por El Porteño
El escenario presidencial chileno del 2025 está configurando una prueba política fundamental para todas las organizaciones que se reclaman de izquierda. La fractura en el seno del pacto Izquierda Ecologista y Popular (IEP), detonada por el apoyo del Partido Igualdad, el Partido Popular y el Partido de la Solidaridad a la candidatura de Jeannette Jara, ha revelado no solo el agotamiento de un cierto tipo de “izquierda crítica”, sino también las limitaciones profundas de los proyectos «anticapitalistas» que no avanzan en una estrategia clara de poder obrero.
La crítica pública lanzada por la mayoría de IEP, que agrupa a más de una decena de organizaciones, se ha caracterizado por su justeza política en lo inmediato: denuncia la subordinación de sus exaliados al proyecto socialdemócrata administrado por el Partido Comunista y hegemonizado por figuras como Luis Eduardo Escobar, ex-FMI. Declaran que este viraje representa una capitulación al régimen político neoliberal, y acusan a los partidos que se han sumado a la candidatura de Jara de vender independencia por representación.
Tienen razón. Pero sólo en parte.
Porque una crítica de clase no puede detenerse en la deserción de algunos sectores: debe interrogar también las bases mismas del proyecto IEP y sus propios callejones estratégicos. ¿Acaso no fue la lógica del frente amplio “antineoliberal” lo que agrupó a estas fuerzas? ¿No fue esa misma unidad ambigua lo que permitió coexistir, bajo una misma sigla, proyectos reformistas y revolucionarios sin resolución del problema del poder?
La izquierda que hoy se lamenta de la traición de sus socios fue, en gran parte, incapaz de delimitar con precisión las fronteras entre reforma y revolución. Aceptó construir una coalición sin base de clase, sin estrategia de dictadura del proletariado, y sin programa transicional. El resultado es el previsible: la política del mal menor terminó operando al interior del propio bloque, disolviendo las diferencias bajo la presión electoral y el pánico frente a la derecha.
Por eso, la declaración del 5 de agosto que denuncia la capitulación de Igualdad y el PP, si bien acertada en su denuncia, se queda corta en su autocrítica. Porque aún habla de “construir alternativa popular”, de “proceso constituyente” y de “organización desde abajo”, sin anclarse claramente en una política de independencia de clase, con contenido de poder dual y estrategia de hegemonía proletaria.
Aún está ausente la categoría de Estado como instrumento de dominación de clase. Aún no se declara la necesidad explícita de expropiar al gran capital, de abolir la propiedad privada de los medios de producción, y de preparar, en la práctica y no solo en la consigna, las condiciones para una dictadura del proletariado como forma superior de democracia obrera. El proyecto de IEP denuncia bien la traición del progresismo, pero no rompe completamente con su lógica.
Las ideas se vuelven fuerza material cuando se arraigan en las masas organizadas. Pero esa organización no puede basarse en un eclecticismo inofensivo. No es suficiente “acumular fuerzas” sin dirección estratégica. No se construye poder popular sin resolver el problema del poder en sí. Sin ese salto, IEP corre el riesgo de repetir el ciclo del “testimonio alternativo”, sin capacidad real de disputar la conducción del movimiento obrero ni del conjunto de los explotados.
El fenómeno latinoamericano lo confirma: en Brasil, en México, en Uruguay, las fuerzas que no se anclaron en la lucha de clases y se contentaron con ser “más consecuentes” que los progresistas terminaron absorbidas o descompuestas. En todos los casos, el problema no fue el oportunismo de algunos, sino la estrategia inconclusa de todos.
Por eso, la crítica marxista al actual escenario debe ir más allá de la denuncia de la traición: debe formular con precisión el programa de una izquierda revolucionaria. Esto implica: La ruptura completa con el progresismo burgués, no solo electoral sino política y programática. La centralidad del poder obrero como eje articulador de toda táctica. La formulación de un programa de transición, con demandas como el no pago de la deuda externa, la nacionalización sin indemnización bajo control obrero de las palancas fundamentales de la economía, y la organización de consejos de trabajadores y pobladores como embriones de poder dual. Y sobre todo, la perspectiva de que ninguna revolución será posible sin una organización revolucionaria: un partido obrero con disciplina de combate, claridad programática y centralismo democrático.
En definitiva, sí: Igualdad y el Partido Popular han cruzado el Rubicón. Pero sería un error no ver que el puente fue construido con materiales compartidos. La oportunidad que se abre ahora no es solo reafirmar una independencia formal, sino refundar la estrategia revolucionaria desde sus bases: clase, programa y partido. De lo contrario los supervivientes de la Izquierda Ecologista y Popular solo podrán ser considerados una extraños nostálgicos del Boric en campaña, el del 2021.
La izquierda no puede limitarse a resistir el orden ni a denunciar su progresismo. No alcanza con proclamar un edulcorado «anticapitalista». Tiene que prepararse para destruir el orden capitalista. Todo lo demás es gestión de la derrota, con o sin banderas rojas o rosadas.