Alza en cuentas de luz: gobierno contrató a dos asesores que trabajan para empresas eléctricas para establecer la fórmula de cobro

por Daniel Meza

En octubre del año pasado el gobierno se reunió reservadamente con algunos senadores para destrabar la tramitación de la ley que permitiría actualizar las tarifas eléctricas, después de que fueron congeladas durante el estallido social de 2019. En esas citas acordaron encomendar a dos miembros de una consultora que trabaja para empresas eléctricas, que definieran la fórmula de cobro que ahora disparó las cuentas de la luz. De esas reuniones no hay registros, por lo que no se sabe que se discutió en ellas. Pero, nadie vio un conflicto de interés en que personas que prestan servicios a empresas del rubro, intervengan en la definición de las tarifas. El gobierno les pagó un total de $26 millones por sus servicios. El senador Rafael Prohens (RN), que participó en los acuerdos, indicó que uno de estos consultores ha sido su asesor en temas de electricidad: “No me cobra ni un peso”.

El 4 de septiembre del año pasado, el ministro de Energía, Diego Pardow, se reunió reservadamente con integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Así lo confirmaron a CIPER dos asistentes a esa cita. Aquel fue el inicio de las negociaciones para acordar el trabajo prelegislativo que definiría el mecanismo de actualización de las tarifas del consumo eléctrico, proceso que ahora terminó disparando las cuentas de la luz y gatillando ásperas críticas a la actuación del gobierno en una materia que afectará directamente al bolsillo de las familias.

Las tarifas del consumo eléctrico se mantenían congeladas desde el estallido social de 2019, en una decisión adoptada inicialmente por el gobierno de Sebastián Piñera para mitigar el malestar social que arreciaba en esos días. Aunque se descongelaron transitoriamente en 2022, volvieron a fijarse en 2023, cuando el actual gobierno decidió no publicar los decretos con la actualización de las tarifas. Con esta determinación, la situación terminó escalando hasta convertirse en una multimillonaria deuda con las compañías del rubro y las autoridades comprendieron que el sinceramiento de las tarifas podía generar un alza de hasta 80% para los usuarios de mayor consumo. 

El aumento de la deuda con las empresas eléctricas urgía poner fin a un problema que amenazaba con tornarse inmanejable. Los nuevos decretos tarifarios debían despacharse a fines del año pasado para comenzar a ordenar el proceso, pero antes se requería acordar una fórmula para incrementar los cobros que conciliara dos intereses divergentes: el de las empresas, que buscan recuperar su dinero, y el de los usuarios, que no desean fuertes alzas repentinas.   

Fue en ese marco de urgencia que a inicios de septiembre del año pasado el ministro Pardow se reunió reservadamente con integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. El objetivo era destrabar el trámite legislativo para generar un mecanismo de cobro que, idealmente, no golpeara a los consumidores tras el sinceramiento de las tarifas. 

CIPER pidió, en noviembre de 2023, los registros o actas de esas reuniones y negociaciones entre los dos poderes del Estado, pero en el Ministerio de Energía respondieron que no quedaron registros oficiales de lo discutido y acordado. Lo único que la cartera transparentó fue la decisión que adoptó el gobierno de contratar a dos profesionales que han trabajado para diversas empresas eléctricas: Ramón Galaz y Andrés Romero. Ambos forman parte de la consultora Valgesta. A ellos se les encargó que diseñaran una fórmula de pago que subiera de manera progresiva el precio de las cuentas de electricidad de los usuarios. 

También, se requirieron los servicios del académico de la Usach, Humberto Verdejo, pero este último no trabajó en el tema de la actualización de tarifas, sino que asesoró en el proyecto de transición energética.

