por Gustavo Burgos
El exministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó este lunes las indicaciones ingresadas por el gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal y llamó a la oposición a apoyar las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo para destrabar una reforma que, a su juicio, el país arrastra desde hace décadas. Estas declaraciones constituyen una expresión particularmente nítida del lugar que ocupa hoy la oposición parlamentaria en la estructura política del régimen. Lo relevante no es únicamente que el ex ministro respalde las indicaciones presentadas por el gobierno de José Antonio Kast al proyecto de Sala Cuna Universal, sino el marco conceptual desde el cual justifica ese apoyo.
Marcel no argumenta desde la situación material de la clase trabajadora, ni desde el deterioro de las condiciones laborales, ni desde la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios. Su razonamiento se estructura enteramente en torno a categorías patronales como crecimiento económico, participación laboral y expansión de la fuerza de trabajo disponible para el mercado.
Desde esta perspectiva, el problema central no es la precarización del empleo ni la ofensiva patronal que acompaña a la llamada Megarreforma, sino la necesidad de incorporar una mayor cantidad de mujeres al mercado laboral para elevar las tasas de crecimiento. El trabajador aparece reducido a un factor productivo cuya movilización debe favorecer la acumulación de capital. La cuestión de quién se apropia de la riqueza producida, bajo qué condiciones se trabaja o qué ocurre con los salarios reales desaparece completamente del análisis.
No es casual. Marcel representa una tradición política e intelectual que ha hecho del crecimiento económico el criterio supremo de evaluación de toda política pública. Bajo esa lógica, una reforma es correcta si mejora los indicadores de inversión, productividad o empleo, aun cuando simultáneamente profundice la subordinación de los trabajadores al capital. La discusión queda confinada a la administración eficiente del sistema y se excluye deliberadamente cualquier consideración acerca de las relaciones sociales que dicho sistema reproduce.
El problema adquiere una dimensión mayor cuando estas declaraciones se producen en el contexto de la Megarreforma impulsada por Kast. Mientras el gobierno promueve modificaciones tributarias favorables a la gran empresa, mecanismos de invariabilidad para grandes inversiones y un conjunto de transformaciones destinadas a reforzar las condiciones de acumulación del capital, Marcel llama a facilitar acuerdos y a respaldar aquellas iniciativas que considera funcionales al crecimiento.
Lo que desaparece de su horizonte es precisamente aquello que afecta directamente a millones de trabajadores: la caída del salario real, la flexibilización de las condiciones de contratación, la inseguridad laboral, el debilitamiento de las organizaciones sindicales y la creciente criminalización de la protesta social. Ninguna de estas cuestiones ocupa un lugar relevante en su argumentación. La sociedad es observada desde la perspectiva de los requerimientos de la inversión y no desde las necesidades de quienes viven de vender su fuerza de trabajo.
En este sentido, las palabras de Marcel tienen un valor político que trasciende largamente el debate sobre la sala cuna. Revelan la existencia de una profunda comunidad estratégica entre sectores del oficialismo y de la oposición parlamentaria. Detrás de las disputas electorales y de los enfrentamientos retóricos subsiste un acuerdo fundamental respecto de la preservación de las condiciones generales de reproducción del capitalismo chileno. Cuando están en juego las necesidades estructurales del gran capital, las diferencias ideológicas tienden a diluirse y emerge una política de colaboración que atraviesa las fronteras partidarias.
Por eso Marcel aparece hoy como una de las expresiones más acabadas del corazón político de la oposición parlamentaria. Una oposición que no solo ha demostrado su impotencia para enfrentar en el Congreso la ofensiva gubernamental, sino que además se ofrece activamente como interlocutora y garante de los acuerdos que dicha ofensiva requiere para consolidarse. Lejos de constituir una fuerza de resistencia frente al gobierno de Kast, actúa cada vez más como una de las alas del propio régimen, colaborando en la construcción de consensos para una de las más agresivas reestructuraciones económicas y sociales dirigidas contra los trabajadores en las últimas décadas. El centro del debate —lo repiten incansables parlamentarios y voceros de todo pelaje de la «oposición»— es la durabilidad y estabilidad futura de la Megarreforma sobre la que existe acuerdo en los central.
La verdadera división política no está entre gobierno y oposición parlamentaria, sino entre quienes administran la estabilidad del orden existente y quienes deberán enfrentar sus consecuencias desde la clase trabajadora. La presencia a nivel de bases sociales de los partidos de esta «oposición» patronal —Partido Comunista, Socialista y lo que quede del FA— buscará ´precisamente reproducir esta política antiobrera con un ropaje democrático. La lucha de clase contra el régimen y su gobierno se perfila entonces como la necesidad del momento.