Un nuevo pacto constitucional: el regreso de la «democracia de los acuerdos»

por Pablo Torres y Fabián Puelma

La mayoría de los partidos políticos nacionales con representación en el Congreso Nacional, en conjunto con el Gobierno de Gabriel Boric, pactaron esta semana un nuevo acuerdo constitucional, que busca dejar atrás el vacío que se abrió el 04 de septiembre, con el aplastante triunfo del Rechazo sobre el Apruebo a la nueva Constitución que había elaborado la Convención Constitucional.

Fueron parte de ese acuerdo 14 partidos y 3 “movimientos” (surgidos desde la campaña por la nueva Constitución). Desde los grandes partidos burgueses de estos 30 años, por la derecha con la UDI, RN, Evopoli, por la centro-izquierda la DC, PS, PR, PPD, PL, y hasta la nueva centroizquierda del FA, con el visto bueno de todos sus partidos, como una representación distorsionada clave de sectores de las capas medias más progresistas ubicada en los centros urbanos como Santiago o Valparaíso; hasta el reformismo del PC que ingresa desde el primer minuto, y que son parte e influencian a las burocracias sindicales en el movimiento obrero. Logró transformar a Amarillos y a Demócratas de Ximena Rincón en un actor relevante y a excluir a la derecha “populista” de Partido de la Gente y Partido Republicano (que hoy juegan un rol desestabilizador no deseado por los dueños de Chile).

Lo elaborarán 24 expertos elegidos por esos partidos en proporción a su representación actual (donde la derecha tiene casi el 50% del Congreso Nacional) y su proyecto lo someterán a discusión a un Consejo constitucional de 50 miembros electos con las reglas electorales del oligárquico Senado, donde aseguran el control cuasi total del proceso. Un proceso muy parecido al de aquellos “notables” de la Constitución de 1833 y los “honorables” de la Constitución de 1925. Si en algo repite mucho el esquema que lo reformistas reivindican de la “tradición republicana”, es que se trata de una revaloración de una democracia burguesa tutelada y que busca excluir lo más posible cualquier atisbo de la participación del pueblo en los asuntos públicos.

De contenido, el acuerdo establece 12 “bases” constitucionales donde, manteniendo el corazón de la Constitución de Pinochet actualmente vigente, tanto en el “modelo económico” neoliberal –primario exportador, del saqueo y superexplotacion- como en el “sistema político” de una democracia burguesa restringida, busca integrar algunas fórmulas simbólicas, como llamarle Estado democrático y social de derecho (atendiendo esos derechos bajo el principio de la “responsabilidad fiscal” como indica el acuerdo) e integrar algunos de estos derechos.

Una especie de Constitución Política del “extremo-centro” neoliberal (Tariq Ali), con la salvedad que no es solo la vieja derecha y la ex Concertación, sino ahora con el apoyo colectivo del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Será una constitución y un proceso constitucional –de un año, pues habrá elecciones al Consejo Constitucional en abril de 2023 y la nueva constitución deberá ser plebiscitada en diciembre de 2023- diseñado para que el resultado no pueda ser otro que blindar el neoliberalismo chileno, la herencia de la dictadura y enterrar las demandas y expectativas de cambio abiertas por la rebelión de octubre.

La firma del Partido Comunista y la descarada justificación de Daniel Jadue deben empujar a romper todo atisbo de ilusión con ese partido, que se ha transformado en el partido histórico del resguardo de la democracia burguesa chilena, de la colaboración con la burguesía “nacional” más reaccionaria como es toda la derecha chilena, bajo el manto de “unidad” de un progresismo neoliberal cada vez más degradado. El reformismo chileno del PC y el neorreformismo FA, está jugando un rol abiertamente reaccionario. No hay ningún “avance” ni “paso adelante” en este acuerdo. La burguesía se ha ganado a un gran aliado en el FA y el PC, así como las burocracias sindicales, para ganar aliados en su gran acuerdo.