Ramón Galaz Arancibia, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica e ingeniero comercial de la Universidad de las Américas, es director ejecutivo de Valgesta. Andrés Romero Celedón, abogado de la Universidad de Chile, es presidente del directorio de la misma consultora (vea sus reseñas en la web de Valgesta). Romero fue, además, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En ese cargo fue uno de los promotores de la iniciativa para instalar medidores eléctricos inteligentes que debían financiar los usuarios, proyecto que tenía un costo de unos US$ 1.000 millones. Cuando CIPER reveló ese plan en marzo de 2019 (vea ese reportaje) se generó un amplio debate público y un fuerte rechazo ciudadano a la iniciativa.

Galaz ha sido invitado a exponer en sesiones de la Comisión de Minería y Energía del Senado en diversas ocasiones durante la última década. En 2013 expuso en la discusión de la Ley General de Servicios Eléctricos (revise aquí). En septiembre de 2019, cuando se discutían los proyectos de estabilización tarifaria, fue invitado a dar su opinión respecto a la rentabilidad de las empresas de distribución (vea aquí). Los contactos con el mundo político de Ramón Galaz no se limitan al Senado. En 2021 conformó el equipo programático del entonces candidato presidencial de la derecha, Sebastián Sichel.

En su web, Valgesta informa que ha prestado servicios a 56 empresas del sector: 46 generadoras, seis compañías dedicadas a la transmisión y cuatro que operan en la distribución. También indica que ha trabajado para asociaciones empresariales del rubro. Algunos de los clientes que declara en su web son EnelCGEColbunAes GenerTranselec y Chilquinta. Entre las asociaciones empresariales que ha atendido se cuentan la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol) y Generadoras de Chile.    

Entre 2006 a 2016 la consultora también asesoró a organismos públicos en 25 ocasiones. Principalmente, según consta en los registros de Mercado Público, a la Comisión Nacional de Energía (CNE). El total de los servicios pagados por el Estado en esa década asciende a $596 millones.

«RECONOCIDOS EXPERTOS»

En noviembre pasado, CIPER contactó a los cinco senadores que conforman la Comisión de Minería y Energía del Senado, pero solo José Luis Castro (PS) y Rafael Prohens (RN) accedieron a responder. Los asesores de los senadores Luz Ebensperger (UDI), José Durana (UDI) y Jaime Quintana (PPD), dejaron de responder las solicitudes de CIPER. 

En la misma fecha, el equipo de comunicaciones del Ministerio de Energía indicó que la cartera no accedería a las solicitudes de entrevista con los responsables de las negociaciones. Solo aceptaron responder preguntas vía correo electrónico. CIPER, a través de la Ley de Transparencia, solicitó el informe que el Ministerio de Energía compró a Valgesta, la nómina de asistentes y las actas de las tres reuniones. La respuesta señaló: “Cabe reiterar que no se levantaron actas para las reuniones de trabajo o mesas de trabajo consultadas”.

El 16 de octubre pasado comenzaron a sesionar dos mesas de trabajo paralelas: una de estabilización de tarifas y otra de transición energética. Galaz y Romero fueron designados por el gobierno para trabajar en la primera. Mientras que Humberto Verdejo integró la segunda. En ambas los senadores fueron representados por asesores técnicos.

CIPER solicitó – a través de la Ley de Transparencia- el detalle de los asistentes y temas tratados en la mesa de estabilización tarifaria. La respuesta enviada por el Ministerio de Energía precisa que fueron tres las reuniones entre el gobierno y un grupo de senadores para acercar posiciones, y que en todas estuvieron presentes los directores de Valgesta. La descripción de las negociaciones es genérica: “Estudio de eventuales fórmulas que permitan atenuar las alzas tarifarias”.

Un asistente a una de las reuniones reservadas dijo a CIPER que fue el ministro Pardow quien propuso contratar a Galaz y Romero, argumentando que eran técnicos capacitados para destrabar el problema de las tarifas. En noviembre de 2023 el Ministerio de Energía señaló por escrito a CIPER que “la propuesta de convocar a estos reconocidos expertos del sector eléctrico es un mandato conjunto entre la Comisión de Minería y Energía del Senado”.

