por El Porteño
El programa del gobierno de José Antonio Kast se presenta como una restauración del orden en medio de la crisis, pero su contenido real expresa una operación clásica: descargar el peso de la crisis capitalista sobre la clase trabajadora, reorganizando el Estado en función directa de las necesidades del gran capital. Bajo el lenguaje de “emergencia”, “austeridad” y “seguridad”, lo que se despliega es una política de transferencia de renta, disciplinamiento social y desarticulación de las organizaciones obreras. Desde la perspectiva de los trabajadores, desmontar este discurso exige no solo denunciarlo, sino oponerle un programa de clase. Estas son diez respuestas posibles a las mentiras que diariamente repiten desde La Moneda y los medios de comunicación del régimen:
1.- “Hay que salvar la economía”
No existe una “economía” neutral: lo que hay son relaciones sociales entre clases. Bajo el capitalismo, la producción y la distribución están organizadas en función de la valorización del capital. Por eso, cuando el gobierno de José Antonio Kasthabla de “salvar la economía”, en realidad está planteando la necesidad de sostener la tasa de ganancia. Esa prioridad ordena toda la política económica: el empleo, los salarios y el gasto social quedan subordinados a garantizar la rentabilidad de las grandes empresas.
En ese marco, la inflación no es un fenómeno meramente técnico, sino una forma de disputa por el ingreso. Cuando los precios suben más rápido que los salarios, lo que ocurre es una reducción del salario real y, por tanto, una transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia el capital. El alza de los combustibles intensifica este proceso: encarece toda la estructura productiva y se traslada a los precios finales, mientras los sectores concentrados de la energía, el transporte y la gran distribución preservan o amplían sus márgenes.
La política fiscal refuerza este desplazamiento. Bajo el discurso de la austeridad, se recortan o limitan derechos sociales mientras se mantienen exenciones, subsidios y beneficios para el gran capital. El Estado, lejos de ser un árbitro neutral, actúa como garante de esta redistribución regresiva: socializa los costos de la crisis y protege las ganancias privadas. El resultado es un deterioro sistemático de las condiciones de vida de la mayoría en beneficio de una minoría.
Frente a esto, la respuesta desde el punto de vista de los trabajadores pasa por intervenir directamente en esos mecanismos. La indexación automática de los salarios al costo de la vida busca impedir que la inflación opere como herramienta de expropiación indirecta. Y la apertura de los libros contables de las grandes empresas apunta a desnudar la estructura real de ganancias y costos, cuestionando el secreto empresarial. Ambas medidas colocan en el centro no la “salud” de la economía en abstracto, sino la distribución concreta de la riqueza social.
2. “El Estado está quebrado”
La idea de que “el Estado está quebrado” no describe una realidad objetiva, sino una construcción política. La quiebra es selectiva: se invoca cuando se trata de financiar salud, educación o vivienda, pero desaparece cuando el Estado debe sostener al gran capital mediante subsidios, exenciones tributarias o rescates encubiertos. Bajo el gobierno de José Antonio Kast, esta lógica se vuelve explícita: el ajuste no es general, sino dirigido. Se recortan derechos sociales mientras se preservan —e incluso se amplían— los mecanismos de transferencia hacia los sectores empresariales.
En este contexto, el déficit fiscal opera como una coartada ideológica. Se presenta como una restricción técnica ineludible, cuando en realidad es el resultado de decisiones políticas concretas sobre quién paga y quién se beneficia. La renuncia a gravar de manera efectiva las grandes fortunas, la mantención de privilegios tributarios y la priorización del pago de compromisos con el capital configuran un escenario donde el “orden de las cuentas” se construye a costa de las mayorías. Así, la austeridad no es una necesidad económica, sino una estrategia de reestructuración regresiva del gasto y de la carga fiscal.
Frente a esto, la respuesta desde una perspectiva de clase implica alterar esa arquitectura. La nacionalización de sectores estratégicos —como la energía, la minería o el sistema financiero— bajo control obrero permitiría orientar los recursos hacia necesidades sociales y no hacia la rentabilidad privada. Al mismo tiempo, una reforma tributaria progresiva real, que grave efectivamente al gran capital y elimine exenciones, es condición para revertir la actual redistribución regresiva. No se trata de “equilibrar” el sistema, sino de transformar quién decide sobre la riqueza social y con qué fines.
