El juicio contra Donald Trump sobre el pago de “dinero por silencio” y la crisis del dominio de clase en Estados Unidos

de Consejo Editorial WSWS

Tras seleccionar a los miembros del jurado, el juicio criminal contra el expresidente Donald Trump en la ciudad de Nueva York ha comenzado de lleno. Los argumentos iniciales podrían llevarse a cabo tan pronto como el lunes. Trump ha sido acusado de violar leyes federales y estatales en conexión con el presunto pago a la actriz porno Stormy Daniels para que no revelara su encuentro sexual. Los fiscales alegan que el entonces candidato presidencial republicano infringió leyes electorales a nivel federal y estatal pocas semanas antes de las elecciones de 2016.

De todos los casos penales contra Trump, el caso del pago de dinero por silencio es el único que ha llegado a un juicio. Cuando se compara con el caso federal relacionado a la intentona golpista del 6 de enero de 2021, el caso estatal donde Trump intentó anular el resultado electoral en Georgia e incluso el caso criminal sobre el manejo ilegal de documentos clasificados por parte de Trump, el caso neoyorquino sobre el pago por silencio es equivalente a procesar a Al Capone por evadir impuestos.

Se produce después de cuatro años de una respuesta endeble por parte del Partido Demócrata y Biden a una conspiración estatal masiva para derrocar la Constitución. Y sigue por solo cuatro días a las indicaciones de la mayoría derechista en la Corte Suprema de que se está preparando para desestimar muchos de los cargos contra quienes participaron en el ataque violento al Capitolio de los Estados Unidos.

La Administración de Biden y el Partido Demócrata no tienen ningún interés en responsabilizar penalmente a Trump por sus crímenes contra los derechos democráticos porque hacerlo expondría el amplio y continuo apoyo dentro de secciones sustanciales de la clase dominante y el aparato estatal al intento de golpe de Estado, socavando aún más el monopolio político bipartidista en los EE.UU.

Todo esto, sin embargo, no disminuye la importancia de que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente está siendo procesado penalmente.

El comienzo del juicio marca una nueva etapa de la intensa crisis que se ha venido fraguando por 50 años en los niveles más altos del Estado norteamericano.

En agosto será el 50º aniversario de la renuncia de Richard Nixon en 1974 como resultado de la crisis que desencadenó la incursión de su campaña en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate.

Estableciendo un patrón que persistiría en las décadas siguientes, los crímenes de Nixon contra los procedimientos democráticos y su negativa a cumplir con el marco constitucional estaban ligados a profundas divisiones dentro de la burguesía sobre la política exterior. En ese momento, una facción dentro del Partido Demócrata se opuso a la continuación de la guerra imperialista masivamente impopular en Vietnam y exigió un acuerdo negociado.

Sin embargo, la clase dominante tomó medidas extremas para evitar el procesamiento penal de Nixon. El indulto de Gerald Ford a Nixon socavó la propia candidatura de Ford a la reelección en 1976. El sucesor de Ford, Jimmy Carter, fue presidente solo mandato en condiciones de un aumento masivo de la lucha de clases, incluida la huelga nacional de mineros de carbón de 177 días. Lo que selló el futuro de Carter fue la revolución iraní de 1979 y la toma de rehenes estadounidenses.

El segundo mandato de Ronald Reagan se vio socavado por el escándalo Irán-Contra. Una vez más, una política exterior contrarrevolucionaria y criminal –en este caso, la guerra sucia de la CIA mediante la Contra en Nicaragua— implicó la violación de las leyes estadounidenses en forma de una operación clandestina dirigida desde el sótano de la Casa Blanca. El caso Irán-Contra pudo haber derribado el Gobierno de Reagan, pero los demócratas decidieron restar importancia a los crímenes y mantener a Reagan en el poder.

En el momento de la elección de Bill Clinton en 1992, un Partido Republicano cada vez más fascistizante no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de una elección. El juicio político contra Clinton a fines de 1998 fue un intento de utilizar una relación sexual consensuada para destituir a un presidente elegido dos veces.

