por Fernando Lacerda y Vilma Álvarez
Una nueva etapa de luchas en la cuna del neoliberalismo
Chile tiene uno de los más elevados costos de vida de América Latina. Por no tener seguridad social, ancianos encuentran en el suicidio la única salida, mientras que los jóvenes están completamente endeudados por préstamos estudiantiles. A pesar de tener el PIB más alto de América Latina, Chile tiene la segunda mayor taja de desigualdad social de la región, es decir, buena parte de su riqueza está en las manos de unos pocos súper ricos. Estos son solo algunos de los resultados históricos de décadas de neoliberalismo implementado después de un golpe militar que creó una dictadura militar violenta y corrupta encabezada por Pinochet.
Es este malestar social acumulado durante décadas lo que explica la explosiva rebelión social iniciada en el 18 de octubre de 2019 (18O). Tras la presentación de una propuesta para aumentar el transporte público, en 30 pesos, por parte del gobierno de Sebastián Piñera (un tradicional político chileno de derecha neoliberal, elegido presidente en 2018), las manifestaciones en contra del aumento estallaron y rápidamente se hicieron masivas. Una lucha que comenzó contra el aumento de 30 pesos del transantiago, se generalizó en un cuestionamiento del neoliberalismo chileno, que se manifestó, en particular, en la defensa de una Asamblea Constituyente para enterrar la Constitución de Pinochet.
La multitudinaria jornada de luchas reveló que la clase trabajadora y la juventud tienen una enorme disposición de lucha. El 25 de octubre de 2019, solo en Santiago, más de 1,2 millones de personas salieron a las calles exigiendo el fin del neoliberalismo y cambios estructurales. Las manifestaciones espontáneas no fueron detenidas por la violencia represiva que, en apenas dos meses, dejó más de 3.500 heridos, 359 personas con trauma ocular y más de 30 muertos.
La respuesta de la burguesía y los reformistas, en un intento de pacificar los movimientos y las luchas, acordaron rapidamente la aprobación de un “acuerdo por la paz” firmado por la mayoría de los partidos políticos, incluida la izquierda reformista (Frente Amplio y Partido Socialista).
A pesar de los acuerdos del 15N, las luchas continuaron, pero lamentablemente la terrible crisis sanitaria creada por la pandemia del Covid-19 llegó y esta situación inesperada, sumada a la ausencia de organizaciones políticas capaces de conducir la lucha hacia una salida revolucionaria, facilitó la victoria del intento de la clase dominante chilena de encauzar las luchas hacia soluciones institucionales, en particular la Convención Constitucional (CC) y las elecciones generales de 2021.
En otras palabras, la CC y las elecciones generales de 2021 fueron respuestas del establishment a rebelión de 2019, es decir, sirvieron para evitar cambios estructurales en el capitalismo chileno. En este proceso, el Frente Amplio, con su abordaje de conciliación de clases, ha sido un canal para el mantenimiento de políticas en favor de la burguesía y el imperialismo tanto en la CC, cuanto en las acciones de Boric. Frente Amplio es una formación política contradictoria creada en 2017 a partir del cúmulo de luchas estudiantiles masivas en Chile que estallaron desde 2006 y la decepción con las dos experiencias de gobierno de la Concertación (2006-2010 y 2014-2018). Por eso, hay un importante sector de activistas que aún deposita expectativas en las acciones de delegados y miembros del gobierno del Frente Amplio.
Esto no significa que la ola de luchas sociales haya terminado. La crisis económica y el empeoramiento de las condiciones de vida que han castigado a la clase trabajadora desde el comienzo de la pandemia y de la guerra en Ucrania están alimentando una nueva situación explosiva. Hoy, en Chile, hay un alza alarmante en los precios de los alimentos y la energía. Esto, junto con la frustración de aquellos y aquellas que esperaban cambios significativos desde la CC y el nuevo gobierno de Gabriel Boric, podría desencadenar nuevos caminos de luchas masivas, pero también podría significar el fortalecimiento de una degenerada ultraderecha.