El senador Prohens, quien integra la mencionada comisión de la Cámara Alta, precisó cómo los directores de Valgesta llegaron a participar en las reuniones reservadas y a ser contratados por el gobierno: “El cómo resolvíamos el subsidio y la fórmula de pago era un tema que nosotros teníamos más o menos encaminado. Pusimos a Ramón Galaz, Andrés Romero y al profesor Verdejo a que nos hicieran propuestas. Finalmente, ellos terminan siendo contratados por el gobierno para trabajar. Ellos siempre exponían en las comisiones, avanzamos muy bien porque era una buena mezcla (de profesionales)”.

El senador Prohens profundizó en su relación con el director ejecutivo de Valgesta: “Con Ramón (Galaz) tengo contacto desde que llegué al Congreso (año 2018). (Durante el gobierno del expresidente Piñera) no trabajé con él, porque no era necesario, teníamos a los asesores del Ministerio (de Energía) que nos daban pautas y nos decían las cosas. Pero, desde que cambió el gobierno yo volví a tomar contacto con Ramón. Siempre le estoy haciendo las consultas respectivas en materias que son muy difíciles de entender”.

Prohens no cree que exista conflicto de interés al ser asesorado por un consultor privado, explica que su relación con Galaz es personal y directa. Insiste en que las consultas y conversaciones no son mediadas por Valgesta: “A mí no me cobra ni un peso ni nada por el estilo. Yo tengo un tema directo con Ramón, sin pasar por la empresa de él”.

«NO CONSIDERAMOS QUE ESTO NOS INHABILITA»

Andrés Romero contestó las preguntas de CIPER, por escrito, en noviembre del año pasado. A su juicio, asesorar a empresas y a la autoridad no constituye conflicto de interés: “No consideramos que esto nos inhabilita para responder al mandato realizado por la Comisión del Senado y el ministro. Más aún, dicho cuestionamiento implicaría que cualquier consultor, centro de estudios o investigador universitario, quedaría inhabilitado para colaborar como asesores expertos de la autoridad, privando de esta forma al regulador, tanto Ejecutivo como Legislativo, de contar con un vasto conocimiento técnico y expertise en la discusión de políticas públicas”. 

El presidente del directorio de la consultora agregó: “Valgesta sólo realiza propuestas y no le corresponde tomar las decisiones técnico-políticas, las que naturalmente están radicadas en el gobierno y el Congreso Nacional. Prueba de ello es que la propuesta que realizó Valgesta ha sido objeto de múltiples cambios durante la discusión en la comisión”.

Respecto de la actividad que desarrolla la empresa, Romero indicó: “Valgesta cuenta actualmente con una cartera de más de cien clientes. Sólo en 2022 hemos asesorado a más de la mitad de éstos, entre los que se encuentran empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, asociaciones gremiales, comercializadores de energía, empresas PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida). Grandes consumidores de energía: empresas mineras, siderúrgicas, cementeras y celulosas. Así como también bancos nacionales e internacionales, fondos de inversión y organismos internacionales”. 

Pantallazo del sitio web de Valgesta donde comparte su lista de clientes (Fuente: sitio web de Valgesta)

Pantallazo del sitio web de Valgesta donde comparte su lista de clientes (Fuente: sitio web de Valgesta)

Sobre las funciones que cumplió, junto a Galaz, para el Ministerio de Energía, Romero precisó: “El objeto de la asesoría fue realizar un diagnóstico de los problemas relacionados con el alza tarifaria, analizar alternativas de solución, proponer ajustes que se requieran para dar solución a los problemas y la modelación de diversos escenarios para identificar los impactos sobre el cliente final de manera cuantitativa. El entregable final fueron los insumos necesarios para que el ministerio pueda presentar un proyecto de ley y su informe de impacto regulatorio, el que dependerá de las decisiones finales que se adopten”. 

“Cómo se quería realizar un chequeo cruzado de los cálculos que realizaba la CNE y Valgesta”, añadió Romero, “se nos pidió entregar los modelos de cálculo, los que han sido desarrollados por Valgesta desde la vigencia de la ley PEC de 2019. Estos modelos han sido validados por los distintos agentes de la industria y son muy valorados por la banca internacional que ha participado del financiamiento de la deuda, dada la calidad y precisión de nuestros análisis”.