Había una cuestión estratégica en juego: no sellar el mentado pacto de gobernabilidad y transición constitucional, podía acrecentar la inestabilidad política y alimentar el fantasma populista.
El espejo peruano fue un factor importante a considerar. Las disputas políticas en Perú, con un intento fallido de giro bonapartista por parte de Castillo y un golpe institucional de derecha consumado por el Parlamento en contra del presidente, han dado pie a movilizaciones en diversas ciudades, incluyendo decenas de cortes de ruta, la toma del aeropuerto de Arequipa y de la planta de la empresa Gloria (el gigante lácteo peruano que acaba de comprar Soprole), con un saldo de varios muertos fruto de la brutal represión policial. .

No era solo una cuestión de coyuntura. Estratégicamente la burguesía busca salir del atolladero y el interregno que dejó la crisis del Rechazo, y el FA que gobierna junto al PC y la Concertación.

La búsqueda de una nueva estabilidad, de una nueva hegemonía burguesa

El clima huele a los noventa. O al menos eso es lo que buscan reeditar, un camino hacia allí. Hace pocas semanas Gabriel Boric inauguró una estatua del primer Presidente de la transición pactada a la democracia en 1990. Habló de la reivindicación de los “cambios a la medida de lo posible”, de la necesidad de grandes consensos políticos en las alturas. Se trata de un cambio de relato que Boric y su gobierno, apoyado por el FA y el PC, ha venido sosteniendo todo este año desde que asumió, correspondiente a su decisión estratégica de gobernar en conciliación y acuerdos con los grandes empresarios como la CPC o la SOFOFA –que implican sus desavenencias, pero en el marco de un acuerdo- y en su gobierno, ya no solo la coalición con la ex Concertación y el “progresismo neoliberal” –salvo la DC- sino avanzar al “co-gobierno” con la derecha.

Por eso el relato tiene que reeditar el mito de la gran transición chilena a la democracia. Del ejemplo mundial de moderación, sensatez, altura estatal, perspectiva histórica y un sin número de alegorías para ensalzar la infamia que siguió una transición pactada junto a los militares de Pinochet, bendecida por el Vaticano y exigida por la embajada norteamericana. No casualmente el FA en particular ha venido a teorizar todo el “éxito” del transformismo histórico del PS, lo que se llamó la “renovación socialista” en los 80 donde se convirtieron directamente al neoliberalismo, manteniendo símbolos “progresistas”.

El acuerdo constituye un triunfo y una consumación de una orientación estratégica de la gran burguesía, para encauzar la crisis que sigue viviendo el país y darle un cierre de término. Se trata de un intento “hegemónico” agregando las fuerzas de capas medias y del reformismo y las burocracias sostenidas por el PC, de reeditar aquellos gloriosos “30 años” que reivindica el gran empresariado y el capital extranjero del “modelo chileno”.

Para fortalecer ese proyecto, necesitan que el gobierno pueda sostenerse y tener una base de sustentación suficiente para que su desgaste (producto de la crisis económica y la frustración de expectativas) sea controlada y permita un gobierno de recambio en las próximas elecciones. De ahí que algunos lo llamaron “acuerdo de gobernabilidad”.

El acuerdo entre la gran burguesía y el reformismo es más amplio e integral, puesto que involucra dos nudos estratégicos en la situación nacional: qué hacer frente a la crisis económica y frente al debilitamiento de la autoridad estatal.

En ambos terrenos se venía avanzando. Pero aún no estaba todo definido, producto que recién se están presentando las grandes “reformas” que prometió Boric.

En el terreno económico, la inflación debe combatirse con recesión, ajuste y responsabilidad fiscal, evitando cualquier medida “populista” como un nuevo retiro y aprobando el TPP11 como señal a los inversionistas y multinacionales. En síntesis: que la crisis la paguen las y los trabajadores con disminución del salario real, restringiendo el consumo popular, con mayor desempleo y precarización laboral.

