por Gustavo Burgos
En momentos en que Chile vuelve a debatirse entre promesas de crecimiento, ajuste fiscal, extractivismo acelerado y conflictividad social latente, la discusión económica reaparece como uno de los grandes campos de disputa política e histórica del país. ¿Existió realmente un “milagro económico chileno”? ¿Qué relación existe entre crecimiento y desigualdad? ¿Qué lugar ocupa Chile en la nueva economía mundial marcada por la crisis climática, la disputa geopolítica y la transición energética? ¿Y qué proyección tiene, en ese escenario, el programa económico del gobierno de José Antonio Kast?
Para abordar estas preguntas conversamos con la economista Lorena Muñoz del Campo, investigadora dedicada al análisis de desigualdad, sostenibilidad, economía política y estructura productiva chilena. Su trabajo ha estado centrado en las tensiones entre crecimiento económico, concentración patrimonial, extractivismo y crisis ecológica, así como en los efectos sociales y políticos del modelo neoliberal chileno. Actualmente se desempeña en programas del medioambiente para organismos internacionales.
En esta extensa entrevista, Muñoz del Campo desarrolla una crítica estructural a la narrativa del “oasis chileno”, cuestiona el carácter tecnocrático que asumió el debate económico durante décadas y analiza las contradicciones de una economía que exhibe sofisticación macrofinanciera y altos niveles de crecimiento, pero simultáneamente profundas desigualdades sociales, dependencia extractiva y crecientes límites ecológicos.
La conversación recorre además el significado histórico del estallido social de 2019, el nuevo escenario internacional abierto tras la crisis de la globalización neoliberal y los desafíos estratégicos que enfrentará Chile en torno al cobre, el litio, la transición energética y la sostenibilidad del desarrollo.
GB.- En Chile se suceden gobiernos, se plebiscitan Constituciones, se polariza el debate político, pero la economía —en su estructura— parece quedar fuera de discusión. ¿Comparte la idea de que existe una suerte de “consenso silencioso” que excluye el debate económico de fondo? ¿Cómo se explica este fenómeno?
LM.- Sí, absolutamente. Y parte importante de ese consenso silencioso se construyó sobre una lectura extremadamente selectiva de la historia económica chilena.
En Chile se instaló durante décadas una narrativa según la cual el país habría encontrado, gracias a la Dictadura, una fórmula económica excepcional basada en liberalización, disciplina fiscal y apertura de mercados. Incluso algunos llegan a indicar que pese a todas las violaciones a los derechos humanos, la Dictadura nos habría legado un país estable económicamente, ordenado y financieramente sólido.
El problema es que esa narrativa suele omitir episodios fundamentales de la trayectoria histórica chilena y simplifica enormemente la evolución real de la economía. Las propias cifras históricas contenidas en los reportes del Banco Mundial, muestran algo muy distinto a la caricatura y discurso habitual chileno.
Entre 1960 y 1972, mucho antes de la consolidación del modelo neoliberal, el PIB per cápita chileno pasó desde USD 547 a USD 1.163. Es decir, prácticamente se duplicó en poco más de una década. Esto obedeció a una serie de medidas derivadas de la industrialización, y expansión del sistema educacional del país que se inicia con los gobiernos radicales. Incluso, considerando las limitaciones estructurales de la época, Chile experimentaba una trayectoria de crecimiento significativa, un proceso acelerado de modernización material y un incremento en el nivel de vida de las personas.
Aunque el Chile de la época sigue siendo un país profundamente atrasado, ya en 1970, se evidencian frutos derivados de este esfuerzo de las décadas previas. Estos esfuerzos agregados a la nacionalización del cobre, elevan el PIB per cápita a USD 1.625 en 1973.
Este aumento explosivo en el PIB, se asocia a la nacionalización del cobre. Este hito, demuestra el nivel de explotación al que estaba sometido nuestro país por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a través de las sociedades explotadoras del recurso cuprífero. Tenemos que recordar que Stiglitz[1], ejemplifica mediante el caso de Chile y la explotación de su Cobre, “la maldición de los recursos naturales”. Stiglitz expone cómo las utilidades de Anaconda y Kennecott entre 1955 y 1970 habían superado en 774 millones de dólares el 12% de utilidades promedio que obtenían en otras explotaciones en diversos países. A mayor abundancia, el 66% de las utilidades de Anaconda a nivel global, provenían de sus operaciones de Chile (lo que hoy es CODELCO).[2]
Este escenario, cambia abruptamente con el golpe de estado de 1973. Con la llegada de la Dictadura, a contar de 1974 el PIB per cápita de Chile se desploma a apenas USD 693 en 1975. Es decir, la economía chilena sufrió un colapso brutal en los primeros años posteriores al golpe de Estado atribuibles a la implementación inicial del shock neoliberal con mano militar. En materias económicas, el país en la práctica habría retrocedido 20 años en estos primeros dos años de la Dictadura.
Ese dato es extremadamente importante porque desmonta una idea instalada durante décadas: que Chile habría comenzado a crecer únicamente después de 1973.
De hecho, las mismas cifras muestran una situación mucho más incómoda para la narrativa del “milagro”.
La caída fue tan severa que Chile tardó varios años en recuperar los niveles previos a 1973. Recién en 1978 el PIB per cápita llega a 1412 USD per cápita y sólo en 1979 se superan los niveles alcanzados antes de la Dictadura con 1873 USD per cápita.
Ese elemento suele ser sistemáticamente omitido en la narrativa simplificada del “milagro económico chileno”.
El problema no es negar que Chile creció posteriormente. Sí creció, y mucho. De hecho, el PIB per cápita medido por paridad de poder de compra pasó desde aproximadamente USD 2.922 en 1980 a USD 25.958 hacia 2018. El crecimiento económico chileno fue real y extraordinario en términos latinoamericanos.
Pero el consenso silencioso se construyó precisamente sobre una lectura parcial de esas cifras: se hablaba constantemente del crecimiento agregado, pero mucho menos de la distribución de ese crecimiento, de los costos sociales de la transición neoliberal o de las desigualdades estructurales que persistían.
Y ahí aparece el núcleo del problema. La idea del “oasis chileno”, nunca existió. El crecimiento macroeconómico coexistió con dinámicas distributivas crecientemente insostenibles. En ese contexto llegamos en 2019 con un 90% de la población viviendo con ingresos menores al PIB promedio. Esto implica que el 90% de los chilenos no gana lo suficiente para vivir en Chile. Es decir, el país logró combinar alto crecimiento económico con una de las mayores desigualdades del mundo OCDE.
Por tanto, bajo ese escenario, el estallido social de 2019 no fue una anomalía irracional, sino la manifestación visible de contradicciones acumuladas durante décadas.
Ahí está precisamente el consenso silencioso chileno: el debate económico se concentró obsesivamente en crecimiento del PIB, estabilidad fiscal e inversión, mientras quedaban relativamente fuera de discusión preguntas mucho más incómodas:
- quién capturaba el crecimiento,
- cómo se distribuía la riqueza,
- cuáles eran los costos territoriales y ambientales,
- y qué tan sostenible era socialmente esa trayectoria económica.
El gran problema es que la tecnocracia chilena confundió crecimiento económico con legitimidad estructural. El estallido de 2019 mostró brutalmente que no son lo mismo.
GB.- ¿Qué rol han jugado las élites técnicas —ministerios de Hacienda, Banco Central, organismos internacionales— en la clausura del debate económico, trasladándolo desde la deliberación democrática hacia una esfera tecnocrática?
LM.- Las élites técnicas han jugado un rol central en la construcción del consenso económico chileno. De hecho, probablemente una de las características más distintivas del modelo chileno fue precisamente la transformación de la economía desde un espacio de deliberación política hacia un espacio de administración técnica.
Y eso ocurre por una razón muy concreta: el éxito macroeconómico chileno terminó convirtiéndose en una fuente de legitimidad institucional.
Chile logró algo que América Latina históricamente tuvo enormes dificultades para conseguir: estabilidad inflacionaria, disciplina fiscal, apertura comercial sostenida y credibilidad financiera internacional. Todo lo anterior ocurría mientras gran parte de la región enfrentaba hiperinflación, defaults soberanos o crisis fiscales recurrentes. Chile construyó entonces una imagen de estabilidad técnica extremadamente sólida.
