha contra el gorilismo, les obligaría a entregar las armas a los obreros. El que las capas de la vanguardia rápidamente se hubiesen convencido que se trataba de un grosero malentendido no importaba la total separación de estas ilusiones, hacía falta que el grueso de las masas viviesen la experiencia negativa al respecto. Por esto que las reiteradas peticiones de la

4.- En 1979 Lechín sostuvo que no fue partidario de la organización del ejército y que su error consistió en no ha- ber expresado públicamente su oposición.

Asamblea a Tórres para que le entregase armamento e inclusive para que desarmase a los gorilas, tuvieron sólo un carácter pedagógico. Finalmente, Tórres y sus colaboradores pusieron a disposición de la Asamblea, el amanecer del 21 de agosto de 1971, unas pocas armas, muchas de ellas en mal estado. El problema central en ese momento era el desplazamiento de casi la integridad del ejército hacia posiciones sustentadas por los gorilas.

Ciertamente que los destacamentos de combate de la clase obrera son los gérmenes del futuro ejército proletario, lo que no importa que la Asamblea Popular estaba obligada a poner en pie ese ejército. La concepción ultrista acerca del ejército revolucionario, destinado a ser el eje de la tan pregonada guerra popular, es por demás arbitraria. Este ejército debe organizarse con miras a derrotar al ejército regular, lo que exige que tenga mayor capacidad de fuego que éste. Si el proletariado fuese capaz de realizar tal obra, querría decir que es dueño de los medios de producción y del aparato estatal, o por lo menos que, con su lucha, ha escindido al país y que controla una de sus partes. En 1971 la situación boliviana era diferente. Se trataba de colocar a la mayoría del país ante la necesidad de tomar el poder, lo que suponía el aplastamiento físico del gorilismo. La victoria debía pasar necesariamente, por la conquista, por parte de la Asamblea Popular, de un sector considerable de las Fuerzas Armadas. Hay que volver a repetir que las condiciones políticas no habían madurado para el cumplimiento de esta tarea. La lucha revolucionaria, al encontrar la terca resistencia del fascismo, podía limitarse, en una primera etapa, al control de parte del territorio nacional. Desde el poder la clase obrera tendrá la obligación de estructurar su propio ejército.

La ultraizquierda sostuvo que si no se organizaba el ejército revolucionario no podía desencadenarse la lucha por el poder y que sin él no podía hablarse de poder obrero y de soviets. El poder obrero no quiere decir, en puridad, que los soviets estén empuñando las armas, sino que se han convertido en la autoridad suprema de las masas y que motorizan su movilización, esto con o sin armas.

La cuestión del armamento de la clase obrera y de la lucha armada se proyectó de la Asamblea Popular al Frente Revolucionario Anti imperialista. Los trotskystas han sostenido y sostienen que una línea política justa al respecto debe partir de la rica experiencia que en este terreno tienen el proletariado organizado y las masas bolivianas en general. La ultraizquierda tiene muy poco que enseñar y haría bien en asimilar atentamente las enseñanzas que ofrecen los explotados.

Ya en 1946 fue posible constatar que los trabajadores habían pasado por la experiencia de armarse, de luchar militarmente con las fuerzas represivas y también ser desarmados. La Tesis de Pulacayo lo que hizo fue elevar esa experiencia a la categoría de principio programático. Los teóricos del foquismo, al negar la vigencia de la llamada táctica de autodefensa de las organizaciones obreras, renegaron de esa valiosa experiencia.

En la propia lucha guerrillera los foquistas casi nada pueden enseñar a las masas, éstas han enriquecido, con su acción, la táctica de la guerra irregular. Lo que corresponde es sistematizar esa experiencia. Los foquistas sólo saben de acciones de pequeños grupos al margen de las masas y que tienen muy poca importancia para la lucha revolucionaria.

Repetimos que se llama germen de poder obrero a la organización sovietista porque se convierte en la única autoridad para las masas y en esta medida resuelve todos sus problemas y sus decisiones son leyes supremas para éstas. El argumento de que el poder obrero, para ser tal, debe dictar leyes de validez en todo el ámbito nacional es absurdo, eso ocurrirá cuando la dualidad de poderes sea superada en favor de la clase obrera. En la medida en que el soviet toma decisiones de carácter ejecutivo, al margen del ordenamiento jurídico del país y del gobierno oficial, está planteando la dualidad de poderes con éste. Dualidad que es transitoria, pues debe resolverse en favor de alguno de los polos extremos en pugna.