La Convención Constitucional: retrocesos, pocos avances y muchas ambigüedades
Mientras la clase trabajadora y la juventud ocupaba las calles desde Octubre de 2019 por cambios radicales y una Asamblea Constituyente para enterrar la constitución neoliberal de Pinochet, los acuerdos del 15N, hechos desde arriba, expresaron el compromiso de la derecha y del reformismo con el orden capitalista chileno. La solución burguesa fue convocar una Convención Constitucional (CC) institucional. Primero, se convocó un referéndum para octubre de 2020 para consultar si el pueblo estaba o no a favor de una nueva Constitución y el resultado fue una votación masiva de casi 80% de los votantes por el cambio. Luego vino la elección de delegados constitucionales para redactar un nuevo texto en mayo de 2021 y, en seguida, un nuevo plebiscito en septiembre de 2022. Además de posponer el proceso de cambios, los acuerdos del 15N impusieron una cláusula para impedir cambios: sólo se aceptarían las propuestas aprobadas por sólo dos tercios de los delegados constituyentes.
El proceso electoral de delegados constituyentes fue una derrota para la derecha, ya que hubo una importante victoria de los militantes agrupados en listas independientes, como la Lista del Pueblo, con fuertes vínculos con las movilizaciones del 18O. Éstos, junto con delegados de la coalición Apruebo Dignidad (integrada por Frente Amplio, Partido Comunista de Chile y otros partidos de centroizquierda) y del Partido Socialista, eligieron el número de delegados necesarios para garantizar 2/3 de los votos y presentan un texto que, de hecho, acabaría con el neoliberalismo en Chile.
Sin embargo, cuando la mayoría de los delegados del CC comenzaron su trabajo, quedó evidente que los verdaderos logros solo podían obtenerse por medio de la acción de la clase trabajadora organizada, ya que la mayoría de los delegados no han trabajado para crear y aprobar cambios más radicales. Solo cuando hubo un movimiento organizado para impulsar cambios reales, se aprobaron propuestas de iniciativa popular. Este fue el caso del movimiento feminista organizado, que logró presionar por la aprobación de un importante texto sobre derechos sexuales y reproductivos, garantizando, por ejemplo, el derecho al aborto.
En otros temas fundamentales (en especial economía y política) el nuevo texto constitucional es profundamente ambiguo y contiene pocos avances. El nuevo texto será una Constitución garantista (que pretende garantizar derechos sociales), pero que no presenta las medidas políticas y económicas necesarias para transformar los derechos formales en derechos reales. En otras palabras, el nuevo texto constitucional tiene hermosas palabras: establece que su objetivo es el bienestar social, garantizar el derecho al aborto de las mujeres, reconocer a Chile como un Estado plurinacional (lo que significa el reconocimiento de los pueblos indígenas) e incorporar derechos básicos, tales como los derechos al trabajo, la salud, la vivienda, la seguridad social, el agua y la educación. Al mismo tiempo, la constitución no define cómo garantizar las condiciones para que tales derechos se realicen efectivamente.
La principal expresión de este límite de la CC fue el debate sobre la nacionalización del cobre y otros recursos naturales. Movimientos sociales organizados y sindicatos combativos defendieron la aprobación de un texto elaborado a partir de una iniciativa popular que, rescatando la ley presentada por Salvador Allende y aprobada por el Congreso Nacional en 1971, proponía la nacionalización de la minería del cobre y otros recursos minerales. El texto defendido afirmaba el Estado como el titular exclusivo y absoluto de todas las minas y de todos los recursos naturales, ya que estos son bienes de la humanidad y no de empresarios o especuladores. Esta era la mejor alternativa para la clase trabajadora chilena, porque además de asegurar que los recursos naturales satisficieran las necesidades sociales, también haría justicia histórica, nacionalizando empresas que obtienen cuantiosas ganancias gracias al criminal golpe militar de 1973. Sin embargo, en las últimas semanas la CC aprobó un texto que mantiene la presencia del sector privado en la explotación de los recursos naturales, admite la “asociación” con el sector privado para explorar la naturaleza y protege los intereses del capital.
