por Nicolás Sepúlveda
El 1 de marzo CIPER publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando –sin saberlo- los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.
por Gabriel Arce
La entrada de los medidores inteligentes a la discusión ciudadana causó toda una bataola. Y si bien el principal blanco de críticas recae en el costo económico que deberán asumir las personas, aún hay un flanco invisible: las nuevas implicancias en la privacidad e intimidad de las personas que aún la mayoría ignora.
Sólo a fines del año pasado, la empresa Enel instaló unos 280 mil de estos aparatos en hogares de Santiago y Valparaíso y, según los plazos, los aparatos de la discordia deberían lucir en todos los hogares de Chile en 2025.