por Gustavo Burgos
Lo ocurrido con el Fondo E de las AFP constituye mucho más que una mala decisión de inversión, un error de cálculo financiero o una falla que pueda corregirse mediante nuevas regulaciones. Estamos ante una manifestación particularmente brutal de la lógica que organiza el sistema previsional chileno: millones de trabajadores son obligados a entregar mensualmente una fracción de su salario para que sociedades privadas la transformen en capital financiero y la hagan circular por los mercados mundiales. Durante 2026, precisamente el fondo presentado durante años como el refugio más conservador del sistema sufrió una caída real superior al 10%. Una parte decisiva del desastre provino de operaciones con swaps y otros derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses: las siete AFP apostaron a una caída de esas tasas y ocurrió precisamente lo contrario. La estrategia no fue episódica. Según los antecedentes recopilados por The Clinic, comenzó a tomar forma tras los retiros previsionales de 2020 y se intensificó durante 2024 y 2025. Dependiendo de la metodología utilizada, las pérdidas de valoración de los derivados han sido calculadas en unos US$7.700 millones, mientras estimaciones del impacto acumulado de estas operaciones superan los US$11.000 millones. El saqueo equivale a casi dos años de toda la inversión habitacional de Chile, cerca de seis presupuestos anuales del Fondo Solidario de Vivienda o más de ocho meses de todo el gasto nacional en educación. Esa es la verdadera escala social del desastre del Fondo E. El dato fundamental permanece inalterado: una porción gigantesca del ahorro generado por décadas de trabajo quedó expuesta a una apuesta financiera cuyos riesgos habían sido advertidos previamente por organismos públicos.