El modelo implantado con guante militar, permitió a Chile disfrutar 10 años de los retornos económicos más altos que el resto de la región. Chile se transformó en exportador del modelo y de los profesionales y gerentes que permitían replicar el éxito.
Esto, evidentemente, fortaleció enormemente a las élites económicas y tecnocráticas.
El Ministerio de Hacienda, el Banco Central, los organismos multilaterales y gran parte de la academia económica comenzaron progresivamente a instalar la idea de que ciertos principios económicos no eran opciones políticas discutibles, sino que prácticamente condiciones indispensables para el funcionamiento del país.
El problema es que esa tecnocratización tuvo un efecto político profundo: se estrechó el margen de debate democrático.
En la práctica, se consolidó la idea de que podía discutirse cuánto gasto social implementar o qué tan rápido avanzar en ciertas reformas, pero no podían cuestionarse estructuralmente los “pilares del modelo”, a saber:
- la apertura irrestricta de mercados,
- la centralidad del sector privado,
- la dependencia exportadora,
- la autonomía radical de la política monetaria,
- o la subordinación del desarrollo económico a la lógica de los mercados financieros internacionales.
Y aquí aparece algo extremadamente importante desde el punto de vista histórico.
Las propias cifras económicas ayudaron a consolidar esa legitimidad tecnocrática.
Las estadísticas de PIB, de Inflación y de crecimiento, muestran esta transformación económica que fue utilizada durante décadas como prueba casi irrefutable del éxito del modelo económico.
Pero nuevamente, el problema es que la discusión quedó capturada por indicadores agregados, cifras promedio y aumentos en el consumo. Simultáneamente, Chile mantenía niveles de desigualdad extremadamente elevados. Es un hecho que al desagregar estas maravillosas cifras promedio se esconde una verdad irrefutable. Luego de 50 años del Golpe de Estado de 1973, el 50% de los trabajadores en Chile sigue acumulando un ingreso promedio de 3000 dólares anuales percapita. Esto se traduce en que ese 50% del país sigue ganando 250 dólares mensuales en promedio. Esa mitad de Chile no ha recuperado el poder adquisitivo que tenia en 1973.
Es decir, mientras las élites técnicas hablaban de estabilidad, crecimiento y credibilidad internacional, una parte importante de la población experimentaba otra realidad, caracterizada por: un endeudamiento estructural, una precarización, pensiones insuficientes, desigualdad territorial, precariedad en el acceso segmentado a salud y la educación, y una creciente inseguridad económica.
Ahí aparece precisamente el núcleo del problema estructural de Chile, se observa una desconexión entre éxito macroeconómico y sostenibilidad social. La dinámica económica chilena acumuló desigualdades crecientemente incompatibles con estabilidad política de largo plazo.
Además, el problema no fue solamente económico, sino epistemológico: la economía comenzó a presentarse como un campo neutral y objetivo, cuando en realidad toda política económica implica decisiones distributivas.
Decidir reducir impuestos, flexibilizar regulación ambiental o priorizar equilibrio fiscal sobre gasto social no son decisiones puramente técnicas; son decisiones profundamente políticas.
Sin embargo, en Chile esas decisiones fueron blindadas bajo lenguaje técnico, un discurso homogéneo a lo largo de las décadas que nos indicaba que el modelo “no se toca”. La transición chilena consolidó una “democracia protegida” en la cual podían cambiar gobiernos, pero los márgenes estructurales del modelo permanecían relativamente intactos.
Esto tuvo un efecto muy relevante: la ciudadanía comenzó progresivamente a sentir que las decisiones económicas fundamentales escapaban de la deliberación democrática.
El problema es que esa lógica funcionó mientras existió legitimidad social suficiente para sostenerla. Lo que podría colapsar en Chile, no es el Banco Central ni la estabilidad macroeconómica. Lo que podría colapsar es justamente es la creencia de que el crecimiento económico por sí solo basta para producir cohesión social.
GB.- Durante décadas se ha hablado del “milagro económico chileno” asociado a la Dictadura. Desde una perspectiva rigurosa, ¿es sostenible esa caracterización?
LM.- La expresión “milagro económico chileno” es una simplificación extremadamente ideologizada de un proceso histórico mucho más complejo y contradictorio. El crecimiento chileno no comienza en 1973 ni con la implementación del modelo neoliberal; sus bases materiales e industriales empiezan a consolidarse mucho antes, particularmente desde los gobiernos radicales y el proceso de industrialización impulsado desde la década de 1940.
Después del terremoto de Chillán de 1939 y en el contexto de la crisis del modelo exportador primario, Chile inicia una estrategia de industrialización liderada por el Estado. La creación de CORFO en 1939 marca un punto de inflexión estructural. A partir de entonces, el país comienza a construir capacidades industriales, energéticas y de infraestructura que serían fundamentales para el crecimiento posterior. Durante los gobiernos radicales —Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla— el Estado impulsa activamente electrificación, siderurgia, refinación de petróleo, infraestructura vial y empresas estratégicas. En este período nacen o se consolidan instituciones y empresas clave como ENDESA, ENAP, CAP y gran parte de la infraestructura energética e industrial chilena.
Ese proceso modifica profundamente la estructura económica nacional. Las mejoras materiales eran evidentes. En 1960, Chile todavía exhibía enormes déficits estructurales: el acceso rural a agua potable alcanzaba solo 3,8%, la electrificación rural llegaba a 19,4% y el acceso a baño apenas alcanzaba 7,6%. Precisamente la industrialización liderada por el Estado permitió comenzar a cerrar parte de esas brechas mediante expansión energética, infraestructura pública y urbanización acelerada.
Por tanto, la narrativa según la cual Chile habría pasado desde el estancamiento al crecimiento exclusivamente gracias al neoliberalismo es históricamente incorrecta.
De hecho, en el período 1960 a 1973 el crecimiento económico de Chile definido a través del PIB fue deaproximadamente de 68,4%.
Esto es extremadamente relevante porque demuestra que Chile ya experimentaba una trayectoria de crecimiento y modernización previa a la implementación del modelo neoliberal.
El problema es que esa trayectoria se interrumpe abruptamente con la crisis política y económica y el shock económico inicial posterior al golpe de Estado, donde la economía chilena experimenta una de las mayores contracciones de su historia moderna.
Chile efectivamente experimentó un crecimiento económico interesante desde mediados de la década de los años 80 del sXX. Se observa que el crecimiento acumulado del PIB durante los años de la dictadura, esto es entre 1974 y 1989 fue de: 66,4%.
La lectura histórica es clave: este crecimiento no fue un crecimiento lineal ni un “milagro” continuo como ocurre entre 1960 y 1973 o posteriormente en la década de los años 90 del sXX. El período incluye dos crisis severas: la caída de 1975, con -12,91%, y la crisis de deuda de 1982–1983, con contracciones de -11,01% y -5,02%. Por tanto, el crecimiento acumulado hasta 1989 se logra después de fuertes retrocesos, no como una trayectoria estable. Dicho crecimiento acumulado es inferior al observado antes de 1973.
Por otro lado, en los años posteriores a la Dictadura, esto es entre 1990 y 2000, Chile experimentó uno de los ciclos de crecimiento más fuertes de su historia contemporánea. Utilizando las tasas de crecimiento anual del PIB real reportadas por el Banco Mundial, el crecimiento acumulado aproximado del PIB chileno en ese período fue de 84,6%.
El problema es que la narrativa suele construirse omitiendo tres elementos fundamentales:
- el desempeño económico previo al golpe de Estado,
- el colapso económico inicial posterior a 1973 y
- los costos distributivos del modelo.
A este respecto, las cifras históricas son particularmente reveladoras.
Ese elemento suele desaparecer de la narrativa simplificada del “milagro”.
Porque el relato dominante normalmente comienza a observar el caso chileno desde la recuperación posterior, especialmente desde mediados de los años ochenta, invisibilizando el costo económico y social de la transición inicial hacia el modelo neoliberal.
