por Fernando López MacKenzie
El reciente e inédito operativo llevado a cabo en los morros del Complexo do Alemão y la Favela da Penha (Zona Norte de Río de Janeiro, Brasil) por la fuerza policial del estado de Río de Janeiro, bajo la gubernamental conducción de Cláudio Castro —y auspiciado por el discurso securitario del bolsonarismo—, retrata un nivel de violencia estatal que exige sin dilación plantearlo como crimen de lesa humanidad del régimen brasileño. Al mismo tiempo, la actuación de Luiz Inácio Lula da Silva complaciente ante lo sucedido, revela el carácter de clase —patronal— del progresismo del gobierno federal en materia de derechos humanos y justicia social.
En efecto, el martes 28 de octubre de 2025, aproximadamente 2 500 policías y soldados se desplegaron en una macro-operación bautizada como “Operación Contención” para atacar la organización criminal Comando Vermelho. La intervención, que involucró helicópteros artillados, blindados y vehículos especiales, fue presentada por Castro como “un éxito” en la lucha contra el “narcoterrorismo”. Sin embargo, tras la operación se encuentran centenares de víctimas —al menos 119, posiblemente 132 muertos según la defensoría pública—, muchas de las cuales presentaban signos de ejecución sumaria: manos atadas, tiros en la nuca, cuerpos arrastrados desde la mata hasta la zona urbanizada del favela.
La magnitud, metodología, contexto y destino de estas muertes permiten entender lo acontecido no meramente como un operativo policial tradicional, sino como un acto deliberado de exterminio selectivo, dirigido contra población predominantemente pobre y negra, cuya lógica y despliegue apuntan más a la guerra social que al mantenimiento del orden. Se ha superado incluso la antigua masacre de Masacre de Carandiru (111 muertos en 1992) por la policía paulista —lo que subraya la gravedad del precedente brasileño.
Desde el punto de vista del derecho internacional, un crimen de lesa humanidad se caracteriza por un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del perpetrador. Aquí se conjugan tres elementos: uno, el carácter premeditado y planificado del operativo – largo tiempo gestado, con despliegue masivo, uso de blindados, helicópteros, drones, vehículos armados. Dos, la afectación de población civil (aunque el gobierno hable de “criminales”, las víctimas son en su mayoría jóvenes de los morros, muchos sin proceso, hallados con signos de ejecución). Tres, la actuación emanada de una autoridad estatal (gobernador, policía estatal) sin que se vislumbre un proceso de detención regular, separación de acusados y defensa; más bien un patrón de liquidación visible y denunciado. En ese marco la conducta corresponde a lo que la doctrina denomina “exterminio” o “otras desapariciones forzadas”, modalidades de crimen de lesa humanidad. Aun admitiendo que parte de las víctimas fueran integrantes del Comando Vermelho —lo cual es probable— ello no legitima la eliminación extrajudicial en masa cuando se impone el patrón de ejecución sumaria.
El gobernador Castro, militante del entorno bolsonarista, declaró sin reparos que la operación era “un éxito” y que los muertos eran “criminales”. Esa afirmación, lejos de calmar, encendió alarmas entre organismos de derechos humanos, que han acusado al estado de Río de Janeiro de ejecutar una “masacre patrocinada por el Estado”. En ese sentido el régimen ha dejado al descubierto su carácter de sistema represivo hacia las favelas —esos espacios urbanos de pobreza, segregación racial y abandono estatal— que consistentemente han sido escenario de violencia estatal, paramilitar o policial, sin rendición de cuentas adecuada.
En este escenario, resulta ilustrativa la conducta del presidente Lula: cuando el operativo estaba en marcha, él se encontraba en El Sudeste Asiático en visita internacional; al regresar a Brasilia no firmó el despliegue de las Fuerzas Armadas al estado de Río, pero tampoco desautorizó de modo firme al gobernador ni instó a una investigación rigurosa con carácter de delito federal, tratándolo más como una crisis de seguridad que como una potencial violación masiva de derechos humanos. La omisión del Ejecutivo federal en ejercer liderazgo claro en defensa de los derechos fundamentales del pueblo —y la persistente retórica de seguridad en clave de mano dura que remite al bolsonarismo— pone a las claras que el progresismo gobernante es un ala más de este ataque en contra del pueblo . Al no impulsar una investigación internacional o una comisión con mecanismos robustos e independientes, se convierte en cómplice silencioso o en actor negligente frente a una actuación que exige rendición de cuentas.
Más aún, el vergonzoso silencio de Lula señala un giro hacia la normalización del uso mortífero del aparato represivo estatal contra la población explotada, en nombre de la guerra contra el narcotráfico. En lugar de cuestionar el uso indiscriminado de la fuerza, el gobierno federal mitigó la relevancia del hecho al no calificarlo de crimen de Estado, y al permitir que el discurso dominante sobre “narcoterrorismo” y “enemigos internos” se imponga sobre los derechos fundamentales.
La relevancia histórica de este episodio para la izquierda —y en particular para quienes militamos por la causa de los trabajadores— es doble. Por un lado, evidencia cómo bajo un régimen que combina aparato estatal, represión ideológica y colusión con la economía criminal, la segregación de clase y raza se reproduce violentamente en los márgenes del sistema capitalista brasileño. Es precisamente la favela —esa periferia urbana del capital que alberga mano de obra precarizada, desempleo, racismo estructural— el terreno donde la acumulación y la opresión se encuentran en clave de exterminio. Por otro lado, la complacencia de un gobierno autoproclamado de izquierda ante la violencia estatal revela la contradicción práctica entre la hegemonía electoral e institucional alcanzada por la izquierda y la necesidad de una ruptura radical con el aparato represivo del Estado burgués.
Desde El Porteño insistimos que el discurso progresista que hace gárgaras contra el imperialismo externo o el “capitalismo global o salvaje”, luego avala o tolera la depredación del propio aparato estatal en sus periferias. Esta masacre en Río debe considerarse un crimen de lesa humanidad del régimen brasileño, pues su conducta fue sistemática, selectiva y orientada a una población vulnerable —una población que, como nos enseña el materialismo histórico, es doblemente oprimida por clase y por raza.
La operación en Río marca un precedente que debe ser resistido: si no se castiga la ejecución extrajudicial y no se desmonta la lógica militar-policial que se alimenta de miseria, segregación y racismo, estaremos ante un avance de la barbarie estatal que va más allá del terror delictivo y se acerca al terror de Estado. En ese contexto, Lula se ha alineado irrestrictamente con la represión en contra del pueblo. Ese es el contenido de clase de su progresismo y su participación en los BRICS.
Llamamos a la movilización política, a la internacionalización de la solidaridad con las víctimas de Río, y a los organismos independientes que se reclamen de los derechos del pueblo trabajador a abrir una investigación sobre este crimen de lesa humanidad. De lo contrario, el «éxito» proclamado por el gobernador de Río convertido en el nuevo estándar de la izquierda domesticada que se autotitula progresista se impondrá en el escenario local.
Citas principales utilizadas en el cuerpo del artículo.
– Reuters: “Corpses line Rio street after Brazil’s deadliest operation against drug gangs.” Reuters
– The Guardian: “‘This was a slaughter, not an operation’: the favela reeling from Rio’s deadliest police raid.” The Guardian
– ABC News: “Brazil’s deadliest ever police operation leaves at least 120 dead after Rio de Janeiro drug raid.” ABC
– AP/Al Jazeera: “Protests erupt after police raid in Brazil leaves 119 dead …” The Washington Post+1