Corrupción de directores y gerentes de AFP relacionados con sociedades en paraísos fiscales que nadie fiscaliza

por Mauricio Weibel

Los altos cargos de las AFP deben declarar sus sociedades –y las de sus cónyuges– para evitar que sus negocios se beneficien con las inversiones de los fondos previsionales. Pero la norma no incluye sociedades creadas en el extranjero. CIPER detectó al menos tres directores y dos gerentes relacionados con sociedades en paraísos fiscales. Cuatro de ellos figuran directamente en esas firmas. En el quinto caso, la sociedad fue creada por sus padres y su hermano. Aunque es un grupo pequeño respecto del universo de directores y gerentes, revela un vacío legal: nadie revisa a qué se dedican estas compañías y si se relacionan con inversiones de las AFP.

La Superintendencia de Pensiones revisa todas las sociedades que integran los miembros de los directorios y altos gerentes de las AFP. Y también aquellas en las que participan sus cónyuges. Lo hace para evitar que esas sociedades puedan hacer negocios relacionados con las inversiones que realizan las AFP con los fondos previsionales de los trabajadores. Prevenir los conflictos de interés es el objetivo de esta norma que obliga a los altos mandos de las AFP a declarar sus sociedades.

Pero la regla es coja: directores y gerentes de AFP solo están obligados a declarar sus sociedades constituidas en Chile. Las que se han creado en el extranjero quedan a salvo de miradas inquisidoras. Más aún las fundadas en paraísos fiscales, jurisdicciones que ofrecen baja tributación y un espeso manto de reserva para, precisamente, quedar a resguardo de eventuales inquisidores.

CIPER rastreó sociedades creadas en paraísos fiscales y detectó al menos cinco que aparecen relacionadas con personas que tienen o han tenido altos cargos en diversas AFP en los últimos años. Dos de ellos son directores de AFP en ejercicio. Otro fue presidente de una AFP hasta el año pasado. El cuarto es gerente de negocios internacionales de una de estas administradoras y el quinto fue gerente general (y antes director) hasta 2018. Las cuatro AFP en las que se desempeñan -o desempeñaban- son HabitatCuprumCapital y Modelo.

Aunque el grupo es pequeño en relación al universo de directores y altos gerentes de AFP, su existencia revela un vacío legal importante: nadie revisa a qué se dedican estas sociedades y si se relacionan con inversiones de las AFP.

La norma que obliga a los directores y principales gerentes de las AFP a declarar sus sociedades en Chile y las de sus cónyuges es bastante laxa en comparación con otras regulaciones que fiscalizan conflictos de interés. La ley que regula las compras públicas, por ejemplo, considera las sociedades de los hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos, yernos, nueras y suegros de los jefes de entidades públicas que adquieren bienes y servicios.

Esta investigación de CIPER incluyó a aquellos directores o gerentes de AFP que figuran personalmente en sociedades inscritas en paraísos fiscales y también aquellos en que sus hijos o padres integran ese tipo de sociedades.

Un primer caso es el del presidente de AFP Habitat entre 2014 y 2019, Juan Benavides Feliú, quien aparece en la Fundación Altinum, entidad que operó en Panamá al menos entre 2010 y 2015, cuando él ya ejercía el mando de la AFP. La entidad era integrada por su esposa, María Jaramillo Jiménez, y sus hijos (ver documentos).

Juan Benavides ha sido gerente general corporativo de Falabella y hoy es presidente del directorio de Codelco, nombrado por el Presidente Sebastián Piñera. Consultado por Ciper a través de los encargados de comunicaciones de Codelco, Juan Benavides declinó referirse a este tema.

En segundo lugar aparace Patrick Muzard Le Minihy de la Villeherve, quien se desempeña como gerente de Negocios Internacionales, de acuerdo con los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), de la AFP Habitat. Su nombre, aunque con participación minoritaria, aparece desde 2011 en Darmatal, una sociedad constituida en 2009 en Uruguay y que operó en las Islas Vírgenes Británicas y Paraguay, utilizando como intermediario a Atlantic Tower, según reveló la investigación periodística internacional Panama Papers, en la que también participó CIPER (vea el especial de CIPER sobre los Panama Papers).

