por Gustavo Burgos
El rechazo de la acusación constitucional en contra de Diego Pardow no puede leerse como un mero episodio técnico, ni como el triunfo del “debido proceso” que el propio exministro invocó con visible emoción al contener las lágrimas ante la prensa. Se trata, más bien, de una escena paradigmática del funcionamiento real del poder en Chile: cuando los intereses estratégicos del capital se ven amenazados, cuando uno de sus operadores más diligentes corre el riesgo de ser sancionado, las diferencias ideológicas se desdibujan y la elite política comparece unida para garantizar la continuidad del negocio y la impunidad de quienes lo administran.
La votación del Senado, sostenida decisivamente con los sufragios de la derecha y sectores del denominado centro, no expresó una preocupación por la estabilidad institucional ni por la excepcionalidad del libelo acusatorio, como se pretendió argumentar penosamente en la sala. Lo que se defendió fue una armado de poder asentado sobre la privatización de un bien esencial como la electricidad, convertida desde hace décadas en un botín de las multinacionales y de los grandes grupos económicos que controlan la generación, transmisión y distribución de energía. La llamada “equivocación metodológica” que derivó en un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz no fue un error neutro ni una mera impericia administrativa: fue un mecanismo que transfirió miles de millones desde los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de las empresas eléctricas, en perfecta coherencia con un modelo que convierte cada necesidad básica en fuente de renta.
La coreografía parlamentaria fue reveladora. Senadores de Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas y del Partido Social Cristiano se sumaron sin rubor al rescate de un ministro del Frente Amplio, partido que en su momento prometió desmontar los pilares del modelo heredado de la dictadura. Esa transversalidad, celebrada por el oficialismo como signo de “madurez democrática”, no es otra cosa que la confirmación de una comunidad de intereses que trasciende las disputas electorales y los discursos de ocasión. Consciente o inconscientemente, el Senado actuó como un consejo de administración ampliado del gran capital energético, cerrando filas para evitar que un precedente incómodo pusiera en entredicho la sacrosanta intangibilidad de sus gestores.
El propio relato de Pardow, al invocar vergonzosamente la memoria de su padre exonerado por la dictadura y agradecer el espacio institucional que este no tuvo, introduce una paradoja trágica: la democracia que dice honrar la justicia termina garantizando la impunidad de una política que empobrece a millones. No se juzgó aquí una diferencia de criterio técnico, sino una responsabilidad política por la administración de un sistema tarifario que condena a los sectores populares a financiar las utilidades extraordinarias de empresas como Transelec y otras del oligopolio eléctrico.
Las intensas gestiones del Ejecutivo, el cabildeo de ministros y subsecretarios, la presión sobre parlamentarios y la maniobra que redujo el quórum gracias a la solicitud de permiso de un senador desde el extranjero, completan el cuadro de un proceso en que la voluntad popular quedó completamente subordinada a la razón de Estado entendida como razón del mercado. En este contexto, la soledad del senador Pedro Araya, único oficialista que aprobó el libelo, aparece como un mero gesto residual de frente a una maquinaria diseñada para proteger a los suyos.
Lo ocurrido con Pardow es, en definitiva, una muestra nítida de la rigurosa política de impunidad en la democracia neoliberal chilena. Las elites políticas, más allá de sus colores, se unifican cuando está en juego la custodia de los intereses de las multinacionales que se han apropiado de la infraestructura eléctrica del país. El Senado, lejos de representar un contrapeso o un espacio de soberanía popular, operó como garante de un orden injusto, en que las cuentas de la luz se transforman en el lugar cotidiano donde se materializa la estafa estructural del modelo. Y mientras se aplaude la emotividad del ministro absuelto, millones de hogares continúan pagando, mes a mes, el costo real de esa complicidad.