En la plataforma de Mercado Público quedó el registro de la contratación y pago por los servicios de Galaz y Romero. El 20 de noviembre la Subsecretaría de Energía contrató vía trato directo a la Consultora Valgesta (vea acá esa resolución), con el objetivo de “diseñar una alternativa de instrumento regulatorio que permita proteger a los clientes regulados”. Lo que fue aceptado por la consultora un día después (vea acá esa orden de compra).

El 21 de noviembre, la Subsecretaría de Energía le pagó poco más de $26 millones por un informe que desarrollara una propuesta de alternativa de mecanismo de protección a los consumidores. En la elaboración del informe también participaron, según lo registrado en la Resolución Exenta N°195 A, los ingenieros Juan José Irigoin y Pedro Larraín.

Finalmente, el pasado 19 de diciembre Valgesta entregó a la subsecretaría un informe titulado “Estudio propuesta de estabilización tarifaria”, al que CIPER logró acceder vía Ley de Transparencia. Algunas de las propuestas contenidas en ese documento son:

  • Un cargo extra en las cuentas destinado al pago de la deuda con las eléctricas, denominado MPC, “equivalente a $10 por kWh el cual será aplicado hasta el 31 de diciembre de 2035”.
  • Que la primera fijación tarifaria de 2024 traspasara el nuevo precio actualizado (“PNP real”) más el cargo MPC a todos los clientes regulados con un consumo mensual superior a los 350 kwh. En caso de los clientes con menor consumo el reajuste sería la tarifa actual más reajuste por IPC.
  •  A partir de la primera fijación tarifaria de (enero) 2025 a todos los clientes les corresponde pagar la tarifa real (PNP) más el cargo MPC para saldar la deuda de U$5.500 millones con las generadoras.
  • El pago de la deuda PEC en ocho cuotas semestrales entre los años 2024 a 2027, mientras que la deuda por PEC II se pagará a partir de 2028 en un plazo de 8 años.
  • Un Bono Social Eléctrico (BSE) de US$200 millones anuales focalizado en los grupos sociales que se busque proteger.

Algunos elementos similares terminaron por ser aprobados el pasado 30 de abril por el Congreso Nacional:

  • “Se establecerá un cargo, denominado Cargo MPC, equivalente a 22 pesos por kWh, para los períodos tarifarios de los años 2024 a 2027, el que se reajustará semestralmente conforme a la variación que experimente el IPC, considerando como base el mes de enero de 2024; y de 9 pesos por kWh, para los períodos tarifarios de los años 2028 a 2035”
  • “A partir del primer período tarifario del año 2024, el Cargo MPC será soportado por aquellos clientes sometidos a regulación de precios cuyo consumo promedio mensual sea superior a 350 kWh”.
  • “A partir del primer período tarifario de 2025, el Cargo MPC será soportado por todos los clientes sometidos a regulación de precios, independiente de su nivel de consumo”.
  • Subsidio transitorio para “usuarios residenciales de bajos recursos” por un monto anual máximo de US$120 millones.

En febrero de este año, el Ministerio de Energía explicó a CIPER, a través de un oficio, el resultado de las tres jornadas de trabajo prelegislativo en las que participaron los consultores de Valgesta. Las propuestas que allí surgieron le permitieron a la cartera presentar “los principios generales de dicha iniciativa legislativa a distintos actores de la industria, permitiendo el envío de observaciones tras esta instancia. Dentro de los principios expuestos se encuentran: crear un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad; normalizar los procesos tarifarios; implementación de un subsidio transitorio para clientes vulnerables, entre otros”.

