por Valeria Menéndez
Las palabras pesan, sobre todo cuando intentan ocultar la verdad. La reciente entrevista concedida por Juan Carlos Morstadt Anwandter a 24 Horas no solo ha generado estupor, sino que ha revelado, en su propia voz, las grietas de una defensa desesperada que ya no puede sostenerse. Enfrentado a la acusación de haberle dicho a su padre que a Julia Chuñil —dirigenta mapuche desaparecida en noviembre de 2024— “la quemaron”, el empresario pasó en cuestión de segundos de la negación categórica a la ambigüedad calculada, dejando en evidencia su propia contradicción.
Consultado directamente sobre si recordaba haber pronunciado la frase incriminatoria, Morstadt respondió con firmeza:
—“No, jamás”.
Pero la contundencia de su negativa se derrumbó segundos después. Intentando justificar su respuesta, agregó:
—“Porque si no, no sé si él [su padre] me hizo el comentario a mí, yo se lo hice a él. Pero hay que ver la grabación”.
Ese cambio no es un matiz retórico: es una admisión implícita. En apenas dos frases, Morstadt pasó de desconocer completamente la conversación a reconocer la existencia de una grabación cuyo contenido ahora pretende relativizar. Ya no niega la conversación: solo duda de quién pronunció las palabras. Y al hacerlo, legitima la existencia de la prueba que la defensa de la familia Chuñil ha presentado, la misma que la Fiscalía intentó minimizar y mantener bajo la alfombra.
La reacción del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue tan reveladora como preocupante. Lejos de anunciar diligencias inmediatas o una formalización —como corresponde frente a semejante evidencia—, Valencia se apresuró a declarar que la grabación “fue sacada de contexto” y que el antecedente era “parcial y sesgado”.
La historia de Valencia, conocido por sus componendas con el poder político y económico, explica este intento de control de daños. En lugar de investigar con celeridad la responsabilidad de Morstadt, la Fiscalía vuelve a proteger a quien, por sus vínculos empresariales y relaciones con la institucionalidad estatal (incluida la CONADI), ha gozado de impunidad durante todo el proceso. La misma fiscalía que no ha formalizado cargos pese a las evidencias ahora pretende deslegitimar una prueba que el propio imputado, con su contradicción, ha validado públicamente.
El único contexto: la criminalización del pueblo mapuche
Hablar de “contexto” es, precisamente, lo que hace evidente el fondo político de este caso. El único contexto que rodea la desaparición y posible asesinato de Julia Chuñil Catricura es el de la represión histórica del Estado chileno contra la lucha ancestral del pueblo mapuche.
Un contexto en el que la violencia institucional es la regla y no la excepción. En el que las víctimas mapuche siempre terminan muertas, encarceladas o desaparecidas, mientras los responsables —empresarios, latifundistas y agentes del Estado— gozan de protección judicial y mediática.
La desaparición de Julia no es un hecho aislado, sino un episodio más en el largo historial de terrorismo estatal contra un pueblo que lucha por su territorio y su dignidad. Y en ese escenario, las palabras de Morstadt —esas que primero negó y luego relativizó— pesan como una confesión involuntaria, como un eco de la verdad que el poder quiere seguir enterrando.
Morstadt ha hablado más de la cuenta, y su propia voz confirma lo que el Estado quiere silenciar. Políticamente la responsabilidad está totalmente establecida, es pública y notoria su responsabilidad sobre la suerte de Julia Chuñil. Otra cosa es si las instituciones del orden patronal en el que tuvo lugar este crimen puedan o no actuar, respondiendo al clamor popular. Ya no hay lugar para ambigüedades ni excusas: el caso Chuñil exige verdad, justicia y castigo a todos los responsables. Porque en Chile, donde la palabra “contexto” se usa para justificar el crimen, el único contexto real sigue siendo la guerra del Estado contra el pueblo mapuche.