por Cynthia Burgos
Sebastian Piñera inicia su segundo mandato con el más bajo nivel de aprobación, solo un 37% según la encuesta Cadem, publicada hoy en todos los medios de prensa, y un nivel de desaprobación creciente, que alcanza un 48%. Es decir, es más la gente que lo desaprueba, que la que lo aprueba; y es completamente entendible y fácilmente explicable:
El gobierno en sólo un año de ejercicio, se ha esmerado con todos los esfuerzos posibles para retroceder en los derechos sociales alcanzados durante largos años debate y trabajo. Caso emblemático la ley de despenalización del aborto en 3 causales que fue aprobada durante el Gobierno de Michelle Bachelet, pero lo primero que hace Piñera al llegar al poder, es enviar dicha ley al Tribunal Constitucional, restándole todo el valor que significa el trabajo parlamentario y las demandas históricas de las mujeres por sus derechos reproductivos. De esta manera, este segundo gobierno de derecha, post dictadura, desde el primer día se propuso derrumbar todo lo avanzado en los gobiernos anteriores.
De ahí en adelante ha sido un espectáculo de colusión, mentiras, montajes, nepotismo. Trataremos de analizar los momentos que quedarán en la memoria de este primer año de la era Piñera, o era Chadwick, como también se le conoce.
Reforma educacional: el gobierno de Piñera una vez más recurre al Tribunal Constitucional, pasando por encima del Congreso, y sin importarle las demandas estudiantiles; bajo la visión del empresario que es, intentó rearmar o interpretar las leyes en educación con objetivo restringir la gratuidad, dejando a más de 18 mil estudiantes sin gratuidad, según el informe de enero, que ha aumentado a 27.000 en marzo. Aun cuando el CRUCH intentó buscar una solución a este conflicto, el oficialismo se opuso. Esto augura un fuerte movimiento estudiantil nuevamente.
Reforma tributaria: el proyecto se encuentra en el congreso desde el año 2018, y contrario a lo que señala el gobierno, esta contra reforma no simplifica el sistema tributario; no apoya a las pymes y ni a la clase media; no mejora la protección de los derechos de los contribuyentes; no fortalece la “certeza jurídica” y, muy por el contrario, sólo beneficia a las grandes empresas, al mismo 1% que históricamente se ha enriquecido a costa del uso de los recursos naturales, saqueo de las empresas del estado y leyes a su medida, esos mismos son los que se bonificarían de aprobarse el proyecto presentado por ejecutivo.
El proyecto de reforma tributaria complejiza la tributación de las pymes, obligándolas a llevar contabilidad completa, eliminando el beneficio de la depreciación instantánea permanente y aumentando sus costos operacionales a través de la boleta electrónica obligatoria, sin contemplar apoyos financieros. Ademas debilita el sistema de fiscalización y justicia tributaria, favoreciendo la evasión y elusión de las grandes corporaciones, a través de planificaciones tributarias agresivas. También retrocede en derechos laborales de los funcionarios/as públicos,
pone en riesgo el financiamiento del Estado, y por ende, la sustentabilidad de proyectos sociales que benefician a las personas de menores ingresos. Pero la operación comunicacional de La Moneda es potente, con información insuficiente, segmentada y distorsionada, que pretende hacer creer que beneficiará a las pequeñas empresas, pero no es así.
Reforma laboral: básicamente lo que busca es eliminar la indemnización por años de servicio. Recordar que antes de la dictadura (1973-1990) a los trabajadores y trabajadoras se les pagaba como indemnización un mes por año de servicio, sin tope. Con el código laboral impuesto en esa época, se rebajó a un tope de 11 años; y ahora Piñera pretende, según su última versión, que el pago sea de medio mes por año de servicio, con un tope de 11 años. Es decir el más grande retroceso operado sobre los derechos laborales.
Medio ambiente: el daño ambiental se ha hecho insostenible en varias áreas del país, especialmente en las zonas de sacrificio, donde ya no se puede respirar, estando contaminadas las napas freáticas, el ambiente marino, el suelo y el aire. En la zona de Quintero–Puchuncaví, durante agosto y septiembre de 2018, más de 1.700 personas intoxicadas con gases emitidos por las industrias, situación que se mantuvo por más de un mes. Las protestas de la población afectada estaban tomando mucha fuerza, exigían al gobierno una solución, pero lo único que se hizo fue cerrar las escuelas y no las industrias. Las demandas sociales fueron silenciadas con el asesinato del dirigente ambiental Alejandro Castro, del cual aún no se tiene información veraz sobre la causa y circunstancias de su muerte. Como si fuera poca la evidencia de la urgencia de tomar medidas para descontaminar y proteger el medio ambiente, el gobierno ha demostrado el cero interés por el bienestar social, y se niega abiertamente a firmar el tratado de Escazú, que corresponde a un acuerdo, cuyo objetivo es defender los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, garantizando así la democracia ambiental en los países de América Latina y el Caribe, es decir, una herramienta para la protección ambiental y el desarrollo sostenible, donde Chile venía trabajando desde el año 2012, pero que el actual gobierno no quiso firmar, situación aplaudida por los empresarios, pero que pone en serio riesgo la salud de las personas y la biodiversidad.