Al cierre este reportaje, CIPER volvió a consultar al Ministerio de Energía respecto al grado de participación de los consultores privados en la propuesta de estabilización tarifaria ingresada por el gobierno, la que el pasado 30 de abril se convirtió en ley. El equipo de prensa de la secretaría de Estado respondió: “El informe contratado no fue usado en su totalidad. Por ejemplo, algunos de los elementos de la propuesta de Valgesta que fueron recogidos son la extensión del plazo de pago de la deuda, desde 2032 a 2035, y la existencia de un mecanismo de ajuste del cargo MPC (cargo para el pago de la deuda) por variaciones significativas del tipo de cambio”.

A partir de la controversia que generó en la última semana el mecanismo para saldar la deuda con las empresas eléctricas, CIPER preguntó al ministerio si volvería a contratar consultores que habitualmente prestan servicios a las compañías del rubro para elaborar una propuesta de política pública con alto impacto en los consumidores. Su respuesta: “El Ministerio de Energía, al igual que varias reparticiones, contrata servicios de asesorías técnicas para la elaboración de las políticas públicas. En ese sentido, tanto el trabajo de Valgesta, como del ingeniero Humberto Verdejo, para la elaboración de la Ley de Estabilización cumplió con las expectativas técnicas que requiere una iniciativa de este tipo”.

Respecto a si la cartera debió haber integrado a expertos que representaran los intereses de los usuarios a las reuniones prelegislativas y no solo a consultores de las empresas eléctricas, en el ministerio respondieron: “Durante la discusión legislativa, no sólo Valgesta y el consultor Verdejo participaron de la discusión, lo hicieron también varios expertos de las distintas bancadas parlamentarias. Además, los representantes de Conadecus (Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios) fueron parte de la discusión tanto en el Senado como en la Cámara”.

CIPER se comunicó con Hernán Calderón, presidente de Conadecus, para consultar su participación en la discusión del mecanismo que aumentó las cuentas de la electricidad. Calderón precisó que no participaron en ninguna de las reuniones prelegislativas y que luego de varios reclamos lograron sostener dos audiencias, el 22 de enero y el 1 de marzo, con el ministro Pardow. En ellas, señaló Calderón, le explicaron sus preocupaciones y propuestas, de las cuales una fue recogida: la implementación de un subsidio para los consumidores más vulnerables, aunque ellos abogaban por uno permanente y no transitorio. También, aclaró, que las dos veces que intervinieron en la discusión legislativa fue por invitaciones extendidas por parlamentarios y no por el ministerio.

CRONOLOGÍA DE UNA URGENCIA

CIPER revisó la trayectoria de los proyectos legislativos que congelaron las tarifas. El primero de ellos, llamado PEC I, fue promulgado el 30 de octubre de 2019, en pleno estallido social. Su objetivo fue aplacar el descontento social por las diversas alzas de servicios básicos (revise aquí ese proyecto de ley). Sin embargo, los US$1.350 millones destinados a mitigar la deuda se agotaron antes de lo previsto. Por lo mismo, en 2022 se estableció un nuevo fondo, conocido como PEC II (revise aquí ese proyecto), que destinó otros US$1.800 millones para evitar alzas de hasta 45% en las cuentas de los usuarios. Aunque originalmente este último fondo se planteó como una iniciativa que fuese sostenible en el tiempo, para enfrentar futuras contingencias, eso no prosperó en la tramitación parlamentaria. Así, ninguno de los proyectos creó un fondo permanente.

La Ley PEC II se promulgó en julio de 2022 y para su correcta ejecución era básico contar con decretos tarifarios actualizados. Era la manera de mantener controlada la deuda del Estado con las generadoras eléctricas, la manera responsable de realizar política pública de largo plazo para evitar que en el futuro las alzas fuesen abruptas. Sin embargo, la Comisión Nacional de Energía no publicó las nuevas tarifas, lo que, por ley, debe hacerse cada seis meses. Tampoco lo hizo en enero de 2023. Y el Ministerio de Energía, que es responsable de dictar los nuevos decretos tarifarios, no los promulgó. Recién, con nueve meses de retraso, se publicó en abril de 2023 (vea acá ese decreto). Aunque ese informe más bien profundizó el problema: contenía errores que contradecían informaciones anteriores y no permitían establecer una política pública (vea acá la noticia).

