Las movilizaciones sociales y los DDHH

por Ibán de Rementería

Las grandes movilizaciones sociales se inician el 18 de octubre y culminan con dos millones de personas el 25 de octubre del 2019  en la Plaza de la Dignidad, ésta  es la más grande manifestación social de toda la historia de Chile. Esas movilizaciones son la expresión de la distancia definitiva entre el movimiento social y el poder político, que está representado por las instituciones políticas del estado: el Poder Ejecutivo y el Parlamento, asimismo, y sobre todo, por los partidos políticos que son las organizaciones intermedias de ese poder.

La Plaza de la Dignidad -ex Plaza Italia, ex Plaza Baquedano- es un lugar de alto valor simbólico urbano y ciudadano, punto de encuentro entre el centro de Santiago, que expresa  a “todo Santiago” y el Barrio Alto donde viven las clases medias altas y altas, socialmente el mundo santiaguino se divide entre quienes viven de la Plaza Italia para arriba y quienes viven de la Plaza Italia para abajo.

La anunciación de ese quiebre nacional entre lo social y lo político que impera en el país quedó plasmado en una frase del abogado Clemente Pérez (demócrata cristiano), en su calidad de ex presidente del Directorio de Metro, conun comentario político matinal de TV en relación a las evasiones en el pago de la tarifa del Metro por los estudiantes : “Cabros esto no prendió”, “La gente está en otra», sentenció el 16 de octubre, en el matinal de 24 horas del Canal Nacional de TV.

Este quiebre definitivo entre lo social y lo político que se expresa en las calles, avenidas, plazas y parques se le ha denominado coloquialmente el “estallido social”, lo que ha sido una manera astuta en lo conceptual para evitar el análisis de la situación y dejar el asunto solamente en las representaciones mediáticas sobre el  uso del vandalismo, los saqueos,  los bloqueos y las barricadas en las calles que realizan algunos sectores minoritarios de las movilizaciones sociales,  a las cuales las autoridades, el periodismo y los políticos llaman  “la violencia”. Mientras que el empleo doloso y disuasivo de la violencia usado por las fuerzas del orden contra los manifestantes pacíficos, y los revoltosos también,  es denominado por las autoridades y los partidos pólíticos el “uso legítimo de la fuerza” para mantener el orden público, que para los manifestantes  en los hechos se convierte en un atentado contra de su seguridad ciudadana.

La relación del poder público con el movimiento social, aquel expresado en el estado y representado por el Gobierno,  tiene su más clara expresión en las violaciones a los derechos humanos que padece la gente en las calles cuando expresan públicamente sus demandas y quejas sobre la situación social, económica  y cultural – en el sentido moral-  que están padeciendo después de treinta años de democracia en transición. Los derechos humanos están constituidos por el conjunto de normas que obligan al estado a proteger integralmente los atributos esenciales del ser humano que son: la vida, la integridad y la libertad de toda persona sometida a su jurisdicción. No esta demás recordar siempre que durante la dictadura militar en derechos humanos se hizo del horror unas práctica rutinaria.

La evaluación de los impactos de las actuaciones de las fuerzas del orden en la violaciones de los derechos humanos  según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde octubre de 2019 a marzo de 2020 señala que han habido: 30 muertos, de ellos 5 atribuidos a las fuerzas del orden, 4 a las fuerzas armadas y uno a carabineros, este murió a consecuencias de una paliza colectiva, los otros cuatro fueron conductas culposas de mal manejo de armas, además hubieron; 3.838 heridos, de esos  por usos dolosos y lesivos de armas no letales 1. 687 con perdigones, 460 con heridas oculares, asimismo, 298 por lacrimógenas, de aquellos dos quedaron completamente ciegos.  Además, había 1.001 heridos por golpizas, 617 casos de tortura y 257 de violencia sexual. 

Ahora a casi un año del inicio de las movilizaciones sociales y del uso doloso y disuasivo de la violencia contra manifestantes inermes por las fuerzas del orden para intentar controlarlas, y a seis meses de que la peste  controlara  el estallido social, el INDH ha puesto 2.499 querellas por violaciones a los derechos humanos, pero solamente hay 28 formalizados en los juzgados de garantía.  