Uno de los reparos más sorprendentes lanzados contra la Asamblea-soviet fue aquel que se extrañó porque los soldados no hubiesen estado representados en su seno. Sus autores argumentaron que sólo puede hablarse de soviets cuando se integran en ellos delegados de la tropa de las Fuerzas Armadas. Para satisfacer esta exigencia -producto de un esquematismo sorprendente- se hubiera tenido que esperar un alto grado de descomposición de las Fuerzas Armadas. En Bolivia, de igual manera que en Rusia después de la primera guerra mundial, la presencia circunstancia de los soldados en la organización sovietista equivale a decir la presencia de los campesinos. La lucha porque éstos se incorporen efectivamente a la Asamblea correspondió a la evolución real de la política.

En el polo opuesto están los que sostienen intransigente y también esquemáticamente, que la Asamblea- soviet era nada menos que una elevada expresión del frente único de clase, esto por ser, precisamente, soviet. Para estos “marxistas” la táctica apropiada en un país atrasado es el frente único proletario y no el antiimperialista que está conformado por varias clases sociales.

El soviet de San Petersburgo (1905) fue exclusivamente proletario, reflejando así una de las debilidades del proceso revolucionario de ese entonces la ausencia del campesinado en ese proceso. Trotsky dice que los soviets de 1905 constituyeron una “forma de organización irreemplazable de frente único proletario en la revolución” 5. Sólo un especulador de gabinete puede elevar a categoría intangible y un universal, esta característica de los soviets de 1905. La revolución en los países atrasados no será, de manera alguna, puramente obrera o socialista; será, más bien, el levantamiento multitudinario de las clases no proletarias, dirigidas políticamente por el asalariado. La organización sovietista tiene que reflejar esta realidad. Los soviets de obreros y soldados (campesinos) son ya una organización de alianza de clases y no únicamente de todas las gamas que existen en el seno del proletariado.

Si se hubiera dicho que en la Asamblea Popular no estuvo presente el campesino, el reparo hubiera sido sumamente grave. La realidad fue otra. Los explotados del agro estuvieron parcialmente en la Asamblea, de una manera que reflejaba exactamente la situación política del momento. Desde hacía tiempo se observaba una ruptura en el ritmo de movimientos de las clases obrera y campesina, esta última se movía muy lentamente y no había logrado aún emanciparse de los caciques locales, es decir, de la influencia del gobierno. El pacto militar-campesino, suscrito en la época de Barrientos seguía teniendo vigencia parcial por lo menos. Los sindicatos campesinos conocieron, en el período de florecimiento revolucionario, una amplísima democracia interna (más que sindicatos eran organizaciones de características soviéticas), pero después la voluntad de las bases fue sustituida por un sello que le sirve al cacique para obtener privilegios del gobierno. Con todo, las masas campesinas soportaban y soportan, la presión de las otras clases y, sobre todo, del proletariado minero, alrededor del cual tradicionalmente ha estado girando. El ascenso revolucionario y la constitución de la Asamblea Popular impactaron seriamente en toda la estructura campesina, incluidos sus sindicatos.

En el período de Barrientos se pretendió nuevamente imponer el impuesto único a la tierra poseída por los campesinos, el primer ensayo se hizo bajo el último gobierno movímientista y obedeciendo presiones de los organismos financieros norteamericanos, vivamente interesados en universalizar las contribuciones, sanear y aumentar las rentas de su semicolonia. La respuesta del agro fue categórica: no pagar ningún impuesto y el gobierno tuvo que retroceder. Al amparo de estas reacciones se organizó el llamado Bloque Independiente, que vanguardizó las luchas campesinas, aunque sus acciones se distinguieron por ser periféricas, generalmente protagonizadas por campesinos asentados desde hace tiempo en las ciudades. En su organización jugaron importante papel las entidades universitarias. Con todo el Bloque Independiente cumplió un papel progresista, lo que no permite decir que en su seno estaba el grueso del campesinado, éste seguía manipulado por la Confederación oficialista. Esta Confederación comenzó a agrietarse por la influencia de la creciente oleada revolucionaria. Lo correcto era precipitar un congreso controlado por la Asamblea Popular, a fin de ayudar a los campesinos a emanciparse completamente de los caciques y a evolucionar francamente hacia la izquierda. Era palpable que se estaba generando una tendencia de aproximación a la Asamblea. En vísperas de las jornadas de agosto de 1971, la misma Confederación Campesina ofreció su cooperación a la izquierda.

Las razones anteriores explican por qué solamente parte del campesinado, liderizado por el Bloque Independiente, estuvo representado en la inauguración de la Asamblea. Había acuerdo para incorporar al grueso de los explotados del agro a su seno.

4
PROBLEMAS DE LA ASAMBLEA

La Asamblea no decretó la insurrección, violentando así los deseos de la ultraizquierda, esto porque su sector proletario consideraba que el ascenso revolucionario no había llegado aún a su puntoculminante. Al terrorismo aventurero que aconsejaba empuñar las armas de inmediato, se opuso la táctica de acentuar la movilización de la mayoría nacional y colocarla ante la necesidad inaplazable de tomar el poder. No serían las operaciones militares precipitadas y aisladas las que conducirían a la insurrección, sino su cuidadosa preparación en el seno de las masas. Estos métodos de lucha diferentes eran consecuencia de dos estrategias también diferentes. La tarea central de los soviets, al constituirse y después, es la de conducir a las masas a través de su movilización y de sus luchas diarias hacia la insurrección, no la de decretarla desde las cumbres, sin tomar en cuenta la situación política del momento.