Junto a Muzard, en esta sociedad de exploración minera aparecen varias decenas de personas naturales y jurídicas. Entre ellas figuran el abogado minero Sergio Andrés Romero Guzmán y María Francisca Dussaillant Lehmann, quien fue coordinadora de Política Social del Ministerio de Hacienda hasta septiembre de 2019.

CIPER pidió a AFP Habitat una declaración o facilitar el contacto con Muzard, pero en la AFP señalaron que no se referirían al tema.

En AFP Cuprum, en tanto, el actual director Isidoro Palma Penco aparece en Praco Didacol, una sociedad automotora colombiana registrada en Panamá en 2013 y cerrada en 2018. Palma ejerce como director de Cuprum desde 2015, por lo que estuvo en la sociedad en paralelo a su función en la AFP (ver documentos).

Isidoro Palma Penco es hoy también miembro del directorio de Codelco, nombrado durante el mandato del Presidente Piñera. Tampoco hubo versión pública de Palma.

El cuarto caso es el de Eduardo Vildósola Cincinnati, quien fue director (2011-2012) y gerente general (2012-2018) de AFP Capital. En todo ese período también estuvo registrado en la vicepresidencia de Cepa Enterprises, firma constituida en Panamá en agosto de 1984, junto a sus padres y hermanos (ver documento). AFP Capital declinó referirse al tema.

Finalmente, Juan Pablo Coeymans Moreno, miembro del directorio de AFP Modelo desde 2017, mantiene estrechos lazos de parentesco con los socios de Klein and Cliton Investment, que opera bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes Británicas. En esa sociedad aparecen su padre Luis Alberto Coeymans Avaría (como presidente de la firma), su hermano Luis Felipe Coeymans Moreno (como secretario) y su madre María Teresa Moreno Valenzuela (tesorera). (ver documento).

Klein and Cliton Investment, según los registros revisados por Ciper, opera desde 2016 en Islas Vírgenes Británicas tras fusionarse con Dartnell and Partners Inc. (ver documentos).

A través de los encargados de comunicaciones de AFP Modelo, CIPER pidió una declaración de la AFP o el contacto con Juan Pablo Coeymans, pero la respuesta fue negativa.

CIPER detectó otros dos casos de directores de AFP cuyos familiares directos aparecen en sociedades creadas en paraísos fiscales. En estos casos se pudo acreditar que esas firmas fueron cerradas antes de que estas personas ejercieran sus cargos en las AFP o que sus familiares actuaron como representantes sin tener control sobre el capital de la sociedad ni recibir utilidades.

UN PROBLEMA DE FORMATOS

Todas estas sociedades revisadas por CIPER, cuya existencia es absolutamente legal, tienen como objetivo realizar diferentes tipos de operaciones financieras, tributarias o de compra de bienes muebles e inmuebles, según establecen sus actas de constitución, poderes y demás documentos analizados para este reportaje.

La más antigua de ellas fue constituida en 1984, aunque la mayoría fue inscrita a partir de este siglo en los registros de comercio de Panamá, un país que en los últimos años estuvo, salió y regresó a la polémica lista de territorios considerados como paraísos fiscales.

Las preguntas que surgen de estos datos son varias. Por ejemplo, ¿pueden administrar fondos de pensiones quienes utilizan paraísos fiscales para mantener bajo reserva su patrimonio o planificar una baja tributación? ¿Se deben incorporar en la revisión que hacen las autoridades las sociedades creadas en paraísos fiscales por familiares directos, más allá del cónyuge, de los altos ejecutivos de AFP?

Las sociedades en paraísos fiscales jamás han sido fiscalizadas por la Superintendencia de Pensiones, como lo admitió el propio organismo en sendos informes emitidos a través de la Ley de Transparencia en 2017 y 2018.