Ahora bien, también sería intelectualmente incorrecto negar el crecimiento posterior. Chile sí experimentó una expansión económica extraordinaria en términos regionales. Las mismas cifras del Banco Mundial muestran que el PIB per cápita medido por paridad de poder de compra pasó desde aproximadamente USD 2.922 en 1980 hasta USD 25.958 hacia 2018.
El problema es que el crecimiento agregado fue transformado casi automáticamente en evidencia de éxito estructural.
Es en ese instante en que se devela la gran debilidad conceptual del “milagro chileno”.
Porque mientras el PIB crecía, Chile mantenía niveles extremadamente altos de desigualdad. El crecimiento chileno acumuló dinámicas distributivas crecientemente insostenibles, donde el aumento agregado de riqueza coexistía con concentración patrimonial, endeudamiento estructural y creciente fragilidad social.
Y aquí aparece un punto central: el “milagro” fue principalmente macroeconómico y financiero, pero mucho menos exitoso en términos distributivos y estructurales.
Chile modernizó fuertemente su sistema financiero, consolidó credibilidad internacional y expandió exportaciones, pero mantuvo una estructura productiva altamente dependiente de recursos naturales y una distribución profundamente desigual del crecimiento.
Por eso la pregunta correcta no es si Chile creció o no. Sí creció, y mucho.
La verdadera pregunta es otra: ¿Ese crecimiento fue socialmente sostenible y distributivamente equilibrado?
El estallido de 2019 sugiere que No.
Porque lo que colapsó ese año no fue el PIB ni la estabilidad monetaria. La realidad alcanza al país, y el relato de que el crecimiento económico equivalía automáticamente a bienestar colectivo pierde sentido y sustento.
GB.- ¿Qué indicadores habría que considerar para desmontarla o confirmarla?
LM.- Si se quiere evaluar rigurosamente la idea del “milagro económico chileno”, resulta insuficiente observar únicamente el crecimiento del PIB. El análisis debe incorporar simultáneamente variables de crecimiento, distribución, bienestar social, estructura productiva y sostenibilidad de largo plazo. Precisamente ahí aparece la principal contradicción del caso chileno: una economía extraordinariamente exitosa en términos macroeconómicos, pero crecientemente tensionada en términos distributivos y sociales.
Desde la perspectiva del crecimiento agregado, las cifras efectivamente son impresionantes. Además, el país mejoró significativamente indicadores sociales agregados. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que refleja factores como bienestar de los hogares, acaso a la salud y educaciónde, en el caso de Chile pasó desde niveles medios en los años ochenta a ubicarse entre los más altos de América Latina y dentro de la categoría de “desarrollo humano muy alto” del PNUD. La pobreza monetaria disminuyó drásticamente, la esperanza de vida superó los 80 años y la cobertura educacional y sanitaria se expandió significativamente. Comparado con el Chile de 1960 la transformación material del país fue enorme.
Sin embargo, esos indicadores son insuficientes para confirmar por sí solos la existencia de un “milagro económico” integral.
El problema aparece cuando el análisis incorpora distribución de riqueza y sostenibilidad social, endeudamiento de los hogares, concentración de la riqueza y precariedad del empleo, entre otros.
Es en ese punto, cuando desagregamos el macro, que se demuestra precisamente esta contradicción estructural. Entre 2000 y 2019 el PIB chileno aumentó desde aproximadamente USD 77,8 mil millones a USD 282,3 mil millones, mientras la riqueza nacional total pasó desde USD 174 mil millones a USD 759 mil millones. Es decir, Chile experimentó una expansión económica y patrimonial extraordinaria. Sin embargo, esa expansión fue acompañada por una concentración extrema de riqueza.
Las cifras a este respecto, son particularmente reveladoras: antes de la pandemia, en 2019, el 50% inferior de la población adulta concentraba apenas 2,8% de la riqueza nacional, mientras el 1% más rico concentraba 37,7% de toda la riqueza del país. La riqueza promedio por adulto del 50% inferior era cercana a USD 3.190, mientras en el 1% superior -que representan 113.000 personas – alcanzaba aproximadamente USD 2,15 millones por adulto.
Eso significa que el crecimiento económico chileno coexistió con una dinámica distributiva extraordinariamente desigual, prácticamente exponencial. Y ahí radica el principal problema de la narrativa tradicional del “milagro”: confundir expansión macroeconómica con desarrollo equilibrado.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observan otros indicadores estructurales. El acceso a educación superior se expandió masivamente, pero acompañado de fuerte endeudamiento estudiantil; el sistema AFP profundizó el mercado de capitales chileno, pero simultáneamente produjo pensiones insuficientes para una parte importante de la población; y el crecimiento exportador se sustentó fuertemente sobre minería, agroindustria y extracción intensiva de recursos naturales, generando las llamadas “zonas de sacrificio”, crecientes conflictos socioambientales e hídricos.
Por tanto, si se quiere evaluar seriamente el caso chileno, los indicadores relevantes no son únicamente: el crecimiento del PIB, la estabilidad monetaria, la inversión extranjera, o la apertura comercial.
También deben incorporarse:
- concentración patrimonial,
- desigualdad estructural,
- endeudamiento de hogares,
- calidad efectiva de pensiones,
- segmentación de salud y educación,
- desigualdad territorial,
- sostenibilidad ambiental,
- y cohesión social.
Precisamente el caso chileno demuestra que una economía puede crecer extraordinariamente rápido y, simultáneamente, acumular desequilibrios distributivos capaces de erosionar progresivamente su legitimidad social y política.
Según el Human Development Report 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile presenta los siguientes indicadores para 2023:
- Índice de Desarrollo Humano (IDH): 0,878, similar a otros OCDEs Europeos.
- Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad (IHDI): 0,723. La pérdida de desarrollo humano atribuible a desigualdad alcanza aproximadamente 17,7%.
Ese dato es extremadamente relevante porque muestra una de las principales contradicciones estructurales del caso chileno: aunque el país posee uno de los IDH más altos de América Latina, una parte importante de ese desarrollo se reduce cuando se incorporan desigualdades reales en ingresos, educación y esperanza de vida.
El propio PNUD muestra que Chile pierde cerca de una quinta parte de su desarrollo humano potencial al corregir por desigualdad. En materia de género, los indicadores también muestran una situación ambivalente: el Índice de Desigualdad de Género: 0,102, ubicando a Chile en el puesto 33 mundial.
Estas cifras muestran que Chile presenta niveles relativamente altos de desarrollo humano agregado, pero simultáneamente mantiene brechas importantes en términos de: desigualdad distributiva, desigualdad patrimonial,segmentación estructural, y brechas persistentes de género en participación económica.
Precisamente por eso el caso chileno resulta tan complejo desde el punto de vista analítico: el país combina indicadores macroeconómicos y sociales propios de economías avanzadas con niveles de desigualdad que continúan siendo elevados para estándares OCDE.
En Chile entonces, lo que está en entredicho es la legitimidad social de una economía cuyo crecimiento dejó de percibirse como distributivamente justo y estructuralmente sostenible.
GB.– Si ese “milagro” existió, ¿para quién fue? ¿Cómo se distribuyeron sus beneficios entre clases sociales, territorios y generaciones?
LM.- Si se analiza la trayectoria económica chilena con rigurosidad, resulta evidente que el crecimiento sí existió, pero sus beneficios fueron distribuidos de manera profundamente desigual. Esa es probablemente la principal contradicción estructural del caso chileno: una economía extremadamente exitosa en términos macroeconómicos, pero mucho menos exitosa en términos distributivos y de cohesión social.
Las cifras agregadas efectivamente muestran una transformación material enorme. Chile pasó desde una economía relativamente pobre y subindustrializada en los años sesenta a una de las economías con mayor PIB per cápita de América Latina. El país también mejoró significativamente indicadores de infraestructura, esperanza de vida, y acceso educacional.
En este punto, la pregunta relevante no es cuánto creció Chile, sino quién capturó ese crecimiento.
Aparecen entonces las principales fracturas del modelo.
