Argentina: «Ley de Bases», una contrarreforma laboral con complicidad de la CGT

por Cata Flexer y Maxi Laplagne

Luego de seis meses de gobierno, Milei ha logrado aprobar en el senado un amplio paquete de reformas. Todo parece indicar que los diputados acompañarán las nuevas modificaciones. El gobierno psiquiátrico consiguió el apoyo de diputados y senadores de todos los bloques, incluído el peronismo. Aunque se encuentra en minoría en ambas cámaras del Congreso.

El gobierno había fracasado en su anterior intento de aprobar el paquete en las sesiones especiales convocadas a tal fin en enero. En el camino la ley perdió más de la mitad del articulado, pero quedó lo esencial: la reforma laboral, la apertura del mercado de hidrocarburos y la delegación de poderes que permita al presidente despedir empleados estatales, cerrar dependencias públicas y privatizar empresas del Estado. La delegación convierte al Senado en una institución golpista: nadie los votó para entregar su poder. Por separado, también se votó un paquete fiscal, que incluye el blanqueo de capitales y un régimen de grandes inversiones que garantiza importantes reducciones impositivas al capital extranjero, mientras que cerca de un millón de trabajadores volverá a pagar el impuesto a las ganancias (aunque rechazado en el Senado, esto será mantenido por los Diputados cuando revisen las modificaciones hechas por la cámara alta).

El gobierno busca aire con la ley luego de meses de parálisis y una crisis de gabinete que terminó con la salida de Posse (hasta hace semanas un “incondicional”) como jefe del mismo, el cuestionamiento de Mondino (Canciller) y Pettovello (Capital Humano); esta última sostenida por el presidente luego del escándalo por retener alimentos ya comprados para los comedores populares. Los seis meses que llevó a LLA a tener su primera ley habían llevado a una fuerte suba del dólar libre (financieros y paralelo) del orden del 20%. Por su parte, los productores rurales retienen la cosecha hace meses (liquidaron menos que durante la sequía de 2023) a la espera de una devaluación de la divisa o el derecho a liquidar parcialmente los dólares de la cosecha en el mercado financiero. El riesgo país, ante el temor de los mercados de que Milei no pueda seguir con su “plan motosierra” y pagar la deuda, había subido varios puntos. Nada de esto se revirtió con la suba de bonos y acciones (y leve caída del mentado riesgo país) que produjo la aprobación de la Ley Bases. Por ahora la ley es una mera declaración política. Los “grandes inversores” a los que se invoca conocen al dedillo la inviabilidad financiera del país como consecuencia de su deuda. 

A los votos de la totalidad del PRO, buena parte de la UCR y una porción de legisladores peronistas, el gobierno sumó el apoyo de la CGT, que canjeó los derechos laborales por el mantenimiento de la cuota sindical compulsiva. Así fue que no sólo no llamó a parar (sólo fue masivo el paro de 48 horas en las universidades) sino que tampoco se movilizó, con la excepción de algunos sindicatos liderados por bancarios, camioneros, metalúrgicos y metalmecánicos. Las columnas de la burocracia se retiraron de la plaza del Congreso luego de un acto de rigor, con abundante música a todo volumen para tapar los reclamos de paro coreados por muchos trabajadores presentes, justo antes de que comenzara el operativo represivo. Cualquiera que vivió la escena hace factible la hipótesis de que la burocracia fue parte activa y organizativa de la represión policial. 

La reforma laboral es un espaldarazo al trabajo no registrado y sin derechos. Anula las sanciones por tener trabajadores en negro (avalando en los hechos la práctica heredada de veinte años de macrismo y kirchnerismo – la mitad del país ya trabaja en la informalidad) y abre la posibilidad (a negociar gremio por gremio) de que se reemplacen las indemnizaciones por un fondo de cese que elimine el costo del despido para las patronales. Se duplica el período de prueba de tres a seis meses y, en algunos ramos, llega hasta a un año lo cual transforma al trabajo en una puerta corrediza permanente. Se eliminan sanciones por despidos discriminatorios y antisindicales. Se legaliza la contratación de trabajadores como monotributistas que facturen, que pagan sus propios aportes y no tienen ningún derecho (licencias, obra social, protección contra el despido arbitrario). Se limita el derecho a huelga, incluyendo los piquetes y bloqueos como causal de despido y declarando la educación servicio esencial para prohibir las huelgas educativas.

También se anuló el llamado “monotributo social” por el cual los trabajadores informales podían hacer aportes a la seguridad social (jubilación y obra social) subsidiados, sin perder asignaciones como la AUH o los planes sociales, que incluye a más de medio millón de personas. Queda por verse si el gobierno logrará mantener en diputados (la ley debe volver a esta cámara porque sufrió modificaciones en el Senado) la anulación de las moratorias jubilatorias, sin las cuales el 90% de las mujeres y el 70% de los hombres no podrá acceder siquiera al haber mínimo, por los altos niveles de informalidad laboral. Milei ya anunció que intentará vetar el magro aumento (8% acumulativo) que los diputados votaron a los jubilados, cuyos haberes en los últimos cinco años perdieron más de la mitad de poder adquisitivo.

Finalmente el apartado dedicado a la minería y los hidrocarburos transforma a la Argentina en un experimento colonial pues declara su suelo área de investigación y explotación abierta para las multinacionales “con capacidades tecnológicas para la extracción” (dixit.). La ley reconoce de esta forma que Argentina, uno de los principales tenedores de litio del mundo y de petróleo del continente, ha abandonado el desarrollo tecnológico nacional, ya sea estatal o privado, lo cual transforma al país en una nueva plataforma “geopolítica” en disputa, en el marco del desarrollo de una guerra internacional por el mercado petrolero. El acompañamiento del radicalismo y el peronismo a la ley borra de un plumazo la historia neutral frente a los combates bélicos, las “terceras posiciones” han quedado en el olvido. Wall Street leyó este apartado como un apoyo directo a la política del imperialismo y lo celebró, al otro día, con una propina mínima de 800 millones de dólares por parte del FMI al gobierno que se acumulan a una deuda externa e interna impagable. China, por su parte, hizo lo mismo. Xi Xiping decidió tenderle una mano a Milei condonando el pago del SWAP y salvándole la gobernabilidad, que es también la de los peronistas Scioli y Francos, otrora proclives al “comunismo” asiático. Todo esto demuestra un tándem de potencias internacionales negociando contra la Argentina con apoyo total de la burguesía nativa. Sin embargo, cuando pase el furor político, solo quedará el aumento de los intereses y un nuevo camino al default en el marco del ingreso a la pobreza de millones de trabajadores.

Insistimos por la urgencia de la situación. La frutilla del postre libertario fue la represión desatada en las afueras del congreso. A poco de retirarse las columnas de la burocracia sindical, tras un claro altercado protagonizado por los servicios de inteligencia se inició un operativo que luego de desalojar la plaza con gases, balas de goma e hidrantes, desató una cacería humana que concluyó con la detención de una treintena de manifestantes. Dos días después los compañeros siguen detenidos, están siendo imputados por alzarse contra el orden constitucional e impedir el ejercicio de derechos constitucionales, delitos graves, y el fiscal de la causa pidió la prisión preventiva. El gobierno pretende preparar el campo para un régimen golpista que anule las libertades democráticas del pueblo argentino. Moyano, Daer y compañía observaron todo el proceso por televisión y sus afiliados no pudieron marchar contra la reforma que les revienta los convenios laborales debido a que se les vetó la posibilidad de parar. Nuestro principal enemigo se llama Javier Milei pero su principal aliado se llama CGT.

(Fuente: 1917)

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