Muchos observadores han quedado horrorizados por las apasionadas discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Asamblea Popular entre los sectores proletarios y pequeño burgueses. Se añade que ese escenario de torneos oratorios es más un parlamento que un soviet, pues éste debe distinguirse por encarnar simplemente la acción, por encima de toda teorización y de todo programa.

Tales reparos han sido invocados por los grupos ultraizquierdistas, que tienen en común la creencia de que es la acción la que une y genera los programas. La misma propaganda, para ellos no precisa de las palabras y de los impresos, sino de la acción y de las armas.

Si el destino de la organización sovietista depende de qué partido político lo dirige, es claro que las discusiones acerca de la estrategia y de la táctica adquieren vital importancia. La acción misma precisa que previamente se fije con claridad la orientación política y esto sólo puede hacerse a través de la discusión alrededor de las ideas programáticas. Las resoluciones sobre la constitución de las milicias y otras cuestiones menores no fueron más que una repetición de acuerdos que, con anterioridad, ya había adoptado el movimiento obrero. La Asamblea se movió dentro de la línea tradicional de nuestro sindicalismo revolucionario. Se puede decir que los trabajos organizativos fueron más importantes. A lo largo del país y sin que la Asamblea de La Paz hubiese desarrollado una decisiva actividad en estesentido, fueron apareciendo organizaciones similares. Muy lenta y dificultosamente se fue engranando la acción entre estas diversas organizaciones. La Asamblea llevaba en su seno la tendencia de convertirse en nacional.

En el brevísimo período de reuniones de la Asamblea, que resultó el único, casi todos los delegados habían sido elegidos democráticamente por sus bases, pero faltaba generalizar esta práctica. Uno de los problemas que acaparó muchas sesiones se refiere a las demandas de nuevas adhesiones. Existía la tendencia en todas las organizaciones laborales y populares, incluyendo a las que no tenían carácter nacional, a demandar su incorporación al seno de la Asamblea Popular de La Paz. Fue preciso rechazar a muchas de ellas para evitar la duplicidad de las representaciones. Puede decirse que todas estas cuestiones eran formales. El proletariado boliviano y la clase media de las ciudades estaban detrás de dicha organización y el problema no era otro que el de englobar también al campesinado.

Dos problemas tenían directa relación con el porvenir de la Asamblea y de la revolución y se entrecruzaron con la agria polémica librada entre las tendencias proletaria y pequeño-burguesa. Para la vanguardia obrera la cuestión clave radicaba en encontrar un camino que permitiese acentuar la movilización de las masas y obligarles a plantearse la toma del poder como hecho inminente Para la ultraizquierda la victoria de la lucha se reducía a una cuestión puramente militar y éste era su mayor error.

5
LOS ULTRAIZQUIERDISTAS Y LOS OBREROS

El ELN, que había ingresado a la crisis ideológica provocada por el fracaso del foquismo y moviéndose bajo la presión de las tendencias revisionistas venidas desde el exterior, quedó al margen de la Asamblea como organización, aunque algunos de sus componentes, que en ese momento practicaban la militancia doble dentro del flamante MIR, eran delegados. La organización ultrista tuvo la ocurrencia de difundir un comunicado en el que manifestaba que se constituía en vigilante de la organización que debutaba. En esta actitud se combinan la presunción y la miopía. El grupo foquista se colocaba por encima de lo que estaban haciendo apasionadamente las masas y se atribuía el papel de vigilante, para evitar así que la Asamblea Popular se desviase de la línea revolucionaria. Surge la pregunta:¿quién fijaba la línea revolucionaria?, ¿quién podía declararse su árbitro? El comunicado del Ejército de Liberación Nacional, producto de la desesperación y no de un sereno análisis político, podría alentar la creencia de que fue esta organización la que señaló el camino de la lucha revolucionaria. Hemos visto que la estrategia de la Asamblea Popular fue fijada por la vanguardia proletaria, en franca lucha con los grupos ultraizquierdistas. El ELN no tenía nada que vigilar, porque la Asamblea había señalado ya un camino diferente al del aventurerismo foquista. La enorme importancia que adquirió la organización de masas, la evidencia de que todo el proceso revolucionario giraba alrededor de ella, obligaron a los ultras a ligarse en alguna forma con ella; lo hicieron de una manera negativa.