3. “Hay que ordenar el gasto público”
Cuando se habla de “ordenar el gasto”, en realidad se está nombrando una operación política precisa: recortar derechos sociales para recomponer las condiciones de acumulación del capital. Bajo el discurso técnico de la eficiencia y la responsabilidad fiscal, lo que se ejecuta es una reducción del alcance del Estado en áreas clave como salud, educación, vivienda o previsión. En el marco del programa impulsado por José Antonio Kast, este “orden” no apunta a eliminar privilegios estructurales, sino a restringir el acceso de las mayorías a bienes básicos, trasladando esos costos nuevamente a los hogares trabajadores.
Esta política de austeridad tiene una lógica clara: socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Cuando la economía entra en tensión, el ajuste recae sobre el gasto social, los salarios y las condiciones de vida, mientras se resguardan los márgenes empresariales mediante subsidios, beneficios tributarios o desregulación. El Estado actúa como amortiguador de la crisis para el capital, pero como transmisor de esa crisis hacia la población. El resultado es una doble presión: por un lado, menores servicios públicos; por otro, mayor carga sobre ingresos ya deteriorados.
Frente a esto, una respuesta desde el punto de vista de los trabajadores implica invertir el criterio que organiza el gasto. No se trata de “ajustar” mejor, sino de redefinir para qué y para quién se invierte. La inversión pública debe orientarse por necesidades sociales concretas —infraestructura sanitaria, transporte, educación, vivienda— y no por la rentabilidad privada o la lógica de asociación público-privada que garantiza utilidades al capital. Esto supone no solo aumentar el gasto en términos cuantitativos, sino someter su dirección a control social, de modo que la planificación económica responda a la reproducción de la vida y no a la valorización del capital.
4. “La seguridad es prioridad”
La “seguridad” que se instala como prioridad no es una noción universal, sino una definición de clase: proteger la propiedad privada y la continuidad de los negocios. Bajo el discurso de orden público del gobierno de José Antonio Kast, la preocupación central no es la precariedad cotidiana de los trabajadores —salarios insuficientes, endeudamiento, acceso desigual a servicios básicos—, sino la preservación de las condiciones para la acumulación. Así, la inseguridad material que atraviesa la vida de la mayoría queda invisibilizada, mientras se sobredimensiona aquella que amenaza directamente los intereses del capital.
El endurecimiento represivo se inscribe en ese mismo marco. A medida que el deterioro de las condiciones de vida genera conflicto social, la respuesta no es atender sus causas, sino contener sus efectos mediante mayor control policial, criminalización de la protesta y restricciones a las libertades colectivas. La protesta aparece entonces como un problema de orden y no como expresión legítima de una contradicción social. De este modo, el aparato represivo del Estado funciona como garante de una estabilidad que descansa en el disciplinamiento de quienes soportan el peso de la crisis.
Frente a ello, la defensa irrestricta del derecho a huelga, organización y movilización se vuelve central. No como consignas abstractas, sino como condiciones materiales para que la clase trabajadora pueda intervenir en la disputa por la distribución de la riqueza y el poder. Asegurar estos derechos implica oponerse a su limitación legal y práctica, pero también promover su ejercicio efectivo, ampliando la capacidad de acción colectiva. Es en ese terreno donde la “seguridad” deja de ser la protección de la propiedad y comienza a ser la defensa de la vida social de quienes producen la riqueza.
5. “Flexibilizar el trabajo para crecer”
La llamada “flexibilidad laboral” no es una adaptación neutra del trabajo a nuevas condiciones productivas, sino una forma concreta de precarización. Bajo el lenguaje de la modernización, se habilitan jornadas más extensas o irregulares, contratos más inestables y una fragmentación creciente de la fuerza de trabajo. En el programa impulsado por José Antonio Kast, esta flexibilidad aparece como condición para el crecimiento, cuando en realidad implica trasladar los riesgos de la actividad económica desde las empresas hacia los trabajadores, debilitando su capacidad de sostener condiciones de vida estables.
Esta ofensiva tiene además un objetivo estratégico: erosionar el trabajo organizado. La dispersión contractual, la subcontratación y la individualización de las relaciones laborales dificultan la acción colectiva y reducen el poder de negociación de los sindicatos. En ese contexto, la “libertad” de pactar condiciones laborales encubre una asimetría estructural entre capital y trabajo, donde la supuesta autonomía del trabajador es, en los hechos, la imposición de condiciones desde una posición de fuerza empresarial.