El crecimiento chileno fue acompañado por una concentración patrimonial extremadamente alta. Lo anterior se evidencia al observar las series de tiempo del Banco Mundial. La evolución de la concentración de riqueza e ingreso del 1% más rico sigue la siguiente trayectoria: en el año 1974, 17% a 20% del ingreso nacional; año 1989, 25% a 30% del ingreso nacional; año 2000, 30% a 33% del ingreso nacional; y año 2019, 37,7% de la riqueza nacional.
La tendencia resulta, sin lugar a dudas ,extremadamente reveladora.
A este respecto, las estimaciones tributarias históricas para Chile muestran que la concentración del 1% aumenta significativamente durante los años ochenta, coincidiendo con: las privatizaciones, la liberalización financiera, la apertura económica, y la fuerte valorización de activos financieros y empresariales.
Hacia finales de los años ochenta, Chile ya exhibía una de las estructuras distributivas más concentradas de América Latina. Posteriormente, durante la transición democrática, el país reduce pobreza monetaria y mejora indicadores agregados de desarrollo humano, pero la concentración patrimonial continúa aumentando.
Por tanto, si el “milagro” existió, éste benefició a los sectores con capacidad para capturar acceso a los recursos naturales (mineros, forestales, pesqueros, energéticos), activos financieros, propiedad empresarial y rentas del capital. Justamente, las clases altas y grupos económicos vinculados a la minería, las banca, el retail, el sector forestal, la energía y los mercados financieros fueron los principales beneficiarios de la expansión económica chilena. El modelo permitió una acumulación patrimonial extraordinaria en segmentos relativamente reducidos de la población.
Las clases medias, en cambio, experimentaron una situación mucho más ambigua. Sí, accedieron a mayores niveles de consumo, educación superior, vivienda y servicios. Pero gran parte de ese acceso se construyó mediante endeudamiento estructural. Chile expandió bienestar material, pero lo hizo en gran medida financiado por crédito.
Eso generó una paradoja muy chilena: crecimiento económico acompañado simultáneamente de inseguridad social.
En lo que respecta a la salud, la educación y las pensiones ocurre exactamente esa contradicción.
Chile mejoró indicadores agregados de cobertura y acceso, pero consolidó sistemas profundamente segmentados según nivel de ingreso. El acceso efectivo a salud de calidad, educación de excelencia y jubilaciones suficientes continuó dependiendo fuertemente de capacidad de pago.
El caso previsional es probablemente uno de los ejemplos más evidentes. El sistema AFP logró desarrollar uno de los mercados de capitales más sofisticados de América Latina, pero simultáneamente produjo pensiones insuficientes para una parte importante de la población. Es decir, el sistema fue exitoso financieramente, pero mucho menos exitoso socialmente.
Territorialmente, la distribución también fue profundamente desigual.
Gran parte del crecimiento económico se concentró en: Santiago, las regiones mineras, los corredores exportadores, y las zonas vinculadas a servicios financieros e infraestructura estratégica.
Mientras tanto, amplios territorios quedaron subordinados a economías extractivas con baja captura local de valor y alta presión ambiental.
Además, las generaciones jóvenes comenzaron progresivamente a experimentar un fenómeno particularmente relevante: mayores niveles educativos que las generaciones anteriores, pero simultáneamente mayores dificultades de acceso a vivienda, estabilidad laboral y movilidad patrimonial.
Se vislumbra entonces uno de los elementos más importantes del caso chileno.
El problema chileno nunca fue ausencia de crecimiento. El problema fue que el crecimiento dejó progresivamente de percibirse como socialmente compartido.
Chile por tanto, no se enfrenta a una economía fracasada, sino que se enfrenta contra una economía exitosa cuyos beneficios eran percibidos como crecientemente concentrados y desigualmente distribuidos.
GB.- Chile aparece frecuentemente como una economía “modelo” en América Latina. ¿En términos concretos, cuál es hoy el papel de Chile en la economía mundial?
LM.- Chile ocupa una posición muy particular dentro de la economía mundial. No es una potencia industrial ni tecnológica en sentido estricto, pero tampoco corresponde simplemente a una economía periférica tradicional. Chile es, esencialmente, una economía exportadora de recursos estratégicos con alta sofisticación financiera e institucional.
Esa combinación explica gran parte de su posicionamiento internacional.
El país logró consolidar durante décadas una imagen de estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y seguridad jurídica que lo diferenció fuertemente del resto de América Latina. Eso permitió acceso privilegiado a mercados financieros internacionales, inversión extranjera y financiamiento soberano relativamente barato.
Sin embargo, estructuralmente, Chile continúa dependiendo fuertemente de exportaciones primarias. El cobre sigue siendo el eje central de la economía chilena. El país concentra cerca de una cuarta parte de la producción mundial de cobre y posee algunas de las mayores reservas del planeta. A ello se suma el litio (Chile, argentina y Bolivia, concentran el 60% de las reservas de Litio del planeta), cuya relevancia geopolítica ha aumentado explosivamente debido a la transición energética global.
En otras palabras, Chile se transformó en un proveedor estratégico para la transición energética mundial.
El problema es que esa inserción internacional sigue siendo predominantemente extractiva.
Chile exporta cobre, litio, celulosa, frutas, salmones y productos agroindustriales, pero participa mucho menos en los segmentos tecnológicos de mayor valor agregado asociados a esas cadenas productivas.
Por ejemplo:
- exporta litio, pero no domina producción global de baterías, no participa tampoco en el mercado de las energías renovables o la eletromovilidad;
- exporta cobre, pero no controla la manufactura tecnológica intensiva asociada;
- exporta alimentos, pero no lidera cadenas globales de biotecnología alimentaria.
Ese es probablemente uno de los límites estructurales más importantes del modelo chileno. La economía chilena logró sofisticación financiera mucho más rápido que sofisticación productiva.
Lo anterior tiene consecuencias importantes.
Primero, mantiene alta dependencia de precios internacionales de commodities. Chile continúa siendo extremadamente vulnerable a ciclos globales del cobre y de materias primas.
Segundo, la estructura exportadora genera importantes tensiones territoriales y ambientales. Minería, agroindustria y forestales operan con uso intensivo de agua, territorio y capital natural.
Y tercero, limita capacidad de captura de valor agregado tecnológico.
Ahora bien, también sería incorrecto reducir Chile únicamente a una economía extractiva tradicional. El país logródesarrollar instituciones financieras relativamente robustas, integración internacional avanzada y una capacidad estatal macroeconómica considerablemente superior al promedio regional.
Por eso Chile ocupa una posición híbrida: financieramente sofisticada, institucionalmente estable, pero productivamente dependiente de recursos naturales.
Y esa dualidad se vuelve particularmente relevante en el nuevo escenario global.
Porque la transición energética mundial aumenta enormemente el valor estratégico del cobre y del litio chileno, pero simultáneamente incrementa la presión sobre estándares ambientales, gobernanza y sostenibilidad territorial. Lo anterior se ve reflejado en las directivas de provisión de recursos críticos sostenibles para la transición
Aquí aparece una contradicción central del momento actual.
Durante años, Chile construyó una ventaja competitiva internacional basada no solo en estabilidad macroeconómica, sino también en credibilidad institucional y sostenibilidad financiera. Cerca de 30%–40% de la deuda soberana chilena quedó vinculada a instrumentos de deuda asociados a energías limpias, gobernanza y sostenibilidad. Eso permitió acceder a inversionistas especializados y mejorar condiciones de financiamiento internacional.
Sin embargo, el actual debate sobre flexibilización ambiental, aceleración de permisos y reducción de “fricción regulatoria” comienza a generar tensiones importantes en el mercado internacional.
Porque en la economía mundial contemporánea la sostenibilidad dejó de ser únicamente una agenda ambiental. Hoy es también: una variable financiera, una variable comercial, y una variable geopolítica.
Aparece entonces el principal desafío estratégico chileno.
El país posee recursos críticos extraordinariamente valiosos para la transición energética global, pero simultáneamente depende de mantener credibilidad institucional y ambiental para seguir capturando financiamiento, inversión y competitividad internacional.
Por eso la pregunta ya no es simplemente cuánto exporta Chile.