La crítica pretendidamente izquierdista no ha podido menos que reconocer que la Asamblea Popular aprobó varias medidas de importancia; sin embargo, de manera sospechosa, calla acerca de la más trascendental: la resolución que determina la urgencia de imponer la participación obrera mayoritaria en la administración de la Corporación Minera de Bolivia (empresa de la minería estatizada).

No se trataba de una invención de la Asamblea Popular, sino de que ésta, a sugerencia de los delegados mineros, tomaba en sus manos una reivindicación que los trabajadores del subsuelo venían agitando desde hacía tiempo, para imprimirle una inconfundible proyección nacional, que fue posible gracias al ascenso revolucionario de las masas que se vivía. El planteamiento minero, casi ignorado por el grueso público, tampoco era sorpresivo, pues entroncaba en la larga lucha librada alrededor de la defensa y superación del control obrero en las minas nacionalizadas.

La polémica sobre la participación obrera mayoritaria en las minas estatizadas y la desencadenada con motivo de la creación de la universidad única boliviana bajo la dirección política hegemónica del proletariado, puso en evidencia la verdadera naturaleza de las diversas tendencias políticas.

Se presentó un hecho extraño a la Asamblea que obligó a actualizar el problema de la participación obrera en Comibol. El gobierno Tórres, angustiado por su aislamiento y debilidad y en un supremo esfuerzo por ganar el control de las masas, lo que le habría permitido fortalecerse y ser realmente gobierno, hizo conocer a los mineros un proyecto de participación laboral en las minas estatizadas y una medida similar impuso, mediante decreto, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. En ambos casos se partía del supuesto de que lo participación laboral se efectivizaría en la misma proporción que la estatal. Era lo máximo que podía, ofrecer un gobierno nacionalista pequeño-burgués frente a los planteamientos que habían hecho los trabajadores.

Gallardo, ex-ministro de Tórres, no dice, en un voluminoso libro de cerca de 500 páginas y de muy difícil lectura por su enrevesada compaginación, ni una sola palabra acerca de la anterior proposición, “olvido” que era por demás sugerente. Parecería que los colaboradores de Tórres consideraban un grave error táctico la oferta de coparticipación paritaria estatal-laboral en las empresas nacionalizadas. No funcionó como señuelo y la aceptación por los trabajadores petroleros careció de significación política debido a su poco número. El ofrecimiento a los mineros permitió la radical respuesta de parte de la Asamblea Popular y que por sí misma ponía al desnudo la incapacidad del nacionalismo de contenido burgués para solucionar los problemas fundamentales del país. Hay un otro hecho que hace enmudecer a losque gobernaron hasta agosto de 1971. La imposición de la participación obrera mayoritaria en Comibol era una táctica que no podía menos que conducir a la insurrección de la nación oprimida ya la toma del poder, esto como consecuencia de la movilización de las mayorías nacionales. Es simplista la crítica en sentido de que la Asamblea, debido a la influencia nefasta de los trotskystas, se limitaba únicamente a hablar sin límite sobre la revolución, sin hacer nada concreto para convertirla en realidad. La conclusión de los foquistas: era un organismo inoperante, donde la acción fue reemplazada por los discursos. Si se toma en cuenta la táctica de la lucha por el control de los obreros sobre las minas, la crítica anterior cae por su base. La polémica encuentra otro eje: la imposición de la administración obrera mayoritaria en Comibol, ¿conducía o no a la insurrección?; ¿acentuaría la movilización de las masas o las empujaría al conformismo?

El ofrecimiento del gobierno no dejaba de ser atrevido y debe ser juzgado de acuerdo a la situación política imperante en ese momento. Durante mucho tiempo se ha luchado por la reposición del control obrero movimientista, pese a tenerse plena conciencia de sus defectos y limitaciones. Claro que la clase obrera no dejó de señalar la necesidad de superar ese control, a través de su desburocratización y de su transformación de individual en colectivo. A pesar de todo, entre la supresión de toda forma de control obrero y la vigencia del control tipo MNR se estaba obligado a inclinarse por la segunda variante.

Si el ofrecimiento de Tórres se hubiese producido en una etapa de tranquilidad social o de retirada de las masas, no habría habido lugar para discutir su carácter progresista. La cosa quedó totalmente modificada por el acuerdo adoptado por la Asamblea, que buscaba que las minas pasasen a manos de la clase obrera y que le sirviese a ésta de palanca que le permitiese tomar el poder. Las indiscutibles concesiones anunciadas por Tórres buscaban contener la avalancha revolucionaria y perpetuar las minas en poder del Estado nacionalista. Apuntalar la proposición de Tórres en oposición a lo acordado por la Asamblea, equivalía a pronunciarse en contra de la revolución y en defensa del orden burgués.

