Reflexiones sobre las politicas de alianzas del Partido Socialista

por Ibán de Rementería

La circunstancia política actual

El Partido Socialista (PS) en la actual circunstancia política nacional está sometido a una encrucijada histórica que define sus políticas de alianzas: ineludiblemente, tiene que decidir  si continúa con su actual alianza política y pacto electoral con el Partido por la Democracia (PPD),  la Democracia Cristiana (DC), el Partido Radical (PR) y otras fuerzas menores – Unidad Constituyente-, inserta en una ideología y política económica, social y cultural de carácter liberal demócrata neo liberal, o social demócrata de derecha – Alianza política que permitió instalar y gestionar la transición de la dictadura a la democracia, la cual hizo crisis con la derrota de la Nueva Mayoría en 2017 y toca a su fin con el estallido social del 18 de octubre del 2019 – ,  o si, por el contrario, en una afirmación de su tradición de izquierda, de social demócrata de izquierda, busca establecer una alianza con el Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y otras fuerzas políticas que allí se localizan, para hacer los cambios que la sociedad chilena, su voluntad general, ha venido manifestando desde hace años.  Además, en este contexto la militancia del Partido Socialista tiene otra encrucijada: debe discernir si acepta o no la designación unilateral realizada por el Comité Central de Paula Narváez como candidata presidencial del Partido. Este tema es complejo ya que a modo de ejemplo tenemos que en Valparaíso – donde esto se escribe- el precandidato del Partido Socialista a Alcalde en las elecciones primarias no oficiales de la Unidad Constituyente solo logró 128 votos, mientras que el candidato DC obtuvo 1.078 votos.

El Partido Socialista en su historia siembre había buscado mantener  un rol hegemónico  dentro las alianzas de izquierda, en una estrecha colaboración con el Partido Comunista, desde Frente Popular de 1938, que llevó al poder a Pedro Aguirre Cerda, pasando por el Frente del Pueblo en 1952, el Frente de Acción Popular  (FRAP) en 1958 y 1964 y la Unidad Popular en 1970, excepto en el caso del Frente Popular el Partido Socialista mantuvo su hegemonía y liderazgo presidencial en todas estas elecciones, con Salvador Allende como candidato.

Las vicisitudes políticas del Partido Socialista

Después del golpe militar de 1973 el Partido Socialista entra en un proceso de revisión ideológica y política que se plantea acercar el Partido a la centro izquierda,  pasando doctrinaria y orgánicamente a la social democracia y de allí, siguiendo las corrientes internacionales, derivando a orientaciones liberal demócratas neoliberales, estas derivas del socialismo chileno le permiten asumir una hegemonía  compartida con la Democracia Cristiana para luchar contra y derrotar a la dictadura militar, así como conducir los cinco gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría, cuya principal característica es, por una parte, en lo político un  lento e incompleto proceso de recuperación de la institucionalidad estatal y democrática, mientras que por otra se profundizan en lo económico, social y cultural las doctrinas y orientaciones neo liberales. A manera de ejemplo, tenemos que en 1990 los militares entregan en manos de Codelco el 70% de la producción nacional de cobre, llamado el sueldo de Chile por Allende,  mientras que al terminar el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, esta participación del Estado se había reducido al 30%; asimismo se privatizaron las obras públicas y los servicios públicos, todos los cuales contribuían sustancialmente con sus rentas y utilidades al presupuesto nacional.

Para este análisis, hay que distinguir entre la alianza política y los pactos electorales, mientras aquella significa tener propósitos políticos comunes en la gestión de la distribución del poder, es decir de mantener o cambiar el orden político establecido –la Constitución- o hacer reformas que recojan las demandas mayoritarias de la población, las cuales han sido expresadas por masivas movilizaciones sociales e identificadas por diversos estudios sociales y políticos desde hace años y que culminan con el plebiscito por la Convención Constitucional – Ver: Instituto de Ciencias Sociales Universidad Diego Portales. Cuarta Encuesta Nacional de Opinión Pública. 2008. PNUD Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2015. CADEM. Estudio. Monitoreo Post Plebiscito 2020. 25 octubre 2020.  Mientras que los pactos electores, que se pueden seguir de las alianzas o no, tienen por objetivo  alcanzar una mayoría para la distribución de cargos en el parlamento y/o en el poder ejecutivo, sin hacer mayor cuestión sobre los asuntos políticos de fondo. 

