por Ibán de Rementería//
El programa presidencial que ha sometido Alejando Guillier a consideración de las y los chilenos –“Bases Programáticas, Guillier, 2018- 2022” -, tiene al menos tres nudos complejos en lo político, lo económico y lo territorial.
En lo político, que es el asunto de la distribución del poder, el nudo está en la no definición de la instancia institucional que en tanto expresión de la soberanía popular deliberará y resolverá sobre el contenido normativo de la nueva Constitución Política del Estado, nosotros los socialistas aprobamos en el XXX Congreso del Partido Socialista que esa instancia debía ser una Asamblea Constituyente elegida por votación universal y proporcional. Se debe reconocer que el documento programático propuesto si es taxativo en cuanto a no aceptar quórum calificados superiores a la mayoría absoluta, asimismo se propone la supresión de la Corte Constitucional y la transferencia de esa potestad a los tribunales ordinarios.
En lo económico, que es el asunto de la distribución de la riqueza, el nudo es altamente complejo, ya que este programa presidencial pretende basar el financiamiento de la salud, la educación y la seguridad social como derechos garantizados para todas y todos los chilenos, solamente mediante el crecimiento económico y con alguna modificaciones tributarias, pero no en la recuperación para el Estado de las rentas y utilidades provenientes de los recursos naturales, las obras públicas y los servicios públicos, eso no diferencia mucho el programa de Guillier del programa de Piñera. En el tema de la recuperación de las rentas del cobre se postergar hasta el año 2030 la «repactación» del royalty minero lo cual indica el tipo voluntad política que impera, tampoco nada se dice sobre la recuperación para el Estado del litio, ni de los otros recursos naturales, ni del agua, ni de los recursos pesqueros. Tampoco se dice en el programa en referencia cómo se financiará la diversificación y modernización de la actual estructura productiva nacional marcadamente extractivista y rentista. No plantear el tema de la financiación tanto de la prestación de los derechos sociales y de un nuevo modelo de desarrollo nacional que supere el actual extractivista y rentista es marcadamente demagógico, porque no hay intención de llegar a un cubrimiento universal y de calidad, o peligrosamente populista porque se recurrirá al sobre endeudamiento público para financiarlo. En el caso de las obras públicas la propuesta de la creación de un Fondo de Inversiones en una alianza público privada mantiene el esquema según el cual las rentas y utilidades de este sector son privatizadas.
En la regionalización, que es el asunto de la distribución del territorio y sus recursos, el nudo principal está en la no especificidad de la transferencia a las regiones de las competencias fiscales, tanto en los aspectos de recaudo financiero por impuestos, tasas y otros tributos, como por las rentas y utilidades sobre los recursos naturales y los bienes públicos allí localizados tales como carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, etc., servicios públicos como agua potable, energía, comunicaciones, etc., propiedades inmuebles, tierras, etc., ya sea la que correspondería a las regiones como a los municipios, en tanto los cánones por regalías o royalties. Tampoco se establecen las transferencias regionales y municipales de competencias para administrar esos recursos allí generados.
(el autor milita en el Núcleo Valparaíso Socialista del Partido Socialista, Izquierda Socialista)
(la fotografía es de Jorge Groenmeyer)