Frente a esto, una respuesta desde el punto de vista de los trabajadores pasa por invertir la lógica dominante. La reducción de la jornada sin reducción salarial no solo mejora las condiciones de vida, sino que distribuye el trabajo disponible y limita la intensificación de la explotación. A su vez, el fortalecimiento de la negociación colectiva por rama permite superar la fragmentación impuesta por el capital, estableciendo estándares comunes y elevando el piso de derechos para el conjunto de la clase trabajadora. Ambas medidas apuntan a recomponer la fuerza social del trabajo frente a una ofensiva que busca, precisamente, desarticularla.
6. “Atraer inversión extranjera”
La política de “atracción de inversiones” se traduce, en los hechos, en profundizar la dependencia: apertura irrestricta de sectores estratégicos, concesiones favorables y una oferta permanente de recursos naturales y fuerza de trabajo a bajo costo. Bajo el gobierno de José Antonio Kast, esta orientación aparece como sinónimo de desarrollo, cuando en realidad reproduce un patrón histórico: economías subordinadas que exportan materias primas y capturan solo una fracción menor del valor generado. El resultado es una inserción internacional que consolida la desigualdad y limita cualquier autonomía real.
Este esquema es la continuidad del modelo extractivista. La explotación intensiva de minerales, energía y recursos naturales no está organizada en función de necesidades sociales internas, sino de la demanda externa y de la rentabilidad de grandes conglomerados. A ello se suma una estructura laboral precarizada que abarata costos y maximiza utilidades. Lejos de diversificar la economía, este modelo la estrecha, haciéndola más vulnerable a ciclos de precios internacionales y reforzando la transferencia de riqueza hacia el exterior.
Frente a esto, la respuesta desde una perspectiva de clase pasa por disputar el control de esos sectores. El control nacional de los recursos estratégicos implica no solo propiedad estatal, sino gestión bajo criterios sociales y participación efectiva de los trabajadores. A su vez, la planificación económica democrática permite orientar la producción hacia objetivos definidos colectivamente —industrialización, empleo, bienestar— y no por la lógica de la ganancia inmediata. Se trata, en definitiva, de romper con la dependencia estructural y reorganizar la economía sobre nuevas bases.
Se trata de profundizar la dependencia, entregando recursos naturales y mano de obra barata. Es la continuidad del modelo extractivista. La respuesta: control nacional de los recursos estratégicos y planificación económica democrática.
7. “Combatir la corrupción y la burocracia”
La crítica a la “burocracia” se presenta como una cruzada contra la ineficiencia, pero en el programa del gobierno de José Antonio Kast cumple otra función: legitimar el desmantelamiento de regulaciones que limitan la acción del capital. Bajo ese discurso, se reducen controles ambientales, laborales y financieros, y se debilitan organismos públicos que fiscalizan. Lo que se combate no es el carácter opaco o jerárquico del aparato estatal, sino su capacidad de intervenir sobre los intereses privados, abriendo así nuevos nichos de negocio.
De este modo, la “desburocratización” se convierte en una vía para expandir la privatización. Servicios antes regulados o gestionados por el Estado pasan a manos privadas o se reorganizan bajo lógicas de mercado, con la promesa de mayor eficiencia. Sin embargo, esa eficiencia se mide en rentabilidad, no en cobertura ni calidad. El resultado es un doble efecto: por un lado, se debilita la protección de derechos; por otro, se generan nuevas oportunidades de acumulación para el capital, profundizando la mercantilización de ámbitos esenciales de la vida social.
Frente a esto, la respuesta no es defender la burocracia existente, sino transformarla radicalmente. El control social efectivo sobre el aparato estatal implica mecanismos de supervisión directa por parte de la ciudadanía organizada, especialmente de los trabajadores, sobre decisiones, presupuestos y gestión. A ello se suma la elección de autoridades con posibilidad de revocatoria, como forma de romper con la autonomía de las élites administrativas y políticas. Se trata de sustituir un Estado capturado por intereses privados por uno sometido a control democrático real, orientado a garantizar derechos y no ganancias.