Lo cierto desde la recuperación de la democracia es que hasta ahora lo que ha gobernado la política de alianza del PS han sido sus intereses en el pacto electoral, vale decir, la distribución de las cuotas de poder –clientelismo- y no las políticas que atiendan las demandas mayoritarias de la población nacional, se trata de  la “política de lo posible”, que se ha mostrado como la política sometida mediante la corrupción al mundo empresarial y sus negocios, como lo han señalado los escandalosos casos PENTA, SQM y otros, todo lo cual ha conducido al marasmo partidario, que al decir del Diccionario de la RAE es la suspensión total de la actividad hasta un grado extremo de agotamiento o enflaquecimiento, en esta caso ideológico y político.

Las sendas separadas entre lo político y lo social

Los característico de la política chilena después de la recuperación de la democracia es que la sociedad y la política iban por sendas que se bifurcaban cada vez más, así los partidos se fueron “clientelizando” de manera acelerada e intensiva, mientras que sus conducciones orgánicas se acogían crecientemente a las recomendaciones tecnocráticas nacionales y trasnacionales para la “buena gobernanza”, es decir, la gestión público-privada de los asuntos públicos.

Entretanto la nación chilena iniciaba su marcha por las calles con un movimiento estudiantil en 2006 para demandar una educación pública universal, gratuita y de calidad, estos mismos actores son los que en 2011 demandan nuevamente una educación universitaria también, universal, gratuita y de calidad. En 2016 el movimiento social estalla como No Más AFP, en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones que se apropian de ese empréstito forzoso de todas y todos los trabajadores chilenos al empresariado financiero nacional y transnacional, a tasas de interés irrisorias, que no permiten financiar pensiones dignas a las y los adultos mayores del país, lo que moviliza año a año cientos de miles de hombres y mujeres por las calles y avenidas del país. Entretanto las mujeres irrumpen masivamente en el movimiento social cuando  el 27 de abril de 2018 las estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se toman la sede debido al acoso sexual, la discriminación y violencia de género, esta toma feminista se replica en diversas universidades del país, incluso la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Todas estas denuncias y demandas de las mujeres culminaran en una multitudinaria marcha nacional de cientos de miles de ellas, en su día internacional el 8 marzo del 2020.  Entretanto, en el campo de la protección al medio ambiente, a partir del año 2006, tras el anuncio del proyecto hidroeléctrico  HidroAysén, organizaciones sociales y medioambientales se movilizan por todo el país de manera creciente en su contra, lo que culmina en 2012, cuando el Grupo Matte, dueño de Colbún S.A. y de HidroAysén, anuncia el fin de tal proyecto. Esto se replica en muchos otros casos de proyectos de alta agresión ambiental y creación de “zonas de sacrificio” para las comunidades locales. Así el poder social se va manifestando de manera creciente mientras que el poder político permanece impávido en sus mayorías parlamentarias y el control de la administración del estado, para terminar afirmando, después del estallido social de 18 de octubre del 2019,  que simplemente: “no lo vio venir”.

En tiempos recientes los hitos fundamentales de la política nacional, entendida esta como la gestión en la distribución del poder han sido cuatro:  el estallido social o estado de insurrección de la nación chilena, desde el 18 de octubre de 2019, reafirmado en la gran manifestación de dos millones de personas a lo largo del país el 25 de octubre de ese año pidiendo una nueva constitución, lo cual fue gestionado en los Acuerdos por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre del mismo año , finalmente,  este proceso quedó consolidado en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, en el cual un 80% de los electores votaron por  “apruebo” la elaboración de una nueva constitución. El poder es la imposición de la voluntad. La voluntad a imponer puede ser decidida por una persona –tirano, rey, dictador, etc.,- o grupo selecto de ellas –aristocracia, oligarquía, mafia, partido político, etc. -, o decidida por la mayoría de los concernidos en la comunidad de referencia: nación, estado, región, ciudad, partido, sindicato, club, etc., etc.

La situación político electoral

La previsiones electorales conocidas señalan que la población divide sus preferencias electorales  en tres tercios, donde las adhesiones electorales más fieles es la disposición a votar en las elecciones primarias que convoquen estas agrupaciones políticas, así tenemos que en: “Laencuesta Cadem  … arrojó que un 22% participaría en las primarias de Chile Vamos (UDI, RN, Evopoli, PRI), 17% lo haría en el pacto formado por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), y el 16% lo haría en el conglomerado formado por la DC, PS, PPD y Radicales. En cambio, 29% no votaría en primarias” (Ver: Encuesta CADEM 08.02.2021.)