La tan pregonada paridad obrero-estatal, que se convirtió en el punto central de la propaganda oficial, no pasaba de ser una impostura. Según el esquema del gobierno, en las diversas instancias de la dirección y administración de las empresas se reconocía igual número de delegados obreros y empresariales, pero, todos bajo la presidencia de un elemento directamente dependiente de las gerencias o del Poder Ejecutivo. Este elemento, convertido en supremo dirimidor de las posiciones antagónicas, tenía en sus manos la posibilidad de decidir con su voto los problemas más importantes. Por este mecanismo, los obreros se verían condenados a participar en la dirección de las empresas en calidad de subordinados, pero se les negaba el derecho de decidir de la suerte de la empresa y, en cierta medida, de la suya propia. Es esto lo que pusieron en claro los trabajadores y la Asamblea Popular.

No era difícil descubrir el sentido de la maniobra gubernamental: se les decía a los obreros que su participación en la administración de las empresas en la proporción de un cincuenta por ciento los convertía virtualmente en dueños de ellas. Como hemos señalado, la realidad era diferente: las gerencias y el Poder Ejecutivo seguían siendo los amos de Comibol y la coparticipación obrera serviría para encubrir la ilusión de la propiedad de los obreros sobre las minas nacionalizadas. Si en el pasado la nacionalización de las minas marcó el punto de arranque de la momentánea depresión de las masas, el proyecto de coparticipación de Tórres, en las condiciones de franco ascenso que se vivía, podía haberse convertido en un enorme obstáculo para su futuro desarrollo. En último caso, como ya sucedió con la nacionalización, los explotados podían sentirse satisfechos con la mayor de sus demandas. Los obreros, enceguecidos por la ilusión de que eran dueños de Comibol, habrían tenido que tomar a su cargo el desbarajuste y la bancarrota de empresas estranguladas por la burocracia, por la opresión imperialista (Plan Triangular), el compadrerío y que funcionaban (y siguen funcionando) como bancos privados de la camarilla gobernante de turno. En ese entonces (como también antes y ahora), el problema inmediato más importante radicaba en la disminución sensible de los costos de producción; la proyectada participación obrera habría permitido descargar sobre las débiles espaldas del trabajador la solución del problema. Esta misma concepción volverá a aparecer, más tarde en la llamada co-gestión. La confianza política puede permitir a los explotados producir más, pese a la disminución de sus salarios o de sus beneficios sociales. La creencia de que la dirección de las empresas estaba en manos de los obreros, podía haber obligado a éstos a trabajar más y marginarse de la lucha elemental por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. No se habría tratado, en verdad, de una consecuencia del colaboracionismo clasista, sino del falso supuesto de que las minas se encontraban en poder de los sindicatos. A los gobiernos militares, interesados y obligados a financiar sus necesidades mediante el saqueo de las empresas estatales, no les quedaba más camino que hacer trabajar a los obreros mediante el uso de la violencia (Barrientos, Bánzer) o la demagogia. Tórres pretendió salir adelante utilizando la segunda variante.

Los petroleros, debido a la excesiva burocratización de sus organizaciones sindicales, al hecho de que sus cuadros dirigentes se reclutan entre los empleados, muchos de ellos de confianza de la empresa y bien remunerados, y a su escasa politización, cayeron en la trampa y entusiasmados aprobaron el decreto gubernamental.

Correspondió a los mineros tomar al toro por las astas y plantear con meridiana claridad la posición de los trabajadores con referencia a la administración de las empresas estatizadas en función del proceso revolucionario.

En la proposición gubernamental la dirección de la empresa quedaba en manos del Poder Ejecutivo, porque éste se reservaba la facultad privativa de designar al gerente general de Comibol. El gerente es una autoridad ejecutiva que monopoliza en sus manos los resortes vitales del funcionamiento de las minas, a estos verdaderos privilegios se le añadía la tarea de presidir a los delegados obreros y gubernamentales en el más alto nivel empresarial. De esta manera los delegados del Poder Ejecutivo contaban con un poderoso voto potenciado. El gerente (agente de confianza del gobierno) habría seguido decidiendo los destinos empresariales, con la ventaja de contar con la forzada complicidad obrera. Lo propuesto para lapresidencia de Comibol se proyectaba a todos los estadios de la administración empresarial.

Los obreros comprendieron que quien designaba al gerente general era el dueño virtual de Comibol. La Federación de Mineros decidió inclinar la balanza en su favor reclamando para sí el derecho de designar al gerente general y anulando el voto del presidente en el directorio, que bien podía corresponder a la autoridad ministerial. De esta manera los trabajadores tendrían en sus manos la solución efectiva de los problemas de Comibol y los delegados gubernamentales pasaban a un segundo plano.

Partiendo de la experiencia negativa del control obrero durante el régimen movimientista, cuyo defecto básico, como se tiene indicado, radicaba en su carácter individual y en su burocratización (el dirigente concluía emancipándose de la vigilancia de las bases), se proyectó colocar en el punto de arranque de la participación obrera mayoritaria en la administración de Comibol a la asamblea sindical, como autoridad máxima. En los primeros escalones, en los lugares de trabajo, la participación debía ser colectiva y también mayoritaria, con referencia a los personeros empresariales.