Sin la nacionalización del cobre y otros recursos minerales, la clase trabajadora chilena seguirá siendo rehén del parasitario mercado financiero, pues solo le interesa la ganancia y no le importan las vidas que podrían haberse salvado durante los períodos más duros de la pandemia si hubiera un sistema de salud universal, público y gratuito en Chile. De la misma manera, la construcción de un sistema de salud público y gratuito es la única forma de hacer realidad el derecho al aborto para las mujeres de clase trabajadora, y esto sólo será posible si se cobran impuestos sobre las grandes fortunas y se nacionalizan sectores estratégicos de la economía.
Otra contradicción básica del CC se refiere a las tierras de los pueblos indígenas. A pesar de reconocer formalmente el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus territorios y recursos, el texto aprobado condiciona el proceso de reparación y restitución al pago de un “precio justo” a los actuales propietarios. En otras palabras, si el Estado no indemniza a los grandes terratenientes que han invadido y expropiado a los pueblos indígenas, entonces el proceso de restitución y reparación no avanzará.
Las ambigüedades problemáticas de la CC resultan de los acuerdos de los delegados constituyentes del Frente Amplio, Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile con la derecha. Sus vacilaciones políticas se están traduciendo en retrocesos en el nuevo texto constitucional y, por tanto, crece la desconfianza de la clase trabajadora y la juventud, especialmente de todos los activistas que salieron a la calle desde el 18 O. para defender cambios radicales.
Las contradicciones de la CC sólo están sirviendo para fortalecer la campaña de la derecha y de sectores “moderados” de centroizquierda que se movilizan para defender la Constitución de Pinochet. El plebiscito convocado para septiembre de este año puede resultar en una desmoralización para la clase trabajadora. Un texto contradictorio que ofrece algunos avances, pero que no propone los cambios económicos necesarios para garantizar derechos y políticas sociales, no es suficiente para aprobar una nueva Carta Magna en Chile. Por tanto, si el nuevo texto no es aprobado, no será por un supuesto apego del pueblo chileno a la constitución reaccionaria de Pinochet, sino por la frustración de la expectativa por cambios reales.
La victoria de Boric en 2021: Derrota para la extrema derecha y repetición de viejos errores
Tras la rebelión del 2019, Piñera se convirtió en un difunto político, pero al mismo tiempo, el pueblo chileno no quería volver a las limitadas experiencias de conciliación de clases de la Concertación que se dieron entre 2006-2010 y 2014-2018. Por ello, el Frente Amplio logró capitalizar una importante victoria electoral en 2021. En las elecciones generales, al presentar un programa que enfatizaba las agendas feministas, ambientalistas y la defensa de un Estado de Bienestar, el partido conformado por exdirigentes estudiantiles y sectores insatisfechos con el PS y el PC fue el principal ganador: ganó espacio en Parlamento y eligió su candidato a presidente, Gabriel Boric.
Sin embargo, las elecciones de 2021 fueron un claro aviso para el Frente Amplio: si Boric repete los mismos errores de la Concertación, perderá su atractivo entre la clase trabajadora y la juventud y se corre el riesgo de que sectores de nuestra clase, pueden ser atraídos por el discurso populista que ofrece la extrema-derecha.
El triunfo mostró que el programa moderado del Frente Amplio y la coalición creada por él en 2021, Apruebo Dignidad, no convencieron a quienes salieron a las calles en 2019, porque no presentaban una alternativa real a las experiencias de conciliación de clases pasadas. En otras palabras: Boric ganó en segunda vuelta tras una importante movilización de la clase trabajadora y la juventud movilizadas a las urnas a votar contra la extrema-derecha.
Desde el cambio de mando en marzo de este año, Boric, para sostener una frágil coalición que incluye a los partidos de la ex-Concertación, gira rápidamente hacia la derecha. La primera señal de este giro fue la construcción de su equipo de gobierno, que tiene en puestos claves a viejos políticos neoliberales. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda está Mario Marcel – exministro de los gobiernos de la Concertación y último presidente del Banco Central designado por… Sebastián Piñera.
La segunda señal fue la aprobación de una medida que impedía el quinto retiro de las AFP por parte del conjunto de la población, al restringirlo solo a las personas que tienen deudas con servicios básicos (como salud o educación) durante la pandemia. Esta medida solo sirve a los intereses de los especuladores que lucran con el sistema de seguridad privada existente en Chile.