Así también, el gobierno ha asumido con claridad y contundencia la exigencia de recomponer la autoridad estatal a través de medidas bonapartistas, como es la militarización permanente del sur, de las fronteras y la infraestructura crítica. Así también, el gobierno de Boric es quien tomó en sus manos la tarea sucia de “encarcelar a toda la plana mayor de la CAM” (como se jactaba Carolina Tohá en Tolerancia Cero) y enterrar cualquier atisbo de indulto a las y los presos de la revuelta, asegurando impunidad a los represores. El apoyo y aumento en aprobación que está viviendo Carabineros y las fuerzas armadas tiene su base no solo en la mayor crisis social y rasgos de descomposición social que están emergiendo como se ve en el aumento de la delincuencia, sino sobre esa base en la enorme campaña mediática para girar la agenda a la derecha y fortalecer al aparato estatal así como una opinión pública favorable a los discursos securitarios y de “orden”.

En el terreno internacional ha sido clave la agenda de alineación directa con el imperialismo de Estados Unidos. Lo observamos en la guerra de Ucrania. Y ahora más descaradamente en el apoyo al gobierno golpista en Perú, alineándose de nuevo junto a Estados Unidos y la derecha latinoamericana, justo en momentos donde las cifras de asesinados por el régimen siguen aumentando.

Crisis de la hegemonía burguesa y restauración ¿posible?

Sin embargo, este acuerdo, estratégicamente es débil “por abajo”. Hay un síntoma claro y contundente: la enorme indiferencia y apatía popular. Incluso el objetivo de sumar a la clase media progresista al acuerdo, apelando al gancho de una “Constitución nacida en democracia” y que supere la de Pinochet, es sumamente precario e inseguro. Dentro de la base social y electoral del Frente Amplio y el Partido Comunista, se escucha decepción y rechazo a un fraude grotesco. Pocos son capaces de tragárselo.

Además, hay factores estructurales. Chile sigue viviendo una fuerte crisis de representación. Se trata de la separación “representantes y representados”. Las encuestas señalan que el Congreso Nacional es de las instituciones más desprestigiadas y rechazadas por la población. El Gobierno viene con una aprobación muy baja y un alto rechazo. Y por eso están emergiendo nuevos fenómenos políticos como los “populismos de derecha” del PDG o de la extrema derecha de republicanos, que han estado más a la palestra pero se encuentran transitando en una cierta crisis después de su irrupción paramentaría. Otro éxito: ilusiones democráticas frente a la dictadura. Si en la transición pactada eran enormes las ilusiones democráticas frente a 17 año de una dictadura brutal, el factor de “cualquier cosa menos la constitución del 80”, su “pecado de ilegitimidad de origen”, para favorecer el mal menor, actua menos que aquella vez.

Dos, la crisis económica. Es difícil conquistar hegemonía cuando se está “ajustando”. La política de los grandes consensos en las alturas tuvo relativo éxito sólo cuando se sostenía en el crecimiento económico, el aumento del consumo y la promesa del ascenso social. Cuando ese motor se desaceleró, la fragilidad de un régimen político basado en la exclusión antidemocrática de las masas y la represión a la vanguardia obrera y juvenil, mostró todas sus contradicciones. La rebelión de octubre fue la consumación de ese ciclo. Hoy la casta política quiere volver a esos grandes consensos pero sin tener el piso económico. El próximo año se estima que la economía caerá un 1,3%. La inflación de este año llegará al 12,3% según las estimaciones del Banco Central. El salario real ha caído un 2,4% respecto al IPC y un 15% respecto de la canasta básica. Se estima que el próximo año el consumo caerá casi un 6%.