La verdadera pregunta es si el país logrará transformarse desde un exportador primario sofisticado hacia una economía capaz de capturar mayor valor tecnológico, financiero y estratégico dentro de las nuevas cadenas globales de la transición energética.
GB.- ¿Somos un país exportador primario sofisticado, una economía dependiente o algo distinto?
LM.- Chile no puede entenderse únicamente como una economía exportadora primaria tradicional, pero tampoco como una economía plenamente desarrollada o industrialmente compleja. Lo que caracteriza al país es una combinación muy particular: sofisticación macrofinanciera coexistiendo con dependencia estructural de recursos naturales. Se observa así mismo una debilidad respecto de las áreas de innovación, ciencia y tecnología. Esta distinción es importante porque la pregunta ya no es solamente qué exporta Chile, sino qué tipo de inserción internacional construyó a partir de esas exportaciones.
Chile logró desarrollar instituciones financieras relativamente robustas, acceso privilegiado a mercados internacionales de capital, estabilidad monetaria y una capacidad estatal macroeconómica muy superior al promedio latinoamericano. En ese sentido, no corresponde al patrón clásico de economías periféricas inestables de la región.
Sin embargo, cuando se observa la estructura real de generación de riqueza, aparece una dependencia mucho más profunda. La economía chilena continúa descansando fuertemente sobre extracción intensiva de recursos naturales: cobre, litio, recursos forestales, salmonicultura, agroindustria, y minería.
Eso implica que gran parte del crecimiento económico del país sigue dependiendo de variables externas: precios internacionales de commodities, demanda asiática, condiciones financieras globales, y disponibilidad de capital natural.
Aquí aparece un elemento particularmente relevante que durante años fue subestimado por el debate económico chileno: la dimensión biofísica del crecimiento.
Los datos de Global Footprint Network muestran que Chile pasó desde una situación de relativa holgura ecológica a una condición de déficit ecológico estructural a partir de aproximadamente 2008. Es decir, la huella ecológica nacional comenzó a superar la biocapacidad disponible del país. Ese cambio es extremadamente importante porque muestra que parte relevante del crecimiento chileno comenzó progresivamente a sustentarse sobre sobreconsumo ecológico y presión creciente sobre capital natural.
En otras palabras, Chile no solo depende de exportaciones primarias; depende también de la capacidad de seguir transformando ecosistemas, agua, minerales y territorio en crecimiento económico. Las cifras muestran que a partir del año 2008, Chile está sobre endeudado en términos de sus Recursos Naturales – estos últimos vitales para su crecimiento.
En este punto, se modifica completamente la discusión sobre desarrollo. Porque durante décadas el modelo chileno evaluó éxito económico principalmente mediante: PIB, exportaciones, inversión, estabilidad fiscal, y apertura comercial.
Pero hoy aparece una restricción mucho más compleja: la sostenibilidad material del modelo de acumulación. Chile logró expandir enormemente riqueza agregada, pero lo hizo combinando: una alta dependencia extractiva, una creciente presión ecológica, y una fuerte concentración distributiva.
Eso permite entender por qué el caso chileno es estructuralmente distinto tanto de economías industriales avanzadas como de economías periféricas tradicionales.
Chile es una economía: financieramente sofisticada, eficiente en el proceso exportador, institucionalmente relativamente estable, pero ecológica y productivamente vulnerable. Esta vulnerabilidad ya no es solamente ambiental; comienza a transformarse también en un problema económico y financiero. Porque en el contexto internacional actual, la degradación ecológica ya no opera únicamente como externalidad ambiental. Hoy afecta aspectos que parecen muy alejados, como el riesgo país, el costo del financiamiento del país, la competitividad exportadora, y la legitimidad internacional.
Aquí es que aparece probablemente el principal desafío estratégico chileno de las próximas décadas. La gran pregunta ya no es si Chile puede seguir creciendo exportando recursos naturales. Probablemente sí, por un tiempo hasta que estos estén suficientemente deteriorados o agotados.
La pregunta real es si puede hacerlo sin profundizar simultáneamente tanto el déficit ecológico, como la concentración patrimonial, la dependencia tecnológica, y la conflictividad territorial.
Esta discusión excede completamente la vieja dicotomía entre “milagro” o “fracaso” económico.
Lo que está en juego es la sostenibilidad estructural del modelo chileno en un mundo donde crecimiento económico, límites biofísicos y estabilidad social comienzan a volverse inseparables.
GB.- En esa inserción internacional, ¿qué peso tienen sectores como la minería, el litio o la agroindustria?
LM.- Tienen un peso absolutamente estructural. De hecho, gran parte de la posición internacional de Chile depende precisamente de esos sectores. La economía chilena no solo exporta recursos naturales; organiza una parte importante de su crecimiento, balanza comercial, recaudación fiscal y atracción de inversión extranjera en torno a ellos.
La minería continúa siendo el eje central del modelo económico chileno. Chile concentra aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de cobre. Chile posee algunas de las mayores reservas mundiales de litio y forma parte del denominado “triángulo del litio”. En el contexto de electrificación global, almacenamiento energético y electromovilidad, el litio dejó de ser simplemente un mineral y pasó a convertirse en un recurso estratégico para cadenas tecnológicas globales.
Sin embargo, ahí aparece una contradicción central. Aunque Chile exporta minerales críticos para la transición energética, captura una fracción relativamente limitada de las cadenas de valor asociadas. El país exporta carbonato de litio y cobre refinado, pero no lidera globalmente las industrias derivadas de estos minerales.
Eso significa que Chile continúa ocupando principalmente el eslabón extractivo de la cadena global.
La agroindustria presenta una lógica similar.
Chile logró transformarse en una potencia agroexportadora altamente eficiente. Pero nuevamente, gran parte de ese éxito depende de explotación intensiva de recursos naturales, particularmente agua y suelos agrícolas.
Y aquí aparece un punto que hoy se vuelve crítico: la presión ecológica acumulada del modelo exportador. Chile entra en déficit ecológico estructural aproximadamente desde 2008. Esto implica que parte relevante del crecimiento exportador chileno empieza progresivamente a sostenerse sobre sobreconsumo ecológico y deterioro de capital natural.
Eso es particularmente visible en sectores como: minería en zonas de estrés hídrico, agroindustria intensiva en agua, monocultivos forestales, y agotamiento de recursos hídricos por la salmonicultura.
Durante décadas, estos sectores fueron interpretados exclusivamente como motores de crecimiento y generación de divisas. Hoy también comienzan a generar: estrés hídrico, conflictividad territorial, exposición climática, y riesgo financiero asociado a sostenibilidad.
Precisamente ahí aparece una transformación muy importante del escenario internacional.
En el pasado, la competitividad exportadora dependía principalmente de costos, productividad y acceso a mercados. Hoy los mercados internacionales incorporan crecientemente variables como la huella de carbono y sostenibilidad territorial.
Eso significa que minería, litio y agroindustria ya no operan únicamente como sectores económicos; operan también como variables estratégicas. En ese punto Chile enfrenta una paradoja particularmente compleja.
El país posee recursos extraordinariamente valiosos para la transición energética global, pero simultáneamente el modelo de explotación de esos recursos comienza a tensionar los territorios que ven agotados sus recursos sin obtener ningun beneficio. Por eso, el desafío chileno ya no es simplemente exportar más cobre o más litio.
La pregunta estratégica es mucho más profunda:
¿Puede Chile transformar su posición geológica privilegiada en una plataforma de sofisticación tecnológica e industrial, o seguirá operando principalmente como proveedor extractivo de materias primas estratégicas?
Porque esa diferencia probablemente definirá la trayectoria económica chilena de las próximas décadas.
GB.- En los últimos años hemos visto estallidos sociales en Chile y en otras partes del mundo. ¿Qué relación observa entre el aumento de la desigualdad y la emergencia de movilizaciones masivas? ¿Es la desigualdad un factor detonante o solo un síntoma?
LM.- La desigualdad puede comenzar como síntoma de un modelo económico desequilibrado, pero en determinado punto se transforma directamente en un detonante político y social. Eso ocurre especialmente cuando una sociedad percibe que el crecimiento económico deja de traducirse en movilidad real, seguridad material y distribución legítima de oportunidades. El caso chileno resulta particularmente relevante porque combina éxito macroeconómico con niveles extremadamente altos de concentración patrimonial, comparables a algunas de las economías más desiguales de la OCDE.