La tercera señal es el mantenimiento de la política represiva de Piñera. Frustrando las expectativas de todos los que enfrentaron a las fuerzas represivas del Estado en 2019, Boric no liberó a los presos políticos de Piñera y realizó declaraciones criminalizando las manifestaciones más radicalizadas de quienes aún buscan, desde las calles, transformar la realidad social de Chile. Para colmo, los carabineros continúan actuando con violencia desde el primer día de gobierno, el 11 de marzo, cuando militantes de la ASI huirán, junto a otros manifestantes, de bombas de gas y balas en un acto por la liberación de los presos políticos. El 1 de mayo, la manifestación convocada por organizaciones de izquierda socialista y revolucionaria enfrentó no solo la violencia de carabineros, sino de 12 sicarios que, en connivencia con los primeros, dispararon contra los manifestantes y asesinaron a una periodista popular, Francisca Sandoval.
Crear un partido de masas da clase trabajadora para romper con el sistema
La ausencia de un programa de ruptura con el capitalismo es el sello distintivo de las dos principales formaciones políticas de “izquierda” que hegemonizan las disputas en la CC y en las elecciones generales. Primero, el Frente Amplio y la coalición Apruebo Dignidad (que trabajan tanto en la CC como en el nuevo gobierno) han tenido, desde sus orígenes, límites programáticos y organizativos. A pesar de que el Frente Amplio tiene en su seno diferentes facciones (como el Partido Liberal y la Revolución Democrática, que encabezan la derecha), su ala izquierda nunca presentó una posición radical de ruptura con el sistema. A pesar de defender banderas progresistas de mujeres o colectivos LGBTQI+, la agenda económica del Frente Amplio busca, cuando mucho, regular la economía, algo imposible en este periodo de profunda crisis del capitalismo mundial.
La única formación política que tenía el potencial para crear un nuevo partido capaz de continuar las luchas iniciadas en el 18O era la Lista del Pueblo. Esta fue la lista construida por un amplio espectro de activistas ligados orgánicamente a la Rebelión Social y que obtuvo una inesperada victoria en el proceso de elección de los delegados constituyentes, ganando más de 20 escaños (de 155 en total) sin hacer alianza alguna con los partidos existentes.
La principal limitación de la Lista del Pueblo fue no haber aprovechado la victoria en las elecciones de la CC y avanzado más allá de una alianza electoral. De hecho, sus líderes perdieron la oportunidad de avanzar en la creación de un partido de izquierda independiente que pudiera presentarse a las elecciones de noviembre de 2021 y actuar como oposición de izquierda al gobierno de Boric. De esta manera, podrían acumular fuerzas para presentar una alternativa socialista al pueblo chileno.
Enfatizamos esto porque ese es el principal desafío de la clase trabajadora, las mujeres, los pueblos indígenas y la juventud en el Chile de hoy: la ausencia de una organización política independiente de la clase trabajadora armada con un programa de ruptura y socialista. Frente a la desmoralización de la Concertación y la derecha tradicional, el Frente Amplio jugó un papel importante: impedir la victoria de un político de extrema derecha. Sin embargo, sus límites programáticos están provocando una adaptación acelerada al orden.
Solo un nuevo partido de izquierda, armado con un programa socialista, puede superar la actual crisis de liderazgo que azota a la izquierda en Chile. Los sectores más avanzados de la clase trabajadora, sacando conclusiones de los errores de la Lista del Pueblo y que vieron los límites de la CC, ya empiezan a pensar en la necesidad de un nuevo partido. En el 7 de mayo, un grupo de activistas y representantes de sindicatos y movimientos sociales, reunidos en un frente por la nacionalización de los bienes mineros estratégicos (El Cobre para Chile), concluyó que, tras la capitulación de la CC ante las multinacionales que explotan de forma depredadora los recursos naturales, es necesario organizar un gran movimiento social y un partido capaz de hacer avanzar las agendas de la clase trabajadora.
Alternativa Socialista en Chile dedicará sus esfuerzos en el proceso de construcción de una nueva herramienta política y para la continuación del proceso iniciado en 180 a fin de obtener conquistas reales para nuestra clase.