¿Quién paga la crisis? El saqueo del Fondo E como expresión del brutal ataque en contra de los trabajadores

por Gustavo Burgos

Lo ocurrido con el Fondo E de las AFP constituye mucho más que una mala decisión de inversión, un error de cálculo financiero o una falla que pueda corregirse mediante nuevas regulaciones. Estamos ante una manifestación particularmente brutal de la lógica que organiza el sistema previsional chileno: millones de trabajadores son obligados a entregar mensualmente una fracción de su salario para que sociedades privadas la transformen en capital financiero y la hagan circular por los mercados mundiales. Durante 2026, precisamente el fondo presentado durante años como el refugio más conservador del sistema sufrió una caída real superior al 10%. Una parte decisiva del desastre provino de operaciones con swaps y otros derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses: las siete AFP apostaron a una caída de esas tasas y ocurrió precisamente lo contrario. La estrategia no fue episódica. Según los antecedentes recopilados por The Clinic, comenzó a tomar forma tras los retiros previsionales de 2020 y se intensificó durante 2024 y 2025. Dependiendo de la metodología utilizada, las pérdidas de valoración de los derivados han sido calculadas en unos US$7.700 millones, mientras estimaciones del impacto acumulado de estas operaciones superan los US$11.000 millones. El saqueo equivale a casi dos años de toda la inversión habitacional de Chile, cerca de seis presupuestos anuales del Fondo Solidario de Vivienda o más de ocho meses de todo el gasto nacional en educación. Esa es la verdadera escala social del desastre del Fondo E. El dato fundamental permanece inalterado: una porción gigantesca del ahorro generado por décadas de trabajo quedó expuesta a una apuesta financiera cuyos riesgos habían sido advertidos previamente por organismos públicos.

Leer más

Corrupción de directores y gerentes de AFP relacionados con sociedades en paraísos fiscales que nadie fiscaliza

por Mauricio Weibel

Los altos cargos de las AFP deben declarar sus sociedades –y las de sus cónyuges– para evitar que sus negocios se beneficien con las inversiones de los fondos previsionales. Pero la norma no incluye sociedades creadas en el extranjero. CIPER detectó al menos tres directores y dos gerentes relacionados con sociedades en paraísos fiscales. Cuatro de ellos figuran directamente en esas firmas. En el quinto caso, la sociedad fue creada por sus padres y su hermano. Aunque es un grupo pequeño respecto del universo de directores y gerentes, revela un vacío legal: nadie revisa a qué se dedican estas compañías y si se relacionan con inversiones de las AFP.

Leer más