Economía: una de las principales promesas de campaña de Sebastian Piñera fue que reactivaría la economía, sin embargo nada de eso ha ocurrido. Tenemos el desempleo más alto de los últimos años, con una cifra histórica de 6.8% para el trimestre noviembre 2018 a enero 2019, y se pronostica que en 2019 el desempleo alcanzaría el nivel más alto de los últimos 15 años. Se suma o explica en parte esta situación, el cierre de varias industrias emblemáticas, como Maersk en San Antonio, Iansa en Rancagua, Pastas Suazo, Containes Industry, la constructora CIAL, Diario La hora, Revista Paula y Revista Qué Pasa, Calzados Albano, Calzados Guante. En total, cerca de 1.000 empresas se acogieron al proceso de quiebra durante el año 2018.
Militarización de La Araucanía: siendo este uno de los casos más desafortunados del gobierno, donde se comprobaron una serie de hechos irregulares e ilegales, desde la instauración del famoso “Comando Jungla”, que terminó con el asesinato del comunero mapuche, Camilo Catrillanca. En una versión inicial del gobierno acusó sin pruebas que el comunero habría realizado el robo de tres vehículos a unas profesoras de Ercilla, y que hubo un enfrentamiento con carabineros. Todo resultó ser falso. Una a una se revelaron las mentiras, los montajes y últimamente el fraude por malversación de fondos que se destinaban supuestamente al “problema étnico”. Todos los reportajes fueron transmitidos en televisión abierta y por la prensa tradicional, no hay secreto en esto, ha sido la mejor teleserie que hemos visto, aunque muy lamentable para nuestros hermanos mapuches.
Escasez hídrica y derechos de agua a perpetuidad: Otro conflicto que el gobierno no solo ha descuidado sino que, ademas pretende profundizarlo, es el conflicto del agua en varias comunas del país, en donde diferentes estudios han concluido que se han entregado más derechos de agua de lo que permite el caudal ecológico, y sobre eso también actúa la sequía producto del cambio climático, y la apropiación indebida de este recurso por parte de varios empresarios. Así, la situación cada vez más crítica por la insuficiencia del agua para el consumo humano, el gobierno presenta un proyecto para entregar con derechos a perpetuidad el restante 10% de agua disponible. Es decir, aquí se evidencia la nula voluntad de superar el problema de los pobladores y pequeños parceleros.
Medidores de luz: Dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarían los actuales medidores que se encuentran en las casas, por “dispositivos inteligentes” para medir el consumo de electricidad. Hasta ahora estos equipos los proporcionaba la empresa, que es lo que corresponde, ya que ellas lucran entregando este servicio, pero ahora el costo de estos medidores inteligentes lo deberán asumir los clientes, a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía. Indudablemente esto ha generado un repudio absoluto por parte de todos los usuarios de estas compañías, malestar que ha sido recepcionado por un grupo de parlamentarios, y se ha presentado un proyecto para revertir esta situación.
Con todo esto, el nivel de desaprobación al gobierno (48%) es más que esperable. Por esto y otras demandas no satisfechas de la población, el retroceso en los derechos sociales, más el conflicto ambiental, el año 2019 no será un año fácil, ni para el gobierno, pero tampoco para el pueblo. Solo queda unir todas las fuerzas de oposición al sistema capitalista y al gobierno, un solo movimiento social, potente y permanente, lograría un cambio en el curso de este país.
En este sentido, el espectáculo que dan los partidos de la oposición nucleados en lo que fue la Nueva Mayoría y el Frente Amplio resulta lamentable. Sus dirigentes no expresan el descontento popular, ni de las bases de sus propios conglomerados. Los dirigentes, ocupados de sus privilegios institucionales, han abandonado todo planteamiento que conduzca a nuclear a la oposición y a presentar un frente de lucha al desgobierno piñerista. Hablan de unidad sólo para las elecciones y la administración del poder.
Como militante socialista puedo corroborar la existencia de un abismo entre la base popular y socialista del PS y su dirigencia agrupada por lotes e intereses espúreos en los que priman los intereses de aparato, el reparto de prebendas y el mantener al partido despolitizado con una lógica clientelista, como lo ha hecho invariablemente desde 1990.
Las bases socialistas y de todos los partidos de izquierda reclaman una plataforma de lucha que de coherencia a aquella gesta que diariamente dan los trabajadores y explotados a lo largo del país. Es necesario que la lucha se proyecte en términos revolucionarios por el poder. Diariamente en cada huelga, en cada marcha, en cada acción de resistencia a la prepotencia patronal y gubernamental son los trabajadores los que nos están marcando el camino.
Recuperar el legado de Allende, tarea del conjunto de la militancia del PS, supone como primera cuestión aprender de su legado: nada podemos esperar de la institucionalidad patronal, hecha como está, para preservar la gran propiedad y privilegios de la clase capitalista. Son los trabajadores los que nos señalan que es en la calle, en la movilización, en la acción directa que se irá conformando no sólo la oposición al Gobierno de Piñera, sino que una alternativa de clase, trabajadora, obrera, que interprete a la mayoría nacional contra el imperialismo y plantee la disyuntiva histórica que atraviesa a Chile. O nos hundimos en la decadencia capitalista de la que sólo podemos esperar miseria, represión, destrucción del medio ambiente y saqueo del país a manos de las transnacionales. O bien tomamos nuestros destinos en nuestras propias manos, expulsamos del poder a los explotadores y liberamos a la clase trabajadora, eso es la revolución socialista, la misma, la de los socialistas.
- la autora de esta nota es militante de la Izquierda Socialista del Partido Socialista e integrante del equipo editorial de El Porteño