Esto último fue precisamente lo que ocurrió en Chile. Durante décadas, el país fue presentado como una economía modelo en América Latina, sin embargo, se acumulaba silenciosamente una estructura distributiva extremadamente concentrada.
En Chile, el 1% más rico concentra 37,7% de la riqueza nacional y el 10% superior 67,1%, mientras el 50% inferior apenas alcanza 2,8%. La distancia entre el trazador económico de la relación PIB/Riqueza del 1% y el 50% inferior alcanza 673,21 veces, sólo comparable a la exhibida por los Estados Unidos de Norteamérica.
Es justamente la comparación internacional la que devela la dimensión del problema.
En Estados Unidos, el 1% concentra 35,4% de la riqueza nacional y el 10% superior 75,9%, mientras el 50% inferior apenas posee 2,6%; la distancia entre el trazador económico de la relación PIB/Riqueza del 1% y el 50% inferior alcanza 680,77 veces.
Si ahora comparamos con los otros OCDEs de Latinoamérica. En México, el 1% superior concentra 34,1% de la riqueza y el 10% superior 65,2%, mientras el 50% inferior apenas controla 4%; la distancia entre el trazador económico de PIB/Riqueza del 1% y el 50% inferior alcanza 426,25 veces. En tanto que en Colombia, el 1% concentra 31,8% de la riqueza y el 10% superior 64%, mientras el 50% inferior posee solo 4,1%; la distancia entre el trazador económico de PIB/Riqueza del 1% y el 50% inferior alcanza 387,80 veces.
En contraste, las economías europeas presentan niveles considerablemente menores de concentración extrema. Francia exhibe un 22,2% de concentración en el 1% superior y 54,6% en el 10% superior, mientras el 50% inferior alcanza 5,1%; entre el trazador económico de PIB/Riqueza del 1% y el 50% inferior se reduce a 217,65 veces. Reino Unido presenta 24,5% en el 1% superior y 59,3% en el 10% superior, con una distancia entre el trazador económico de PIB/Riqueza del 1% y el 50% de 222,73 veces.
Es precisamente ahí aparece el vínculo con los estallidos sociales contemporáneos y situaciones de desigualdad.
Las grandes movilizaciones recientes no emergieron necesariamente en las economías más pobres del mundo, sino en sociedades donde comenzó a acumularse una percepción creciente de desequilibrio entre crecimiento económico y distribución efectiva de bienestar.
En Francia, el movimiento de los Gilets Jaunes expresó el malestar de sectores medios y periféricos frente a una pérdida de poder adquisitivo, la desigualdad territorial y la desconexión entre élites tecnocráticas y la ciudadanía. En Estados Unidos, movimientos como Occupy Wall Street sintetizaron precisamente la crítica contra la captura de riqueza por el “1%”, en un contexto donde la concentración patrimonial alcanzaba niveles históricamente elevados.En América Latina, las protestas en Chile, Colombia y Ecuador reflejaron tensiones asociadas a: desigualdad estructural, endeudamiento, precarización, debilitamiento de movilidad social, y pérdida progresiva de legitimidad institucional.
Lo importante es que muchas de estas economías no enfrentaban colapsos macroeconómicos clásicos. El problema no era únicamente pobreza absoluta; era la creciente percepción de que el crecimiento económico había dejado de distribuirse de manera socialmente legítima.
Esto es exactamente lo que ocurrió en Chile.
Por eso el estallido social de 2019 no puede interpretarse simplemente como una reacción al aumento del pasaje del metro ni como una crisis coyuntural aislada. Fue la manifestación visible de una contradicción estructural acumulada durante décadas: una economía capaz de generar riqueza masiva, pero crecientemente incapaz de distribuirla de manera legítima.
En ese sentido, la desigualdad deja de ser únicamente un indicador económico y comienza a transformarse directamente en un factor de riesgo político sistémico.
La estabilidad macroeconómica puede sostener crecimiento durante mucho tiempo.
Pero cuando la concentración patrimonial, la desigualdad estructural y la inseguridad social comienzan a acumularse simultáneamente, la desigualdad deja de ser únicamente un indicador económico y se transforma en un riesgo político sistémico.
GB .- En el caso chileno, ¿el ciclo abierto en 2019 puede entenderse como una reacción a una crisis de expectativas más que a una crisis estrictamente económica? ¿Cómo se articulan ambas dimensiones?
LM.- Sí, el ciclo abierto en 2019 no podría entenderse solamente como una crisis de expectativas. Esta podría entenderse como una crisis de legitimidad distributiva más que como una crisis macroeconómica clásica. Y precisamente ahíradica la singularidad del caso chileno.
Chile llegó al estallido social sin los indicadores típicos de una crisis latinoamericana clásica.
En 2018 el crecimiento económico alcanzó aproximadamente 4%, la inflación se mantenía cerca de 2,6%, el desempleo rondaba 7% y la deuda pública seguía siendo relativamente baja comparada con estándares OCDE. Además, el país mantenía grado de inversión internacional y uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina.
Sin embargo, esos indicadores coexistían con señales crecientes de agotamiento estructural. El principal problema era el desacople entre crecimiento agregado y experiencia cotidiana de la población.
Por ejemplo:
- el endeudamiento de los hogares superaba 74% del ingreso disponible hacia 2019;
- más del 50% de las pensiones pagadas por el sistema AFP se ubicaban bajo la línea del salario mínimo;
- el costo de vivienda urbana aumentó muy por encima del crecimiento salarial real durante la década previa;
- y el acceso a educación superior se expandió masivamente, pero acompañado por fuerte endeudamiento estudiantil.
Eso produjo una paradoja muy chilena: una sociedad objetivamente más rica, pero subjetivamente cada vez más insegura. Las generaciones nacidas después de 1990 crecieron bajo la expectativa de movilidad ascendente vía educación y mercado. Las nuevas generaciones estudiaban más que sus padres, pero enfrentaban: un mayor endeudamiento, un acceso más difícil a la vivienda, mercados laborales más inestables, y enormes barreras de acumulación patrimonial. Hacia fines de la década de 2010 estas nuevas generaciones comenzaron a enfrentar además: salarios relativamente estancados, altos costos de vida, precarización laboral, y enormes dificultades de acceso patrimonial.
Ahí aparece el concepto central de “crisis de expectativas”.
La ciudadanía ya no comparaba su situación con el Chile pobre de los años ochenta, sino con la promesa de bienestar que el propio modelo había construido durante décadas.
La crisis de expectativas no era una ilusión psicológica desconectada de la economía real. Fue más bien una crisis de legitimidad del modelo de desarrollo. En ese punto aparece una dimensión particularmente importante: el desfase entre indicadores macroeconómicos y experiencia social cotidiana.
Mientras la economía mostraba estabilidad agregada, el 90% de la población ganaba menos que el PIB promedio de Chile y por tanto enfrentaba una precarización creciente. La población percibía la fragilidad permanente de vivir en un país más caro de lo que ellos podían pagar. Se enfrentaban constantemente a diversos aspectos de la fragilidad que produce la desigualdad: temor a sufrir una enfermedad, temor a una jubilación insuficiente, temor al endeudamiento, temor a la pérdida de empleo, y dificultad creciente para proyectar estabilidad futura.
Por otro lado, entre 2014 y 2019 Chile experimentó sucesivos escándalos relacionados con: financiamiento ilegal de la política, colusión empresarial, abusos corporativos, casos de corrupción militar y policial, y pérdida de confianza en instituciones tradicionales.
La combinación de desigualdad económica y deterioro de legitimidad institucional fue decisiva. Precisamente por eso el aumento de 30 pesos en la tarifa del Metro operó más como detonante simbólico que como causa real del estallido.
La frase “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizaba precisamente esa acumulación de malestar estructural. Fue la percepción de fractura distributiva, la nula seguridad material, la percepción de injusticia del modelo, y el deterioro de las expectativas futuras.