En cuanto a las próximas elecciones generales del 11 de abril, para escoger constituyentes, alcaldes y concejales, así como gobernadores, es altamente probable que en conjunto la centro izquierda (Unidad Constituyente) e izquierda (FA y PC) obtengan un votación próxima al 80% del que alcanzó el apruebo, es decir, que se llegue a los 2/3, pero el grado de dispersión de las votaciones por listas y la alta participación de candidatos independiente, que llegan al 60%, haga que los constituyentes elegidos se los repartan en partes similares tanto los partidarios de los preceptos conservadores de la actual constitución como los que propugnan por las garantías constitucionales a los derechos sociales fundamentales. Esto a no dudarlo, generará una gran frustración en la población nacional y procesos políticos altamente conflictivos que se expresarán en las calles. Ya que en los hechos terminaremos con una nueva constitución en lo formal, pero materialmente muy similar a la de Pinochet-Guzmán y el constitucionalismo tradicional chileno.

Precisamente, por lo anterior, un proceso constituyente incierto y conflictivo, las elecciones presidenciales y parlamentarias recuperarán una notable importancia política. Lo más previsible es que en la primera vuelta presidencial y elecciones parlamentarias la derecha obtenga el tercio mayor, mientras que la DC, PS y asociados frente al PC, FA y asociados, se queden ambos con cerca de los otros dos tercios, pero tendrán que entrar competir entre ellos para entrar a la segunda vuelta presidencial.  Por otra parte, según el grado de dispersión con que actúen estos pactos electorales menores o mayores serán sus representaciones parlamentarias efectivas.  En las elecciones municipales de seguro que la derecha se llevará la mayoría de los municipios y lo mismo en el caso de las gobernaciones, lo que no es un dato menor para los conflictos políticos que se vienen con la frustración constituyente.

En lo político lo central que estará por discernirse será cuál sector de la oposición pasará a competir en la segunda vuelta presidencial, según las encuestas y la percepción intuitiva  de la opinión de los eventuales electores, por el alto rechazo a los partidos políticos tradicionales y sus candidatos, según estudio de Criteria Research  los candidatos más mencionados fueron Sebastián Sichel con 53% y Pamela Jiles con 49%. (Ver: ¿Con quienes sintonizan más los candidatos presidenciales? El Mercurio, 21.02.2021)-, es más probable que el PC, el FA y asociados pasen a la segunda vuelta. Dicho en breve, tendríamos una situación similar a la primera vuelta del 2017, pero ahora ganando el FA y PC. No se debe olvidar que el FA existe porque ha tenido el mérito de haber aglutinado a una izquierda democrática que durante los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría no se sintió convocada por el clientelismo del PS ni por el verticalismo  del PC, la mayor parte de sus dirigentes y cuadros políticos se formaron en las movilizaciones estudiantiles y universitarias del 2006 y el 2011. Pero, bien puede suceder que a la segunda vuelta pase la Unidad Constituyente, las votaciones del 11 de abril darán buenas pistas sobre aquello.

Por ahora, el conflicto político electoral de la Unidad Constituyente  es que en la próxima primaria presidencial legal la candidata de la DC, Ximena Rincón, tiene la mejor opción de ganar, lo cual le quita el sueño tanto al PPD como al PS, si bien es cierto que la potencialidad carismática personal de Paula Narváez  le otorgan algunas posibilidades de triunfo. Lo cierto, es que de ser electa Rincón la deserción de la votación tradicional del PS y de alguna manera del PPD será alta. En el caso de que la Unidad Constituyente pasase a la  segunda vuelta será mejor candidata Narváez que Rincón para convocar a los votantes del FA y el PC, para no replicar lo que le sucedió a Alejandro Guillier en 2017.

El programa de gobierno como criterio de discernimiento

Lo que ha venido reiterando el movimiento social, los intelectuales y expertos de izquierda y progresistas, finalmente algunos partidos políticos, es que se debe terminar con el modelo político neoliberal que rige la economía, lo social y lo cultural en Chile. El desarrollo sostenido del capitalismo de la post guerra que estuvo caracterizado por un crecimiento constante y altamente redistributivo del ingreso, que es conocido como la era de los 30 años dorados (1945-1973), llega a su fin en la década de los años 70 del siglo pasado, debido a las limitaciones de la reproducción ampliada del capital. Esta crisis es confrontada mediante un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales, que se ha denominado período del “neoliberalismo” y la “globalización”.