Cierto es que los daños causados por el vandalismo y los saqueos han sido inconmensurables, estimados entre 1.500 a 3.500 millones de US$ dólares, incluidas la destrucción  simultánea de 7 estaciones del Metro, más otros ataques que en total dejaron 77 estaciones inutilizadas, no obstante en este caso permanece la interrogante de quien pudo organizar y hacer una operación tan contundente y concertada de destrucción masiva.

La evaluación política de los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos humanos están plasmados  en los informes y recomendaciones resultantes  de las visitas al país de las instituciones internacionales de  vigilancia y protección de esos derechos, tales como: Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión interamericana de Derechos Humanos y Alto  Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas han sido claras en denunciar el carácter grave y reiterado de las violaciones a esos derechos fundamentales.  Ningún país sin un conflicto interno o  internacional declarado había recibido una visita colectiva como esta. Además, tenemos los informes del Instituto Nacional de DDHH (INDH), de la Defensoría Nacional de la Niñez,  del Ministerio Público y otras organizaciones locales, quienes también denuncian la gravedad y reiteración de las violaciones de esos derechos por las fuerzas del orden. Los informes sobre la situación de los DDHH, mal que mal, son la única materialidad de la protección a esos derechos universalmente reconocidos.

La denuncia más dura en contra del Estado de Chile fue de Amnistía Internacional quien tras sus investigaciones en terreno, concluyó: “las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros”, por lo tanto considera a esas violaciones como sistemáticas.

Por su parte el INDH, por medio de su Director Nacional Sergio Micco, sostuvo: “Si estamos frente a la sistematicidad o no de estas violaciones a los DDHH… lo que hemos señalado como Instituto (es que) no estamos en condiciones hoy día de afirmar que existe tal sistematicidad, pero tampoco es oportuno descartarlo“, indicó, pero agregó, «Consideramos que las violaciones a los derechos humanos son graves y reiteradas y hay algún tipo de violaciones se repiten muchísimas veces». El debate suscitado por esas evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile ha consistido en discernir si estos son violados reiteradamente o sistemáticamente.

El mensaje a la población en general que deja la práctica recurrente del uso doloso y disuasivo de la violencia por las fuerzas del orden en contra de manifestantes inermes es el siguiente: la doctrina del (i)respeto a los derechos humanos es la que te van aplicar si sales a la calle, ahí  te van dispara “mirándote directamente a los ojos”, o te darán una paliza colectiva “en vivo y en directo”, como todos pudimos ver en nuestros hogares, también asumes el riesgo de ser violado y de morir en el intento de participar de esas movilizaciones. 

Luego, vino la pandemia del covid 19 que paralizó la movilización social y salvó al gobierno, el cual había entrado en un estado de cosas donde la renuncia del Presidente de la Republica era un tema  “hablable”,  aquí el uso por el poder  de un problema colectivo de salud para controlar a la población le dio todo su significado a que es la Peste, sobre lo cual se ha pronunciado recientemente el ex ministro de salud Mañalichllamándola “dictadura sanitaria”.  

La decisión del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, de investigar  la conducta y responsabilidad del alto mando de los Carabineros de Chile en las graves violaciones de los derechos humanos que han cometido las Fuerzas Especiales de ese cuerpo policial en contra de manifestantes inermes, indica que el asunto de los derechos humanos en el control de las movilizaciones no es un asunto meramente “protocolar”, de incumplimiento de normas, sino que podría ser  una específica política de su uso doloso, con la finalidad objetiva de disuadir a la población de participar en  las manifestaciones públicas. Para Bermúdez  ya no se trata de la responsabilidad personal e individual de algún  carabinero que “perdió el control de sí mismo”, y acometió la violación de los derechos humanos sino que, también, de la responsabilidad del mando y de la institución en su conjunto. 

La mejor expresión comunicacional del quiebre definitivo entre el poder político y el movimiento social ha sido la hilarante representación  matinal que hicieron Joaquín Lavín y Francisco Vidal,  dos de los más representativos exponentes mediáticos del gobierno y la oposición, del Abrazo de Maipú, luego de la batalla definitiva donde se consolidó la fundación del Estado de Chile, en el programa Bienvenidos de Canal 13, el  pasado 16 de septiembre, para celebrar las Fiestas Patrias, ambos con rigurosos disfraces militares de época, aquel se caracterizó de O’Higgins y este San Martín.


(El autor integra el Equipo Editorial de El Porteño, Observatorio Gobierno del Miedo-Universidad Academia de Humanismo Cristiano)

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