Además de los factores coyunturales, hay que decir que la economía del país no encuentra un motor dinámico. La última fue una década pérdida en cuanto a inversión (en 10 años apenas creció un 0,2%) y la economía sigue totalmente dependiente de los flujos de capitales (que hoy son desfavorables para Chile) y de los ciclos del precio del cobre. La burguesía nacional que domina los principales resortes de la economía no ofrece otra cosa que profundizar el rentismo y el saqueo.

La contracara de esto, que son los factores relativos en los cuales se apoya la burguesía, es que aún estamos con precios altos del cobre. Que el litio puede ser un impulso, que quieren promover (aunque metiendo más al Estado, cuestión que la gran burguesía hoy no quiere). Además, que hay un mercado de capitales que financia la inversión a las empresas, que son las AFP. Eso tampoco se tocaría. Tercero, que hay una deuda fiscal relativamente baja, entonces hay margen de endeudamiento.

Tercero, si bien se desvió y tiene rasgos de derrota subjetiva en sectores, no hay derrota estratégica. Hay recomposición del proletariado, nuevas generaciones han hecho la experiencia. La dificultad es que hay desgaste y también cierta desmoralización, inculcada por el reformismo que aposto todo a la vía institucional en los marcos del régimen pos-pinochetista. Hoy el éxito del acuerdo y los grandes consensos descansan sobre la pasividad y el reflujo de la lucha de clases, con un rol cómplice de las dirigencias sindicales que en vez de defender el salario y las condiciones de vida de las grandes mayorías, prefieren no hacerle olitas al gobierno apoyados por sus propios partidos.

Entonces se trata de un camino que conquistó la burguesía pero aún no está cerrado. Si bien la situación está inclinada a la derecha, con gran peso en temas de “delincuencia” y el “orden” asentada en una opinión pública que presiona, con pasividad en la lucha de clases, las grandes contradicciones estructurales que dejó expuesta la revuelta siguen presentes, y en muchos casos se han agudizado. 
La crisis económica puede alentar procesos de movilizaciones, luchas y huelgas, pues viene creciendo el descontento frente a ello.

No hay que olvidar que estamos atravesando una situación mundial convulsa. La guerra en Ucrania ha implicado un quiebre del equilibrio capitalista y el aumento de las tensiones geopolíticas, un acrecentamiento de la crisis económica y de la inflación mundial, y un ciclo de revueltas que sigue abierto (el último epicentro es Irán) y procesos de reorganización y lucha obrera en Inglaterra, Francia, EE.UU entre otros sectores. En el caso de Latinoamérica, la resistencia al golpe insituticional en Perú y el ecrecentamiento del tutelaje militar, muestra que la nueva ola de progresismos es mucho más débiles y lo que prima es la polarización política y social. Lo que queda demostrado es que aunque la gran burguesía se una y dé un golpe político, esto no es suficiente para garantizar una hegemonía derechista. Por el contrario, en algunos sectores ha emergido una verdadera rebelión contra el golpe institucional derechista del Congreso.

Necesitamos que emerja una izquierda obrera y revolucionaria, que supere al Partido Comunista y al reformismo

¿Qué estrategia debe levantar la izquierda? Boric mostró la transformación rápida de un FA que, naciendo con un discurso “contra el duopolio”, en unos pocos años se transformó en uno de los principales partidos de la “contención” y reedición de la política concertacionista. El PC se fue con todo a la estrategia institucional y desde allí fue directo a los brazos de la negociación con la derecha. Ahora son parte directa de la principal estrategia burguesa para estabilizar el país y generar nuevas bases hegemónicas para una dominación de más largo aliento.

¿Combinación de lucha de clases e instituciones? Así quieren los reformistas de MSC, ahora llamados Coordinadora de Movimientos Sociales, y depositaron toda la confianza en una Convención que sufrió un fracaso enorme y llevó a la desmoralización y la pasividad a enormes sectores.