GB.- Considerando el escenario internacional —tensiones geopolíticas, inflación, reconfiguración de cadenas globales—, ¿qué tendencias estructurales definirán la economía mundial en los próximos años? ¿Estamos ante un cambio de época?
LM.- Sí. Todo indica que no estamos simplemente frente a una crisis coyuntural, sino que estamos frente a una transición estructural del orden económico internacional comparable a otros grandes cambios históricos del capitalismo mundial.
Durante aproximadamente cuarenta años —desde los años ochenta hasta comienzos de la década de 2020— predominó un modelo caracterizado por una globalización acelerada, una expansión financiera, una deslocalización productiva, la integración de cadenas globales, el predominio del libre comercio, una baja inflación estructural, y una creciente hegemonía del capital financiero internacional.
Ese ciclo parece estar llegando a un límite.
Lo que comenzó a fracturarse después de la crisis financiera de 2008 no fue únicamente el sistema financiero internacional, sino que el paradigma completo de globalización que dominó desde los años ochenta. Durante estos últimos 40 años, predominó una lógica económica basada en liberalización comercial, expansión financiera, deslocalización industrial y cadenas globales optimizadas para minimizar costos. La premisa implícita era que los mercados internacionales podían asignar eficientemente recursos, energía y producción a escala planetaria. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 mostró que ese sistema había construido enormes niveles de eficiencia económica, pero simultáneamente una fragilidad estructural extremadamente alta. La crisis hipotecaria estadounidense marcaró probablemente el primer gran punto de ruptura del orden neoliberal global. Millones de personas observaron cómo los Estados rescataban bancos y mercados financieros mientras crecían desempleo, endeudamiento, desigualdad y precarización. Los Bancos quebraban y sus ejecutivos “salían libre de polvo y paja” con indemnizaciones multimillonarias, mientras que los ahorrantes perdían todo su capital. Desde entonces comenzó una erosión progresiva de legitimidad del consenso tecnocrático y globalizador que había predominado desde fines del siglo XX.
Posteriormente, la pandemia, la guerra en Ucrania, la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China y la creciente crisis climática profundizaron aún más esa fractura estructural. Las cadenas globales optimizadas para minimizar costos demostraron enorme vulnerabilidad frente a interrupciones logísticas, dependencia energética, concentración industrial y conflictos geopolíticos. Por eso el mundo comienza progresivamente a desplazarse desde una lógica de “eficiencia global” hacia una lógica de “seguridad estratégica”.
Aparece entonces un elemento central, la disputa por recursos críticos. El litio, el cobre, las tierras raras, la energía, los semiconductores, el agua y los alimentos dejaron de ser simplemente commodities transables; hoy son activos geopolíticos estratégicos. La disputa tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China refleja precisamente esa transformación. Durante la administración Trump comenzó a consolidarse una política crecientemente explícita orientada a asegurar control estratégico sobre cadenas industriales, minerales críticos y capacidad tecnológica.
Esto marca un cambio histórico profundo. Durante décadas predominó la idea de que el mercado global sería el principal mecanismo de coordinación económica. Hoy incluso Estados Unidos impulsa subsidios industriales masivos mediante el Inflation Reduction Act, China combina mercado con fuerte planificación estatal y Europa avanza hacia autonomía energética e industrial. En otras palabras, el siglo XXI comienza progresivamente a abandonar el paradigma del mercado completamente autorregulado.
Es así que aparece otra dimensión mucho más profunda: los límites biofísicos del modelo económico contemporáneo. La transición energética exigirá cantidades gigantescas de minerales críticos. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de ciertos minerales estratégicos podría multiplicarse entre cuatro y seis veces hacia 2040. Eso significa que la economía mundial enfrenta algo que durante décadas intentó evitar reconocer, el crecimiento económico vuelve a quedar condicionado por restricciones materiales y ecológicas.
Precisamente es en este momento que adquieren enorme relevancia las advertencias formuladas por Michel Camdessus[3] hacia 2010 respecto de su conferencia «Siglo XXI: un nuevo orden mundial”. El exdirector gerente del FMI advertía que el mundo comenzaba a enfrentar simultáneamente crisis económico/financieras, una desigualdad creciente, un deterioro ecológico y un debilitamiento de gobernanza global. El planteamiento era particularmente significativo porque provenía desde una de las instituciones emblemáticas del orden neoliberal de finales del siglo XX. Incluso el propio FMI comenzaba progresivamente a reconocer que el crecimiento económico desligado de cohesión social y sostenibilidad ambiental podía transformarse en un factor de inestabilidad sistémica. El Sr. Camdessus indicaba en su conferencia, que el orden mundial actual parecía no poder enfrentar la situación; ni tampoco podía ofrecer soluciones a estas crisis. El Sr. Camdessus indicaba que este orden mundial parecía desquiciarse rápidamente ante los nuevos desafíos surgiendo la necesidad de instaurar un nuevo orden mundial.
La Sra Christiana Figueres[4] ha profundizado enormemente esta discusión al señalar que la transición climática implica reorganización simultánea de energía, finanzas, comercio, infraestructura y gobernanza global. Es decir, el mundo no enfrenta solamente una transición tecnológica; enfrenta una redefinición completa de las bases materiales sobre las cuales operó la globalización durante las últimas décadas.
Vemos entonces que desigualdad extrema, la crisis climática y el debilitamiento democrático comienzan a converger en un sistema complejo que amenaza la estabilidad global. Se puede observar con creciente claridad: un aumento de conflictividad social, el surgimiento de nacionalismos económicos, la polarización política y disputas crecientes por recursos estratégicos.
En ese contexto, la posibilidad de mayores niveles de planificación económica deja de ser simplemente una discusión ideológica. Empieza a aparecer como una consecuencia funcional de restricciones materiales crecientes. Las economías de mercado funcionan relativamente bien bajo condiciones de abundancia energética y expansión continua. Pero cuando recursos críticos comienzan a percibirse como estratégicos o escasos, los Estados tienden históricamente a intervenir crecientemente en su asignación.
Es posible que el siglo XXI marque un retorno a formas económicas más centralizadas y planificadas. Tal vez no convergeremos hacia los modelos clásicos. Tal vez veremos surgir un modelo híbrido estratégico. Es decir, economías donde coexistirán mercados, política industrial, subsidios estatales, planificación energética y control creciente sobre sectores considerados críticos para seguridad y estabilidad social.
Entonces, probablemente las pregunta más importantes de las próximas décadas sería ¿puede el capitalismo global reorganizarse incorporando sostenibilidad ecológica y cohesión social?, o ¿continuará profundizando simultáneamente concentración patrimonial, deterioro ambiental y fragmentación política? ¿Veremos el surgimiento de formas de administración planetaria de recursos naturales cada vez más escasos?
Al parece hemos entrado en una zona de inestabilidad global, con tensiones contemporáneas asociadas a las crisis actuales, esto es: crisis climática, auge de populismos y nacionalismos y guerras por recursos críticos. Estos conflictos que hacen tambalear nuestro frágil orden democrático parecen surgir precisamente de esta transición todavía no resuelta.
GB.- Finalmente, frente a ese contexto global, ¿qué proyección económica se desprende del programa de gobierno de José Antonio Kast? ¿Profundiza el modelo existente o introduce rupturas? ¿Qué efectos podría tener en desigualdad, crecimiento y conflictividad social?
LM.- El programa económico de José Antonio Kast parece orientarse más hacia una profundización del modelo económico chileno tradicional que hacia una ruptura estructural con él. Su propuesta descansa sobre reducción tributaria, disminución del tamaño del Estado, flexibilización regulatoria, aceleración de inversión extractiva y debilitamiento de restricciones ambientales para impulsar crecimiento económico. Conceptualmente, representa una reactivación bastante explícita de la lógica económica predominante en Chile durante los años ochenta: crecimiento liderado por inversión privada, exportación de recursos naturales y desregulación como mecanismo central de dinamización económica. Es decir, pareciera que quiere partir desde el marco institucional y social previo a la vuelta a la Democracia.