Mientras los organismos públicos no cumplían con su obligación de fijar las tarifas eléctricas, la deuda creció. El 13 de agosto de 2023 la misma consultora Valgesta, a través de una columna de opinión escrita por Andrés Romero, proyectó en US$3.200 millones (vea acá ese boletín) lo adeudado a las empresas. El gobierno, para ordenar el proceso, definió como meta legislar la estabilización tarifaria antes del 31 de diciembre de ese año.

El pasado 6 de noviembre, en medio de la urgencia, el senador José Luis Castro dijo a CIPER: “El principal esfuerzo es llegar a tiempo para crear un subsidio conocido, queda muy poco espacio político para eso”. Pero, el plazo del 31 de diciembre no se cumplió. El proyecto recién fue ingresado el 14 de enero de este año.

LAS ALZAS QUE VIENEN

En 2019, cuando las tarifas fueron congeladas, el alza estimada era de 9%. Al promulgar la ley PEC II, en julio de 2022, se dijo que el alza que se quería evitar era de 40%, lo que indica el tamaño de la deuda que se acumuló en menos de tres años.

Con la fórmula que ahora fue aprobada, en el segundo semestre de este año las cuentas de electricidad, según una proyección presentada por el Ministerio de Energía ante la Cámara de Diputados (consulte acá esa presentación), aumentarán hasta 40%. El incremento dependerá de la región y tramo al cual pertenecen los usuarios, los cuales son tres: G1 (consumo hasta 350 kWh), G2 (consumo hasta 500 kWh) y G3 (consumo por sobre los 500 kWh).

Desde el 1 de julio a todos los usuarios con un consumo menor a 350 kWh se les comenzará a cobrar el Precio Nudo Promedio (PNP), es decir la tarifa real que es actualizada semestralmente a través de los decretos tarifarios de la CNE. Mientras que los grupos de mayor consumo deberán comenzar a pagar el precio real más el cargo extra (MPC) para cubrir la deuda de U$5.500 millones con las eléctricas. Aquello se verá reflejado desde octubre, cuando en la Región Metropolitana las cuentas de G1 (el grupo mayoritario de consumidores) y G3 aumenten 33%.

Parte de la presentación del Ministerio de Energía en la Cámara de Diputados realizada el 19 de junio de 2024 (Fuente: Cámara de Diputados)

Desde enero de 2025 hasta 2035 todos los consumidores deberán pagar la tarifa real (PNP) más el cargo MPC para saldar la deuda con las eléctricas. Será entonces cuando las cuentas del grupo G1 de la Región Metropolitana aumentarán 53% y en regiones en un promedio de 44%. Sin embargo, aquellas proyecciones oficiales, no habrían considerado el cargo MPC.

Parte de la presentación del Ministerio de Energía en la Cámara de Diputados realizada el 19 de junio de 2024 (Fuente: Cámara de Diputados)

Por su parte el Banco Central, en el Informe de Política Monetaria publicado el pasado 21 de junio, proyectó que en los siguientes 12 meses las cuentas residenciales de electricidad aumentarán un 57%. Mientras que las tarifas a pagar por las empresas tendrán un alza de 39% (consulte acá ese documento).

Para amortiguar las alzas, la ley que se acaba de aprobar y que ha generado duras críticas, incluyó un subsidio transitorio para el período 2024-2026. Es el mismo subsidio que ya se había aprobado en la ley promulgada en 2022, pero cambia su uso y el monto, el que aumenta de US$155 millones a US$200 millones anuales. El gobierno espera que favorezca hasta el 40% de la población más vulnerable. Pero, hay expertos que han dicho que podría cubrir sólo hasta el 15% de ese grupo socioeconómico, porque estiman que los recursos se agotarían antes de lo previsto. Hace tres días el Ejecutivo anunció que ingresaría un proyecto para triplicar el alcance de los subsidios eléctricos.

(Fuente: CIPER)

Ir al contenido