Acá entra la discusión de la relación de fuerzas, tras la derrota del apruebo. La relación de fuerzas no está dada, se va construyendo en la lucha de clases, política e ideológica. El reformismo mediante el mito que “no está la relación de fuerzas” se ha terminado adaptando rápidamente a la estrategia burguesa de “cambios en la medida de lo posible”, o sea, solo en la medida que no afecte ni irrite a los dueños del país y los factores del poder, como la burocracia estatal.

En la actual relación de fuerzas, la izquierda ha jugado un rol fundamental. Y no solo el Gobierno con su giro a la derecha. Ha sido el PC desde la Convención y desde el Gobierno también. Los nuevos fenómenos políticos por izquierda que han surgido al calor de estos ciclos (como en su minuto fue el Frente Amplio o recientemente fue la izquierda de “los movimientos sociales” en la Convención y la Lista del Pueblo), no han hecho más que hacerle la pega gratis al reformismo o al Partido Comunista. ¿Y para qué? Para que terminen firmando pactos aberrantes con la derecha, mientras siguen pendientes todas las demandas de octubre. Ahora este mismo sector de Movimientos Sociales denuncia que no los dejaron participar en el acuerdo, yendo nuevamente como furgón de cola del proyecto burgues.

El proceso constituyente nacido del infame “Acuerdo por la Paz” (sumado a la pandemia) fue exitoso en desviar y vaciar las calles, con lo cual contaron con la colaboración no sólo del Frente Amplio y el Partido Comunista, sino también de Movimientos Sociales Constituyentes y Coordinadora Plurinacional -ex Lista del Pueblo, hoy ligada a Jorge Sharp- que apostaron todas sus fichas a las negociaciones palaciegas en el ex Congreso vaciando las organizaciones sociales, sindicales y territoriales. No es casual el retroceso de la lucha de clases y la pasivización de los movimientos, así como el aislamiento de las luchas o huelgas.

Contra toda visión derrotista de la lucha de clases y de confianza en las viejas instituciones de la democracia capitalista, hay que luchar por cambiar la relación de fuerzas. Los movimientos sociales y de trabajadores pueden cambiar esa relación de fuerzas en su favor, vale decir, tener más posibilidades de conquistar sus demandas. Pero eso implica luchar por una estrategia de la lucha de clases, contra los intentos de cooptación y pasivización de los distintos gobiernos.

Desde la óptica de la lucha de clases, la última década ha estado marcada por el círculo de la emergencia de la movilización seguida de la institucionalización. Revuelta e institucionalización es el círculo vicioso que ha atravesado Latinoamérica y Chile no es la excepción.

Pero esta cuestión no es necesidad histórica. Es producto del desvío y canalización institucional a los cuales el progresismo y el reformismo llevan la lucha de clases.

El centro de gravedad debe estar en la lucha de clases. Eso no implica abandonar la lucha parlamentaria, como dicen los anarquistas, pero significa sí subordinarlas al desarrollo de la movilización extraparlamentaria y por la autoorganización, así como la pelea por un programa obrero y popular que enfrente a los partidos capitalistas y reformistas conciliadores. Una estrategia en este sentido implica el apoyo a las luchas y huelgas, luchar por romper su aislamiento, masificarlas y buscar generar apoyo social, coordinarlas y conquistar aliados, desarrollando la autoorganización desde la base y en alianza con movimientos sociales y oprimidos. Eso implica luchar por el frente único de los trabajadores y contra la división que imponen las burocracias donde cada uno pelea localmente.

La clase obrera debe luchar por un programa de hegemonía tomando las demandas y reivindicaciones de todos los oprimidos. Esto implica unir la lucha por el salario, por la indexación, con la lucha por las demandas de toda la población, salud, educación, vivienda, pensiones. Por ello, debe ligarlas a la lucha por la expropiación de los grandes grupos económicos y señalar el camino socialista de la lucha de clases.