Sin embargo, el problema es que el contexto internacional actual ya no es el mismo que permitió la expansión del modelo chileno durante los años noventa y dos mil. La estrategia de Kast se formula en un contexto internacional donde sostenibilidad, carbono, agua, biodiversidad y riesgo institucional ya no son variables externas al precio: hoy se traducen en costos de comercio, costo de deuda, seguros financieros y acceso a capital. En este escenario, incluso las economías históricamente más liberales están aumentando niveles de intervención estatal, política industrial y planificación estratégica. Precisamente por ese motivo comenzaron a aparecer señales de preocupación desde sectores económicos relativamente moderados.
La dimensión fiscal es el primer punto de fragilidad. Bloomberg informó que la Oficina de Presupuestos prevé que el proyecto económico deterioraría las finanzas públicas durante los cuatro años de gobierno; además, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que, sin considerar plenamente efectos dinámicos de crecimiento, la reforma podría generar un deterioro fiscal persistente, con déficit máximo de 0,71 puntos del PIB en 2030 y 0,43% del PIB en 2050, incluso con riesgos adicionales bajo escenarios de menor crecimiento. La misma discusión ocurre mientras la deuda pública chilena se ubica en torno a 42,6% del PIB, cerca del umbral prudencial de 45%, y mientras la propuesta incluye rebajar el impuesto corporativo de 27% a 23%. Por tanto, el programa descansa sobre una premisa exigente, esto es que el mayor crecimiento compensará menores ingresos estructurales, algo que las propias advertencias fiscales no aseguran.
Ese crecimiento esperado por la administración de Kast, vendría de mayores inversiones en Minería, Energía entre otros, todo ello facilitado por el relajamiento de – entre otros – las normas ambientales. Sin embargo, en el escenario actual, en el siglo XXI (y no aquel de los años 80 en plena Dictadura), aspectos como la huella de carbono, los pasivos ambientales y los pasivos sociales inciden incluso en la competitividad de nuestras exportaciones. La reciente implantación en enero de 2026 del CBAM Europeo (ajuste en frontera de carbono) que busca igualar el costo de carbono entre productores europeos y no europeos, reemplazará las asignaciones gratuitas en sectores como cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes e hidrógeno, obligando a cubrir emisiones incorporadas en importaciones. Esto implica que la huella de carbono, debe ser declarada y deberá ser compensada (o descontada del precio de compra).
Así el segundo punto es el comercial. Si consideramos que el precio de referencia relevante será el carbono europeo vemos que Reuters informó que el contrato benchmark del carbono europeo estaba en torno a EUR 74/tCO₂ en abril de 2026, con proyecciones promedio de EUR 80,61/tCO₂ para 2026, EUR 93,29/tCO₂ para 2027 y EUR 93,52/tCO₂ para 2028. En ese marco, cualquier exportador chileno intensivo en emisiones, energía o procesos industriales con baja trazabilidad ambiental – como propone el programa de Kast – enfrenta un riesgo concreto: no necesariamente perder mercado de inmediato, pero sí ver comprimidos sus márgenes. Se calcula que el CBAM puede reducir los márgenes exportadores entre 2% y 6% en sectores intensivos en emisiones (como el Chileno).
El tercer punto es financiero. Chile construyó una ventaja real mediante deuda sostenible: entre 30% y 40% del stock de deuda pública se estructuró bajo criterios verdes, sociales o vinculados a sostenibilidad, capturando acceso a inversionistas especializados y un greenium (reducción de las tasas de interés) estimado entre 5 y 15 puntos base.
Esa ventaja depende de la coherencia intertemporal – cosa que si ocurrió entre 2010 y 2025. Si el país sostiene discursivamente una agenda verde, pero en la práctica acelera proyectos con impactos significativos en biodiversidad o uso intensivo de agua en zonas de escasez hídrica, el mercado no evalúa la retórica; evalúa consistencia del riesgo. En el escenario de la administración de Kast , la pérdida de credibilidad ambiental puede traducirse en mayores primas soberanas. La estimación a este respecto sitúa ese deterioro entre 50 y 150 puntos base, pudiendo escalar a 200–300 puntos base bajo pérdida significativa de confianza.
El impacto no es menor. Si Chile emite anualmente del orden de USD 10.000–15.000 millones en deuda, un incremento de 100 puntos base encarece de manera significativa el servicio futuro de deuda; si ese deterioro se transmite al sector privado, minería, energía e infraestructura también enfrentan mayor costo de capital.
A lo anterior se suma un dato que ya no es hipotético.
A sólo un mes de gestión, los seguros de deuda para Chile se habían encarecido en torno a 14 puntos porcentuales. El mercado percibió ya la falta de coherencia, la política fiscal obsoleta, la falta de sustento socio-ambiental. El programa de Kast muestra que el riesgo comienza a monetizarse antes de una crisis formal. En términos financieros, esto confirma la tesis central: cuando la sostenibilidad se transforma en variable de riesgo, la inconsistencia regulatoria se paga en tasas, seguros, y menor profundidad de mercado.
El cuarto punto es social. Chile no llega a esta discusión desde una estructura distributiva neutra. Es decir, el país ya combina una alta concentración patrimonial con una memoria reciente de conflictividad social. Si la recuperación del crecimiento se concentra en sectores extractivos intensivos en capital, con baja distribución territorial de beneficios y alta presión sobre agua o biodiversidad, el resultado puede ser más inversión agregada, pero también mayor percepción de captura, desigualdad territorial y conflictividad socioambiental.
Por tanto, la proyección económica del programa de Kast es ambivalente. Puede mejorar expectativas empresariales y acelerar inversión en el corto plazo, pero si esa aceleración descansa en flexibilización ambiental, menor recaudación estructural y expansión extractiva sin coherencia sostenible, el efecto neto puede ser más frágil de lo que sugiere el discurso pro-crecimiento. La paradoja es clara: el mismo camino que puede levantar el PIB en el corto plazo puede elevar el costo de financiamiento, reducir márgenes exportadores por carbono, encarecer seguros de deuda, deteriorar acceso a capital sostenible y reactivar conflictividad social.
La propuesta de la administración de Kast parece asumir que el principal problema económico chileno es exceso de regulación y debilitamiento de incentivos de mercado. Sin embargo, se equivoca. Su programa refundacional, parece abrazar los dogmas del pasado mas que mirar al futuro. Se olvida que el problema chileno actual ya no parece ser únicamente cuánto crecer, sino bajo qué condiciones sociales, políticas y ecológicas ese crecimiento puede mantenerse estable en el tiempo.
Chile debería considerar que en el siglo XXI, crecer en contra de una sostenibilidad ya no es crecer gratis; es trasladar el costo al comercio exterior, a la deuda pública, al sector privado y a la legitimidad social.
GB.- Muchas gracias Lorena, ha sido una conversación muy interesante y estoy seguro que la misma abrirá debate político en un entorno en que estas cuestiones han permanecido silenciadas.
LM.- Gracias a tí por el espacio y a El Porteño.
[1] Stiglitz, J. E. (2006). Making globalization work. W. W. Norton & Company. Capitulo 5.
[2] A este respecto resulta útil revisar el discurso histórico del presidente Allende ante la Asamblea de la ONU en Nueva York, el 4 de diciembre de 1972. En este discurso el presidente Allende denunció la agresión financiera y el bloqueo invisible de Estados Unidos contra Chile, defendiendo la soberanía nacional, la nacionalización del cobre y la autodeterminación de los pueblos.
El discurso fue recibido con una ovación de pie y se mantiene como un referente de la defensa de la soberanía en la política internacional.
[3] Camdessus, M. (2010). Siglo XXI: un nuevo orden mundial [Conferencia]. IEDE Business School, Universidad Europea de Madrid, Madrid, España.
Michel Camdessus fue Director Gerente y Presidente del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 16 de enero de 1987 hasta febrero de 2000 – fecha en que se jubila.
[4] Christiana Figueres es una diplomática y negociadora climática costarricense reconocida internacionalmente por haber liderado las negociaciones que culminaron en el Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático. Se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entre 2010 y 2016. Su trabajo fue clave para articular consensos multilaterales orientados a la descarbonización global y la transición energética. Actualmente es una de las principales voces internacionales en materia de gobernanza climática, sostenibilidad y transformación económica frente a la crisis climática.