En el pasado, el control obrero individual, concluía generalmente duplicando las tareas sindicales y convirtiéndose en un competidor del sindicato en la tramitación de los beneficios sociales. En el nuevo planteamiento laboral se trataba de reconocer a la clase tareas nuevas de administración. Como se ha indicado, no era para los obreros simplemente una cuestión de participar en la administración de Comibol en cualquier condición, sino de lograr el manejo y orientación de las minas de acuerdo a los intereses de la clase y del país.

La objeción más generalizada al planteamiento de los mineros sostenía que la coparticipación en la administración de Comibol no sería más que colaboracionismo clasista, que tendría como consecuencia obligada el abandono de la lucha revolucionara e inclusive por las reivindicaciones inmediatas. El avanzadísimo planteamiento de los trabajadores bolivianos fue mecánicamente asimilado a los consejos obrero-patronales creados en algunos países imperialistas o por la legislación fascista, con la manifiesta intención de poner a salvo la empresa privada capitalista y de aminorar la arremetida obrera. Para llegar a esta conclusión, aparentemente justa, se ha tenido que identificar al país atrasado con la metrópoli y se ha olvidado que Bolivia es un país sometido a la opresión imperialista, lo que determina que las nacionalizaciones adquieran proyecciones nuevas con referencia a la lucha por la liberación nacional.

Trotsky, en su artículo acerca de la participación obrera en la administración de las empresas nacionalizadas, constata que los gobiernos nacionalistas se ven obligados, para lograr fortalecerse frente al enemigo foráneo, a llamar a la clase obrera a participar en la dirección de las empresas nacionalizadas (expropiadas al imperialismo) y, sin desconocer los peligros que involucraban, atrevidamente se pronunció en favor de esa participación. Este paso no sólo que contribuiría a capacitar a los obreros en el manejo empresarial, sino que podría convertirse, por medio de la incesante crítica a los errores de la administración o de la denuncia de la incompatibilidad entre el desarrollo de las empresas nacionalizadas y la economía de corte capitalista, en palanca capaz de impulsar al proletariado hacia la toma del poder. Trotsky hablaba de la participación obrera minoritaria y de una concesión gubernamental y no de una imposición de las masas. Alertó contra la ligereza de confundir la participación en la administración con el ministerialismo. Los peligros son, indiscutiblemente, la burocratización de los dirigentes, de manera que dejen de representar los intereses de los obreros y concluyan convirtiéndose en otros funcionarios más de la burocracia. El remedio tiene que encontrarse en el fortalecimiento de la vida interna de las organizaciones laborales. En Bolivia nos encontrábamos entonces en un período de gran ascenso de las masas.

La estatización de las empresas detentadas por el capital financiero y los esfuerzos que hacen los gobiernosnacionalistas para llevar adelante su funcionamiento son parte de la lucha antiimperialista, de la liberación nacional. De esta realidad arranca la justificación de la participación obrera en la administración de esas empresas.

Todo lo dicho se aplica al planteamiento de los mineros y con mucha mayor ventaja porque se trataba de una participación mayoritaria, de entregar, en una palabra, las minas al proletariado.

Se dijo en la Asamblea Popular que tratándose de Comibol el problema se presentaba con meridiana claridad. El que domina las minas en Bolivia se convierte en amo de toda su economía y también en amo del poder político, esto a la corta o a la larga. Plantear el control de las minas por la clase obrera significaba reducir al gobierno a la inoperancia, a la condición de trasto inservible. Si el general Tórres,

como se rumoreaba y debido a su tremenda debilidad e incertidumbre, tenía decidido sorprender al país accediendo a la demanda laboral, es claro que la jerarquía castrense se habría opuesto categóricamente al desvarío del Presidente mediante un golpe de Estado, como efectivamente lo hizo el 21 de agosto, a pesar de no hacer habido ninguna entrega gubernamental de las minas a los obreros. Poco contaban las dubitaciones del general Tórres frente a la tendencia dominante dentro de la jerarquía castrense de perpetuarse en el poder y de convertirse en gran potencia económica, a semejanza de lo que ocurre en los Estados Unidos, el Brasil o la Argentina. El ejército pugna invariablemente por lograr el control de las empresas nacionalizadas y autárquicas y resulta problemático que abandone pacíficamente el manejode Comibol.