Dos años después, la Corte Suprema detuvo el conteo de votos en Florida para robarse las elecciones a favor de George W. Bush, quien había perdido el voto popular. El demócrata Al Gore y su partido aceptaron pasivamente el robo de las elecciones, temiendo las consecuencias de un desafío para la estabilidad del sistema bipartidista.

La crisis de 2000 fue la primera supresión directa de votos en una elección presidencial. El juez Antonin Scalia argumentó en una opinión en apoyo al fallo del caso Bush vs. Gore, que fue aprobado por cinco a cuatro, que el pueblo estadounidense no tiene un derecho constitucional a elegir al presidente.

Barack Obama llegó al poder en el apogeo del colapso financiero de las hipotecas de alto riesgo y presidió un rescate multimillonario de Wall Street. A esto le siguieron nuevas guerras e intervenciones militares en Oriente Próximo, un programa de asesinatos selectivos, incluso de ciudadanos estadounidenses, y la preparación para la guerra contra Rusia en Ucrania en forma del golpe de Estado ultraderechista del Maidán en 2014 que fue apoyado por EE.UU.

Trump asumió el cargo en 2016 a pesar de perder el voto popular ante Hillary Clinton. Desde el principio, los demócratas concentraron su oposición en el hecho de que Trump no respaldó los preparativos para la guerra contra Rusia. Convirtieron el retraso de la ayuda militar a Kiev por parte de Trump en la causa de su primer juicio político en diciembre de 2019. El segundo juicio político, que ocurrió inmediatamente después del 6 de enero, fue un asunto a medias para que los demócratas pretendieran que buscaban que el presidente saliente rindiera cuentas, incluso cuando el presidente entrante, Biden, llamaba a la unidad bipartidista y a mantener un “Partido Republicano fuerte”.

Ahora, en el juicio actual en Nueva York, las facciones de la clase dominante alineadas con el Partido Demócrata buscan utilizar un escándalo sexual e infracciones relativamente menores para ajustar cuentas con Trump. No están actuando en respuesta a la embestida de Trump a los derechos democráticos ni a sus políticas sociales reaccionarias, sino a cuestiones críticas de política exterior, como la OTAN y la guerra contra Rusia en Ucrania. No se fían en Trump para gestionar los intereses imperialistas de Estados Unidos.

El juicio podría resultar en un jurado dividido, absolviendo y posiblemente fortaleciendo a Trump, o en una condena. En caso de lo segundo, el juicio será ampliamente visto como un intento de los demócratas de adelantarse a las elecciones, deslegitimando aún más la configuración política existente. Trump bien podría continuar su campaña, reuniendo apoyo como mártir político. Pero incluso si una condena forzara la retirada de su candidatura, el fascistizante Partido Republicano encontraría un reemplazo no menos reaccionario.

Pero en ningún caso, el resultado del juicio disminuirá la intensidad de la crisis política ni la escalada de las guerras en el extranjero y la reacción política en el país.

De hecho, la selección del jurado en el tribunal de Manhattan se desarrolló al mismo tiempo que el alcalde demócrata Eric Adams, con el pleno respaldo de Biden, ordenaba a la Policía de Nueva York llevar a cabo un arresto masivo de estudiantes que protestaban pacíficamente en la Universidad de Columbia contra el genocidio en Gaza y la complicidad de la universidad, a poca distancia del tribunal.

La importancia del juicio y la respuesta política necesaria de la clase trabajadora fueron claramente explicadas por Joseph Kishore, el candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad (SEP; Socialist Equality Party). En un comunicado publicado en Twitter/X, Kishore escribió:

En el conflicto entre demócratas y republicanos no hay una facción progresista ni democrática. La clase obrera no debe ser un mero espectador en esta crisis. En vez de orientarse a una facción del Estado, hay que desarrollar un movimiento político independiente de la clase trabajadora contra todo el sistema capitalista; de esta manera se puede forjar un camino hacia adelante.

Trump es una manifestación de la putrefacción política de la clase dominante, no su causa. Las intensas divisiones dentro de la clase dominante abren una oportunidad para que la clase trabajadora intervenga contra todo el marco político reaccionario y el sistema capitalista que defiende. Un desenlace positivo depende sobre todo de la intervención independiente de la clase trabajadora luchando por el poder político y el socialismo.

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