Es de destacarse que en una encuesta hecha al momento de votar en el plebiscito: “¿Cuál fue la principal razón por la que votaste apruebo?”; el  69% respondió que para garantizar los derechos sociales en pensiones, educación y salud, así como el 36% para terminar con la Constitución de Pinochet, aquí las preferencias por las garantías constitucionales para los derechos sociales son aplastantemente claras. (Ver:CADEM. Estudio. Monitoreo Post Plebiscito 2020. 25 octubre 2020).

El eje del criterio de discernimiento para hacer los pactos políticos es un programa político anti neo liberal que realmente satisfaga las demandas económicas,  sociales y culturales de las grandes mayorías nacionales, para lo cual tiene que proponerse al menos lo siguiente: 

1) La estatización o socialización de las prestaciones sociales en salud, previsión social y educación. Bien puede ser formas de cogestión entre el estado y la sociedad civil organizada, no por las empresas privadas.

2) La regulación de las relaciones laborales que aseguren la titularidad sindical, la negociación salarial por rama económica y el absoluto respeto al derecho de huelga, como acontece en la mayoría de los países de la OCDE. Esto es fundamental no tan solo para mejorar los derechos y los ingresos de las y los trabajadores, además para mejorar su capacidad de negociación laboral, social y política. Esto, asimismo, es determinante para asumir la revolución tecnológica, el desarrollo de las fuerzas productivas, ya que solo elevando los salarios se hacen las innovaciones que aumentan la productividad del trabajo.

3) En cuanto a la financiación de las garantías de los derechos sociales el asunto impositivo es otro tema crucial, en breve nuestro sistema debe aspirar a que la mayor parte del recaudo provenga de los impuestos directos y no de los indirectos, como los impuestos a las ventas,  que quienes más ingresos tienen más impuestos paguen y eliminar todo tipo de exención, elusión y evasión tributaria hasta alcanzar los promedios de la OCDE. 

4) Para asegurar la financiación pública de las prestaciones sociales el estado debe recuperar la titularidad sobre todos los recursos naturales, incluida el agua, de tal manera que las rentas y utilidades que producen sean un recurso de todos los chilenos. Entre 2005 y 2014 las empresas mineras obtuvieron sobre utilidades anuales (“rentas graciosas” más allá de sus ganancias normales) por US$ 15.000 millones anuales, eso hace el 20,5 % del presupuesto público y el  4,9% del PIB. (Ver: Sturla,G., Accorsi, R., López, R., Fiogueroa, E. Nuevas estimaciones de la Riqueza Regalada a las Grandes Empresas de la Minería Privada del Cobre: Chile 2005.2014. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile. 2016.)

5) Otra fuente central de ingresos públicos son las rentas monopólicas que producen las obras públicas tales como: carreteras, autopistas y puentes, puertos y aeropuertos, sistemas de almacenamientos, distribución de agua y riego,  etc.

6) Los servicios públicos son otra importante fuente de rentas y utilidades para el estado, sea en la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, comunicaciones o información. Siempre se afirma que las obras públicas y los servicios públicos se privatizan para que esas empresas las financien y el estado pueda utilizar esos recursos con otros fines sociales más prioritarios, pero el estado puede solicitar esas financiaciones  allí mismo donde lo hacen las empresas privadas, en el sistema financiero nacional e internacional.

Es en el discernimiento de estos puntos programáticos donde se establecen los deslindes entre la centroizquierda y la izquierda. Así, es altamente probable que todos estos partidos estén de acuerdo en garantizar constitucionalmente la provisión de los derechos sociales esenciales como la salud, la previsión social y la educación con acceso universal, gratuito y de calidad a todos ellos. Se reconoce que en salud y previsión social algunos beneficiarios pueden hacer aportes de acuerdo a sus ingresos. Entre estos derechos también se puede reconocer el derecho a la vivienda y un entorno urbano digno… de seres humanos.  Seguramente, también concordarán en derechos laborales tal cual hoy se reconocen en la OCDE. Las diferencias se harán evidentes al momento de definir el financiamiento de las prestaciones de esos derechos sociales, que es el momento de esclarecer que estas propuestas no son demagógicas ni populistas, lo primero serán las diferencias en lo tributario. Pero, las discrepancias centrales surgirán al momento de plantearse la recuperación para el estado de las rentas y utilidades que provienen de los recursos naturales y el agua, las obras y los servicios públicos. Es en estos puntos donde se definen en lo concreto las políticas de alianza.

(el autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista del PS)

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