La ultraizquierda miope no comprendió que la lucha por la imposición de la administración obrera mayoritaria abría, al mismo tiempo, la lucha por el control total del poder político. Fue lanzado a correr el malintencionado rumor en sentido de que los propiciadores de la participación obrera mayoritaria buscaban concluir un acuerdo con Tórres. Esto, pese a que desde el primer momento se dijo que se trataba de imponer la medida por los métodos propios de la clase obrera. Aún en el caso improbable de que el gobierno Tórres hubiese entregado simplemente Comibol a los mineros, el manejo de la empresa y sus implicaciones (comercialización, trato con las importadoras controladas por consorcios norteamericanos, necesidad de lograr créditos de una banca manejada por intereses foráneos, etc.) habrían obligado a generalizar la nacionalización a todos los medios de producción. Los roces crecientes entre la dirección obrera de Comibol y un gobierno constantemente acuciado de dinero, habrían obligado a los trabajadores a plantearse, de manera perentoria, la cuestión del control del poder político.

No debe olvidarse que los trabajadores plantearon, simultáneamente, la integración de la industria minera, paso decisivo si se considera el carácter esencialmente minero del país. Se buscaba incorporar a Comibol a la Empresa Nacional de Fundiciones, al Banco Minero, al Instituto Metalúrgico y a otras pequeñas entidades. Los trabajadores argumentaron acertadamente que Comibol no podría superar sus problemas como empresa aislada. La fundidora de Vinto, por ejemplo, podría ganar mucho dinero comprando a Comibol mineral de estaño al precio mundial y vendiendo estaño fundido en el mercado mundial. A costa de los obreros que perforan las rocas, se habría superado en algo el problema de los elevados costos de producción del mineral.

Los propugnadores de la administración obrera sabían perfectamente que su planteamiento importaba el control de los dólares provenientes de la exportación de minerales y no únicamente contribuir al manejo de la empresa minera de estaño más grande del mundo. No se pudo probar, en el terreno de las realizaciones, la justeza de la posición de la Federación de Mineros, esto porque, precisamente, se precipitó el golpe fascista destinado a evitar que prospere la lucha por el control de Comibol por parte de los mineros. La formulación quedó como una simple propuesta política.

Debe dejarse claramente establecido que la coparticipación obrera mayoritaria en Comibol sólo podía lograrse -cosa que se dijo con toda claridad en el seno de la Asamblea Popular- a través de una poderosa movilización de la mayoría nacional y de una tenaz lucha revolucionaria, que tarde o temprano tenía que plantear la cuestión del poder. Algo más y que adquiere decisiva importancia, la lucha por la imposición de la coparticipación comenzó a convertirse en el verdadero canal de movilización hacia la insurrección. Esta lucha estaba destinada a colocar a los explotados ante la necesidad de tomar el poder. Asambleas obreras en todas las minas discutieron el plan de coadministración y se pronunciaron en favor de ella.

El gobierno Bánzer bien pronto puso al desnudo su intención de cortar de raíz toda forma de participación obrera en las empresas nacionalizadas, que dadas las condiciones políticas imperantes se tradujo en el programa de destrucción física de las organizaciones laborales. Pese a su carácter totalitario y en contradicción con él, ha dado pruebas inequívocas de su decisión de abandonar el estatismo, esto no por razones principistas, sino para complacer las exigencias del capital financiero.

Bajo Tórres fue creado el Instituto Boliviano del Café (Inbolca), que tenía la finalidad de comercializar este producto en el exterior, medida que importó un serio golpe a algunas empresas dedicadas a esta actividad. El Decreto supremo de 16 de septiembre de 1971 destruyó Inbolca, “restableciendo el comercio interno y externo del café”. Este retorno a la empresa privada y libre mostró sus aspectos negativos cuando, más tarde (1973), se trató de combatir la especulación con el precio del café.

Las dificultades e importancia creciente de la industria azucarera (destinada a cubrir el mercado interno ya satisfacer las necesidades de exportación), obligaron al gobierno Tórres a estatizarla progresivamente y dentro de esta política fue creada la Empresa Nacional del Azúcar, entidad que desapareció, como emergencia del Decreto de 17 de septiembre de 1971, “por haber resultado -dijeron los dueños del poder en realidad- contraproducente su ejecución”.

Lo expresado se confirma plenamente por el texto del Decreto que echa por tierra la intervención del Poder Ejecutivo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, empresa que en los últimos años fue duramente atacada por su extrema burocratización y por haberse convertido en refugio de la inmoralidad. El 19 de mayo de 1971, el general Tórres había decidido asumir la Presidencia de YPFB. La centralización administrativa de las entidades autárquicas era en sí misma una medida progresista. Según el decreto de intervención, el directorio de YPFB estaba constituido por tres ministros de Estado y tres representantes obreros. El Presidente Bánzer creyó de su deber borrar toda huella de obrerismo tan acentuado y retrocedió a lo establecido por el Decreto de 14 de enero de 1971: directorio integrado por tres subsecretarios de Estado (Hidrocarburos, Planeamiento y Finanzas), tres miembros de YPFB (gerentes General, de Planeamiento y Finanzas), dos representantes de la Federación de Trabajadores petroleros y uno de los técnicos. El nuevo régimen dijo claramente que buscaba la autonomía completa de las empresas estatizadas: “que uno de los objetivos del gobierno Nacionalista es el de devolver al país su normalidad institucional, determinando, en consecuencia, que las empresas públicas desarrollen sus actividades dentro de la autonomía que les fijan sus estatutos y disposiciones legales”.

