por El Porteño
A treinta y nueve años de la Operación Albania, conocida también como la Masacre de Corpus Christi, la memoria de aquellos acontecimientos continúa ocupando un lugar central en la historia de la lucha contra la dictadura militar chilena. Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) ejecutaron una de las operaciones represivas más importantes y sangrientas de la fase final del régimen de Augusto Pinochet. Doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fueron asesinados en diversos puntos de Santiago en una acción cuidadosamente planificada por los organismos de inteligencia del Estado. Presentados inicialmente como muertos en enfrentamientos armados, los hechos fueron posteriormente esclarecidos por las investigaciones judiciales, las cuales demostraron que gran parte de las víctimas había sido previamente capturada y ejecutada. La Operación Albania constituyó una acción de terrorismo de Estado destinada a destruir uno de los destacamentos revolucionarios más importantes surgidos en la lucha antidictatorial.
La masacre tuvo lugar en un momento de inflexión política para el país. Hacia 1987 comenzaba a consolidarse dentro de la oposición la perspectiva de una salida pactada con la dictadura. Las grandes jornadas de protesta nacional iniciadas en 1983 habían demostrado la profundidad del descontento popular y la existencia de una amplia disposición a la lucha entre trabajadores, pobladores y estudiantes. Sin embargo, la dirección política de ese movimiento comenzaba a desplazarse desde la movilización de masas hacia los acuerdos institucionales. La visita de Juan Pablo II, realizada en abril de 1987, desempeñó un papel relevante en este proceso. Bajo las consignas de la reconciliación nacional y la superación de los antagonismos políticos, contribuyó a fortalecer la estrategia impulsada por sectores de la oposición que buscaban una transición negociada. En términos históricos, aquella operación política ayudó a alinear a las principales fuerzas opositoras detrás de una salida compatible con los intereses del imperialismo norteamericano y de la burguesía chilena, cuyo objetivo fundamental consistía en reemplazar la dictadura por una democracia restringida que preservara intactas las bases económicas y sociales construidas desde 1973.
La Operación Albania apareció así como el complemento represivo de ese proceso político. Mientras avanzaba la perspectiva de la negociación, la dictadura se encargaba de liquidar a quienes seguían apostando por una estrategia de enfrentamiento directo con el régimen. El atentado contra Pinochet del 7 de septiembre de 1986 había revelado que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez conservaba una importante capacidad operativa y representaba una amenaza real para la estabilidad del gobierno militar. La respuesta del régimen fue una vasta ofensiva represiva destinada a destruir sus estructuras, neutralizar sus cuadros y enviar una señal de fuerza al conjunto de la sociedad. La Masacre de Corpus Christi constituyó la expresión más brutal de esa ofensiva.
La derrota política de la estrategia insurreccional no puede explicarse únicamente por la acción de los aparatos represivos. Durante esos años se desarrolló una transformación profunda en la correlación de fuerzas dentro de la oposición. Las organizaciones revolucionarias fueron quedando crecientemente aisladas de un movimiento popular cuya dirección política comenzaba a orientarse hacia la transición pactada. El fracaso del llamado “año decisivo” de 1986, sumado a la creciente capacidad de la oposición institucional para canalizar el descontento social hacia una salida electoral, redujo significativamente el espacio político de quienes defendían la caída revolucionaria de la dictadura.
Sin embargo, también existían limitaciones estratégicas en el propio campo revolucionario. La generación que enfrentó heroicamente a la dictadura logró construir importantes experiencias de resistencia, organización clandestina y combate político. Pero no consiguió elaborar una alternativa de poder capaz de disputar de manera efectiva la dirección del movimiento de masas a las fuerzas que impulsaban la transición negociada. La lucha contra la dictadura tendió a desarrollarse principalmente en torno a la consigna de terminar con el régimen militar, sin que lograra cristalizar un programa de clase que ligara la caída de Pinochet con la destrucción del orden capitalista reconstruido por la contrarrevolución de 1973. La ausencia de una perspectiva capaz de convertir la movilización popular en una lucha por el poder de los trabajadores terminó facilitando la subordinación de amplios sectores del movimiento social a la estrategia democrática impulsada por la oposición burguesa.
La experiencia histórica posterior confirmó los límites de aquella transición. El régimen político nacido de los acuerdos de fines de los años ochenta mantuvo intactas las estructuras fundamentales de la economía heredada de la dictadura, preservó gran parte de su institucionalidad y aseguró la continuidad del poder económico de los grupos empresariales beneficiados por el proceso de contrarrevolución capitalista. La democracia pactada resolvió la crisis de legitimidad del régimen, pero no las contradicciones sociales que habían dado origen a las grandes movilizaciones populares de los años ochenta.
Los mártires de Corpus Christi fueron Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky, Patricio Acosta Castro, Juan Waldemar Henríquez, Wilson Henríquez Gallegos, Julio Guerra Olivares, José Joaquín Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo. Todos ellos eran militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sus vidas fueron truncadas por una operación de exterminio cuidadosamente diseñada por los organismos de inteligencia de la dictadura. La brutalidad desplegada en aquellos días buscaba no sólo eliminar físicamente a un conjunto de combatientes revolucionarios, sino también transmitir el mensaje de que cualquier alternativa que escapara a los márgenes de la transición controlada sería aplastada mediante el terror estatal.
Treinta y nueve años después, la memoria de los mártires de Corpus Christi continúa trascendiendo el hecho represivo mismo. Ellos representaron a una generación que encontró en la lucha, la organización y la movilización popular una vía independiente para enfrentar a la dictadura. Más allá de las limitaciones políticas y estratégicas que condicionaron aquella experiencia histórica, su compromiso expresa una voluntad de combate que sigue interpelando a quienes buscan transformar radicalmente la sociedad. En una época marcada por nuevas formas de precarización, desigualdad y concentración del poder económico, la trayectoria de aquellos combatientes recuerda que la emancipación de los explotados no puede descansar en acuerdos entre élites ni en soluciones administradas desde arriba. La vida y la muerte de los mártires de Corpus Christi permanecen inscritas en la historia del movimiento obrero y revolucionario chileno como testimonio de una generación que intentó abrir un camino propio de acción independiente frente al régimen y frente al orden social que éste defendía.