En 2017, ante un primer requerimiento, la entidad sostuvo que no disponía de ningún antecedente sobre la constitución de empresas en el extranjero de parte de directores y gerentes de las administradoras de fondos de pensiones, alegando la existencia de una suerte de problema de diseño en los datos que se piden a los altos cargos de las AFP:

En los formatos puestos a disposición por este servicio sólo es posible que se incluya la información de personas naturales chilenas o extranjeras y personas jurídicas chilenas, pero no personas jurídicas extranjeras”, afirma el documento que lleva la firma del superintendente subrogante Andrés Culagovski (ver documento).

A fines de 2018, la superintendencia reconoció que en realidad jamás había realizado gestiones para fiscalizar este aspecto, en un documento que fue suscrito por el superintendente Osvaldo Macías, aún en el cargo (ver documento).

El Decreto Ley 3.500, que regula a las AFP, sólo establece que deben registrarse las operaciones que realizan las personas, y sus cónyuges, que por su cargo o posición accionaria acceden a información privilegiada, excluyendo a otros familiares directos como padres o hijos (vea las normas de regulación de intereses y las disposiciones sobre personas relacionadas).

UNA MIRADA GLOBAL

“No es ilegal tener una empresa en un paraíso fiscal ni transferir dinero al exterior”, planteó a CIPER el superintendente de Pensiones que ejerció en 2014, Álvaro Gallegos. En la práctica, dijo, sólo se fiscalizan las inversiones que los directores de AFP efectúan en Chile, donde tienen prohibido capitalizar en los mismos instrumentos en que invierten las administradoras de fondos de pensiones.

“No obstante, tener empresas en paraísos fiscales puede ser, en algunos casos particulares, una manera de eludir la fiscalización, algo que no sólo es válido para los directores de AFP, sino para todos los ejecutivos que puedan tener restricciones, en cualquier mercado”, agregó Gallegos, abriendo la puerta al debate para ampliar las facultades que en esta materia tiene la Superintendencia.

La directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, apuntó a la necesidad de otorgar una mirada global al tema, más allá del mercado de las administradoras de fondos de pensiones. A su juicio, en el actual escenario mundial hay que discutir, por ejemplo, si las empresas con inversiones o con accionistas en paraísos fiscales pueden recibir ayuda del Estado o participar de licitaciones públicas.

“Por cierto, no todo es blanco o negro y hay que debatirlo”, matizó.

UNA OPERACIÓN SENCILLA QUE GENERA FLUJOS MILLONARIOS

La última cifra disponible, de fines de 2018, indica que el stock de inversión activa en paraísos fiscales sumó US$39.479 millones, según el Banco Central. De ese monto, US$15.116 millones estaban en Panamá, US$9.620 millones en Islas Vírgenes Británicas y US$4.120 millones en Islas Caimán, los destinos favoritos de empresas y particulares chilenos.

Las cifras de 2019, que incluyen el efecto del estallido social de octubre, probablemente serán mayores, pero no están sistematizadas aún por el instituto emisor.

Operativamente, fundar una sociedad en un paraíso fiscal, y especialmente en Panamá, es relativamente simple. Por ello, algunas firmas chilenas de abogados han creado servicios especiales en esta materia, en especial bajo el actual contexto social, económico y sanitario, que provoca incertidumbre entre los inversionistas.

Un abogado que ha participado en operaciones para crear sociedades en paraísos fiscales explicó a CIPER que en Panamá hay ciertos tipos de personalidades jurídicas que sirven —en el fondo— para planificar patrimonios. Entre ellas, están las llamadas fundaciones de interés privado, las que son una mezcla entre un fideicomiso y una sociedad, pero que permiten planificar las herencias sin pagar impuestos sobre ellas.

No hay que tener domicilio en Panamá para crear la sociedad o fundación, pues el sistema permite brindar el servicio por mandatos. Es decir, hay bufetes que se dedican representar a terceros como sus agentes residentes. Esto opera tanto en las sociedades como en las fundaciones de interés privado. En estas firmas, finalmente, no existen balances auditados ni inspectores de cuenta. Además, las operaciones de las filiales de estas sociedades en el mundo no necesitan acreditarse en Panamá.

(Tomado de CIPER)

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