8. “La libertad individual como eje”
La invocación de la “libertad” —de la misma como lo hacen Trump, Bukele o Milei— en el programa del gobierno de José Antonio Kast no es neutral: nombra, en lo esencial, la libertad del capital para organizar la producción y apropiarse del excedente sin trabas. Bajo esa consigna se promueve la desregulación, la individualización de las relaciones laborales y la reducción de garantías colectivas, presentando como ampliación de derechos lo que en realidad es una ampliación del poder empresarial. La libertad aparece así desligada de las condiciones materiales que la hacen posible.
En ese marco, los derechos colectivos —negociación por rama, estabilidad laboral, seguridad social— son caracterizados como obstáculos. Se los deslegitima como privilegios o rigideces que impedirían el crecimiento, cuando en realidad son conquistas históricas que equilibran, al menos parcialmente, la relación entre capital y trabajo. La apelación a la libertad individual encubre esa asimetría: formalmente todos son libres, pero en condiciones materiales profundamente desiguales, lo que convierte esa libertad en una ficción para la mayoría.
La respuesta pasa por reponer el vínculo entre libertad e igualdad material. No puede haber libertad real allí donde la subsistencia depende de aceptar condiciones impuestas por necesidad. Afirmar la libertad desde el punto de vista de los trabajadores implica garantizar derechos efectivos —ingreso digno, acceso a servicios básicos, capacidad de organización— que permitan decidir sobre la propia vida sin coerción económica. En ese sentido, la defensa de los derechos colectivos no limita la libertad: la hace posible.
9. “La oposición es irresponsable”
El oficialismo de José Antonio Kast no se sostiene solo por su propia fuerza, sino por la colaboración activa o pasiva de una oposición institucional que acepta los marcos del ajuste. Los llamados sectores progresistas en el Congreso operan dentro de los límites del mismo programa: discuten ritmos, matices o instrumentos, pero no cuestionan la orientación de fondo que descarga la crisis sobre los trabajadores. En ese sentido, no constituyen una oposición real, sino una pieza del mismo régimen político que administra el orden existente.
Por eso, el problema no se reduce a Kast como figura individual, sino al régimen en su conjunto, que integra tanto al oficialismo como a una oposición que legitima sus fundamentos. La verdadera oposición no se expresa en los acuerdos parlamentarios ni en las declaraciones de buena intención, sino en las calles, donde ya comienzan a emerger protestas, cacerolas y distintas formas de resistencia frente al deterioro de las condiciones de vida. Es allí donde se manifiesta una ruptura concreta con los límites que el sistema político intenta imponer.
La respuesta, entonces, pasa por afirmar la independencia política de la clase trabajadora. Esto implica no subordinarse a las variantes del mismo régimen, sino construir una alternativa propia basada en la organización, la movilización y un programa que enfrente directamente la transferencia de riqueza hacia el capital. La oposición efectiva a Kast no vendrá de quienes administran el mismo marco desde el Congreso, sino de quienes lo cuestionan en la práctica, abriendo la posibilidad de una intervención autónoma de los trabajadores en la vida política.
10. “No hay alternativa”
El núcleo ideológico del programa de José Antonio Kast consiste en presentar la crisis como un fenómeno pasajero dentro de un sistema que, en lo esencial, sería incuestionable. Se naturaliza el capitalismo incluso en su fase de descomposición, como si no existiera alternativa posible. Sin embargo, la persistencia de crisis recurrentes, la creciente desigualdad y la incapacidad para garantizar condiciones mínimas de vida para amplias mayorías no son anomalías, sino expresiones de un límite estructural. El sistema no falla ocasionalmente: funciona de ese modo.
A escala global, este fracaso se vuelve cada vez más evidente. Guerras, colapsos financieros, precarización masiva y crisis ambientales no son fenómenos aislados, sino manifestaciones de una misma lógica: la subordinación de toda la vida social a la rentabilidad. En ese contexto, las respuestas de los distintos gobiernos —más austeridad, más endeudamiento, más represión— no resuelven las contradicciones, sino que las profundizan. La universalidad de la crisis capitalista pone en cuestión la idea misma de su viabilidad histórica.
Frente a ello, la perspectiva socialista no aparece como una utopía abstracta, sino como una necesidad concreta. Un gobierno de trabajadores implica reorganizar la producción en función de las necesidades sociales, planificando democráticamente el uso de los recursos y desplazando el lucro como principio ordenador. No se trata solo de una alternativa política, sino de una salida histórica a una forma de organización social que ha demostrado sus límites. La vigencia de esa alternativa se mide, precisamente, en la incapacidad del capitalismo para ofrecer una salida a sus propias crisis.