por Alejandro Valenzuela Torres
La reciente sentencia del 7º Juzgado Civil de Santiago, que ordena a los herederos de Augusto Pinochet restituir al Estado chileno más de US$16 millones malversados, no debe ser interpretada como una mera anécdota judicial ni como la sanción moral de una figura histórica desacreditada. Es, por el contrario, la expresión concreta de un fenómeno estructural que marcó toda la dictadura chilena: la conversión de las Fuerzas Armadas en instrumentos del capital, beneficiarios directos del despojo social y custodios armados de una restauración oligárquica e imperialista.
La sentencia acoge una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del Caso Riggs, revelado en 2004, que documentó cómo Pinochet abrió múltiples cuentas secretas en el Riggs Bank de Washington —algunas bajo nombres falsos— para esconder una fortuna ilícita estimada en más de US$27 millones. Los fondos provenían de partidas reservadas, operaciones de triangulación financiera desde el Ejército y la Presidencia, y otros mecanismos de desvío de recursos fiscales.
Pero lo que este fallo judicial confirma no es solo el enriquecimiento personal de Pinochet. Es la punta del iceberg de un modelo de corrupción estructural, en el que las Fuerzas Armadas —convertidas en casta privilegiada tras el Golpe— actuaron como agentes de un saqueo generalizado: no solo contra el aparato estatal, sino también contra las organizaciones sociales, partidos de izquierda, propiedades comunitarias y militantes del pueblo trabajador.
Toda una historia de corrupción pinochetista
Ya en los primeros meses tras el golpe de Estado de 1973, los golpistas lanzaron campañas de “reconstrucción nacional”, llamando a la ciudadanía a donar dinero, alimentos y ropa. Esta “colecta solidaria”, sin ningún tipo de control ni auditoría pública, fue utilizada como una caja negra del régimen, donde se triangulaban fondos hacia redes de inteligencia, premiación militar y operaciones encubiertas. Lejos de reconstruir, esta colecta sirvió como plataforma inicial para una política sistemática de privatización, despojo y apropiación de bienes públicos.
Uno de los escándalos más emblemáticos fue el de los Pinocheques: tres cheques por un total de $138 millones que el Ejército, bajo la firma de Pinochet como Comandante en Jefe, entregó a su hijo, Augusto Pinochet Hiriart, como parte de un oscuro negocio con la empresa IMA. La investigación fue obstruida sistemáticamente por los altos mandos militares y cerrada sin condenas gracias a la intervención de la Corte Suprema. Este caso es paradigmático: la impunidad estructural de la familia Pinochet fue garantizada por el poder militar incluso en democracia.
Otro caso emblemático es el de CEMA Chile, la fundación dirigida por Lucía Hiriart, que se apropió de más de 100 inmuebles entregados gratuitamente por el Estado para supuestos fines sociales. Muchos de estos terrenos fueron saqueados a sindicatos, partidos de izquierda y militantes de la Unidad Popular. Luego, CEMA los vendía en el mercado inmobiliario sin pagar impuestos ni rendir cuentas, configurando una verdadera empresa de despojo legalizado. El cierre de la fundación en 2019 evitó que se juzgara a sus responsables.
Los tentáculos del saqueo pinochetista incluso tocaron el mundo del narcotráfico. En 2001, informes filtrados de la PDI y de agencias extranjeras como la DEA vincularon a Marco Antonio Pinochet, hijo del dictador, con operaciones de lavado de dinero y tráfico internacional. Aunque nunca fue condenado, su nombre aparece en escuchas telefónicas y en investigaciones sobre ventas ilegales de armas y vehículos militares. Una vez más, la red de protección institucional garantizó su impunidad.El Banco Riggs: la Caja Fuerte de la Dictadura
La operación financiera más sofisticada fue la que involucró al Banco Riggs de EE. UU., que ayudó a Pinochet a abrir 128 cuentas secretas usando identidades falsas. Por ellas circularon millones de dólares extraídos de fondos públicos, muchos de ellos provenientes de agregadurías militares, embajadas y partidas reservadas. El propio Senado estadounidense investigó el caso y sancionó al banco por su rol en el blanqueo de capitales del dictador chileno.
Las Fuerzas Armadas: no solo represoras, sino saqueadoras
Lejos de ser desviaciones individuales, estos hechos deben leerse como manifestaciones concretas del carácter de clase de las Fuerzas Armadas chilenas bajo el mando de Pinochet. No fueron árbitros neutrales del orden ni defensores de la nación, sino un ejército mercenario al servicio del capital nacional y extranjero, que no solo desmanteló el aparato productivo público, sino que también participó individualmente en el pillaje de casas, diarios, sedes partidarias y bienes personales de militantes populares.
Este enriquecimiento directo, promovido tanto por la cúpula militar como por los grandes empresarios que recuperaron fábricas, bancos y latifundios, fue parte del precio de la traición. Las Fuerzas Armadas no solo garantizaron el modelo neoliberal: fueron beneficiarias directas de él, y aún hoy gozan de privilegios, pensiones y estructuras que son legado vivo de esa época.
Un fallo útil, una condena insuficiente
El fallo contra los herederos de Pinochet es apenas un gesto reparador en un océano de injusticias. Sirve para evidenciar que la corrupción no fue un accidente del régimen, sino su columna vertebral. Que el Ejército no defendió al Estado, sino que lo saqueó en nombre del capital. Que el verdadero “enemigo interno” eran los trabajadores, y que la dictadura no fue una anomalía, sino la respuesta del gran capital ante el riesgo de perder sus privilegios.
Frente a las voces que buscan reciclar a las Fuerzas Armadas como reserva moral o garantes del orden, este fallo debe recordarnos que sus generales fueron delincuentes de cuello y sable, y que su función histórica no fue ni es la defensa de la patria, sino su entrega a precio de saldo al capital imperialista.