Se trata de luchar para revitalizar los sindicatos y organizaciones de base y recuperar el poder de movilización de los movimientos sociales, en alianza junto a los trabajadores y que sea de forma independiente del estado y de los partidos capitalistas. La cuestión de la independencia no es menor. En momentos de crisis, se tienden a dividir los polos burgueses o bonapartistas, y hay que evitar ir contra uno apoyando al otro. En momentos de “unidad” buscan formar un bloque contra la clase trabajadora y en eso encuentran el apoyo de los reformistas y las burocracias.

En el actual escenario, esto se debe traducir en buscar una política activa de reagrupamiento entre todas las organizaciones sociales y sindicales que busquen enfrentar este nuevo pacto oligárquico e impulsar un programa de emergencia frente a la crisis, de manera totalmente independiente al gobierno. La única forma de conquistar demandas urgentes de salario, vivienda, pensiones y recuperar las luchas históricas de los movimientos sociales contra la educación de mercado y por la educación gratuita universal, el aborto legal, seguro y gratuito, acabar realmente con las AFP; es enfrentando la política de ajuste económico del gobierno, sus reformas negociadas con los grndes empresarios y derrotar el «Acuerdo por Chile» y su intento de blindar el neoliberalismo con una constitución redactada por Consejo Constitucional dominado por la derecha. Un primer paso es actuar en común y hacer un pronunciamiento político y programático común entre todas las organizaciones que compartan esta pelea.

En la izquierda hay que profundizar el debate programático y teórico. Si algo demostró la rebelión popular, es que la ilusión de conquistar las demandas de octubre confiando en que un gobierno progresista o una Constitución burguesa la otorgará sin romper con la dependencia frente al imperialismo y sin enfrentar a las grandes empresas nacionales e internacionales, lleva a un camino de impotencia. Por lo mismo, es indispensable construir un partido revolucionario y socialista que condense y haga carne las lecciones estratégicas de los últimos años de lucha y desvío institucional. Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios buscamos aportar a esta gran tarea, por eso durante la revuelta nos jugamos con todo al desarrollo de la autorganización como lo hicimos en Antofagasta con el Comité de Emergencia y Resguardo que coordinó a importantes sindicatos y poblaciones en post de luchar por el fuera Piñera y la Asamblea Constituyente Libre y Soberana a partir de la huelga general y peleamos por la independencia política frente a este gobierno y la propia Convención, a quienes no dimos nuestro apoyo político ni nuestro voto.

La lucha por una política independiente no surge de la propia espontaneidad de las luchas sin embargo. Esta ilusión surge de una cierta mistificación que en el capitalismo podría triunfar una revolución socialista sin un centro dirigente, sin un partido revolucionario. Es parte de las mismas ilusiones en la revuelta, en el sentido que con mucha violencia se puede derrotar al viejo régimen. 
Pero la revolución es más seria, debe prepararse. Un partido es un instrumento indispensable. Un partido de la clase trabajadora, inserto en posiciones estratégicas como minería, puertos, telecomunicaciones y transporte. Con influencia en el mundo estudiantil, de mujeres y popular. Pero ese partido es imposible que se forme de la noche a la mañana o en plena revolución. Requiere años de formación, de experiencia en la lucha de clases, de participación en escuelas de guerra y luchas políticas. De la necesidad de dar una lucha por forjar una intelectualidad marxista, que ponga sus conocimientos en la producción teórica para responder a los nuevos fenómenos, sin usar el marxismo como biblia sino para actualizarlo desde las nuevas realidades, y para la lucha política y la formación de cuadros que tengan influencia en la clase obrera y movimientos sociales. Un partido que se proponga cambiar la relación de fuerzas.

Para ello debe ser internacionalista. Las mejores tradiciones de la izquierda. Implica no solo el seguimiento, sino una acción y práctica común. Como en Perú ahora, donde el reformismo ha mostrado toda su cara pro-imperialista apoyando al gobierno golpista y la militarización. O la fundación de una corriente revolucionaria en Francia.

(Tomado de Izquierda Diario)

Ir al contenido