Un otro problema político de importancia resuelto por la Asamblea Popular fue el de la universidad. Poner orden y remozar la enseñanza universitaria interesaba a la mayoría del país y la resolución aprobada al respecto inquietó a vastos sectores nacionales.

Al movimiento obrero y revolucionario preocupaba la cuestión estudiantil por dos consideraciones:

1) por su enorme importancia en la lucha diaria y en la agitación, en muchas ciudades los universitarios juegan el papel de fuerza decisiva y

2) porque en el seno de la inteligencia pequeño-burguesa fructificaban entonces generosamente las tendencias foquistas y aventureras.

Los estudiantes dijeron reconocer a la dirección política del proletariado, formaban parte de la Central Obrera Boliviana y de la Asamblea Popular y protestaron acatar las disposiciones programáticas contenidas en la Tesis Política de la COB; sin embargo con demasiada frecuencia se desplazaban hacia la ultraizquierda, amenazando comprometer el porvenir de la revolución con sus posturas aventureras y provocadoras. Teniendo en cuenta tales consideraciones, la FSTMB propuso organizar la universidad única dentro de la cual quedaría incluida la ya proyectada universidad obrera, con sede en Siglo XX, bajo la dirección hegemónica del proletariado.

En la ciudad de Potosí se dio un anticipo de tal proposición. La dirección superior de la universidad estaba compuesta de diez y nueve delegados obreros (representantes del sindicato minero, de la Central Obrera Departamental y de otras organizaciones laborales) frente a nueve que representaban a los estudiantes y otros nueve al cuerpo docente. No se trataba sólo de aprovechar mejor los recursos económicos y humanos (era notoria la escasez de profesores capaces y la insignificancia del presupuesto), de coordinar planes y programas de estudio, etc (ciertamente que todo esto se hubiese hecho), sino de colocar efectivamente al movimiento universitario bajo la dirección política del proletariado. En otros términos, la finalidad era la de convertir a la actividad universitaria en uno de los aspectos de la política revolucionaria del proletariado.

Durante el desarrollo de las deliberaciones en la Asamblea Popular se pudo descubrir que los sectores ultraizquierdistas del estudiantado y los partidos políticos por ellos animados, no podrían menos que desencadenar una sorda campaña contra tal proyecto, como efectivamente lo hicieron bajo el pretexto de defender la autonomía universitaria en abstracto; ésta, una reivindicación inconfundiblemente democrática, es progresista sólo si permite actuar a la vanguardia revolucionaria y orientarse a la masa estudiantil contra los gobiernos entreguistas y antiobreros. La autonomía puede o no servir a la revolución y todo depende de quien la oriente políticamente. Tratándose de la lucha revolucionaria del proletariado sería absurdo invocar la autonomía para que los estudiantes puedan inclusive actuar en contra de la revolución. Si es legítima la autonomía con referencia al Estado de corte burgués no puedeexistir tratándose del proletariado.

En deficiniva, se buscaba someter a los estudiantes a la dirección política del proletariado. No debe confundirse la lucha por la creación de la universidad única con la intervención movimientista de la universidades en 1954, en este último caso se trataba de destruir la autonomía con referencia a un gobierno que estaba girando hacia posiciones pro-mperialistas y se buscaba convertir a la universidad en una agencia del oficialismo. En 1971 se dijo que, dadas las condiciones políticas vigentes, la defensa de la autonomía seguía siendo una posición progresista.

El golpe fascista de agosto de 1971 impidió la actuación política de la Asamblea. Se ha incorporado como valiosa conquista al arsenal de la clase obrera. Seguramente llevará vida larvaria en la subconciencia de las mayorías explotadas, para luego, en el nuevo período de agudización de la lucha, volver a resurgir en un plano político superior.

La aparición de la Asamblea Popular significó una tremenda sacudida tanto en Bolivia como en el exterior. Las reacciones que se produjeron se explican por la situación de verdadera convulsión social que se vivía en esos momentos. Muchos de sus actuales adversarios no ocultaron su entusiasmo frente a las posibilidades revolucionarias de la Asamblea, que apareció a tiempo de transformarse el Comando Político del Pueblo y de la COB en febrero de 1971.

Conviene recordar que “Rebelión” de la COB anunció que la “Asamblea Popular deberá significar poder obrero” y que la “Decisión revolucionaria de las masas laborales bolivianas” permitió el nacimiento del órgano de poder de los explotados. 6.

(Tomado de Masas, Capítulo VIII de la Historia del Movimiento Obrero Boliviano)

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